HRW: El pacto entre el gobierno y las FARC sacrifica el derecho de las v铆ctimas a la justicia
(Washington, D.C.) – El “Acuerdo sobre las V铆ctimas del Conflicto” entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) garantizar谩 que los responsables de atrocidades de ambas partes del conflicto eludan cualquier tipo de castigo genuino, se帽al贸 hoy Human Rights Watch en un an谩lisis de este acuerdo de 63 p谩ginas.
El acuerdo contiene numerosas alusiones a la justicia, la rendici贸n de cuentas e incluso a restricciones efectivas de la libertad. Sin embargo, un an谩lisis minucioso del texto revela numerosas ambig眉edades, omisiones y lagunas que convierten a tales referencias, en el mejor de los casos, en promesas vac铆as.
Jos茅 Miguel Vivanco
Director de la divisi贸n de las Am茅ricas
El acuerdo, anunciado por los negociadores del gobierno y las FARC en La Habana el 15 de diciembre de 2015, establece que un nuevo Tribunal para la Paz se ocupar铆a de juzgar a responsables de graves delitos cometidos durante el conflicto armado. Los responsables de delitos de lesa humanidad y graves cr铆menes de guerra que cooperen con el nuevo sistema judicial y confiesen estos actos recibir铆an una pena m谩xima de ocho a帽os en “condiciones especiales” que supondr铆an la “restricci贸n efectiva de la libertad”.
“El acuerdo contiene numerosas alusiones a la justicia, la rendici贸n de cuentas e incluso a restricciones efectivas de la libertad”, se帽al贸 Jos茅 Miguel Vivanco, director para las Am茅ricas de Human Rights Watch. “Sin embargo, un an谩lisis minucioso del texto revela numerosas ambig眉edades, omisiones y lagunas que convierten a tales referencias, en el mejor de los casos, en promesas vac铆as”.
El gobierno y las FARC anunciaron en septiembre que las sanciones bajo “condiciones especiales” no supondr铆an penas de prisi贸n. El acuerdo del 15 de diciembre asegura que “en ning煤n caso” estas condiciones consistir谩n en “c谩rcel o prisi贸n” ni en “medidas de aseguramiento equivalentes”, y limita todas las restricciones a la libertad a aquellas que sean “necesarias” para ejecutar proyectos de “reparaci贸n y restauraci贸n”.
“Ning煤n tribunal internacional ha permitido que aquellos que han sido condenados por cr铆menes de guerra puedan evitar la prisi贸n por cr铆menes tan graves”, observ贸 Vivanco. “Este nuevo acuerdo va incluso m谩s all谩 y garantiza que no enfrentar谩n un castigo ni siquiera remotamente serio”.
Desde 2004, la Fiscal铆a de la Corte Penal Internacional (CPI) ha llevado adelante un examen preliminar de delitos cometidos en Colombia sobre los cuales la Corte podr铆a asumir competencia. En 2014, la fiscal de la CPI se帽al贸 que hab铆a “informado a las autoridades colombianas que una condena que fuera severamente o manifiestamente inadecuada a la luz de la gravedad de los cr铆menes y de la forma de participaci贸n de la persona acusada, viciar铆a el car谩cter genuino del procedimiento nacional, aun en caso de que todas las fases anteriores del procedimiento hubiesen sido consideradas genuinas”.
En 2006, la Corte Constitucional de Colombia dispuso que los paramilitares desmovilizados que se hab铆an beneficiado con penas reducidas de hasta ocho a帽os conforme a la Ley de Justicia y Paz deb铆an cumplir la pena en c谩rceles ordinarias. La Corte se帽al贸 que el derecho a la justicia “podr铆a verse tambi茅n afectado por la percepci贸n de impunidad que se deriva de adicionar a los significativos beneficios que en materia punitiva consagra la ley, otros beneficios en la ejecuci贸n de la pena que la desvirt煤an por completo”.
“La fiscal de la CPI y la Corte Constitucional de Colombia deber铆an examinar cuidadosamente este acuerdo para asegurar que las v铆ctimas reciban la justicia que verdaderamente merecen”, se帽al贸 Vivanco.
El an谩lisis detallado por Human Rights Watch del acuerdo se puede consultar en hrw.org/es/news/2015/12/21/analisis-de-human-rights-watch-sobre-el-acuerdo-sobre-las-victimas-del-conflicto.
•elmercuriodigital•
(Washington, D.C.) – El “Acuerdo sobre las V铆ctimas del Conflicto” entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) garantizar谩 que los responsables de atrocidades de ambas partes del conflicto eludan cualquier tipo de castigo genuino, se帽al贸 hoy Human Rights Watch en un an谩lisis de este acuerdo de 63 p谩ginas.
El acuerdo contiene numerosas alusiones a la justicia, la rendici贸n de cuentas e incluso a restricciones efectivas de la libertad. Sin embargo, un an谩lisis minucioso del texto revela numerosas ambig眉edades, omisiones y lagunas que convierten a tales referencias, en el mejor de los casos, en promesas vac铆as.
Jos茅 Miguel Vivanco
Director de la divisi贸n de las Am茅ricas
El acuerdo, anunciado por los negociadores del gobierno y las FARC en La Habana el 15 de diciembre de 2015, establece que un nuevo Tribunal para la Paz se ocupar铆a de juzgar a responsables de graves delitos cometidos durante el conflicto armado. Los responsables de delitos de lesa humanidad y graves cr铆menes de guerra que cooperen con el nuevo sistema judicial y confiesen estos actos recibir铆an una pena m谩xima de ocho a帽os en “condiciones especiales” que supondr铆an la “restricci贸n efectiva de la libertad”.
“El acuerdo contiene numerosas alusiones a la justicia, la rendici贸n de cuentas e incluso a restricciones efectivas de la libertad”, se帽al贸 Jos茅 Miguel Vivanco, director para las Am茅ricas de Human Rights Watch. “Sin embargo, un an谩lisis minucioso del texto revela numerosas ambig眉edades, omisiones y lagunas que convierten a tales referencias, en el mejor de los casos, en promesas vac铆as”.
El gobierno y las FARC anunciaron en septiembre que las sanciones bajo “condiciones especiales” no supondr铆an penas de prisi贸n. El acuerdo del 15 de diciembre asegura que “en ning煤n caso” estas condiciones consistir谩n en “c谩rcel o prisi贸n” ni en “medidas de aseguramiento equivalentes”, y limita todas las restricciones a la libertad a aquellas que sean “necesarias” para ejecutar proyectos de “reparaci贸n y restauraci贸n”.
“Ning煤n tribunal internacional ha permitido que aquellos que han sido condenados por cr铆menes de guerra puedan evitar la prisi贸n por cr铆menes tan graves”, observ贸 Vivanco. “Este nuevo acuerdo va incluso m谩s all谩 y garantiza que no enfrentar谩n un castigo ni siquiera remotamente serio”.
Desde 2004, la Fiscal铆a de la Corte Penal Internacional (CPI) ha llevado adelante un examen preliminar de delitos cometidos en Colombia sobre los cuales la Corte podr铆a asumir competencia. En 2014, la fiscal de la CPI se帽al贸 que hab铆a “informado a las autoridades colombianas que una condena que fuera severamente o manifiestamente inadecuada a la luz de la gravedad de los cr铆menes y de la forma de participaci贸n de la persona acusada, viciar铆a el car谩cter genuino del procedimiento nacional, aun en caso de que todas las fases anteriores del procedimiento hubiesen sido consideradas genuinas”.
En 2006, la Corte Constitucional de Colombia dispuso que los paramilitares desmovilizados que se hab铆an beneficiado con penas reducidas de hasta ocho a帽os conforme a la Ley de Justicia y Paz deb铆an cumplir la pena en c谩rceles ordinarias. La Corte se帽al贸 que el derecho a la justicia “podr铆a verse tambi茅n afectado por la percepci贸n de impunidad que se deriva de adicionar a los significativos beneficios que en materia punitiva consagra la ley, otros beneficios en la ejecuci贸n de la pena que la desvirt煤an por completo”.
“La fiscal de la CPI y la Corte Constitucional de Colombia deber铆an examinar cuidadosamente este acuerdo para asegurar que las v铆ctimas reciban la justicia que verdaderamente merecen”, se帽al贸 Vivanco.
El an谩lisis detallado por Human Rights Watch del acuerdo se puede consultar en hrw.org/es/news/2015/12/21/analisis-de-human-rights-watch-sobre-el-acuerdo-sobre-las-victimas-del-conflicto.
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