Las personas con discapacidad psicosocial afrontan restricciones y abusos

© 2016 Andrea Star Reese. Human Rights Watch
Yakarta, 21 de marzo de 2016.- Las personas con discapacidad psicosocial en Indonesia son a menudo encadenadas o ingresadas por la fuerza en instituciones psiqui谩tricas donde afrontan abusos, se帽al贸 Human Rights Watch en un informe publicado hoy.
El informe de 74 p谩ginas, “Living in Hell: Abuses against People with Psychosocial Disabilities in Indonesia” (“Vivir en el infierno: abusos contra personas con discapacidad psicosocial en Indonesia”), examina c贸mo las personas con problemas de salud mental a menudo acaban encadenadas o encerradas – sin su consentimiento – en instituciones hacinadas e insalubres debido al estigma y a la ausencia de servicios de apoyo comunitarios adecuados y de atenci贸n de salud mental. En las propias instituciones, afrontan violencia f铆sica y sexual; tratamientos involuntarios, incluida la terapia electroconvulsiva; aislamiento; restricciones y la anticoncepci贸n forzada.
Encadenar a las personas con problemas de salud mental es ilegal en Indonesia, sin embargo sigue siendo una pr谩ctica generalizada y brutal. Las personas pasan a帽os inmovilizadas con cadenas, cepos de madera o encerradas en establos de cabras porque sus familias no saben qu茅 hacer con ellas y el gobierno no ofrece alternativas m谩s humanas”.
Kriti Sharma
investigadora sobre los derechos de las personas con discapacidad de Human Rights Watch
“Encadenar a las personas con problemas de salud mental es ilegal en Indonesia, sin embargo sigue siendo una pr谩ctica generalizada y brutal”, se帽al贸 Kriti Sharma, investigadora sobre los derechos de las personas con discapacidad de Human Rights Watch y autora del informe. “Las personas pasan a帽os inmovilizadas con cadenas, cepos de madera o encerradas en establos de cabras porque sus familias no saben qu茅 hacer con ellas y el gobierno no ofrece alternativas m谩s humanas”.
Human Rights Watch entrevist贸 a 149 personas, incluyendo a adultos y ni帽os con discapacidad psicosocial, sus familias, cuidadores, profesionales de la salud mental, directores de instituciones psiqui谩tricas, funcionarios del gobierno y defensores de los derechos de las personas con discapacidad. Como parte de la investigaci贸n, Human Rights Watch visit贸 16 instituciones en las islas de Java y Sumatra, incluyendo hospitales psiqui谩tricos, instituciones de asistencia social y centros de sanaci贸n espiritual, y document贸 175 casos, en cinco provincias, de personas que se encuentran actualmente encadenadas, encerradas o que fueron recientemente liberadas.
M谩s de 57.000 personas en Indonesia con problemas de salud mental se han visto sometidas a la pr谩ctica del “pasung” –encadenar o encerrar a los pacientes en un espacio reducido– al menos una vez en sus vidas. Seg煤n las 煤ltimas cifras oficiales disponibles, unas 18.800 de estas personas estar铆an actualmente encadenadas. A pesar de que el gobierno prohibi贸 en 1977 esta pr谩ctica, las familias, los curanderos tradicionales y el personal en los hospitales psiqui谩tricos siguen encadenando a las personas con discapacidad mental, a veces durante a帽os.
En un caso, el padre de una mujer con discapacidad mental cont贸 a Human Rights Watch que la encerr贸 en un cuarto tras consultar a unos sanadores espirituales porque estaba destruyendo las cosechas de sus vecinos. Cuando trat贸 de excavar un t煤nel para escapar de la habitaci贸n, sus padres le ataron las manos a la espalda y la dejaron all铆, desnuda en los escombros, donde comi贸, durmi贸, orin贸 y defec贸 durante 15 a帽os antes de que fuera liberada.
El gobierno de Indonesia ha tomado algunas medidas para erradicar esta pr谩ctica. Los ministerios de Sanidad y Asuntos Sociales han lanzado cada uno una campa帽a contra el uso de grilletes y cadenas. Una nueva ley sanitaria exige integrar el cuidado de salud mental en la atenci贸n primaria de salud. Y equipos de funcionarios gubernamentales, personal m茅dico y empleados de las instituciones psiqui谩tricas del gobierno se est谩n encargando de liberar a personas del encadenamiento. Sin embargo, en parte debido a que el gobierno de Indonesia est谩 tan descentralizado, la aplicaci贸n de la nueva ley a nivel local ha sido muy lenta.
Pese a tener una poblaci贸n de 250 millones de habitantes, Indonesia s贸lo cuenta con 600 o 800 psiquiatras – uno por cada 300.000 a 400.000 personas – y 48 centros de salud mental, m谩s de la mitad de los cuales se encuentran en s贸lo cuatro de las 34 provincias del pa铆s. Datos del gobierno muestran que el presupuesto sanitario para 2015 representa apenas un 1,5 por ciento del total y que el 90 por ciento de las personas que necesitan acceder a servicios de salud mental no puede hacerlo debido a la escasez de servicios. El gobierno apunta a lograr una cobertura de salud universal, incluida la atenci贸n de salud mental, para 2019.
Human Rights Watch descubri贸 que las pocas instituciones y servicios que existen a menudo no respetan los derechos fundamentales de las personas con discapacidad psicosocial y contribuyen en gran medida a los abusos que sufren. “Imagina c贸mo es vivir en el infierno, pues aqu铆 es as铆”, dijo Asmirah, una mujer de 22 a帽os con una discapacidad psicosocial, para describir el centro de salud espiritual en Brebes donde fue obligada a vivir.
En virtud de la legislaci贸n de Indonesia, resulta relativamente f谩cil ingresar a una persona con una discapacidad psicosocial en una instituci贸n psiqui谩trica. Human Rights Watch descubri贸 65 casos de detenci贸n arbitraria en centros de salud mental; ninguno de los entrevistados en esas instituciones se encontraba all铆 de manera voluntaria. Los casos de encierros m谩s largos que Human Rights Watch document贸 fueron uno de siete a帽os en un centro de asistencia social y otro de 30 a帽os en un hospital psiqui谩trico.
En algunas de las instituciones que Human Rights Watch visit贸, el hacinamiento y la falta de higiene eran una preocupaci贸n grave, que desencaden贸 plagas de piojos y sarna generalizada. En Panti Laras 2, un centro de asistencia social a las afueras de la capital, Yakarta, Human Rights Watch observ贸 c贸mo aproximadamente 90 mujeres viv铆an en una sala que de manera razonable pod铆a acomodar a 30 como m谩ximo.
“En muchas de estas instituciones el nivel de higiene personal es atroz porque las personas simplemente no tienen permiso para salir o ba帽arse”, se帽al贸 Sharma. “Los pacientes son obligados de manera rutinaria a dormir, comer, orinar y defecar en el mismo lugar”.
En 13 de los 16 hospitales que Human Rights Watch visit贸, las personas eran obligadas rutinariamente a tomar medicamentos o eran sometidas a “tratamientos” alternativos como brebajes de hierbas “m谩gicas”, masajes vigorosos por curanderos tradicionales y la recitaci贸n de versos del Cor谩n al o铆do. En tres de las seis instituciones visitadas, Human Rights Watch document贸 el uso de la terapia electroconvulsiva sin anestesia ni consentimiento. En una de ellas tambi茅n se administraba a ni帽os.
Human Rights Watch vio c贸mo el aislamiento forzado era utilizado de manera rutinaria, incluso como castigo por desobedecer 贸rdenes, pelearse o la actividad sexual.
Human Rights Watch tambi茅n document贸 casos de violencia f铆sica y sexual. En siete de los centros visitados, el personal masculino pod铆a entrar en las secciones de las mujeres a su voluntad o estaba encargado de la secci贸n de mujeres, incrementando el riesgo de violencia sexual para las mujeres y las ni帽as. En los sanatorios, los hombres y las mujeres eran encadenados el uno al lado del otro, lo que no les daba la opci贸n a las mujeres de huir en caso de abuso. En tres instituciones, Human Rights Watch descubri贸 evidencias de que el personal administraba m茅todos anticonceptivos a las mujeres sin su consentimiento o conocimiento.
El gobierno de Indonesia deber铆a ordenar de manera inmediata inspecciones y la supervisi贸n regular de todas las instituciones p煤blicas y privadas, y tomar medidas contra los centros que practican el encadenamiento o abusan de las personas con discapacidad psicosocial. Indonesia tambi茅n deber铆a hacer m谩s para garantizar que las personas con discapacidad psicosocial puedan tomar decisiones sobre sus vidas y para exigir el consentimiento informado para el tratamiento.
El gobierno deber铆a enmendar la Ley de Salud Mental de 2014 para asegurar que las personas con discapacidad psicosocial tengan los mismos derechos que los dem谩s indonesios. El gobierno tambi茅n deber铆a modificar y aprobar el proyecto de ley de los Derechos de las Personas con Discapacidad para adaptar su legislaci贸n a la Convenci贸n de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que Indonesia ratific贸 en 2011.
Adem谩s, el gobierno deber铆a desarrollar servicios de apoyo comunitario y de salud mental voluntarios y accesibles en consulta con las propias personas con discapacidad, as铆 como preparar a trabajadores de la salud mental, desde enfermeras a psiquiatras, recomend贸 Human Rights Watch.
“La idea de que una persona haya estado viviendo en sus propios excrementos y orina durante 15 a帽os en una habitaci贸n cerrada, aislada y sin recibir ning煤n tipo de cuidado es simplemente horrible”, dijo Sharma. “Muchas personas me dijeron que era como vivir en el infierno. Realmente es as铆”.
•elmercuriodigital•

© 2016 Andrea Star Reese. Human Rights Watch
Yakarta, 21 de marzo de 2016.- Las personas con discapacidad psicosocial en Indonesia son a menudo encadenadas o ingresadas por la fuerza en instituciones psiqui谩tricas donde afrontan abusos, se帽al贸 Human Rights Watch en un informe publicado hoy.
El informe de 74 p谩ginas, “Living in Hell: Abuses against People with Psychosocial Disabilities in Indonesia” (“Vivir en el infierno: abusos contra personas con discapacidad psicosocial en Indonesia”), examina c贸mo las personas con problemas de salud mental a menudo acaban encadenadas o encerradas – sin su consentimiento – en instituciones hacinadas e insalubres debido al estigma y a la ausencia de servicios de apoyo comunitarios adecuados y de atenci贸n de salud mental. En las propias instituciones, afrontan violencia f铆sica y sexual; tratamientos involuntarios, incluida la terapia electroconvulsiva; aislamiento; restricciones y la anticoncepci贸n forzada.
Encadenar a las personas con problemas de salud mental es ilegal en Indonesia, sin embargo sigue siendo una pr谩ctica generalizada y brutal. Las personas pasan a帽os inmovilizadas con cadenas, cepos de madera o encerradas en establos de cabras porque sus familias no saben qu茅 hacer con ellas y el gobierno no ofrece alternativas m谩s humanas”.
Kriti Sharma
investigadora sobre los derechos de las personas con discapacidad de Human Rights Watch
“Encadenar a las personas con problemas de salud mental es ilegal en Indonesia, sin embargo sigue siendo una pr谩ctica generalizada y brutal”, se帽al贸 Kriti Sharma, investigadora sobre los derechos de las personas con discapacidad de Human Rights Watch y autora del informe. “Las personas pasan a帽os inmovilizadas con cadenas, cepos de madera o encerradas en establos de cabras porque sus familias no saben qu茅 hacer con ellas y el gobierno no ofrece alternativas m谩s humanas”.
Human Rights Watch entrevist贸 a 149 personas, incluyendo a adultos y ni帽os con discapacidad psicosocial, sus familias, cuidadores, profesionales de la salud mental, directores de instituciones psiqui谩tricas, funcionarios del gobierno y defensores de los derechos de las personas con discapacidad. Como parte de la investigaci贸n, Human Rights Watch visit贸 16 instituciones en las islas de Java y Sumatra, incluyendo hospitales psiqui谩tricos, instituciones de asistencia social y centros de sanaci贸n espiritual, y document贸 175 casos, en cinco provincias, de personas que se encuentran actualmente encadenadas, encerradas o que fueron recientemente liberadas.
M谩s de 57.000 personas en Indonesia con problemas de salud mental se han visto sometidas a la pr谩ctica del “pasung” –encadenar o encerrar a los pacientes en un espacio reducido– al menos una vez en sus vidas. Seg煤n las 煤ltimas cifras oficiales disponibles, unas 18.800 de estas personas estar铆an actualmente encadenadas. A pesar de que el gobierno prohibi贸 en 1977 esta pr谩ctica, las familias, los curanderos tradicionales y el personal en los hospitales psiqui谩tricos siguen encadenando a las personas con discapacidad mental, a veces durante a帽os.
En un caso, el padre de una mujer con discapacidad mental cont贸 a Human Rights Watch que la encerr贸 en un cuarto tras consultar a unos sanadores espirituales porque estaba destruyendo las cosechas de sus vecinos. Cuando trat贸 de excavar un t煤nel para escapar de la habitaci贸n, sus padres le ataron las manos a la espalda y la dejaron all铆, desnuda en los escombros, donde comi贸, durmi贸, orin贸 y defec贸 durante 15 a帽os antes de que fuera liberada.
El gobierno de Indonesia ha tomado algunas medidas para erradicar esta pr谩ctica. Los ministerios de Sanidad y Asuntos Sociales han lanzado cada uno una campa帽a contra el uso de grilletes y cadenas. Una nueva ley sanitaria exige integrar el cuidado de salud mental en la atenci贸n primaria de salud. Y equipos de funcionarios gubernamentales, personal m茅dico y empleados de las instituciones psiqui谩tricas del gobierno se est谩n encargando de liberar a personas del encadenamiento. Sin embargo, en parte debido a que el gobierno de Indonesia est谩 tan descentralizado, la aplicaci贸n de la nueva ley a nivel local ha sido muy lenta.
Pese a tener una poblaci贸n de 250 millones de habitantes, Indonesia s贸lo cuenta con 600 o 800 psiquiatras – uno por cada 300.000 a 400.000 personas – y 48 centros de salud mental, m谩s de la mitad de los cuales se encuentran en s贸lo cuatro de las 34 provincias del pa铆s. Datos del gobierno muestran que el presupuesto sanitario para 2015 representa apenas un 1,5 por ciento del total y que el 90 por ciento de las personas que necesitan acceder a servicios de salud mental no puede hacerlo debido a la escasez de servicios. El gobierno apunta a lograr una cobertura de salud universal, incluida la atenci贸n de salud mental, para 2019.
Human Rights Watch descubri贸 que las pocas instituciones y servicios que existen a menudo no respetan los derechos fundamentales de las personas con discapacidad psicosocial y contribuyen en gran medida a los abusos que sufren. “Imagina c贸mo es vivir en el infierno, pues aqu铆 es as铆”, dijo Asmirah, una mujer de 22 a帽os con una discapacidad psicosocial, para describir el centro de salud espiritual en Brebes donde fue obligada a vivir.
En virtud de la legislaci贸n de Indonesia, resulta relativamente f谩cil ingresar a una persona con una discapacidad psicosocial en una instituci贸n psiqui谩trica. Human Rights Watch descubri贸 65 casos de detenci贸n arbitraria en centros de salud mental; ninguno de los entrevistados en esas instituciones se encontraba all铆 de manera voluntaria. Los casos de encierros m谩s largos que Human Rights Watch document贸 fueron uno de siete a帽os en un centro de asistencia social y otro de 30 a帽os en un hospital psiqui谩trico.
En algunas de las instituciones que Human Rights Watch visit贸, el hacinamiento y la falta de higiene eran una preocupaci贸n grave, que desencaden贸 plagas de piojos y sarna generalizada. En Panti Laras 2, un centro de asistencia social a las afueras de la capital, Yakarta, Human Rights Watch observ贸 c贸mo aproximadamente 90 mujeres viv铆an en una sala que de manera razonable pod铆a acomodar a 30 como m谩ximo.
“En muchas de estas instituciones el nivel de higiene personal es atroz porque las personas simplemente no tienen permiso para salir o ba帽arse”, se帽al贸 Sharma. “Los pacientes son obligados de manera rutinaria a dormir, comer, orinar y defecar en el mismo lugar”.
En 13 de los 16 hospitales que Human Rights Watch visit贸, las personas eran obligadas rutinariamente a tomar medicamentos o eran sometidas a “tratamientos” alternativos como brebajes de hierbas “m谩gicas”, masajes vigorosos por curanderos tradicionales y la recitaci贸n de versos del Cor谩n al o铆do. En tres de las seis instituciones visitadas, Human Rights Watch document贸 el uso de la terapia electroconvulsiva sin anestesia ni consentimiento. En una de ellas tambi茅n se administraba a ni帽os.
Human Rights Watch vio c贸mo el aislamiento forzado era utilizado de manera rutinaria, incluso como castigo por desobedecer 贸rdenes, pelearse o la actividad sexual.
Human Rights Watch tambi茅n document贸 casos de violencia f铆sica y sexual. En siete de los centros visitados, el personal masculino pod铆a entrar en las secciones de las mujeres a su voluntad o estaba encargado de la secci贸n de mujeres, incrementando el riesgo de violencia sexual para las mujeres y las ni帽as. En los sanatorios, los hombres y las mujeres eran encadenados el uno al lado del otro, lo que no les daba la opci贸n a las mujeres de huir en caso de abuso. En tres instituciones, Human Rights Watch descubri贸 evidencias de que el personal administraba m茅todos anticonceptivos a las mujeres sin su consentimiento o conocimiento.
El gobierno de Indonesia deber铆a ordenar de manera inmediata inspecciones y la supervisi贸n regular de todas las instituciones p煤blicas y privadas, y tomar medidas contra los centros que practican el encadenamiento o abusan de las personas con discapacidad psicosocial. Indonesia tambi茅n deber铆a hacer m谩s para garantizar que las personas con discapacidad psicosocial puedan tomar decisiones sobre sus vidas y para exigir el consentimiento informado para el tratamiento.
El gobierno deber铆a enmendar la Ley de Salud Mental de 2014 para asegurar que las personas con discapacidad psicosocial tengan los mismos derechos que los dem谩s indonesios. El gobierno tambi茅n deber铆a modificar y aprobar el proyecto de ley de los Derechos de las Personas con Discapacidad para adaptar su legislaci贸n a la Convenci贸n de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que Indonesia ratific贸 en 2011.
Adem谩s, el gobierno deber铆a desarrollar servicios de apoyo comunitario y de salud mental voluntarios y accesibles en consulta con las propias personas con discapacidad, as铆 como preparar a trabajadores de la salud mental, desde enfermeras a psiquiatras, recomend贸 Human Rights Watch.
“La idea de que una persona haya estado viviendo en sus propios excrementos y orina durante 15 a帽os en una habitaci贸n cerrada, aislada y sin recibir ning煤n tipo de cuidado es simplemente horrible”, dijo Sharma. “Muchas personas me dijeron que era como vivir en el infierno. Realmente es as铆”.
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