Día contra la desertificación y la sequía: la resiliencia hídrica empieza por garantizar la protección de ríos, acuíferos y humedales
La Alianza para la Defensa de la Directiva Marco del Agua pide al Gobierno de España que rechace cualquier modificación de la norma europea que debilite el principio de no deterioro o amplíe las excepciones ambientales
Con motivo, hoy, del Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía, la Alianza para la Defensa de la Directiva Marco del Agua, de la que forma parte Greenpeace, reclama al Gobierno de España que defienda en las instituciones europeas la integridad de la Directiva Marco del Agua y rechace cualquier reforma que reduzca sus objetivos ambientales, debilite el principio de no deterioro o abra nuevas excepciones para proyectos con impacto sobre ríos, humedales, acuíferos, lagos, estuarios y aguas costeras.
En un país especialmente vulnerable a la escasez de agua, la desertificación, las sequías recurrentes y el deterioro de los ecosistemas acuáticos, las organizaciones firmantes recuerdan que la resiliencia hídrica no puede construirse a costa de rebajar las garantías ambientales. Al contrario: proteger y restaurar el buen estado de las masas de agua es una condición imprescindible para garantizar seguridad hídrica, salud pública, adaptación climática, estabilidad económica y futuro para los territorios.
La respuesta a la sequía y a la desertificación no puede ser debilitar la principal norma europea que protege el agua. La resiliencia hídrica empieza por ríos vivos, acuíferos en buen estado y humedales funcionales. España debe situarse entre los países que lideren la defensa de la Directiva Marco del Agua, no entre quienes acepten rebajarla.
La Alianza advierte de que la posible modificación de la Directiva Marco del Agua (DMA) por parte de la Comisión Europea, bajo el argumento de la simplificación administrativa o del impulso al acceso a materias primas críticas, supondría un grave retroceso si se traduce en autorizaciones más laxas, menor control ambiental o menos transparencia y participación pública. También recuerda que la propia Unión Europea ha situado la resiliencia hídrica en el centro de su agenda, con una estrategia orientada a restaurar y proteger el ciclo del agua, equilibrar mejor la oferta y la demanda, impulsar una economía inteligente en el uso del agua y garantizar el acceso al agua limpia y asequible. En la misma línea, el MITECO reconoce, en sus orientaciones sobre agua y cambio climático, la necesidad de recuperar, restaurar y proteger las masas de agua, incrementar la seguridad hídrica y avanzar en la gestión de sequías e inundaciones.
Sin embargo, las organizaciones subrayan que estos objetivos serían incoherentes con cualquier reforma que rebaje la protección ambiental. “No hay resiliencia hídrica posible si se permite deteriorar las masas de agua. No hay adaptación a la sequía si se siguen sobreexplotando acuíferos, degradando humedales o autorizando proyectos sin garantías suficientes”, ha declarado Julio Barea, responsable de aguas de Greenpeace.
La Alianza insiste en que el problema no es la Directiva Marco del Agua (DMA), sino su insuficiente aplicación. Por ello, pide que los esfuerzos se centren en financiar y ejecutar los programas de medidas de los planes hidrológicos, prevenir la contaminación en origen, recuperar ecosistemas fluviales, mejorar el seguimiento del estado de las masas de agua y garantizar una participación pública efectiva.
Greenpeace junto al resto de organizaciones también recuerdan que la Directiva ya contempla mecanismos de flexibilidad para casos excepcionales, incluidos proyectos de interés público superior, siempre que se justifiquen adecuadamente, se evalúen sus impactos, se adopten todas las medidas de mitigación posibles y no existan alternativas ambientalmente mejores. Crear nuevas excepciones sectoriales, advierten, premiaría a quienes no han adaptado sus prácticas y perjudicaría a quienes sí han invertido en una gestión responsable del agua.
Con motivo del Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía, la Alianza pide al Gobierno de España que defienda una posición clara en Europa aprovechando el próximo Consejo de Ministros el 25 de junio basada en cinco prioridades:
- Rechazar cualquier modificación de la Directiva Marco del Agua que debilite sus objetivos ambientales o el principio de no deterioro.
- Priorizar la aplicación efectiva de la norma, con financiación suficiente para los planes hidrológicos y sus programas de medidas.
- Garantizar que las nuevas actividades industriales, mineras o vinculadas a materias primas críticas solo se desarrollen si son compatibles con la protección del agua.
- Evitar impactos negativos sobre actividades económicas sostenibles que dependen de recursos hídricos en cantidad y calidad adecuadas.
- Defender que la competitividad europea no puede construirse a costa de rebajar la protección ambiental.
La desertificación y la sequía nos recuerdan que el agua no es un recurso garantizado. En un contexto de cambio climático, España necesita menos atajos y más cumplimiento: proteger el agua es proteger la economía, la salud, la biodiversidad y la vida en los territorios.
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Sobre la Alianza para la Defensa de la Directiva Marco del Agua
La Alianza para la Defensa de la Directiva Marco del Agua está integrada por organizaciones sociales, ambientales, sindicales, de consumidores, operadores públicos y entidades de defensa del territorio, y cuenta con el apoyo de más de 270 organizaciones de la sociedad civil y más de 300 personalidades del ámbito científico, académico y de la gestión del agua en torno al manifiesto por la defensa de la DMA (Listado de organizaciones).
NOTA:
La Directiva Marco del Agua, aprobada en el año 2000, constituye el pilar de la política europea del agua. Su objetivo es asegurar el buen estado de las masas de agua mediante la gestión por cuencas, criterios científicos, prevención de la contaminación, participación pública y transparencia. Para las organizaciones firmantes, esta norma no es un obstáculo para la competitividad ni para la seguridad hídrica, sino precisamente la base que permite compatibilizar la actividad económica con la protección de los recursos de los que dependen la agricultura, la industria, los servicios, la biodiversidad y la ciudadanía.