Amnistía Internacional alerta del aumento de la represión de la protesta en el mundo
En España, la aprobación de la Ley de Seguridad Ciudadana ha sido un retroceso que amenaza el derecho a la libertad de reunión y expresión
Madrid/Londres.- Las personas que expresan una opinión contraria a los líderes sufren un riesgo cada vez mayor de ser castigadas o enjuiciadas, ha declarado hoy Amnistía Internacional en la presentación de Personas que actúan por personas (Write4Rights), la mayor campaña del mundo por los derechos humanos. Del 4 al 17 de diciembre, cientos de miles de simpatizantes y activistas de Amnistía Internacional de todo el mundo enviarán cartas, mensajes de correo electrónico, SMS, faxes y tuits para pedir la libertad de activistas encarcelados injustamente.
“Nuestra campaña promete un activismo emocionante, que unirá a personas de toda clase y condición", afirmó Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional.
“Cuando cientos de miles de personas dicen que apoyan a un defensor o a una defensora de los derechos humanos, el impacto es enorme y da a esa persona la fuerza que necesita para seguir. También envía a sus opresores el mensaje de que no pueden mantener sus crímenes en secreto y de que el mundo vigila su próximo movimiento. Cada carta, cada correo electrónico y cada firma en una petición que reciben las autoridades es una grieta en una armadura que de otro modo sería impenetrable, socavando el poder de las autoridades que cometen abusos contra los derechos humanos."
En la campaña de 2014 se batieron récords, pues cientos de miles de personas de más de 200 países y territorios enviaron 3.245.565 mensajes que ofrecían apoyo o exigían medidas sobre los casos de 12 personas y comunidades que sufrían abusos contra los derechos humanos. Se han enviado más de un millón de mensajes de apoyo al bloguero saudí encarcelado Raif Badawi desde que la campaña destacó su caso. En las ediciones de 2013 y 2014, la campaña cosechó importantes éxitos, como la excarcelación del nigeriano Moses Akatugba, condenado a muerte y víctima de tortura, la activista camboyana en favor del derecho a la vivienda Yorm Bopha, el doctor Tun Aung, líder comunitario de Myanmar, o el manifestante ruso Vladimir Akimenkov.
En España, la campaña #PersonasXPersonas de 2015 se centra en pedir apoyo para dos casos de personas encarceladas injustamente:
Los activistas juveniles pacíficos Yves Makwambala y Fred Bauma, de República Democrática del Congo, detenidos en una conferencia de prensa y en espera de juicio, acusados de formar una banda delictiva y de intentar derrocar al gobierno.
Rania Alabbasi, su esposo Abdulrahman Yasin y los seis hijos de ambos (cinco niñas y un niño), de entre 3 y 15 años de edad, fueron detenidos por las autoridades sirias en marzo de 2013. Desde entonces, se encuentran en paradero desconocido, y son víctimas de desaparición forzada.
Amenazas crecientes a la libertad de expresión y de reunión
Según el Informe 2014/15 de Amnistía Internacional, casi tres cuartas partes de los Estados (119 países de los 160 incluidos en el informe) restringieron arbitrariamente la libertad de expresióncon medidas como la represión de la libertad de prensa, incluidos el cierre forzoso de periódicos, y amenazas y ataques contra periodistas, así como restricciones al derecho de reunión y manifestación.
Esta situación, ya de por sí preocupante, se ha agravado en el último año. Por ejemplo en Egipto, donde se está encarcelando a toda una generación de jóvenes que protestan contra el gobierno y se han utilizado las nuevas medidas legislativas en la lucha contra el terrorismo para intimidar a activistas y periodistas. En Argelia, donde el gobierno ha introducido leyes restrictivas sobre las licencias de TV, dejando a muchas televisiones privadas en un limbo legal, bajo la constante amenaza de censura si critican al gobierno. O en Turquía, donde el Gobierno ha llegado a bloquear el acceso a redes sociales como Twitter o Youtube, se han interrumpido emisiones de algunos medios de comunicación y se ha amenazado y emprendido acciones legales contra periodistas por informar sobre determinadas cuestiones.
También en China, donde la amenaza a la libertad de expresión es constante, la situación se ha recrudecido como consecuencia de una oleada de represión en 2015 y tras la recientemente propuesta de ley sobre seguridad informática que, mediante la amplia definición de “seguridad nacional”, da luz verde a castigar y monitorizar a activistas y opositores. En Rusia, el gobierno ha introducido en los últimos cuatro años toda una batería de leyes que limitan la libertad de expresión y asociación, coartan casi hasta la asfixia a las ONG y llevan a la cárcel a activistas que disienten pacíficamente del gobierno. En noviembre, el Centro de Derechos Humanos “Memorial”, una de las más prestigiosas organizaciones de defensa de los derechos humanos en Rusia ha sido acusada de publicar en su web contenidos que pretenden “minar el orden constitucional”, lo cual podría abocar a su cierre. Otro país en el que numerosos defensores de derechos humanos y periodistas sufrieron ataques, amenazas e incluso la muerte es México. Los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala, Guerrero, cuando se dirigían a recaudar dinero para asistir a una manifestación en Ciudad de México, ha sido la culminación de cómo este país reprime cualquier forma de protesta.
En Malasia, cientos de personas han sido investigadas, acusadas o encarceladas por criticar al gobierno a la monarquía. En Tailandia, la represión de las autoridades a la libertad de expresión se ha intensificado dramáticamente. Presos de conciencia han sido encarcelados arbitrariamente, y juzgados ante tribunales militares sin las debidas garantías. En Myanmar, ha habido un aumento de arrestos y encarcelamientos por el mero hecho de protestar pacíficamente. Semanas antes de las últimas elecciones, 19 nuevos presos de conciencia se han sumado a la gran cantidad de personas detenidas injustamente.
Amnistía Internacional también ha documentado recientemente casos de abusos graves a la libertad de expresión en Uzbekistán, República Democrática del Congo y Arabia Saudí, entre otros.
“Estamos presenciando una represión cada vez mayor de la disidencia en muchos países, en los que los gobiernos detienen y juzgan a los críticos más destacados para transmitir el mensaje intimidatorio de que quien hable pagará un alto precio. A muchos gobiernos les aterra el poder de las personas y reaccionan tratando de limitarlo”, prosiguió Salil Shetty.
“Ahora más que nunca, tenemos que mostrar nuestra solidaridad con las personas valientes que se alzan por los derechos humanos a pesar de los riesgos. Puede que los defensores y defensoras de estos derechos sean las víctimas inmediatas de la represión, pero todos pagamos el precio si el resultado es una sociedad en la que la gente tiene miedo de decir lo que piensa."
Ese miedo se incrementa debido a la vigilancia masiva de las comunicaciones practicada por Gobiernos de todo el mundo, una grave violación del derecho a la privacidad que puede llevar a la gente a no querer decir lo que piensa al saber que está siendo vigilado, tal y como indica la encuesta que publicó este año Amnistía Internacional. Y es que el control masivo de las comunicaciones por Internet y telefónicas (a veces de países enteros) sin que existan indicios suficientes de conducta delictiva, puede limitar el derecho a la libertad de expresión.
En los últimos meses varios países han aprobado legislaciones que dan carta blanca a la vigilancia masiva. Francia ha aprobado una nueva ley que, entre otros aspectos que preocupan a Amnistía Internacional, permite interceptar masivamente comunicaciones, retener información durante largos períodos de tiempo y elimina la autorización judicial previa. Además, y a raíz de los terribles atentados del pasado 13 de noviembre en París, que dejaron al menos 130 muertos, el presidente francés se plantea la posibilidad de ampliar todavía más los poderes de vigilancia, dentro de las medidas de emergencia propuestas. También, entre otros cambios legislativos se propone una revisión de las reglas sobre el uso de la fuerza letal, la posibilidad de privar de su nacionalidad francesa a las personas con doble nacionalidad, la de prohibir la entrada y estancia en el país a determinadas personas, y la de recurrir a métodos acelerados de expulsión para los extranjeros considerados sospechosos de ser una amenaza para la seguridad. Amnistía Internacional recuerda que las medidas de emergencia deben ser necesarias y proporcionadas, tanto en su alcance como en su duración, y sometidas a vigilancia, ya que pueden restrigir libertades civiles y derechos humanos.
También Reino Unido ha introducido nueva legislación que otorga mayores poderes de espionaje, poniendo de manifiesto el ansia de los gobiernos por controlar cada vez más información. La aprobación, el pasado mes de mayo en Estados Unidos, de la “Ley de Libertad”, en un intento de poner fin a la recopilación en masa e indiscriminada de grabaciones de llamadas telefónicas, es solo un primer paso, ya que no abarca muchos otros aspectos de la vigilancia masiva revelada por el exanalista de la C.I.A. Edward Snowden.
Retrocesos en España
En España, la entrada en vigor el pasado uno de julio, de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana (LOSC) y de la reforma del Código Penal, han amenazado el ejercicio de derecho de reunión y expresión.
Para Amnistía Internacional, que recogió casi 70.000 firmas pidiendo que se protegiera el derecho a la protesta, la LOSC amplía los poderes a la policía sin ofrecer salvaguardias para los ciudadanos. Además, contiene limitaciones a los lugares y las fechas en las que se pueden celebrar manifestaciones, incluida la prohibición de las "reuniones espontáneas” en determinados lugares. La restricción de la grabación de agentes de policía en vídeo, con multas de hasta 30.000 euros para quienes difundan las imágenes, preocupa a Amnistía Internacional, para quien las imágenes grabadas durante manifestaciones han sido fundamentales para demostrar el uso excesivo de la fuerza y otros abusos de la policía durante el control policial de las manifestaciones.
En cuanto a la reforma del Código Penal la organización considera que contiene una definición demasiado amplia y vaga de algunos de los delitos de terrorismo. Junto a esto, la prohibición de determinadas declaraciones en redes sociales que puedan ser percibidas como una incitación a que otras personas cometan ataques violentos, incluso sin que esa declaración pueda relacionarse con un acto violento, pueden amenazar derechos como la la libertad de expresión y asociación, y a la presunción de inocencia.
En la misma línea, un total de cinco relatores de derechos humanos de Naciones Unidas han criticado y pedido la retirada de estas reformas legislativas.
Exposición gráfica “Ilustrar la libertad”
En el Día Internacional de los Derechos Humanos Amnistía Internacional también inaugura en el CentroCentro del Palacio de Cibeles (Madrid) la exposición gráfica Ilustrar la libertad que recoge 15 años de la campaña Regala Tus Palabras. Una campaña que nació en el año 2000 y en la que han colaborado artistas como Forges, Ballesta, Eneko, Fontdevila, Vergara, Pepe Medina, Azagra, Paco Roca, Agustina Guerrero o Paula Bonet, entre otros, ilustrando postales que miles de personas envían posteriormente a presos y presas de conciencia injustamente encarcelados en distintos lugares del mundo.
La exposición estará abierta al público hasta el próximo 10 de enero, antes de itinerar por otras ciudades españolas.
•elmercuriodigital•
En España, la aprobación de la Ley de Seguridad Ciudadana ha sido un retroceso que amenaza el derecho a la libertad de reunión y expresión
Madrid/Londres.- Las personas que expresan una opinión contraria a los líderes sufren un riesgo cada vez mayor de ser castigadas o enjuiciadas, ha declarado hoy Amnistía Internacional en la presentación de Personas que actúan por personas (Write4Rights), la mayor campaña del mundo por los derechos humanos. Del 4 al 17 de diciembre, cientos de miles de simpatizantes y activistas de Amnistía Internacional de todo el mundo enviarán cartas, mensajes de correo electrónico, SMS, faxes y tuits para pedir la libertad de activistas encarcelados injustamente.
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| Los activistas congoleños Fred y Yves, caso de la campaña © Amnesty International |
“Nuestra campaña promete un activismo emocionante, que unirá a personas de toda clase y condición", afirmó Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional.
“Cuando cientos de miles de personas dicen que apoyan a un defensor o a una defensora de los derechos humanos, el impacto es enorme y da a esa persona la fuerza que necesita para seguir. También envía a sus opresores el mensaje de que no pueden mantener sus crímenes en secreto y de que el mundo vigila su próximo movimiento. Cada carta, cada correo electrónico y cada firma en una petición que reciben las autoridades es una grieta en una armadura que de otro modo sería impenetrable, socavando el poder de las autoridades que cometen abusos contra los derechos humanos."
En la campaña de 2014 se batieron récords, pues cientos de miles de personas de más de 200 países y territorios enviaron 3.245.565 mensajes que ofrecían apoyo o exigían medidas sobre los casos de 12 personas y comunidades que sufrían abusos contra los derechos humanos. Se han enviado más de un millón de mensajes de apoyo al bloguero saudí encarcelado Raif Badawi desde que la campaña destacó su caso. En las ediciones de 2013 y 2014, la campaña cosechó importantes éxitos, como la excarcelación del nigeriano Moses Akatugba, condenado a muerte y víctima de tortura, la activista camboyana en favor del derecho a la vivienda Yorm Bopha, el doctor Tun Aung, líder comunitario de Myanmar, o el manifestante ruso Vladimir Akimenkov.
En España, la campaña #PersonasXPersonas de 2015 se centra en pedir apoyo para dos casos de personas encarceladas injustamente:
Los activistas juveniles pacíficos Yves Makwambala y Fred Bauma, de República Democrática del Congo, detenidos en una conferencia de prensa y en espera de juicio, acusados de formar una banda delictiva y de intentar derrocar al gobierno.
Rania Alabbasi, su esposo Abdulrahman Yasin y los seis hijos de ambos (cinco niñas y un niño), de entre 3 y 15 años de edad, fueron detenidos por las autoridades sirias en marzo de 2013. Desde entonces, se encuentran en paradero desconocido, y son víctimas de desaparición forzada.
Amenazas crecientes a la libertad de expresión y de reunión
Según el Informe 2014/15 de Amnistía Internacional, casi tres cuartas partes de los Estados (119 países de los 160 incluidos en el informe) restringieron arbitrariamente la libertad de expresióncon medidas como la represión de la libertad de prensa, incluidos el cierre forzoso de periódicos, y amenazas y ataques contra periodistas, así como restricciones al derecho de reunión y manifestación.
Esta situación, ya de por sí preocupante, se ha agravado en el último año. Por ejemplo en Egipto, donde se está encarcelando a toda una generación de jóvenes que protestan contra el gobierno y se han utilizado las nuevas medidas legislativas en la lucha contra el terrorismo para intimidar a activistas y periodistas. En Argelia, donde el gobierno ha introducido leyes restrictivas sobre las licencias de TV, dejando a muchas televisiones privadas en un limbo legal, bajo la constante amenaza de censura si critican al gobierno. O en Turquía, donde el Gobierno ha llegado a bloquear el acceso a redes sociales como Twitter o Youtube, se han interrumpido emisiones de algunos medios de comunicación y se ha amenazado y emprendido acciones legales contra periodistas por informar sobre determinadas cuestiones.
También en China, donde la amenaza a la libertad de expresión es constante, la situación se ha recrudecido como consecuencia de una oleada de represión en 2015 y tras la recientemente propuesta de ley sobre seguridad informática que, mediante la amplia definición de “seguridad nacional”, da luz verde a castigar y monitorizar a activistas y opositores. En Rusia, el gobierno ha introducido en los últimos cuatro años toda una batería de leyes que limitan la libertad de expresión y asociación, coartan casi hasta la asfixia a las ONG y llevan a la cárcel a activistas que disienten pacíficamente del gobierno. En noviembre, el Centro de Derechos Humanos “Memorial”, una de las más prestigiosas organizaciones de defensa de los derechos humanos en Rusia ha sido acusada de publicar en su web contenidos que pretenden “minar el orden constitucional”, lo cual podría abocar a su cierre. Otro país en el que numerosos defensores de derechos humanos y periodistas sufrieron ataques, amenazas e incluso la muerte es México. Los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala, Guerrero, cuando se dirigían a recaudar dinero para asistir a una manifestación en Ciudad de México, ha sido la culminación de cómo este país reprime cualquier forma de protesta.
En Malasia, cientos de personas han sido investigadas, acusadas o encarceladas por criticar al gobierno a la monarquía. En Tailandia, la represión de las autoridades a la libertad de expresión se ha intensificado dramáticamente. Presos de conciencia han sido encarcelados arbitrariamente, y juzgados ante tribunales militares sin las debidas garantías. En Myanmar, ha habido un aumento de arrestos y encarcelamientos por el mero hecho de protestar pacíficamente. Semanas antes de las últimas elecciones, 19 nuevos presos de conciencia se han sumado a la gran cantidad de personas detenidas injustamente.
Amnistía Internacional también ha documentado recientemente casos de abusos graves a la libertad de expresión en Uzbekistán, República Democrática del Congo y Arabia Saudí, entre otros.
“Estamos presenciando una represión cada vez mayor de la disidencia en muchos países, en los que los gobiernos detienen y juzgan a los críticos más destacados para transmitir el mensaje intimidatorio de que quien hable pagará un alto precio. A muchos gobiernos les aterra el poder de las personas y reaccionan tratando de limitarlo”, prosiguió Salil Shetty.
“Ahora más que nunca, tenemos que mostrar nuestra solidaridad con las personas valientes que se alzan por los derechos humanos a pesar de los riesgos. Puede que los defensores y defensoras de estos derechos sean las víctimas inmediatas de la represión, pero todos pagamos el precio si el resultado es una sociedad en la que la gente tiene miedo de decir lo que piensa."
Ese miedo se incrementa debido a la vigilancia masiva de las comunicaciones practicada por Gobiernos de todo el mundo, una grave violación del derecho a la privacidad que puede llevar a la gente a no querer decir lo que piensa al saber que está siendo vigilado, tal y como indica la encuesta que publicó este año Amnistía Internacional. Y es que el control masivo de las comunicaciones por Internet y telefónicas (a veces de países enteros) sin que existan indicios suficientes de conducta delictiva, puede limitar el derecho a la libertad de expresión.
En los últimos meses varios países han aprobado legislaciones que dan carta blanca a la vigilancia masiva. Francia ha aprobado una nueva ley que, entre otros aspectos que preocupan a Amnistía Internacional, permite interceptar masivamente comunicaciones, retener información durante largos períodos de tiempo y elimina la autorización judicial previa. Además, y a raíz de los terribles atentados del pasado 13 de noviembre en París, que dejaron al menos 130 muertos, el presidente francés se plantea la posibilidad de ampliar todavía más los poderes de vigilancia, dentro de las medidas de emergencia propuestas. También, entre otros cambios legislativos se propone una revisión de las reglas sobre el uso de la fuerza letal, la posibilidad de privar de su nacionalidad francesa a las personas con doble nacionalidad, la de prohibir la entrada y estancia en el país a determinadas personas, y la de recurrir a métodos acelerados de expulsión para los extranjeros considerados sospechosos de ser una amenaza para la seguridad. Amnistía Internacional recuerda que las medidas de emergencia deben ser necesarias y proporcionadas, tanto en su alcance como en su duración, y sometidas a vigilancia, ya que pueden restrigir libertades civiles y derechos humanos.
También Reino Unido ha introducido nueva legislación que otorga mayores poderes de espionaje, poniendo de manifiesto el ansia de los gobiernos por controlar cada vez más información. La aprobación, el pasado mes de mayo en Estados Unidos, de la “Ley de Libertad”, en un intento de poner fin a la recopilación en masa e indiscriminada de grabaciones de llamadas telefónicas, es solo un primer paso, ya que no abarca muchos otros aspectos de la vigilancia masiva revelada por el exanalista de la C.I.A. Edward Snowden.
Retrocesos en España
En España, la entrada en vigor el pasado uno de julio, de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana (LOSC) y de la reforma del Código Penal, han amenazado el ejercicio de derecho de reunión y expresión.
Para Amnistía Internacional, que recogió casi 70.000 firmas pidiendo que se protegiera el derecho a la protesta, la LOSC amplía los poderes a la policía sin ofrecer salvaguardias para los ciudadanos. Además, contiene limitaciones a los lugares y las fechas en las que se pueden celebrar manifestaciones, incluida la prohibición de las "reuniones espontáneas” en determinados lugares. La restricción de la grabación de agentes de policía en vídeo, con multas de hasta 30.000 euros para quienes difundan las imágenes, preocupa a Amnistía Internacional, para quien las imágenes grabadas durante manifestaciones han sido fundamentales para demostrar el uso excesivo de la fuerza y otros abusos de la policía durante el control policial de las manifestaciones.
En cuanto a la reforma del Código Penal la organización considera que contiene una definición demasiado amplia y vaga de algunos de los delitos de terrorismo. Junto a esto, la prohibición de determinadas declaraciones en redes sociales que puedan ser percibidas como una incitación a que otras personas cometan ataques violentos, incluso sin que esa declaración pueda relacionarse con un acto violento, pueden amenazar derechos como la la libertad de expresión y asociación, y a la presunción de inocencia.
En la misma línea, un total de cinco relatores de derechos humanos de Naciones Unidas han criticado y pedido la retirada de estas reformas legislativas.
Exposición gráfica “Ilustrar la libertad”
En el Día Internacional de los Derechos Humanos Amnistía Internacional también inaugura en el CentroCentro del Palacio de Cibeles (Madrid) la exposición gráfica Ilustrar la libertad que recoge 15 años de la campaña Regala Tus Palabras. Una campaña que nació en el año 2000 y en la que han colaborado artistas como Forges, Ballesta, Eneko, Fontdevila, Vergara, Pepe Medina, Azagra, Paco Roca, Agustina Guerrero o Paula Bonet, entre otros, ilustrando postales que miles de personas envían posteriormente a presos y presas de conciencia injustamente encarcelados en distintos lugares del mundo.
La exposición estará abierta al público hasta el próximo 10 de enero, antes de itinerar por otras ciudades españolas.
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