Activistas de Greenpeace despliegan una gran pancarta en el Congreso contra la 'ley mordaza'
A partir de ma帽ana, el ejercicio de los derechos de expresi贸n, reuni贸n y manifestaci贸n estar谩 a merced de la interpretaci贸n que realicen las fuerzas de seguridad del Estado y el Ministerio de Interior
Tres escaladores de la organizaci贸n han escalado la gr煤a de construcci贸n del edificio y desde ella han desplegado una pancarta de 32 metros cuadrados.
El pr贸ximo 1 de julio entra en vigor las reformas de la Ley de Protecci贸n de la Seguridad Ciudadana y el C贸digo Penal, que fueron aprobadas por las Cortes el pasado 26 de marzo con los 煤nicos votos favorables del Partido Popular.
"Esta ley carece de justificaci贸n, ya que no hay problemas graves de seguridad ciudadana en Espa帽a," ha declarado Miguel 脕ngel Soto, portavoz de Greenpeace. "Est谩 pensada para silenciar con multas las voces que critican la gesti贸n del Gobierno y las consecuencias de la crisis social, ambiental y econ贸mica producto de la corrupci贸n, los recortes sociales y de derechos, o la privatizaci贸n de los servicios p煤blicos".
El cat谩logo de nuevas infracciones que establecen las reformas se帽alan directamente las formas de protesta pac铆fica de algunos colectivos (activistas anti-desahucios, “mareas ciudadanas”, sindicalistas, afectados por las preferentes, etc.) pero que no suponen en ning煤n caso un peligro para la seguridad ciudadana. En la pr谩ctica, la nueva ley establece serias limitaciones a las libertades de expresi贸n e informaci贸n, de reuni贸n pac铆fica y de asociaci贸n. Ello contraviene las obligaciones internacionales contra铆das por el estado Espa帽ol en materia de derechos humanos.
Tambi茅n, la Ley Mordaza considera un hecho sancionable el uso de im谩genes que muestren las actuaciones de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, lo que va en contra del derecho constitucional a la libertad de informaci贸n y de la necesidad de contar con pruebas que permitan el control del cumplimiento adecuado de sus funciones."A partir de ma帽ana ser谩n las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y el Ministerio de Interior quienes interpreten c贸mo debemos ejercer nuestros derechos de expresi贸n y manifestaci贸n“, ha declarado Soto. ”Y dada la presunci贸n de veracidad del testimonio de los miembros de la fuerzas de seguridad, se podr谩n atribuir conductas il铆citas a los ciudadanos sin que haya quedado probado que participaron en las mismas".
La pasada semana, el 25 de junio, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprob贸 el informe resultante del Examen Peri贸dico Universal en el cual otros diversos Estados hicieron recomendaciones concretas a Espa帽a para dar cumplimiento a sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Los Estados han recomendado a Espa帽a el respeto a las libertades de expresi贸n, reuni贸n e informaci贸n, entre otras cuestiones. El Gobierno no ha aceptado revisar las reformas a la Ley de Seguridad Ciudadana y al C贸digo Penal y que han sido calificadas un谩nimemente por la comunidad internacional como una amenaza al ejercicio del derecho a la protesta pac铆fica.
Desde el primer borrador de esta reforma, en noviembre de 2013, Greenpeace ha estado colaborando con otras organizaciones, movimientos sociales, sindicatos policiales, asociaciones de juristas y partidos pol铆ticos para parar o revertir las reformas. Existe el compromiso de las principales fuerzas de la oposici贸n en el Congreso de derogar esta ley una vez que cambie la actual mayor铆a absoluta en el Parlamento
