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La jueza procesa a tres exdirectores andaluces de Trabajo por contrataciones 'fantasma' con la empresa Umax

La jueza de Instrucción número 10 de Sevilla ha procesado a cinco ex altos cargos de la Junta de Andalucía, entre ellos los ex directores generales de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero, Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera, por los pagos realizados entre 2003 y 2010 por la Consejería de Empleo a la empresa Umax Informática y Consultoría por la contratación de 44 trabajadores, "la mayoría cercanos al círculo de amigos y familiares" del propio Guerrero, informa la agencia EUROPA PRESS.





En un auto fechado el día 25 de febrero, al que ha tenido acceso la agencia, la jueza Pilar Ordóñez Martínez procesa a los ex directores generales de Trabajo citados, a los ex secretarios generales técnicos de la Consejería Francisco Javier Aguado Hinojal y Lourdes Medina Varo, y al administrador de Umax, Ulpiano Cuadrado, al entender que podrían haber incurrido en un delito contra la Administración Pública.

La jueza, que mantiene que "los trabajadores de Umax siempre prestaron sus servicios en la Consejería de Empleo", acuerda dar traslado de las diligencias a la Fiscalía y, en su caso, a las acusaciones personadas, a fin de que en el plazo común de diez días soliciten la apertura de juicio oral, formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa.

Estas diligencias se abrieron tras un escrito presentado en abril de 2013 por el gabinete jurídico de la Junta y dirigido inicialmente al Juzgado de Instrucción número 6, cuya titular era entonces Mercedes Alaya, para su unión al caso de los ERE fraudulentos, aunque la magistrada consideró que no se trataba de hechos conexos y, por turno de reparto, la causa recayó finalmente en Instrucción 10.

La investigación se inició tras recibirse en la Junta dos escritos de 9 de marzo y 6 de agosto de 2012 del administrador de Umax, unos escritos que reiteraban otros presentado con el mismo contenido el 10 de octubre de 2011 en la Consejería de Empleo que "no consta fuera puesto en conocimiento de ningún Juzgado", en los cuales solicitaba la convalidación del gasto, reconocimiento extrajudicial del crédito y reconocimiento de deuda por importe de 1.550.114,67 euros.

Según indicaba Ulpiano Cuadrado, la cantidad reclamada obedecía a impagos entre los años 2007 y 2010 derivados de la prestación de servicios por parte de su empresa, que puso a disposición de la Dirección General de Trabajo a sus trabajadores para prestar servicios en la sede de la Consejería de Empleo "desarrollando tareas que requirieron los directores generales y secretarios generales técnicos, pues al parecer era necesaria la materialización de algunas actividades".

La jueza explica que el objeto social de Umax es el de asesoramiento, formación y consultoría en general, constituyéndose en el año 2003, "aunque con objeto distinto que después modifica de fabricación, montaje, instalación y venta de productos informáticos", siendo el administrador único el propio Ulpiano Cuadrado.

En este sentido, asevera que, "al parecer" y desde 2003, Umax "prestaba sus servicios" a la Dirección General de Trabajo, de manera que "la retribución que obtenía se cifraba en el coste de los sueldos de sus trabajadores, que prestaban sus servicios en exclusiva para la Dirección General, más un porcentaje nunca inferior al 20 por ciento", añadiendo que Umax, "tras presentar la correspondiente factura, cobraba, suspendiéndose estos pagos sobre el año 2007".

La magistrada agrega que los trabajadores de Umax continuaron prestando sus servicios en la Dirección General de Trabajo hasta 2010, año en el que "al parecer son despedidos, aunque la mayoría de ellos fueron contratados inmediatamente" en la Fundación Pública Andaluza de Formación y Empleo (Faffe) "y posteriormente y hasta la actualidad" en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE).






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