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La izquierda brasileña enfrenta el desafío de rearticularse social y políticamente


El Gobierno de Rousseff en la cuerda floja

Lívia Alcântara y Jimena de Garay desde Rio de Janeiro.-  El gobierno de la presidenta Dilma Rousseff —que en enero del 2015 inició su segundo mandato de cuatro años— se encuentra en plena crisis política, marcada por escándalos de corrupción, como el vinculado a Petrobras, en el cual están involucrados importantes políticos del Partido de los Trabajadores (PT) y sus aliados; por el pedido de destitución, o impeachment, de la presidenta, actualmente en debate en el Senado, donde el gobierno federal no tiene mayoría; y por grandes movilizaciones a favor y en contra de su gobierno.



Las causas de esta crisis se remontan a procesos de largo plazo, como el fin de la capacidad política del PT de gobernar para los pobres y para los ricos al mismo tiempo y con cierta estabilidad. No obstante, las manifestaciones de junio del 2013 representaron un punto de quiebre en la coyuntura política brasileña. Dichas manifestaciones, que alcanzaron gran parte del territorio nacional, se iniciaron en contra del aumento de la tarifa del transporte público, y fueron derivando en una proliferación de reivindicaciones, tales como el mejor manejo de recursos para educación y salud.

Durante los gobiernos del PT —que se iniciaron en 2003 con el presidente Luiz Inácio Lula da Silva—, se visibilizaron diferentes contradicciones. Glaucia Marinho, de Justiça Global, reconoce los avances sociales obtenidos, como la reducción del hambre y la pobreza, y la implementación de políticas afirmativas para negros y jóvenes de las clases sociales más desfavorecidas. Pero también denuncia los errores: "aumentó el exterminio de la juventud negra y creció nuestra población carcelaria".

Los movimientos indígenas también han hecho una dura crítica al gobierno, denunciando los impactos negativos de grandes obras públicas, tales como las hidroeléctricas en el estado de Pará. En un evento reciente contra el impeachment, Sônia Bone Guajajara, lideresa indígena e integrante de la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil, transmitió un mensaje de los pueblos indígenas de Pará: “Me dijeron que le dijera a Lula, a Dilma, que den un paso atrás, porque las fuerzas de las aguas y la naturaleza están reaccionando contra ellos. Ellos necesitan pensar en una nueva forma de desarrollo. Tenemos que caminar juntos, respetando a los pueblos, la naturaleza y el medio ambiente”.

La derecha se moviliza
Frente a estas contradicciones, visibles en el 2013, la derecha decidió tomar las calles. Sandra Quintela, del Instituto de Políticas Alternativas para el Cono Sur, señala a Noticias Aliadas que “en un primer momento los que salieron a las calles fueron la juventud y los movimientos sociales, pero enseguida fueron los grupos más conservadores”.

Esta ola derechista está presente en el seno de la población. En el 2014 surgieron algunos grupos juveniles de derecha, como el Movimento Brasil Libre, acusado de relacionarse con los Koch, industriales financiadores de pautas ultraconservadoras en los EEUU. En este proceso, es innegable el papel de la Red Globo, conglomerado mediático que incide fuertemente en la opinión pública, que apoyó el golpe militar en 1964 y actualmente presenta informaciones extremadamente sesgadas.

En este contexto de avance de la derecha en las calles, Rousseff enfrentó unas elecciones muy reñidas, lo que exigió de la izquierda una defensa poco crítica de la candidata para impedir la victoria de Aécio Neves, del Partido Social Demócrata Brasileño (PSDB). Para Quintela, la reelección del 2014 fue “despolitizada, dando como resultado el Congreso más conservador desde 1964”.

Para decepción de la izquierda, al asumir la presidencia Rousseff adoptó un programa de ajuste fiscal pautado en detrimento de derechos sociales, como el aumento del tiempo de trabajo mínimo necesario para el acceso al seguro desempleo; sancionó la ley que tipifica el terrorismo como un crimen y que para organismos de derechos humanos criminaliza los movimientos sociales; y nombró ministros poco favorables a los intereses de los trabajadores.

“Dilma rasgó toda su propaganda de la segunda vuelta y adoptó el programa de Aécio”, dijo Paulo Mansan, del Movimento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) y de la Vía Campesina de Pernambuco, a Noticias Aliadas.

Por su parte, el cacique Curupinim, coordinador del Consejo Indígena Tapajós Arapiuns, señaló a Noticias Aliadas que “Dilma dio más apoyo al grupo Ruralista [frente parlamentario que representa a los latifundistas] que a los indígenas, que estábamos apoyándola, que la ayudamos a ser elegida”.

Paradójicamente, a pesar de que el gobierno se ha alejado de su programa de izquierda, la derecha está intentando destituir a la presidenta y desmoralizar al PT. El Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) rompió con el PT y, sumado a otros sectores, ha apostado por un “golpe blanco”, es decir, por la salida de Rousseff utilizando medidas aparentemente constitucionales y democráticas. En el caso de los parlamentarios de derecha, la salida a la crisis puede observarse en la formulación de discursos a favor de la familia tradicional, del impeachment y contra la corrupción. Sin embargo, según el diario Jornal do Brasil, 119 de los 367 diputados que votaron el 17 de abril a favor del juicio político a la presidenta están o han estado acusados por algún delito.

La venganza de Cunha
Uno de los casos más emblemáticos es el de Eduardo Cunha, del PMDB, presidente de la Cámara de Diputados y responsable por aceptar el pedido de impeachment a la presidenta.

El 2 de diciembre del 2015, los representantes del PT anunciaron que no iban a impedir las investigaciones sobre Cunha en el Consejo de Ética de la Cámara de Diputados, por sospechas de poseer cuentas secretas en Suiza y de haber recibido US$5 millones en sobornos. En clara venganza, ese mismo día Cunha aceptó el pedido de juicio a Rousseff.

Asimismo, desde el año pasado, amplios sectores de izquierda, especialmente el movimiento feminista y el movimiento negro, expresaron preocupación por el ascenso al poder de Cunha, pues ya era clara su apuesta por desconocer los derechos humanos de estos sectores.

En el proceso de impeachment, Rousseff está acusada de haber cometido dos delitos de responsabilidad fiscal: la autorización de “créditos suplementarios”, que representaron, según la acusación, una ampliación de gastos del gobierno; y los “pedaleos fiscales”, que se refieren al atraso en el envío por parte del Ejecutivo de fondos a los bancos públicos para el pago de beneficios sociales y jubilaciones.

En su defensa, José Cardozo, ministro de la Abogacía General de la Unión, afirma que los créditos suplementarios no constituyen alteraciones en las finanzas del Estado, que tendrían que ocurrir mediante el aval del Congreso, sino alteraciones presupuestales. En relación a los pedaleos fiscales, Cardozo argumenta que el hecho de que el gobierno haya retrasado el pago de fondos a los bancos públicos no significa que existieran préstamos a la Unión Federal por parte de dichos bancos, lo que sería una violación de la Ley de Responsabilidad Fiscal.

Guilherme Boulos, coordinador del Movimiento de los Trabajadores Sin Techo (MTST), plantea a Noticias Aliadas que actualmente la izquierda tiene como desafío “impedir este golpismo, esta ofensiva de la derecha en el país.  Porque, además del golpe propiamente dicho, el paquete que este trae consigo es muy amargo para el pueblo brasileño”.

Dicho paquete está explícito en el programa post impeachment, lanzado por el vicepresidente Michel Temer, del PMDB, y llamado Puente para el Futuro. En este, apunta como solución para la crisis económica la realización de una serie de medidas neoliberales, como el fin de la política de valorización del salario mínimo (aumento real continuo) llevada a cabo por el PT, y el recorte de las inversiones públicas, incluyendo los programas sociales del gobierno petista.

Sin embargo, para Boulos, “además de detener el golpismo, nosotros [la izquierda] no nos podemos callar. Incluso en este momento, es necesario también enfrentar las políticas que atacan derechos sociales bajo este gobierno [de Rousseff]”.

Otra parte de la izquierda, como el MST, y partidos políticos como el Partido Comunista de Brasil, de la base aliada, está más cercana al gobierno. Ambos frentes están, en este momento, bastante unidos.

“La coyuntura nos obligó [a la izquierda] a dar un salto a una unidad un poco mayor, con un programa mínimo; en este primer momento contra el golpe”, explica Mansan.

Otros sectores y grupos más autonomistas, tienen críticas tan profundas al PT que lo consideran tan rechazable como a la derecha. La izquierda brasileña enfrenta, así, el desafío de rearticularse en torno a un programa político realmente de izquierda. —Noticias Aliadas.




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