El Departamento de Prisiones y Rehabilitación de California inició el pasado 6 de noviembre unaconsulta pública sobre su nuevo protocolo de inyección letal. La población dispone ahora hasta el 22 de enero de 2016 para enviar comentarios sobre la nueva normativa propuesta, que podría ser modificada por el Departamento de Prisiones y Rehabilitación, y que de aprobarse, significaría la reanudación de las ejecuciones en el estado de Estados Unidos con más condenados a muerte.
El nuevo protocolo de inyección letal establece una sola sustancia a aplicar a los reos que vayan a ser ejecutados. Esto implicaría que puede elegirse entre cualquiera de los cuatro barbitúricos enumerados en la normativa para la ejecución. La nueva normativa establece también criterios para la selección, contratación y formación de personal para el equipo encargado de administrar la inyección letal, así como procedimientos y calendarios para el traslado y la observación de presos una vez dictada la orden de ejecución.
California es el estado de Estados Unidos con más condenados a muerte: 745 en diciembre de 2015. La última ejecución se llevó a cabo en 2006, y desde entonces la aplicación de la pena de muerte ha estado en suspenso, ya que las impugnaciones de los procedimientos de inyección letal del estado han dado lugar a su invalidación. Para poder reanudar las ejecuciones, las autoridades de California deben establecer una nueva normativa sobre la manera de llevarlas a cabo.
Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos, sin excepción, independientemente de la naturaleza o las circunstancias del delito, de la culpabilidad, inocencia u otras características del acusado, o del método utilizado por el Estado para llevar a cabo la ejecución.
Amnistía Internacional se ha dirigido al Departamento de Prisiones y Rehabilitación de California para pedirle que detenga de inmediato los planes de adoptar la nueva normativa sobre inyección letal y que trabaje junto con las autoridades de otros estados para abolir la pena de muerte.
La organización ha puesto en marcha una ciberacción, a través de www.actuaconamnistia.org, en la que insta a las autoridades de California para que dicten una moratoria oficial de las ejecucionescomo primer paso para la abolición de la pena de muerte. Algo que sería acorde con la tendencia internacional y con las cinco resoluciones adoptadas por la Asamblea General de la ONU desde 2007.
Desde 1976 han salido a la luz en Estados Unidos más de 140 condenas erróneas en casos de pena capital; durante ese mismo periodo se han llevado a cabo 1.414 ejecuciones. Desde 2007, cinco estados de Estados Unidos han abolido la pena de muerte (New México, Illinois, Connecticut, Maryland y Nebraska) y otros cuatro han dictado moratorias oficiales de las ejecuciones (Oregón, Colorado, Washintong y Pensilvania).
•elmercuriodigital•
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| Habitación donde se aplica la pena de muerte por inyección letal en la prisión estatal de San Quintín, California. 21 de septiembre de 2010. AP Photo/Eric Risberg |
El nuevo protocolo de inyección letal establece una sola sustancia a aplicar a los reos que vayan a ser ejecutados. Esto implicaría que puede elegirse entre cualquiera de los cuatro barbitúricos enumerados en la normativa para la ejecución. La nueva normativa establece también criterios para la selección, contratación y formación de personal para el equipo encargado de administrar la inyección letal, así como procedimientos y calendarios para el traslado y la observación de presos una vez dictada la orden de ejecución.
California es el estado de Estados Unidos con más condenados a muerte: 745 en diciembre de 2015. La última ejecución se llevó a cabo en 2006, y desde entonces la aplicación de la pena de muerte ha estado en suspenso, ya que las impugnaciones de los procedimientos de inyección letal del estado han dado lugar a su invalidación. Para poder reanudar las ejecuciones, las autoridades de California deben establecer una nueva normativa sobre la manera de llevarlas a cabo.
Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos, sin excepción, independientemente de la naturaleza o las circunstancias del delito, de la culpabilidad, inocencia u otras características del acusado, o del método utilizado por el Estado para llevar a cabo la ejecución.
Amnistía Internacional se ha dirigido al Departamento de Prisiones y Rehabilitación de California para pedirle que detenga de inmediato los planes de adoptar la nueva normativa sobre inyección letal y que trabaje junto con las autoridades de otros estados para abolir la pena de muerte.
La organización ha puesto en marcha una ciberacción, a través de www.actuaconamnistia.org, en la que insta a las autoridades de California para que dicten una moratoria oficial de las ejecucionescomo primer paso para la abolición de la pena de muerte. Algo que sería acorde con la tendencia internacional y con las cinco resoluciones adoptadas por la Asamblea General de la ONU desde 2007.
Desde 1976 han salido a la luz en Estados Unidos más de 140 condenas erróneas en casos de pena capital; durante ese mismo periodo se han llevado a cabo 1.414 ejecuciones. Desde 2007, cinco estados de Estados Unidos han abolido la pena de muerte (New México, Illinois, Connecticut, Maryland y Nebraska) y otros cuatro han dictado moratorias oficiales de las ejecuciones (Oregón, Colorado, Washintong y Pensilvania).
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