•elmercuriodigital ▫ La vicepresidenta en funciones del Gobierno catalán, Neus Munté, calificó este martes de "auténtica anomalía democrática" que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña haya imputado al presidente, Artur Mas, a la exvicepresidenta Joana Ortega y a la consejera de Educación, Irene Rigau, por organizar la consulta del 9-N.
Así lo manifestó en la rueda de prensa posterior al Consejo Ejecutivo, en la que denunció la querella de la Fiscalía General del Estado contra Mas, Ortega y Rigau, que hoy se ha sustanciado en la imputación y citación a declarar de los tres, el próximo 15 de octubre, por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
Por otra parte, Munté anunció que el Gobierno catalán presentará un recurso al Tribunal Supremo por las "anomalías" que hubo en el voto de los residentes en el exterior en las elecciones del pasado domingo, que supuso que los de algunos países como EEUU, México y Chile no pudieran ejercerlo.
Además, respecto a esta circunstancia, la vicepresidencia avanzó que, una vez se agote la vía judicial española, el Gobierno catalán estudiará todas las vías posibles de defensa ante las instituciones internacionales.
A preguntas de los periodistas, Munté añadió que la imputación, consecuencia de una "querella política" con "tics antidemocráticos", no tiene por qué afectar al normal desarrollo de la constitución del nuevo Gobierno catalán.
En otro orden de cosas, tachó de "ejercicio de cinismo" las declaraciones del ministro de Justicia, Rafael Catalá, al explicar que la imputación se ha postergado a la celebración de las elecciones para no interferir en las mismas, puesto que a su juicio el Gobieno español no ha dejado de presionar para disuadir al voto independentista.
Munté no aclaró si el Gobierno en funciones estaría dispuesto a desobedecer la suspensión por el Tribunal Constitucional del Decreto contra la Pobreza Energética aprobado por la Generalitat, como le exige la CUP.
También defendió la "mayoría clara y nítida" obtenida por Junts Pel Sí en las elecciones y pidió "respeto" al candidato elegido por esta formación para la Presidencia, es decir, el propio Mas, a quien la CUP no quiere aprobar para ser reelegido.
El Tribunal Suprerior de Justicia de Cataluña ha citado a declarar al presidente de la Generalitat, Artur Mas, y sus consejeras Joana Ortega e Irene Rigau por convocar y celebrar un sucedáneo de referéndum sobre la independencia de Cataluña el pasado 9 de noviembre de 2014. Tendrán que declarar en relación con la querella que presentó la Fiscalía.
En concreto, Mas tendrá que responder al juez el próximo 15 de octubre a partir de las 10.00 horas. Previamente, el día 13 responderán la consejera de Educación, Irena Rigau, a las 10.00 horas y la vicepresidenta del Gobierno autonómico, Joana Ortega, a las 16.00 horas.
El TSJ había aplazado las citaciones de los tres imputados hasta después de la celebración de las elecciones autonómicas que han tenido lugar este domingo.
El Tribunal Superior tiene la obligación de investigar "todas las denuncias y querellas vinculadas a los hechos relativos a la presunta desobediencia de la resolución del Tribunal Constitucional del 4 noviembre 2014" y "todos aquellos hechos que, de manera directa o indirecta, estén relacionados" con la desobediencia a la hora de convocar la consulta del 9 de noviembre de 2014.
El presidente en funciones de la Generalitat tendrá que responder de los delitos de desobediencia grave, obstrucción a la Justicia, prevaricación y malversación al permitir que se celebrara el llamado 'proceso participativo' que había sido suspendido de manera cautelar por el Tribunal Constitucional.
La Sala de lo Civil y Penal del TSJ admitió a trámite el pasado 22 de diciembre la querella interpuesta por la Fiscalía contra Artur Mas, Joan Ortega e Irene Rigau por entender que la suspensión cautelar de la consulta dictada por el Tribunal Constitucional no fue acatada por los querellados y causó efectos irreversibles ante de que el alto tribunal pudiera pronunciarse sobre el fondo del asunto.
El presidente Artur Mas está aforado ante la Sala de lo Civil y Penal del TSJ y por eso todo el caso será estudiado por este tribunal, pese a que Ortega ya no es vicepresidenta del Gobierno catalán.
La presentación de la querella motivó discrepancias entre la Fiscalía General del Estado y el ministerio público de Barcelona, que se oponía.
Mas está siendo investigado por los delitos de desobediencia grave, penada con multa de tres a doce meses e inhabilitación especial para ejercer empleo o cargo público de seis meses a dos años; obstrucción a la Justicia o usurpación de funciones judiciales, castigado con prisión de seis meses a un año, multa de tres a ocho meses y suspensión de empleo o cargo público entre uno y tres años; prevaricación administrativa, con pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público de entre siete a diez años; y malversación de fondos públicos, que puede tener una pena de multa de seis a doce meses y suspensión de empleo o cargo público entre seis meses a tres años.
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| Servimedia |
Así lo manifestó en la rueda de prensa posterior al Consejo Ejecutivo, en la que denunció la querella de la Fiscalía General del Estado contra Mas, Ortega y Rigau, que hoy se ha sustanciado en la imputación y citación a declarar de los tres, el próximo 15 de octubre, por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
Por otra parte, Munté anunció que el Gobierno catalán presentará un recurso al Tribunal Supremo por las "anomalías" que hubo en el voto de los residentes en el exterior en las elecciones del pasado domingo, que supuso que los de algunos países como EEUU, México y Chile no pudieran ejercerlo.
Además, respecto a esta circunstancia, la vicepresidencia avanzó que, una vez se agote la vía judicial española, el Gobierno catalán estudiará todas las vías posibles de defensa ante las instituciones internacionales.
A preguntas de los periodistas, Munté añadió que la imputación, consecuencia de una "querella política" con "tics antidemocráticos", no tiene por qué afectar al normal desarrollo de la constitución del nuevo Gobierno catalán.
En otro orden de cosas, tachó de "ejercicio de cinismo" las declaraciones del ministro de Justicia, Rafael Catalá, al explicar que la imputación se ha postergado a la celebración de las elecciones para no interferir en las mismas, puesto que a su juicio el Gobieno español no ha dejado de presionar para disuadir al voto independentista.
Munté no aclaró si el Gobierno en funciones estaría dispuesto a desobedecer la suspensión por el Tribunal Constitucional del Decreto contra la Pobreza Energética aprobado por la Generalitat, como le exige la CUP.
También defendió la "mayoría clara y nítida" obtenida por Junts Pel Sí en las elecciones y pidió "respeto" al candidato elegido por esta formación para la Presidencia, es decir, el propio Mas, a quien la CUP no quiere aprobar para ser reelegido.
El Tribunal Suprerior de Justicia de Cataluña ha citado a declarar al presidente de la Generalitat, Artur Mas, y sus consejeras Joana Ortega e Irene Rigau por convocar y celebrar un sucedáneo de referéndum sobre la independencia de Cataluña el pasado 9 de noviembre de 2014. Tendrán que declarar en relación con la querella que presentó la Fiscalía.
En concreto, Mas tendrá que responder al juez el próximo 15 de octubre a partir de las 10.00 horas. Previamente, el día 13 responderán la consejera de Educación, Irena Rigau, a las 10.00 horas y la vicepresidenta del Gobierno autonómico, Joana Ortega, a las 16.00 horas.
El TSJ había aplazado las citaciones de los tres imputados hasta después de la celebración de las elecciones autonómicas que han tenido lugar este domingo.
El Tribunal Superior tiene la obligación de investigar "todas las denuncias y querellas vinculadas a los hechos relativos a la presunta desobediencia de la resolución del Tribunal Constitucional del 4 noviembre 2014" y "todos aquellos hechos que, de manera directa o indirecta, estén relacionados" con la desobediencia a la hora de convocar la consulta del 9 de noviembre de 2014.
El presidente en funciones de la Generalitat tendrá que responder de los delitos de desobediencia grave, obstrucción a la Justicia, prevaricación y malversación al permitir que se celebrara el llamado 'proceso participativo' que había sido suspendido de manera cautelar por el Tribunal Constitucional.
La Sala de lo Civil y Penal del TSJ admitió a trámite el pasado 22 de diciembre la querella interpuesta por la Fiscalía contra Artur Mas, Joan Ortega e Irene Rigau por entender que la suspensión cautelar de la consulta dictada por el Tribunal Constitucional no fue acatada por los querellados y causó efectos irreversibles ante de que el alto tribunal pudiera pronunciarse sobre el fondo del asunto.
El presidente Artur Mas está aforado ante la Sala de lo Civil y Penal del TSJ y por eso todo el caso será estudiado por este tribunal, pese a que Ortega ya no es vicepresidenta del Gobierno catalán.
La presentación de la querella motivó discrepancias entre la Fiscalía General del Estado y el ministerio público de Barcelona, que se oponía.
Mas está siendo investigado por los delitos de desobediencia grave, penada con multa de tres a doce meses e inhabilitación especial para ejercer empleo o cargo público de seis meses a dos años; obstrucción a la Justicia o usurpación de funciones judiciales, castigado con prisión de seis meses a un año, multa de tres a ocho meses y suspensión de empleo o cargo público entre uno y tres años; prevaricación administrativa, con pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público de entre siete a diez años; y malversación de fondos públicos, que puede tener una pena de multa de seis a doce meses y suspensión de empleo o cargo público entre seis meses a tres años.
