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"La protesta es un derecho"

Activistas de Greenpeace despliegan una gran pancarta en el Congreso contra la 'ley mordaza'

A partir de mañana, el ejercicio de los derechos de expresión, reunión y manifestación estará a merced de la interpretación que realicen las fuerzas de seguridad del Estado y el Ministerio de Interior

•elmercuriodigital ▫ Activistas de Greenpeace iniciaron a primera hora de esta mañana una acción de protesta pacífica en el Congreso de los Diputados para mostrar su rechazo a la 'ley mordaza', que entrará en vigor mañana.

Tres escaladores de la organización han escalado la grúa de construcción del edificio y desde ella han desplegado una pancarta de 32 metros cuadrados.

El próximo 1 de julio entra en vigor las reformas de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana y el Código Penal, que fueron aprobadas por las Cortes el pasado 26 de marzo con los únicos votos favorables del Partido Popular.

"Esta ley carece de justificación, ya que no hay problemas graves de seguridad ciudadana en España," ha declarado Miguel Ángel Soto, portavoz de Greenpeace. "Está pensada para silenciar con multas las voces que critican la gestión del Gobierno y las consecuencias de la crisis social, ambiental y económica producto de la corrupción, los recortes sociales y de derechos, o la privatización de los servicios públicos".

El catálogo de nuevas infracciones que establecen las reformas señalan directamente las formas de protesta pacífica de algunos colectivos (activistas anti-desahucios, “mareas ciudadanas”, sindicalistas, afectados por las preferentes, etc.) pero que no suponen en ningún caso un peligro para la seguridad ciudadana. En la práctica, la nueva ley establece serias limitaciones a las libertades de expresión e información, de reunión pacífica y de asociación. Ello contraviene las obligaciones internacionales contraídas por el estado Español en materia de derechos humanos.

También, la Ley Mordaza considera un hecho sancionable el uso de imágenes que muestren las actuaciones de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, lo que va en contra del derecho constitucional a la libertad de información y de la necesidad de contar con pruebas que permitan el control del cumplimiento adecuado de sus funciones.


"A partir de mañana serán las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y el Ministerio de Interior quienes interpreten cómo debemos ejercer nuestros derechos de expresión y manifestación“, ha declarado Soto. ”Y dada la presunción de veracidad del testimonio de los miembros de la fuerzas de seguridad, se podrán atribuir conductas ilícitas a los ciudadanos sin que haya quedado probado que participaron en las mismas".

La pasada semana, el 25 de junio, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó el informe resultante del Examen Periódico Universal en el cual otros diversos Estados hicieron recomendaciones concretas a España para dar cumplimiento a sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Los Estados han recomendado a España el respeto a las libertades de expresión, reunión e información, entre otras cuestiones. El Gobierno no ha aceptado revisar las reformas a la Ley de Seguridad Ciudadana y al Código Penal y que han sido calificadas unánimemente por la comunidad internacional como una amenaza al ejercicio del derecho a la protesta pacífica.

Desde el primer borrador de esta reforma, en noviembre de 2013, Greenpeace ha estado colaborando con otras organizaciones, movimientos sociales, sindicatos policiales, asociaciones de juristas y partidos políticos para parar o revertir las reformas. Existe el compromiso de las principales fuerzas de la oposición en el Congreso de derogar esta ley una vez que cambie la actual mayoría absoluta en el Parlamento




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