PARAGUAY
Gustavo Torres.- Fondos públicos destinados salud, educación y desarrollo social son desviados a cuentas particulares.
De un buen tiempo a esta parte, la corrupción ha contaminado a un sector importante de la sociedad paraguaya y sus instituciones, ubicando al país en una posición poco honrosa en el listado de países de baja transparencia gubernamental. De acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción 2014 —que anualmente publica Transparencia Internacional (TI)—, Paraguay ocupa el lugar 150 de 175 naciones evaluadas—con una puntuación de 24 en una escala de 0 (elevada corrupción) a 100 (baja corrupción)— , y el tercer lugar entre los países más corruptos de América Latina y el Caribe, sólo superado por Haití y Venezuela.
TI publica desde 1995 la evolución de indicadores acerca del sistema de implementación de justicia, el nivel de delincuencia y criminalidad y, esencialmente, la impunidad en el sector público, caracterizando la corrupción como el abuso del poder encomendado para beneficio personal y sectorial.
“El antecedente más notorio de corrupción institucionalizada en Paraguay se desarrolló durante el largo periodo de la dictadura del general Alfredo Stroessner (1954-1989)”, afirma a Noticias Aliadas, Andrew Nickson, catedrático de la Universidad de Birmingham, Gran Bretaña, y estudioso de la dictadura stronista y de la economía paraguaya.
“La combinación de una economía abierta, un Estado extremadamente débil y la existencia de dos grandes países limítrofes Argentina y Brasil que experimentaban una estrategia de industrialización por sustitución de importación permitieron, desde los años 50, el surgimiento de prácticas de corrupción relacionadas con el comercio exterior: contrabando de todo tipo”, sostiene Nickson, agregando que Stroessner toleraba estas prácticas, a lo que se daba en denominar “el precio de la paz”, un mecanismo de control para obtener lealtad al régimen de parte de empleados públicos y de las elites civiles y militares, al permitirles aumentar sus exiguos salarios, a través de ingresos ilegales, sin afectar el presupuesto estatal.
“El crecimiento de las empresas públicas durante los últimos años del período de Stroessner, estuvo acompañado de altos niveles de corrupción”, afirma Nickson, autor del libro La Guerra Fría y el Paraguay. “Las actividades relacionadas con el comercio de contrabando, originalmente concentradas en bebidas alcohólicas, cigarrillos y bienes electrónicos, se diversificaron en los años 90, para incluir vehículos robados, armamentos, así como tráfico de drogas y lavado de dinero. La participación activa de funcionarios públicos ha sido crucial para el funcionamiento de todas estas actividades ilícitas”.
En tal sentido, para finales de la década de 1990, el sector público se caracterizaba por un nivel extremadamente alto de corrupción institucionalizada, y para el 2003, Paraguay ocupaba el lugar 129 entre 133 países, en el Índice de Percepción de la Corrupción.
Acciones simultáneas
Para el analista político y catedrático, Benjamín Fernández Bogado, “la corrupción pública, en conjunción con un sector privado voraz, ha echado a perder un par de generaciones en el país. Y eso va desde las obras públicas que contratan el Estado y la compra de servicio por valor superior a los US$6 millardos anuales”.
“Se generó una cleptocracia que ha rezagado al país en términos de educación, salud y desarrollo social”, precisó Fernández Bogado aNoticias Aliadas. “Generó una clase parasitaria que ha modelado una forma de éxito que se propagó como valor entre muchos paraguayos volviendo al Estado en una institución débil y funcional a la corrupción”.
“El país recibió en los últimos 50 años dinero para realizar todo el [sistema de] desagüe cloacal del país por valor de tres operaciones y hoy solo tenemos una cobertura del 10%, desarrollo vial pobre, escuelas en mal estado y una clase empresarial acostumbrada a las licitaciones y contratos con el Estado”, agregó.
Respecto a la implicancia de los actos de corrupción para el aumento de la pobreza, Fernández Bogado sostiene que “el país podría haber tenido un Estado más eficaz para reducir las consecuencias de la corrupción, pero como su principal preocupación no es servir a la gente sino servirse del modelo, todo acabó perjudicando a la sociedad en su conjunto”.
En cuanto a las propuestas de cómo enfrentar a la corrupción y conseguir resultados sostenibles, Fernández Bogado recomienda crear un Estado de derecho que funcione.
“Deben darse varias acciones al mismo tiempo. Severos castigos a los corruptos que disuada el cometer hechos de este tipo, una sociedad más y mejor educada, que tenga conciencia que la corrupción mata y empobrece; y finalmente un nuevo modelo económico que haga énfasis en la competencia más abierta y transparente. Tenemos una nueva ley desde el año 2015, la 5282 de acceso a la información pública y transparencia del Estado que estoy seguro será un mecanismo favorable para todos”, indica. “En Paraguay si cometes un crimen solo tienes 5% de posibilidades de ser procesado y 1% de ser condenado. La economía del crimen paga muy bien en un país que tiene más del 70,000 órdenes de capturas no cumplidas”.
Por último, considera que “un Poder judicial independiente, saneado y creíble es un paso necesario para la lucha contra la corrupción”.
Ética por los suelos
El 2015 se vio convulsionado por masivas manifestaciones, principalmente estudiantiles. Uno de los acontecimientos que detonó las protestas fue el desfalco del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (FONACIDE), que es utilizado por los municipios para financiar infraestructuras educativas. Se sospecha que esos recursos son desviados a cuentas particulares y malversados durante las construcciones, utilizándose en muchos casos materiales de mala calidad que ha provocado el derrumbe de varias aulas recién construidas, poniendo en peligro el bienestar de la comunidad educativa, como fue el caso de desplome el pasado 30 de setiembre de un aula en una escuela pública de la ciudad de Lambaré, distrito cercano a la capital, Asunción, mientras se desarrollaba clase, hiriendo al docente y sus alumnos.
Las autoridades de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), la más antigua del país, están siendo investigadas por nepotismo, falta administrativa y malversación de fondos, entre otros delitos, a raíz de las denuncias de los estudiantes. En setiembre, la Fiscalía inició un proceso contra más de 50 personas, incluyendo al rector Froilán Peralta, a quien tras permanecer dos meses preso en la cárcel de Tacumbú, la máxima institución penitenciaria del país, le dieron medida sustitutiva a la prisión con una millonaria caución como fianza. Además del rectorado, en este caso están involucradas la mayoría de las facultades y sus filiales, así como el Hospital de Clínicas, dependiente de la Facultad de Medicina.
El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) también está implicado en acusaciones de corrupción con los llamados “planilleros”, como se conoce a las personas contratadas en una institución pública y que cobran sus salarios pero no asisten a sus lugares de trabajo debido a su buena relación con altos funcionarios o dirigentes políticos en cargos de poder, quienes conceden prestaciones discriminatorias y discrecionales en la función pública a cambio de apoyo electoral.
A manera de descargo, María Elena Wapenka, ministra del TSJE, señaló que los escándalos de corrupción en la Justicia Electoral forman parte de una estructura de administraciones anteriores, que datan de aproximadamente 20 años.
Otro de los casos más llamativos lo protagoniza el propio organismo rector de trasparencia, la Contraloría General de la República (CGR). En mayo, la prensa reveló que Liz Paola Duarte Meza, secretaria privada del contralor Óscar Rubén Velázquez Gadea, percibía millonarias remuneraciones, incluso mayores a las de un ministro, por supuestamente trabajar más de 24 horas al día. Durante agosto y setiembre, el caso —que además involucraba a directores y funcionarios de la institución y contaba con el silencio cómplice de la subcontralora Nancy Torreblanca— acaparó los titulares de los principales diarios del país, lo cual desembocó en la renuncia del contralor ante su inminente destitución del cargo.
Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, la Policía y las Fuerzas Armadas y los gobiernos locales tampoco no son ajenos a la corrupción. Son generalizados delitos como peculado, prebendas, nepotismo y concesiones amañadas con el sector privado vinculado con el poder político.
Al respecto, el filósofo e investigador de la Universidad Nacional de Asunción José Manuel Silvero reafirma que la ética y la política son aspectos fundamentales para la vida democrática.
“Si ellas se relajan por acción de la corrupción, simplemente se desvirtúan en su sentido pleno. Y la corrupción tiene esa cualidad, desvirtuar procesos, conceptos y fundamentos. En el ámbito privado la corrupción tiene la misma virulencia y nocividad. Si bien son dos esferas distintas, lo público y lo privado, el daño es igualmente terrible. La corrupción mina la confianza”, señala Silvero a Noticias Aliadas.
Por último considera que “la pobreza, la desigualdad y la inequidad son hijas mimadas de la corrupción”.
“Los efectos de la corrupción atentan contra el presente y futuro”, concluye. —Noticias Aliadas.
•elmercuriodigital•
Gustavo Torres.- Fondos públicos destinados salud, educación y desarrollo social son desviados a cuentas particulares.
De un buen tiempo a esta parte, la corrupción ha contaminado a un sector importante de la sociedad paraguaya y sus instituciones, ubicando al país en una posición poco honrosa en el listado de países de baja transparencia gubernamental. De acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción 2014 —que anualmente publica Transparencia Internacional (TI)—, Paraguay ocupa el lugar 150 de 175 naciones evaluadas—con una puntuación de 24 en una escala de 0 (elevada corrupción) a 100 (baja corrupción)— , y el tercer lugar entre los países más corruptos de América Latina y el Caribe, sólo superado por Haití y Venezuela.
TI publica desde 1995 la evolución de indicadores acerca del sistema de implementación de justicia, el nivel de delincuencia y criminalidad y, esencialmente, la impunidad en el sector público, caracterizando la corrupción como el abuso del poder encomendado para beneficio personal y sectorial.
“El antecedente más notorio de corrupción institucionalizada en Paraguay se desarrolló durante el largo periodo de la dictadura del general Alfredo Stroessner (1954-1989)”, afirma a Noticias Aliadas, Andrew Nickson, catedrático de la Universidad de Birmingham, Gran Bretaña, y estudioso de la dictadura stronista y de la economía paraguaya.
“La combinación de una economía abierta, un Estado extremadamente débil y la existencia de dos grandes países limítrofes Argentina y Brasil que experimentaban una estrategia de industrialización por sustitución de importación permitieron, desde los años 50, el surgimiento de prácticas de corrupción relacionadas con el comercio exterior: contrabando de todo tipo”, sostiene Nickson, agregando que Stroessner toleraba estas prácticas, a lo que se daba en denominar “el precio de la paz”, un mecanismo de control para obtener lealtad al régimen de parte de empleados públicos y de las elites civiles y militares, al permitirles aumentar sus exiguos salarios, a través de ingresos ilegales, sin afectar el presupuesto estatal.
“El crecimiento de las empresas públicas durante los últimos años del período de Stroessner, estuvo acompañado de altos niveles de corrupción”, afirma Nickson, autor del libro La Guerra Fría y el Paraguay. “Las actividades relacionadas con el comercio de contrabando, originalmente concentradas en bebidas alcohólicas, cigarrillos y bienes electrónicos, se diversificaron en los años 90, para incluir vehículos robados, armamentos, así como tráfico de drogas y lavado de dinero. La participación activa de funcionarios públicos ha sido crucial para el funcionamiento de todas estas actividades ilícitas”.
En tal sentido, para finales de la década de 1990, el sector público se caracterizaba por un nivel extremadamente alto de corrupción institucionalizada, y para el 2003, Paraguay ocupaba el lugar 129 entre 133 países, en el Índice de Percepción de la Corrupción.
Acciones simultáneas
Para el analista político y catedrático, Benjamín Fernández Bogado, “la corrupción pública, en conjunción con un sector privado voraz, ha echado a perder un par de generaciones en el país. Y eso va desde las obras públicas que contratan el Estado y la compra de servicio por valor superior a los US$6 millardos anuales”.
“Se generó una cleptocracia que ha rezagado al país en términos de educación, salud y desarrollo social”, precisó Fernández Bogado aNoticias Aliadas. “Generó una clase parasitaria que ha modelado una forma de éxito que se propagó como valor entre muchos paraguayos volviendo al Estado en una institución débil y funcional a la corrupción”.
“El país recibió en los últimos 50 años dinero para realizar todo el [sistema de] desagüe cloacal del país por valor de tres operaciones y hoy solo tenemos una cobertura del 10%, desarrollo vial pobre, escuelas en mal estado y una clase empresarial acostumbrada a las licitaciones y contratos con el Estado”, agregó.
Respecto a la implicancia de los actos de corrupción para el aumento de la pobreza, Fernández Bogado sostiene que “el país podría haber tenido un Estado más eficaz para reducir las consecuencias de la corrupción, pero como su principal preocupación no es servir a la gente sino servirse del modelo, todo acabó perjudicando a la sociedad en su conjunto”.
En cuanto a las propuestas de cómo enfrentar a la corrupción y conseguir resultados sostenibles, Fernández Bogado recomienda crear un Estado de derecho que funcione.
“Deben darse varias acciones al mismo tiempo. Severos castigos a los corruptos que disuada el cometer hechos de este tipo, una sociedad más y mejor educada, que tenga conciencia que la corrupción mata y empobrece; y finalmente un nuevo modelo económico que haga énfasis en la competencia más abierta y transparente. Tenemos una nueva ley desde el año 2015, la 5282 de acceso a la información pública y transparencia del Estado que estoy seguro será un mecanismo favorable para todos”, indica. “En Paraguay si cometes un crimen solo tienes 5% de posibilidades de ser procesado y 1% de ser condenado. La economía del crimen paga muy bien en un país que tiene más del 70,000 órdenes de capturas no cumplidas”.
Por último, considera que “un Poder judicial independiente, saneado y creíble es un paso necesario para la lucha contra la corrupción”.
Ética por los suelos
El 2015 se vio convulsionado por masivas manifestaciones, principalmente estudiantiles. Uno de los acontecimientos que detonó las protestas fue el desfalco del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (FONACIDE), que es utilizado por los municipios para financiar infraestructuras educativas. Se sospecha que esos recursos son desviados a cuentas particulares y malversados durante las construcciones, utilizándose en muchos casos materiales de mala calidad que ha provocado el derrumbe de varias aulas recién construidas, poniendo en peligro el bienestar de la comunidad educativa, como fue el caso de desplome el pasado 30 de setiembre de un aula en una escuela pública de la ciudad de Lambaré, distrito cercano a la capital, Asunción, mientras se desarrollaba clase, hiriendo al docente y sus alumnos.
Las autoridades de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), la más antigua del país, están siendo investigadas por nepotismo, falta administrativa y malversación de fondos, entre otros delitos, a raíz de las denuncias de los estudiantes. En setiembre, la Fiscalía inició un proceso contra más de 50 personas, incluyendo al rector Froilán Peralta, a quien tras permanecer dos meses preso en la cárcel de Tacumbú, la máxima institución penitenciaria del país, le dieron medida sustitutiva a la prisión con una millonaria caución como fianza. Además del rectorado, en este caso están involucradas la mayoría de las facultades y sus filiales, así como el Hospital de Clínicas, dependiente de la Facultad de Medicina.
El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) también está implicado en acusaciones de corrupción con los llamados “planilleros”, como se conoce a las personas contratadas en una institución pública y que cobran sus salarios pero no asisten a sus lugares de trabajo debido a su buena relación con altos funcionarios o dirigentes políticos en cargos de poder, quienes conceden prestaciones discriminatorias y discrecionales en la función pública a cambio de apoyo electoral.
A manera de descargo, María Elena Wapenka, ministra del TSJE, señaló que los escándalos de corrupción en la Justicia Electoral forman parte de una estructura de administraciones anteriores, que datan de aproximadamente 20 años.
Otro de los casos más llamativos lo protagoniza el propio organismo rector de trasparencia, la Contraloría General de la República (CGR). En mayo, la prensa reveló que Liz Paola Duarte Meza, secretaria privada del contralor Óscar Rubén Velázquez Gadea, percibía millonarias remuneraciones, incluso mayores a las de un ministro, por supuestamente trabajar más de 24 horas al día. Durante agosto y setiembre, el caso —que además involucraba a directores y funcionarios de la institución y contaba con el silencio cómplice de la subcontralora Nancy Torreblanca— acaparó los titulares de los principales diarios del país, lo cual desembocó en la renuncia del contralor ante su inminente destitución del cargo.
Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, la Policía y las Fuerzas Armadas y los gobiernos locales tampoco no son ajenos a la corrupción. Son generalizados delitos como peculado, prebendas, nepotismo y concesiones amañadas con el sector privado vinculado con el poder político.
Al respecto, el filósofo e investigador de la Universidad Nacional de Asunción José Manuel Silvero reafirma que la ética y la política son aspectos fundamentales para la vida democrática.
“Si ellas se relajan por acción de la corrupción, simplemente se desvirtúan en su sentido pleno. Y la corrupción tiene esa cualidad, desvirtuar procesos, conceptos y fundamentos. En el ámbito privado la corrupción tiene la misma virulencia y nocividad. Si bien son dos esferas distintas, lo público y lo privado, el daño es igualmente terrible. La corrupción mina la confianza”, señala Silvero a Noticias Aliadas.
Por último considera que “la pobreza, la desigualdad y la inequidad son hijas mimadas de la corrupción”.
“Los efectos de la corrupción atentan contra el presente y futuro”, concluye. —Noticias Aliadas.
•elmercuriodigital•
