Represión tras el golpe
23 personas muertas, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Marcha de Mujeres en Santa Cruz de la Sierra contra el golpe de Estado.
En La Paz las protestas rodean a militares y policías: «el pueblo unido jamás será vencido»
“Han matado con balas, nos han baleado los militares. Queremos respeto, hemos pedido respeto, hemos pedido que renuncie esa autonombrada presidenta que nosotros no hemos nombrado. Por eso estábamos yendo a marchar a Cochabamba, pero no nos han dejado, nos han matado a nuestros hijos”, expresó una de las mujeres presentes en la marcha.
A gritos de “¡Asesinos!” y “¡Un pueblo unido jamás será vencido!” bolivianos de Sacaba, en las afueras de la ciudad de Cochabamba, continuaban las manifestaciones este domingo tras la masacre lllevada a cabo por la policía que provocó la muerte de 12 personas.
Otro de los testigos de la masacre afirmó que los militares y la policía los golpearon, le quitaron sus billeteras, celulares y lanzaron proyectiles de balas que provocaron heridos y muertos.
“Es un momento de terror, lamentable, de tragedia, ver como le pegan a los compañeros, a personas mayores. No respetan, no nos consideran personas, no nos valoran. No se puede decir en otras palabras”, subrayó el joven indígena.
De diversas partes cercanas a la región de Sacaba “hermanos” de lucha llevan alimentación en solidaridad a quienes protestan. “Vemos que están sufriendo, la masacre es lamentablemente dolorosa”, contestó unos de los proveedores de comida.
Los choques entre las fuerzas de seguirdad y los manifestantes, mayoritariamente cocaleros de pueblos originarios de la región, dejaron más de 100 heridos luego de que se les impidiera ingresar a Cochabamba para reclamar el retorno de Evo Morales.
El director del Hospital México de la localidad, Guadalberto Lara, dijo que la mayoría de los fallecidos presentaban disparos y describió la masacre de Sacaba como la peor violencia que vio en sus 30 años de carrera.
Los cocaleros fueron velados el sábado en la carretera cerca al sitio de los enfrentamientos. Una mujer llorosa puso su mano sobre un ataúd de madera rodeado de flores mientras preguntaba: “¿Esto es democracia? Así matando como si fuera cualquier cosa”. Otra lloraba y rezaba en quechua sobre uno de los muertos cubierto con la bandera nacional boliviana y la “wiphala”, que representa a los pueblos indígenas.
Mientras el representante de la Defensoría del Pueblo en la región central de Cochabamba, Nelson Cox, acusó a policías y militares de una arremetida desproporcionada contra la población civil y de incumplir estándares de seguridad internacionales.
Asimismo, activistas de los derechos humanos en Bolivia pidieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) enviar una misión de verificación al país, después de que el propio organismo internacional advirtiera que las armas de fuego deben excluirse de los dispositivos utilizados contra de las protestas sociales.
No obstante, el Gobierno de facto de Bolivia, encabezado por la autroplocamada presidenta, Jeanine Áñez, emitió un decreto que autoriza el uso de armas de fuego para reprimir las protestas y otorga impunidad a Policía y las fuerzas armadas del país.
Suman 23 los muertos en casi un mes de convulsión social en Bolivia, según la CIDH
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Mientras un enviado de la ONU comenzó a tomar contacto con autoridades del gobierno interino de Jeanine Áñez y organizaciones sociales para restaurar la paz en el país, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) elevó de cinco a nueve el número de fallecidos tras choques entre campesinos y fuerzas combinadas del ejército y la policía ocurridos el viernes en la localidad rural de Cochabamba (centro).
Las cifras de los últimos fallecimientos aportadas por la CIDH coinciden con las de la Defensoría del Pueblo de Cochabamba, pero difieren de las del gobierno que mantiene en cinco el número de campesinos leales al exmandatario Evo Morales muertos ese día.
En Twitter, la CIDH calificó además de "grave" el Decreto 4078 del gobierno de Áñez, aprobado el jueves y divulgado extraoficialmente este sábado, que blinda a los militares.
"El grave decreto de #Bolivia desconoce los estándares internacionales de DDHH y por su estilo estimula la represión violenta", señaló el organismo.
El expresidente Morales, asilado en México desde el martes, fue más allá en Twitter: "Es una carta blanca de impunidad para masacrar al pueblo".
Pero el ministro de la Presidencia, Jerjes Justiniano, respondió a periodistas que el decreto "de ninguna manera se transforma en una licencia para matar". "Es un elemento disuasivo porque lo que pretende el gobierno es evitar la confrontación, que existan más muertes", dijo.
Más temprano el sábado, la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, había lamentado que las más recientes muertes parecieran resultado del "uso innecesario o desproporcionado" de la fuerza policial o militar y advirtió que ello puede llevar a la situación en Bolivia a "salirse de control".
- Llamados a la paz -
"Estamos pasando momentos difíciles, pedimos a los movimientos sociales y otras organizaciones que depongan posiciones", reclamó la presidenta de la Cámara de Senadores, Eva Copa, del partido de Morales.
"Convocamos al ahora oficialismo a poder sentarnos para dialogar sobre las bases en las cuales se va a enmarcar esta convocatoria y estas (nuevas) elecciones", dijo Copa.
Justiniano exhortó también a la calma más temprano. Que los bolivianos "depongamos esa actitud (de confrontación) y que, por el contrario, busquemos cosas que nos unen", dijo.
En algunos barrios de El Alto, bolsón electoral de Morales, los vecinos salieron a las calles para pedir que cese la violencia tras casi un mes de protestas, enfrentamientos y saqueos.
Una concentración "por la paz" en La Paz fracasó, sin embargo, por "falta de seguridad", según los organizadores. A unas cuadras del lugar de encuentro para esa fallida convocatoria, unos mil campesinos marchaban contra el gobierno provisional y a favor de Morales, quien renunció el domingo pasado tras perder el apoyo de las fuerzas armadas y entre violentas protestas por su cuestionada reelección en los comicios del 20 de octubre.
Jean Arnault, enviado personal del secretario General de la ONU, Antonio Guterres, para sumarse a una mesa de negociación entre oficialistas y congresistas pro-Morales, tuvo este sábado un primer contacto con Áñez.
Hablaron de "la pacificación", y "la necesidad urgente de un diálogo y conseguir el objetivo anhelado de la celebración de elecciones transparentes", un compromiso asumido por la presidenta interina, dijo a periodistas.
- 72 horas "duras" -
El ministro de Gobierno (Interior), Arturo Murillo, deploró en tanto que haya "movilizaciones en todas partes" y reconoció que las "últimas 72 horas han sido duras", pero señaló que la orden que tienen las fuerzas militares y policiales es que "resguarden el pueblo".
Desde la dimisión de Morales, tras casi 14 años en el poder, sus partidarios protestan en las calles convencidos de que su salida se debió a un "golpe de Estado".
"Reitero mi convocatoria al diálogo de alto nivel con mediadores para pacificar nuestra querida Bolivia y preservar la vida y la democracia", escribió en Twitter Morales, desde México.
La presidenta interina denunció la presencia en Bolivia de "grupos subversivos armados" compuestos por extranjeros y bolivianos.
"El propósito es que haya una transición democrática y pacífica, pero desafortunadamente Evo Morales ha dejado una estructura de violencia que nos está afectando a todos", deploró este sábado en un contacto telefónico con el líder opositor venezolano Juan Guaidó, a quien instó a "liberar" a su país.
En otra demostración de los cambios drásticos entre el gobierno de Áñez y Morales -fuerte aliado de Cuba y la Venezuela de Nicolás Maduro-, este sábado volvieron a La Habana desde Bolivia los primeros 224 médicos cubanos -de un contingente de más de 700- después de que la isla decidiera el "retorno inmediato" de su brigada médica en este país tras denunciar acoso y maltrato a los profesionales.
Bolivia. Marcha de Mujeres en Santa Cruz de la Sierra contra el golpe de Estado.
En La Paz las protestas rodean a militares y policías: «el pueblo unido jamás será vencido»
El sábado 16 San Julián radicalizó sus medidas de presión en rechazo a la actual presidenta autoproclamada y a los muertos en las manifestaciones.
Se sumaron más organizaciones de la chiquitania San Ignacio de Velasco, San Martín y otros. También, Guarayos y los demás municipios.
RFI
teleSUR
23 personas muertas, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Marcha de Mujeres en Santa Cruz de la Sierra contra el golpe de Estado.
En La Paz las protestas rodean a militares y policías: «el pueblo unido jamás será vencido»
“Han matado con balas, nos han baleado los militares. Queremos respeto, hemos pedido respeto, hemos pedido que renuncie esa autonombrada presidenta que nosotros no hemos nombrado. Por eso estábamos yendo a marchar a Cochabamba, pero no nos han dejado, nos han matado a nuestros hijos”, expresó una de las mujeres presentes en la marcha.
A gritos de “¡Asesinos!” y “¡Un pueblo unido jamás será vencido!” bolivianos de Sacaba, en las afueras de la ciudad de Cochabamba, continuaban las manifestaciones este domingo tras la masacre lllevada a cabo por la policía que provocó la muerte de 12 personas.
Otro de los testigos de la masacre afirmó que los militares y la policía los golpearon, le quitaron sus billeteras, celulares y lanzaron proyectiles de balas que provocaron heridos y muertos.
“Es un momento de terror, lamentable, de tragedia, ver como le pegan a los compañeros, a personas mayores. No respetan, no nos consideran personas, no nos valoran. No se puede decir en otras palabras”, subrayó el joven indígena.
De diversas partes cercanas a la región de Sacaba “hermanos” de lucha llevan alimentación en solidaridad a quienes protestan. “Vemos que están sufriendo, la masacre es lamentablemente dolorosa”, contestó unos de los proveedores de comida.
Los choques entre las fuerzas de seguirdad y los manifestantes, mayoritariamente cocaleros de pueblos originarios de la región, dejaron más de 100 heridos luego de que se les impidiera ingresar a Cochabamba para reclamar el retorno de Evo Morales.
El director del Hospital México de la localidad, Guadalberto Lara, dijo que la mayoría de los fallecidos presentaban disparos y describió la masacre de Sacaba como la peor violencia que vio en sus 30 años de carrera.
Los cocaleros fueron velados el sábado en la carretera cerca al sitio de los enfrentamientos. Una mujer llorosa puso su mano sobre un ataúd de madera rodeado de flores mientras preguntaba: “¿Esto es democracia? Así matando como si fuera cualquier cosa”. Otra lloraba y rezaba en quechua sobre uno de los muertos cubierto con la bandera nacional boliviana y la “wiphala”, que representa a los pueblos indígenas.
Mientras el representante de la Defensoría del Pueblo en la región central de Cochabamba, Nelson Cox, acusó a policías y militares de una arremetida desproporcionada contra la población civil y de incumplir estándares de seguridad internacionales.
Asimismo, activistas de los derechos humanos en Bolivia pidieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) enviar una misión de verificación al país, después de que el propio organismo internacional advirtiera que las armas de fuego deben excluirse de los dispositivos utilizados contra de las protestas sociales.
No obstante, el Gobierno de facto de Bolivia, encabezado por la autroplocamada presidenta, Jeanine Áñez, emitió un decreto que autoriza el uso de armas de fuego para reprimir las protestas y otorga impunidad a Policía y las fuerzas armadas del país.
Suman 23 los muertos en casi un mes de convulsión social en Bolivia, según la CIDH
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Mientras un enviado de la ONU comenzó a tomar contacto con autoridades del gobierno interino de Jeanine Áñez y organizaciones sociales para restaurar la paz en el país, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) elevó de cinco a nueve el número de fallecidos tras choques entre campesinos y fuerzas combinadas del ejército y la policía ocurridos el viernes en la localidad rural de Cochabamba (centro).
Las cifras de los últimos fallecimientos aportadas por la CIDH coinciden con las de la Defensoría del Pueblo de Cochabamba, pero difieren de las del gobierno que mantiene en cinco el número de campesinos leales al exmandatario Evo Morales muertos ese día.
En Twitter, la CIDH calificó además de "grave" el Decreto 4078 del gobierno de Áñez, aprobado el jueves y divulgado extraoficialmente este sábado, que blinda a los militares.
"El grave decreto de #Bolivia desconoce los estándares internacionales de DDHH y por su estilo estimula la represión violenta", señaló el organismo.
El expresidente Morales, asilado en México desde el martes, fue más allá en Twitter: "Es una carta blanca de impunidad para masacrar al pueblo".
Pero el ministro de la Presidencia, Jerjes Justiniano, respondió a periodistas que el decreto "de ninguna manera se transforma en una licencia para matar". "Es un elemento disuasivo porque lo que pretende el gobierno es evitar la confrontación, que existan más muertes", dijo.
Más temprano el sábado, la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, había lamentado que las más recientes muertes parecieran resultado del "uso innecesario o desproporcionado" de la fuerza policial o militar y advirtió que ello puede llevar a la situación en Bolivia a "salirse de control".
- Llamados a la paz -
"Estamos pasando momentos difíciles, pedimos a los movimientos sociales y otras organizaciones que depongan posiciones", reclamó la presidenta de la Cámara de Senadores, Eva Copa, del partido de Morales.
"Convocamos al ahora oficialismo a poder sentarnos para dialogar sobre las bases en las cuales se va a enmarcar esta convocatoria y estas (nuevas) elecciones", dijo Copa.
Justiniano exhortó también a la calma más temprano. Que los bolivianos "depongamos esa actitud (de confrontación) y que, por el contrario, busquemos cosas que nos unen", dijo.
En algunos barrios de El Alto, bolsón electoral de Morales, los vecinos salieron a las calles para pedir que cese la violencia tras casi un mes de protestas, enfrentamientos y saqueos.
Una concentración "por la paz" en La Paz fracasó, sin embargo, por "falta de seguridad", según los organizadores. A unas cuadras del lugar de encuentro para esa fallida convocatoria, unos mil campesinos marchaban contra el gobierno provisional y a favor de Morales, quien renunció el domingo pasado tras perder el apoyo de las fuerzas armadas y entre violentas protestas por su cuestionada reelección en los comicios del 20 de octubre.
Jean Arnault, enviado personal del secretario General de la ONU, Antonio Guterres, para sumarse a una mesa de negociación entre oficialistas y congresistas pro-Morales, tuvo este sábado un primer contacto con Áñez.
Hablaron de "la pacificación", y "la necesidad urgente de un diálogo y conseguir el objetivo anhelado de la celebración de elecciones transparentes", un compromiso asumido por la presidenta interina, dijo a periodistas.
- 72 horas "duras" -
El ministro de Gobierno (Interior), Arturo Murillo, deploró en tanto que haya "movilizaciones en todas partes" y reconoció que las "últimas 72 horas han sido duras", pero señaló que la orden que tienen las fuerzas militares y policiales es que "resguarden el pueblo".
Desde la dimisión de Morales, tras casi 14 años en el poder, sus partidarios protestan en las calles convencidos de que su salida se debió a un "golpe de Estado".
"Reitero mi convocatoria al diálogo de alto nivel con mediadores para pacificar nuestra querida Bolivia y preservar la vida y la democracia", escribió en Twitter Morales, desde México.
La presidenta interina denunció la presencia en Bolivia de "grupos subversivos armados" compuestos por extranjeros y bolivianos.
"El propósito es que haya una transición democrática y pacífica, pero desafortunadamente Evo Morales ha dejado una estructura de violencia que nos está afectando a todos", deploró este sábado en un contacto telefónico con el líder opositor venezolano Juan Guaidó, a quien instó a "liberar" a su país.
En otra demostración de los cambios drásticos entre el gobierno de Áñez y Morales -fuerte aliado de Cuba y la Venezuela de Nicolás Maduro-, este sábado volvieron a La Habana desde Bolivia los primeros 224 médicos cubanos -de un contingente de más de 700- después de que la isla decidiera el "retorno inmediato" de su brigada médica en este país tras denunciar acoso y maltrato a los profesionales.
Bolivia. Marcha de Mujeres en Santa Cruz de la Sierra contra el golpe de Estado.
En La Paz las protestas rodean a militares y policías: «el pueblo unido jamás será vencido»
El sábado 16 San Julián radicalizó sus medidas de presión en rechazo a la actual presidenta autoproclamada y a los muertos en las manifestaciones.
Se sumaron más organizaciones de la chiquitania San Ignacio de Velasco, San Martín y otros. También, Guarayos y los demás municipios.
RFI
teleSUR
