M茅xico
La incompetencia que afecta a todo el sistema y una ausencia total de voluntad por parte de las autoridades estatales y federales de M茅xico para investigar la desaparici贸n de miles de personas y buscarlas debidamente est谩n alimentando una crisis de derechos humanos de dimensiones epid茅micas, afirma Amnist铆a Internacional en un nuevo informe que ha publicado hoy.
En “Un trato de indolencia”: La respuesta del Estado frente a la desaparici贸n de personas en M茅xico, la organizaci贸n de derechos humanos expone c贸mo se reflejan en el estado septentrional deChihuahua y el resto del pa铆s las graves deficiencias de la investigaci贸n sobre la desaparici贸n forzada de 43 estudiantes en el estado meridional de Guerrero en septiembre de 2014. Seg煤n datos oficiales, sigue sin conocerse el paradero de m谩s de 27.000 personas, muchas de ellas v铆ctimas de desaparici贸n forzada.
“La incesante ola de desapariciones que se ha adue帽ado de Chihuahua y la irresponsabilidad total con que se est谩 manejando la investigaci贸n sobre la desaparici贸n forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa ponen de manifiesto el desprecio absoluto de las autoridades mexicanas por la dignidad y los derechos humanos”, ha afirmado Erika Guevara-Rosas, directora del Programa de Amnist铆a Internacional para Am茅rica.
“Por desgracia, las desapariciones han pasado a ser algo tan habitual en todo M茅xico que pr谩cticamente ya forman parte de nuestra vida cotidiana. En las contadas ocasiones en que realmente se llevan a cabo investigaciones, casi no pasan de ser una mera formalidad para aparentar que se est谩 haciendo algo.”
Incompetencia
En muchos casos de desapariciones denunciadas, la v铆ctima fue vista por 煤ltima vez cuando era detenida por la polic铆a o el ej茅rcito. Sin embargo, M茅xico carece de un registro detallado de detenciones, lo que permite a las autoridades negar toda responsabilidad y lavarse las manos ante la comisi贸n de desapariciones forzadas.
Cuando los familiares acuden a la polic铆a para dar parte de una desaparici贸n, las autoridades suelen acusar a la v铆ctima de pertenecer a un c谩rtel de la droga y afirmar que las desapariciones obedecen a luchas de poder entre bandas rivales. La b煤squeda de la persona cuya desaparici贸n ha sido denunciada se aplaza por sistema, o nunca llega a ponerse en marcha. En las raras ocasiones en que realmente se llevan a cabo investigaciones, suelen ser tan defectuosas que apenas dan resultados.
En el caso de la desaparici贸n forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, que el gobierno no ha llevado a cabo una investigaci贸n seria e imparcial es un hecho bien documentado. Se empe帽贸 en seguir una sola l铆nea de investigaci贸n (la de que los estudiantes hab铆an sido detenidos por la polic铆a municipal y entregados a una banda criminal, y sus cad谩veres hab铆an sido quemados en un vertedero local). La teor铆a de que los estudiantes hab铆an sido incinerados fue rechazada tajantemente por un 贸rgano internacional de expertos nombrado por la Comisi贸n Interamericana de Derechos Humanos, por considerar que era imposible en las circunstancias descritas por las autoridades mexicanas y no se sustentaba con pruebas.
La deficiente investigaci贸n realizada hasta la fecha no ha esclarecido m铆nimamente la responsabilidad del mando. Los lugares del delito no se protegieron ni fueron debidamente documentados con fotograf铆as o grabaciones de v铆deo. Se reunieron pruebas bal铆sticas pero no se examinaron para encontrar rastros de sangre o huellas dactilares, y tampoco se proces贸 correctamente material probatorio fundamental.
El equipo investigador de Amnist铆a Internacional descubri贸 casos an谩logos de incompetencia en la investigaci贸n de desapariciones ocurridas en el estado septentrional de Chihuahua, y al menos un caso de encubrimiento por parte de las autoridades de dicho estado.Desde 2007, casi 1.700 personas han desaparecido en todo Chihuahua.
En la mayor铆a de los casos las autoridades no adoptaron medidas fundamentales para la investigaci贸n, como hacer comprobaciones telef贸nicas, bancarias y financieras de las v铆ctimas o los sospechosos, usar la se帽al de geolocalizaci贸n de los tel茅fonos m贸viles o revisar los datos procedentes de las im谩genes de las c谩maras de seguridad instaladas en la zona donde la persona desapareci贸.
Estos graves fallos obligan a los familiares de las personas desaparecidas a asumir la carga de buscar a sus seres queridos. Algunos recorren el pa铆s en su busca, otros contratan a detectives privados y re煤nen pruebas por su cuenta.
Normalmente, la informaci贸n que aportan las familias s贸lo sirve para engrosar el expediente del caso; rara vez es sometida a un examen escrupuloso por las autoridades para establecer nuevas l铆neas de investigaci贸n o comprobar todas las pistas disponibles.
Jos茅 Rosario Hern谩ndez fue v铆ctima de desaparici贸n forzada la tarde del 23 de octubre de 2011: una patrulla de polic铆a municipal lo detuvo cuando iba en coche con dos amigos por la Ciudad Cuauht茅moc, en el estado de Chihuahua. Sigue sin conocerse su paradero.
En los d铆as que sucedieron a su desaparici贸n, las autoridades se negaron a facilitar informaci贸n de cualquier clase a su familia. Funcionarios de las oficinas de polic铆a municipal y patrulla de carreteras negaron incluso que hubiera sido detenido, a pesar de que una gr煤a se hab铆a llevado el autom贸vil de Jos茅 Rosario por orden de las autoridades y hab铆a testigos de su detenci贸n.
La familia identific贸 al agente que hab铆a detenido a Jos茅 Rosario y lo desafi贸 a contar lo que hab铆a pasado, pero 茅l se neg贸. Finalmente se detuvo al agente, gracias al empe帽o y las reiteradas peticiones de la familia y sus representantes letrados. Est谩 previsto que su juicio comience en enero de 2016. Con todo, la investigaci贸n no ha sido exhaustiva y no se ha intentado obtener informaci贸n que ayude a esclarecer el paradero de Jos茅 Rosario.
La madre de Brenda Karina Ram铆rez, joven de 22 a帽os desaparecida el 19 de julio de 2011 despu茅s de que unos hombres armados se la llevaran de la casa de unos parientes en Ciudad Cuauht茅moc, ha asumido la carga de buscar ella misma a su hija despu茅s de que las autoridades no investigaran debidamente el tr谩gico suceso.
Cuando al fin tuvo acceso al expediente oficial del caso, se encontr贸 con que estaba pr谩cticamente vac铆o.
Cont贸 lo siguiente a Amnist铆a Internacional: “Lo que hay en el expediente de mi hija es lo que he entregado yo, nada m谩s.”
El poder y la influencia de los carteles de la droga tambi茅n tienen mucho que ver en los retrasos de las investigaciones.
Los familiares de otra persona que hab铆a desaparecido contaron que miembros de la Procuradur铆a General de Justicia del Estado de Chihuahua se negaron a investigar en cierta zona del estado aduciendo que ten铆an miedo y no pod铆an ir all铆.
Falta de recursos
Los graves defectos de las investigaciones tambi茅n est谩n causados por la falta de inversi贸n en las procuradur铆as que se encargan de hacerlas. Las autoridades est谩n sobrepasadas, con un volumen de casos inmanejable y excesiva rotaci贸n del personal.
“La incapacidad del gobierno mexicano para llevar a cabo investigaciones m铆nimamente adecuadas sobre las desapariciones pone en grave peligro a miles de personas”, ha afirmado Erika Guevara-Rosas.
“Las autoridades mexicanas deben elaborar una pol铆tica p煤blica destinada a evitar estas tragedias para impedir que ocurran m谩s desapariciones. Deben poner en marcha investigaciones efectivas y buscar eficazmente a las personas desaparecidas, llevar a los responsables ante la justicia y garantizar reparaciones adecuadas a las v铆ctimas.”
El 10 de diciembre de 2015, el presidente Enrique Pe帽a Nieto present贸 un proyecto de ley al Congreso para abordar la crisis de desapariciones. Sin embargo, este proyecto no cumple las normas internacionales en algunos aspectos fundamentales. El Congreso de M茅xico debe mejorar sustancialmente el documento para que sea un instrumento eficaz a la hora de garantizar verdad, justicia y reparaci贸n a las v铆ctimas y de impedir que ocurran m谩s desapariciones.
•elmercuriodigital•
La incompetencia que afecta a todo el sistema y una ausencia total de voluntad por parte de las autoridades estatales y federales de M茅xico para investigar la desaparici贸n de miles de personas y buscarlas debidamente est谩n alimentando una crisis de derechos humanos de dimensiones epid茅micas, afirma Amnist铆a Internacional en un nuevo informe que ha publicado hoy.
En “Un trato de indolencia”: La respuesta del Estado frente a la desaparici贸n de personas en M茅xico, la organizaci贸n de derechos humanos expone c贸mo se reflejan en el estado septentrional deChihuahua y el resto del pa铆s las graves deficiencias de la investigaci贸n sobre la desaparici贸n forzada de 43 estudiantes en el estado meridional de Guerrero en septiembre de 2014. Seg煤n datos oficiales, sigue sin conocerse el paradero de m谩s de 27.000 personas, muchas de ellas v铆ctimas de desaparici贸n forzada.
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| Escuela rural Isidro Burgos en Ayotzinapa, en Guerrero, donde 43 estudiantes han desaparecido © AI/Sergio Ortiz Borbolla |
“La incesante ola de desapariciones que se ha adue帽ado de Chihuahua y la irresponsabilidad total con que se est谩 manejando la investigaci贸n sobre la desaparici贸n forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa ponen de manifiesto el desprecio absoluto de las autoridades mexicanas por la dignidad y los derechos humanos”, ha afirmado Erika Guevara-Rosas, directora del Programa de Amnist铆a Internacional para Am茅rica.
“Por desgracia, las desapariciones han pasado a ser algo tan habitual en todo M茅xico que pr谩cticamente ya forman parte de nuestra vida cotidiana. En las contadas ocasiones en que realmente se llevan a cabo investigaciones, casi no pasan de ser una mera formalidad para aparentar que se est谩 haciendo algo.”
Incompetencia
En muchos casos de desapariciones denunciadas, la v铆ctima fue vista por 煤ltima vez cuando era detenida por la polic铆a o el ej茅rcito. Sin embargo, M茅xico carece de un registro detallado de detenciones, lo que permite a las autoridades negar toda responsabilidad y lavarse las manos ante la comisi贸n de desapariciones forzadas.
Cuando los familiares acuden a la polic铆a para dar parte de una desaparici贸n, las autoridades suelen acusar a la v铆ctima de pertenecer a un c谩rtel de la droga y afirmar que las desapariciones obedecen a luchas de poder entre bandas rivales. La b煤squeda de la persona cuya desaparici贸n ha sido denunciada se aplaza por sistema, o nunca llega a ponerse en marcha. En las raras ocasiones en que realmente se llevan a cabo investigaciones, suelen ser tan defectuosas que apenas dan resultados.
En el caso de la desaparici贸n forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, que el gobierno no ha llevado a cabo una investigaci贸n seria e imparcial es un hecho bien documentado. Se empe帽贸 en seguir una sola l铆nea de investigaci贸n (la de que los estudiantes hab铆an sido detenidos por la polic铆a municipal y entregados a una banda criminal, y sus cad谩veres hab铆an sido quemados en un vertedero local). La teor铆a de que los estudiantes hab铆an sido incinerados fue rechazada tajantemente por un 贸rgano internacional de expertos nombrado por la Comisi贸n Interamericana de Derechos Humanos, por considerar que era imposible en las circunstancias descritas por las autoridades mexicanas y no se sustentaba con pruebas.
La deficiente investigaci贸n realizada hasta la fecha no ha esclarecido m铆nimamente la responsabilidad del mando. Los lugares del delito no se protegieron ni fueron debidamente documentados con fotograf铆as o grabaciones de v铆deo. Se reunieron pruebas bal铆sticas pero no se examinaron para encontrar rastros de sangre o huellas dactilares, y tampoco se proces贸 correctamente material probatorio fundamental.
El equipo investigador de Amnist铆a Internacional descubri贸 casos an谩logos de incompetencia en la investigaci贸n de desapariciones ocurridas en el estado septentrional de Chihuahua, y al menos un caso de encubrimiento por parte de las autoridades de dicho estado.Desde 2007, casi 1.700 personas han desaparecido en todo Chihuahua.
En la mayor铆a de los casos las autoridades no adoptaron medidas fundamentales para la investigaci贸n, como hacer comprobaciones telef贸nicas, bancarias y financieras de las v铆ctimas o los sospechosos, usar la se帽al de geolocalizaci贸n de los tel茅fonos m贸viles o revisar los datos procedentes de las im谩genes de las c谩maras de seguridad instaladas en la zona donde la persona desapareci贸.
Estos graves fallos obligan a los familiares de las personas desaparecidas a asumir la carga de buscar a sus seres queridos. Algunos recorren el pa铆s en su busca, otros contratan a detectives privados y re煤nen pruebas por su cuenta.
Normalmente, la informaci贸n que aportan las familias s贸lo sirve para engrosar el expediente del caso; rara vez es sometida a un examen escrupuloso por las autoridades para establecer nuevas l铆neas de investigaci贸n o comprobar todas las pistas disponibles.
Jos茅 Rosario Hern谩ndez fue v铆ctima de desaparici贸n forzada la tarde del 23 de octubre de 2011: una patrulla de polic铆a municipal lo detuvo cuando iba en coche con dos amigos por la Ciudad Cuauht茅moc, en el estado de Chihuahua. Sigue sin conocerse su paradero.
En los d铆as que sucedieron a su desaparici贸n, las autoridades se negaron a facilitar informaci贸n de cualquier clase a su familia. Funcionarios de las oficinas de polic铆a municipal y patrulla de carreteras negaron incluso que hubiera sido detenido, a pesar de que una gr煤a se hab铆a llevado el autom贸vil de Jos茅 Rosario por orden de las autoridades y hab铆a testigos de su detenci贸n.
La familia identific贸 al agente que hab铆a detenido a Jos茅 Rosario y lo desafi贸 a contar lo que hab铆a pasado, pero 茅l se neg贸. Finalmente se detuvo al agente, gracias al empe帽o y las reiteradas peticiones de la familia y sus representantes letrados. Est谩 previsto que su juicio comience en enero de 2016. Con todo, la investigaci贸n no ha sido exhaustiva y no se ha intentado obtener informaci贸n que ayude a esclarecer el paradero de Jos茅 Rosario.
La madre de Brenda Karina Ram铆rez, joven de 22 a帽os desaparecida el 19 de julio de 2011 despu茅s de que unos hombres armados se la llevaran de la casa de unos parientes en Ciudad Cuauht茅moc, ha asumido la carga de buscar ella misma a su hija despu茅s de que las autoridades no investigaran debidamente el tr谩gico suceso.
Cuando al fin tuvo acceso al expediente oficial del caso, se encontr贸 con que estaba pr谩cticamente vac铆o.
Cont贸 lo siguiente a Amnist铆a Internacional: “Lo que hay en el expediente de mi hija es lo que he entregado yo, nada m谩s.”
El poder y la influencia de los carteles de la droga tambi茅n tienen mucho que ver en los retrasos de las investigaciones.
Los familiares de otra persona que hab铆a desaparecido contaron que miembros de la Procuradur铆a General de Justicia del Estado de Chihuahua se negaron a investigar en cierta zona del estado aduciendo que ten铆an miedo y no pod铆an ir all铆.
Falta de recursos
Los graves defectos de las investigaciones tambi茅n est谩n causados por la falta de inversi贸n en las procuradur铆as que se encargan de hacerlas. Las autoridades est谩n sobrepasadas, con un volumen de casos inmanejable y excesiva rotaci贸n del personal.
“La incapacidad del gobierno mexicano para llevar a cabo investigaciones m铆nimamente adecuadas sobre las desapariciones pone en grave peligro a miles de personas”, ha afirmado Erika Guevara-Rosas.
“Las autoridades mexicanas deben elaborar una pol铆tica p煤blica destinada a evitar estas tragedias para impedir que ocurran m谩s desapariciones. Deben poner en marcha investigaciones efectivas y buscar eficazmente a las personas desaparecidas, llevar a los responsables ante la justicia y garantizar reparaciones adecuadas a las v铆ctimas.”
El 10 de diciembre de 2015, el presidente Enrique Pe帽a Nieto present贸 un proyecto de ley al Congreso para abordar la crisis de desapariciones. Sin embargo, este proyecto no cumple las normas internacionales en algunos aspectos fundamentales. El Congreso de M茅xico debe mejorar sustancialmente el documento para que sea un instrumento eficaz a la hora de garantizar verdad, justicia y reparaci贸n a las v铆ctimas y de impedir que ocurran m谩s desapariciones.
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