Otra información es posible

El crecimiento de “la desigualdad se está acelerando”

OPINIÓN de Marco A. Gandásegui, Panamá.- Hace apenas seis años, en 2010, sólo 388 personas poseían la misma riqueza que la mitad más pobre de la población mundial. La mitad más pobre representa más de 3.5 mil millones de habitantes. Lo que es aún más increíble es que el año pasado – 2015 – sólo 65 personas concentraban la mitad de todas las riquezas en el mundo. Vivimos en un sistema concentrador y excluyente.

Panamá. El negocio de la ‘descentralización’

OPINIÓN de Marco A. Gandásegui h., Panamá.- El proyecto de ley que promueve la ‘descentralización’ de la administración pública, actualmente en la Asamblea Nacional de Diputados, tiene como objetivo crear nuevas áreas para estimular los negocios basados en la especulación. Es un proyecto hecho a la medida de los sectores que se han especializado en los movimientos financieros, con pocos beneficios para la población.



La ‘descentralización’, en teoría, suena muy bien si estamos pensando en un proceso mediante el cual la gente que vive en las instancias políticas más pequeñas del país (municipio, junta comunal, comunidad, vecindario) se organizan y se apropian del poder (empoderan) para tomar las decisiones. Sin embargo, lo que propone el proyecto es trasladar parte de las recaudaciones (el 50 por ciento) sobre los bienes inmuebles que realiza el gobierno central (el Ministerio de Economía Finanzas – MEF) a los municipios.

Hay 77 distritos municipales en la República. Sólo uno – el distrito capital de Panamá – tiene ingresos que le permite armar su propio presupuesto. Los demás son subvencionados por el gobierno central ya que no tienen ingresos suficientes para operar en forma autónoma. La nueva ley no cambiará la situación. Los ingresos por concepto del impuesto sobre inmuebles superan los cien millones de dólares al año. Parte importante de esta cantidad pasará a los municipios (sobre todo al municipio capitalino) que no tienen planes ni capacidad para darle el uso debido a los fondos. Estos montos caerán en manos de los especuladores, desde el municipio más pequeño hasta el más grande.

La ley insinúa que los municipios preparen sus propios catastros para realizar los cobros. Incluso, reviviendo la experiencia de Cobranzas del Istmo, creada por el ex presidente Martinelli, acusada y clausurada por toda clase de irregularidades legales, sugieren que los municipios persigan a todos los morosos en sus impuestos a partir de 2016:

“El impuesto de bienes inmuebles, las morosidades y recargos causados, correspondientes a los períodos fiscales anteriores a 2015, recaudados a partir del 1ero de enero de 2016, una vez recaudados, se asignarán íntegramente a los municipios respectivos”.

El proyecto de ley es una improvisación para permitir que se realicen más negocios privados con los recursos de todos los panameños. La legislación que se propone no se sustenta en estudios sobre la población de los distritos que conforman la República. ¿El proyecto no se pregunta cuál es la estructura por edades de los distritos y cuál es la dinámica de las migraciones internas? En términos económicos, ¿cuáles son las características productivas de cada distrito? ¿Son servicios, agropecuarias? El gobierno dice tener una ‘Estrategia de inversiones’. ¿Cómo afecta esta ‘estrategia’ a cada distrito?

Panamá no tiene un Plan de Desarrollo Nacional como los demás países de la región (o del mundo) gracias a la oposición de los especuladores que controlan el gobierno. Sin embargo, un proyecto de ‘descentralización’ tiene que saber cuántos centros educativos hay en cada distrito y corregimiento. Además, cuántos centros de salud. Para que el proyecto pueda despegar (dudamos que lo logre por sus objetivos ajenos a lo que promete), los diputados tienen que incorporar a la legislación más información: comunicación terrestre y servicios urbanos en cada distrito (agua, aseo, electricidad). También tiene que contemplar los recursos con los cuales cuenta cada distrito en materia de justicia y policía.

El proyecto de ley para la ‘descentralización’ contempla el supuesto mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes del país. Sin embargo, los legisladores desconocen cuales son las condiciones en que viven los panameños. Tampoco saben como podría un proyecto de este tipo beneficiar a las comunidades. El proyecto pretende incrementar los ingresos por impuestos a las viviendas. No se organiza en torno a un objetivo que beneficie a la población y tampoco tiene un plan de trabajo. Literalmente señala que cada distrito y junta comunal harán sus pedidos de manera espontánea. Se parece mucho a las transferencias millonarias que hacía el MEF en el pasado reciente a cuentas bancarias de representantes de corregimiento para que las administrara a nombre de un político corrupto.

Los fondos destinados a financiar la ‘descentralización’ deben destinarse a ejecutar un plan nacional de educación (pública) con la participación activa de los gobiernos locales. Hay que garantizar la construcción, calidad y mantenimiento permanente de los establecimientos escolares públicos y la capacitación de los educadores en cada municipio, comunidad y vecindario.


*Marco A. Gandásegui, hijo, profesor de Sociología de la Universidad de Panamá e investigador asociado del CELA

Panamá. Nepotismo y oligarquía

OPINIÓN de Marco A. Gandásegui, h., Panamá.- En 2015 Panamá tiene una estructura de poder que descansa sobre el sistema financiero y los servicios logísticos del Canal de Panamá y, en menor medida, los puertos marítimos y aéreos. Además, cuenta con una fuerte actividad comercial concentrada en la ruta de tránsito. Las finanzas y el comercio se relacionan para hacer posible transacciones internacionales, tanto lícitas como ilícitas. En esta actividad hay una fuerte influencia militar norteamericana.

Sectores que antes jugaban un papel importante en la correlación de fuerzas – como la industria, la agro-industria y la ganadería – han perdido su alto perfil de antaño. El sector financiero ha asumido el liderazgo (hegemonía) bajo la conducción de un grupo de familias tradicionales que moldean las creencias de la mayoría de los panameños.

Son familias que se remontan a la fundación de la República (1903) e, incluso, a la independencia de España (1821). Entre éstas se destacan las familias Arosemena, Arias Feraud, Arango, De la Guardia y Boyd. En 1903, estas familias manejaban los negocios relacionados con la ruta de tránsito, el comercio y la propiedad inmueble urbana. En 2015, sus descendientes manejan las entidades financieras y los negocios relacionados con la logística.

La presencia de estas familias fue notoria en la conspiración que separó al istmo de Panamá de Bogotá. Ocuparon también los cargos claves en los gobiernos que se sucedieron a lo largo del siglo XX. Perdieron su hegemonía – pero no fueron despojados de sus intereses dominantes – durante los gobiernos de Porras (1912-1924) y Torrijos (1970-1981)

En la actualidad, los descendientes de Pablo Arosemena, Ricardo, Tomás y Raúl Arias, Santiago de la Guardia, Federico Boyd y J. Agustín Arango dirigen el país desde los mandos financieros y políticos. Después de la invasión militar norteamericana de 1989, el nepotismo se agudizó. Los profesores Filiberto Morales y Edilcia Agudo en su folleto Nepotismo y oligarquía, publicado en 1990, describen el asalto de las familias tradicionales a los aparatos gubernamentales de aquella fecha.

La oligarquía se blindó en tres sectores claves: Por un lado, el Ejecutivo del gobierno, por el otro, el sector financiero y, por último, la Autoridad del Canal de Panamá (ACP). La legislación impulsada por el presidente Pérez Balladares le entregó el monopolio de la confección y ejecución del presupuesto nacional al recién creado Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). A su vez, la legislación le entregó carta blanca al sector financiero para emprender actividades económicas con los recursos de la nación. Un nuevo capítulo de la Constitución Política (reformada en 1994) ‘blindó’ a la ACP para ‘administrar’ la fuente de ingresos más importante del país.

Entre 1989 y 2009 – 20 años – este grupo perfeccionó su dominio sobre la sociedad panameña. Los cuatro gobiernos que se sucedieron lograron hacer los ajustes políticos, económicos e, incluso, ideológicos que consolidaron el poder del pequeño grupo de familias. La hegemonía oligarca fue retada a fines de la década de 1990 por una fracción comercial encabezada políticamente por Ricardo Martinelli. Pérez Balladares le entregó lo que siempre se ha considerado un botín, la Caja de Seguro Social (CSS). Después la presidente Mireya Moscoso lo tranquilizó con el Ministerio de Asuntos del Canal. La sed del sector comercial impulsó a Martinelli a aspirar por mucho más, hasta llegar a la Presidencia de la República en 2009.

Instalado en el Palacio de las Garzas, Martinelli se propuso desbancar a la oligarquía. No aprovechó, como era tradicional, la oportunidad para consolidar su nicho en la estructura de poder existente. Pensó que podía desplazar a las familias oligarcas. La declaración de guerra fue reciprocada inmediatamente por las viejas familias y sus extensas ramificaciones. El reto a las familias que Hernán Porras llamó ‘blancos capitalinos’ fue respondido con fuerza y contundencia. La figura de Martinelli y sus asociados es fustigada por los medios de comunicación y la red económica que pretendió levantar es desbaratada en los corredores de las fiscalías.

Las familias tradicionales abren sus puertas a nuevos miembros pero no pierde el control sobre la economía. Tampoco pierde lo que considera sus relaciones de clase ‘especiales’ con la potencia de turno: EEUU. El nepotismo se expresa a través de los vínculos familiares de quienes controlan el poder económico y los resortes políticos así como culturales. Acabar con el nepotismo implica consolidar un proyecto de nación que incluya a todos los panameños.


*Marco A. Gandásegui, hijo, profesor de Sociología de la Universidad de Panamá e investigador asociado del Centro de Estudios Latinoamericanos Justo Arosemena (CELA)

La desigualdad y la corrupción

OPINIÓN de Marco A. Gandásegui, h., Panamá.- Las organizaciones asociadas a las Naciones Unidas y otras entidades internacionales están alarmadas por la tendencia cada vez más marcada que apunta al incremento de la desigualdad social a escala global. Al mismo tiempo, muestran preocupación por lo que llaman un estancamiento en la disminución de la pobreza. A pesar de que el producto interno bruto (PIB) mundial se ha multiplicado varias veces en las últimas décadas, la pobreza sigue golpeando a 30 por ciento de la población. Hacemos alusión a estadísticas elaboradas mediante técnicas cuestionables de instituciones como el Banco Mundial y el FMI.

Otros indicadores se están colocando al lado de la pobreza y la desigualdad social como señales de una crisis de envergadura que socava las bases de la llamada civilización mundial. Hacemos referencia a los ataques militares a pueblos indefensos, a la discriminación étnica y de género, así como a la corrupción. Sin duda, estos problemas han sido la tónica en la historia de los pueblos. La característica de los problemas que visualizamos en el presente es que se han globalizado y tienden a responder a políticas elaboradas desde un centro único.

Con pocas excepciones, en la mayoría de los países la corrupción se ha vuelto en el enemigo número uno de los pueblos y de sus aspiraciones por lograr el bienestar que muchas generaciones han anhelado. En los países más industrializados del mundo – EEUU, Europa occidental y Japón – la corrupción ha permitido que enormes riquezas sean transferidas desde los ahorros de los trabajadores hacia las cuentas bancarias de los empresarios especuladores. En los países menos desarrollados el mismo fenómeno se observa en cantidades menores. La nueva potencia - China - parece no escaparse de esta tendencia.

Todo indica que la desigualdad social es la causa de la corrupción (y, de igual manera, de la pobreza). Cuando se privilegia el empleo informal sobre las relaciones estables de trabajo se está promoviendo la desigualdad. Cuando los servicios públicos – educación, salud, energía y otros – son convertidos en negocios, se está promoviendo la desigualdad.

Una sociedad con un fuerte componente de igualdad social es el resultado de una población que comparte valores y busca soluciones a sus problemas en forma colectiva. En la actualidad, existen dos tipos de sociedades. Por un lado, la sociedad que vive en un Estado de armonía. No quiere decir que no exista desigualdad o corrupción. La armonía se basa en la aceptación, por parte de los grupos sometidos, de los valores de quienes se imponen en la sociedad. Esto se llama hegemonía.

Por el otro, la sociedad que vive sometida a un conflicto permanente. El sector que domina lo hace sobre la base de la fuerza. Es decir, los dominados no aceptan los valores de los dominantes. Como consecuencia, la imposición de los valores y las decisiones conducen hacia una desigualdad manifiesta.

Para ‘administrar’ este tipo de desigualdad manifiesta, el sector dominante tiene que recurrir al engaño, al clientelismo y, en última instancia, a la fuerza. La desigualdad social es la génesis de la corrupción.

En el caso de Panamá, que no es muy diferente a la de la mayoría de los demás países, el crecimiento económico de los últimos lustros benefició a una pequeña minoría de especuladores. Las políticas neoliberales fueron instrumentales en el empobrecimiento de las llamadas clases medias. En el gobierno más reciente, se recurrió a políticas de despojo (sustentadas en leyes y en muchos casos sin fundamento legal alguno).

En los últimos quince años, Panamá ha gozado de tener un monopolio sobre el tráfico marítimo que pasa entre los océanos Pacífico y Atlántico: el Canal de Panamá. Este negocio - complementado por servicios portuarios, aéreos, banca y sus derivados e, incluso, el narcotráfico que controla la mafia norteamericana – ha disparado los indicadores de riqueza: PIB, presupuesto nacional e infraestructura.

Sin embargo, la desigualdad social que ha servido de marco para este crecimiento ha contribuido a la creciente pobreza y a la corrupción. Los proyectos políticos y sociales todos se reducen a la apropiación de riqueza, no importan los medios. ‘Estamos abiertos a los negocios’ fue el lema del presidente Martinelli (2009-2014) y cumplió a cabalidad con su propuesta. Políticas neoliberales que contribuyeron a la desigualdad social que, a su vez, promovieron la corrupción. Se fue Martinelli y quizás sea procesado. Pero no se ha erradicado la causa de la ‘enfermedad’.

05 de marzo de 2015.

* Marco A. Gandásegui, hijo, profesor de Sociología de la Universidad de Panamá e investigador asociado del Centro de Estudios Latinoamericanos Justo Arosemena (CELA)
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Panamá. “La ciudad de los pobres”

OPINIÓN de Marco A. Gandásegui, Panamá.-  La ciudad de los pobres fue el título de un libro publicado por el sociólogo Raúl Leis en 1979. Pocos años después Alvaro Uribe, arquitecto y urbanista, daría a conocer su libro La ciudad fragmentada. Ambos títulos se referían a la ciudad de Panamá, las terribles contradicciones y las desigualdades sociales que la caracterizan. Además, estos autores y otros, presentan los mecanismos mediante los cuales unos pocos especuladores (banqueros, comerciantes y políticos) se organizan para convertir la capital en una “vaca lechera” que da grandes dividendos.

La ciudad de Panamá, ubicada en el distrito del mismo nombre, tiene una población de 600 mil habitantes. Los distritos de Panamá y San Miguelito que forman el área Metropolitana tienen una población que rebasa el millón de habitantes. La ciudad y sus áreas colindantes crecen en el marco de una lógica caótica que sólo se entiende si se observa como los especuladores se hacen millonarios en períodos muy cortos.

Leis lo planteaba en forma muy acertada: Mientras más pobres hay en la ciudad, más oportunidades hay de corromper todas las instancias gubernamentales y acumular enormes fortunas. Uribe era aún más concreto: El crecimiento de la ciudad valoriza las tierras y quienes son dueños de las mismas se convierten en millonarios rápidamente.

Desde la fundación de la República (1903) la política en torno a la ciudad de Panamá ha tenido como objetivo único enriquecer los grupos que monopolizan las tierras urbanas y controlan las políticas públicas. Quizás la única excepción fue el presidente Belisario Porras (1912-1924) quien urbanizó La Exposición y Bella Vista.

El problema no es reconstruir la historia. Es cierto, hay que denunciar ese pasado corrupto, al servicio de especuladores, en combinación muchas veces con el crimen organizado. Más importante, sin embargo, es aclarar el presente para definir políticas hacia el futuro. En la actualidad, la ciudad de Panamá se encuentra pasando por un período de transformaciones en su infraestructura vial, de servicios y distribución demográfica.

Los 15 kilómetros del nuevo Metro revolucionaron el transporte público en un sector vital de la ciudad. Pronto la segunda línea cubrirá otros 21 kilómetros. Después sigue la Línea 3 con 28 kilómetros más. Sin embargo, el Metro no está diseñado para contribuir a la solución de los problemas estructurales del área metropolitana.

Los estudios se limitaron a la cuestión financiera. ¿Cuánto puede generar esta inversión a corto y mediano plazos? No se planteó la pregunta de ¿cómo podía la inversión de varios miles de millones de dólares resolver los problemas urbanos y, sobre todo, como podía contribuir a mejorar la calidad de vida de los panameños?

La ciudad de Panamá tiene una red vial desordenada y sin aparente solución. Muchos urbanistas dicen que está colapsada. Esto se debe a las políticas corruptas de beneficiar algunos pocos especuladores a costilla de un millón de capitalinos. Las líneas del Metro podrían contribuir a solucionar el desorden, sin embargo, las mismas tienen otra lógica.

Las autoridades anunciaron recientemente que habilitarán el llamado ‘Corredor de los Pobres’ que va de Pedregal (en el este de la ciudad, vecino de Tocumen y su aeropuerto internacional) a Chilibre (camino a la ciudad de Colón), pasando por el norte del populoso distrito de San Miguelito. Con esta válvula de oxígeno se aliviará un poco los problemas de quienes transitan por ese sector. Complementará la Línea del Metro y el Corredor Norte, así como la avenida Domingo Díaz.

Pero el medio millón de habitantes que viven en esa área seguirán sufriendo las consecuencias de una falta total de planificación y orden urbano. Habrá más crimen organizado, inundaciones en la temporada de lluvia, falta de transporte público, de servicios de aseo, de educación, salud y vivienda.

La ciudad de Panamá no cuenta con aceras, avenidas, alumbrado nocturno y, aunque parezca mentira, no tiene un sistema de numeración de casas y edificios. Las autoridades se peguntan ¿para qué? Darle calidad de vida a los ciudadanos asfixia a quienes hacen negocios.

Las autoridades pueden resolver el problema del ordenamiento territorial de la ciudad de Panamá si leen a Leis y Uribe y se preocupan menos de las ofertas deshonestas que están acabando con la capital. Con cinismo hablan de turismo: Hace varias décadas destruyeron las playas sobre el Pacífico. También barrieron con los manglares que drenaban las aguas producidas por las lluvias y ofrecían albergue a una rica biodiversidad.

27 de noviembre de 2014.

*Marco A. Gandásegui, hijo, profesor de Sociología de la Universidad de Panamá e investigador asociado del Centro de Estudios Latinoamericanos Justo Arosemena (CELA)
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Panamá. Los escándalos no afectan a Varela

OPINIÓN de Marco A. Gandásegui, h., Panamá- Falta menos de una semana para que asuma las riendas del gobierno el presidente electo Juan C. Varela. El entusiasmo que causó el triunfo de Varela entre los sectores más acomodados del país – ante la derrota del presidente saliente Ricardo Martinelli - se ha ido borrando a pesar de que aún no se ha dado el cambio de mando. Varela no ha dado muestras de que la limpieza prometida está en camino de realizarse. Más bien, se ha rodeado de figuras asociadas de una u otra manera al mismo equipo de Martinelli.

Por otro lado, Varela no ha avanzado con relación a su promesa de aplicar políticas tendientes a “controlar” el alza de la canasta básica de alimentos. Sus nombramientos en el sector económico son los mismos empresarios reciclados con políticas neoliberales. En el sector agropecuario, Varela pareciera tener la intención de seguir el mismo camino trazado por su antecesor: Dejar que los productores se hundan. Sólo sobrevivirán los grandes oligopolios asociados con la explotación de la caña de azúcar y quizás el banano.

Entre los principales dolores de cabeza que enfrenta Varela es la Asamblea de Diputados. Del total de 71 diputados, el Partido Panameñista (del presidente) sólo logró obtener 12 en las elecciones de mayo de 2014. La única carta aparente que tiene el futuro mandatario es negociar con el Partido Revolucionario Democrático (PRD) que tiene asegurado cerca de 25 curules que le permitiría negociar el control de la Presidencia de la Asamblea. Los voceros de los grandes intereses económicos panameños sostienen que esa alianza garantizaría la “gobernabilidad”. Mientras que la ‘sociedad civil’ entiende ‘gobernabilidad’ como la fórmula que garantizaría una gestión responsable y justa de los recursos públicos, quienes manejan el poder están interesados en el manejo del presupuesto nacional que se acerca a los 20 mil millones de dólares.

Más aún, saben que el presidente de la Asamblea es quien decide, en última instancia, como se reparten las ‘partidas circuitales’ que representan cerca de 150 millones de dólares al año. En 2014, año electoral, las ‘partidas circuitales’ distribuidas superaron los 200 millones de dólares. El Ejecutivo le dio órdenes al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) que trasladara partidas del presupuesto a un selecto grupo de diputados y otros favorecidos que eran candidatos a elección popular. El MEF depositó cantidades millonarias en las cuentas de varias decenas de juntas comunales que sirvieron de avales de los diputados. Estas transferencias totalmente ajenas al orden jurídico del país fueron aprobadas por la Contraloría General de la República. El caso más emblemático fue la transferencia de 7.5 millones de dólares al remoto Municipio de Río de Jesús, en la provincia de Veraguas, a favor de cuatro diputados, incluyendo a un suplente de diputado que salió electo.

El alcalde de Río de Jesús, Humberto Sánchez, del PRD, confesó en un programa de televisión que para prestar el servicio cobró una comisión de “sólo” el 5 por ciento, es decir, unos 376 mil dólares. El alcalde reconoció que el manejo de estos fondos públicos “no está reglamentado en ningún lado”. Agregó que se hizo un borrador, pero “quedó en nada”. El Municipio en la provincia de Veraguas administra fondos que el Ejecutivo transfirió para uso de los diputados del partido gobernante Cambio Democrático (CD) en las provincias de Los Santos, Coclé, Panamá y Veraguas. No queda claro si este municipio sigue aún administrando fondos públicos asignados a partidas dudosas por parte del MEF con la aprobación de la Contraloría.

En el período 2010 a 2011, se aprobaron 156 millones de dólares en ‘partidas circuitales’. En aquella ocasión el presidente Martinelli declaró que no tenía “la más remota idea de cuánto le asignan (en las partidas), pero no es gran cantidad de plata”. El ministro Frank de Lima, del MEF, le indicó a un programa de televisión que esas partidas son parte de la costumbre política del país. “No estoy diciendo que sea algo bueno”, pero “la cultura nuestra siempre ha sido que el elector ve al diputado como la persona que le debe solucionar”, sentenció de Lima.

Un total de 13 diputados electos en mayo pasado fueron impugnados por el uso ilegal de fondos. El Tribunal Electoral tiene que decidir si es necesario que se hagan nuevas elecciones. La Procuraduría tendría que levantar los expedientes para abrirles juicios penales junto con los demás responsables.



*Marco A. Gandásegui, hijo, profesor de Sociología de la Universidad de Panamá e investigador asociado del Centro de Estudios Latinoamericanos Justo Arosemena (CELA)
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Corrupción y espectáculo en el Mundial de Fútbol

OPINIÓN de Marco A. Gandásegui, h., Panamá.- La corrupción que corroe la organización de la Copa Mundial de Fútbol, que se inaugura hoy en Sao Paulo, Brasil, no ha sorprendido a muchos. Lo que ha creado incertidumbre y preocupación en los círculos financieros es la falta de capacidad política de los gobernantes de ese país para contener el descontento popular. Los gastos sin control en obras suntuosas han provocado un rechazo generalizado por parte de la población. Desde hace varias décadas, la economía mundial tiende a pasar de crisis en crisis. El sector productivo – que era el motor del desarrollo – ha cedido su lugar a las actividades financieras y especulativas. En lugar de medir el crecimiento económico sobre la base de la producción, en la actualidad se mide el ‘progreso’ sobre la base del traspaso de los ahorros de los trabajadores hacia los bancos.

En la actualidad, todo tiene un precio, todo se mercantiliza. ‘La política dejó de ser un servicio y se convirtió en un negocio’. El deporte no es la excepción. Al contrario, se ha convertido en una de las áreas que más riqueza genera. Hace un siglo los deportes fueron secuestrados por el crimen organizado (mafia y gobierno, asociados) y puesto al servicio de los estafadores quienes realizaban ganancias extraordinarias mediante actividades ilícitas (las apuestas y otras maniobras). Lo que era considerado propio del ‘sub-mundo’, en la actualidad, es parte del mundo de los negocios. A fines del siglo XX, incluso, los juegos olímpicos fueron profesionalizados para fines mercantilistas. Los atletas compiten por mejores remuneraciones. Las sedes y sus autoridades compiten por las comisiones y el prestigio. Los financistas compiten por apropiarse de los miles de millones de dólares que se invierten en las obras y en los ‘sobre-costos’.

El evento deportivo más cotizado sin duda son los Juegos Olímpicos. Generan miles de millones de dólares que el Comité Olímpico Internacional (COI) maneja con la banca financiera mundial. Con esmero el COI logra proyectar una imagen que se relaciona con sus fundadores de fines del siglo XIX. Supuestos caballeros que querían resucitar el espíritu olímpico de la antigua Grecia: Cada cuatro años las ciudades griegas suspendían sus guerras para que su juventud compitiera en justas deportivas. Ese espíritu tan noble ha sido olvidado.

En el caso de la Copa Mundial, la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) tocó una fibra que se ha convertido en uno de los negocios más exitosos. La FIFA factura anualmente varios miles de millones de dólares. El Mundial que organiza en Brasil generará casi 5 mil millones de dólares, gran parte por la venta de derechos de televisión a escala mundial. La FIFA cobra comisiones por todos los derechos que venden sus miembros. Incluye campeonatos nacionales y regionales. Por cada camiseta, calcetín o bota que se vende algo le toca a la FIFA. Del total de 5 mil millones de dólares que generará el Mundial en Brasil, la FIFA se queda con el 90 por ciento.

Las protestas de las más diversas organizaciones en todas las ciudades brasileñas están plenamente justificadas. El gobierno está invirtiendo más de 20 mil millones de dólares en la construcción de estadios, ampliación de aeropuertos y desarrollo de infraestructura que beneficiará a la FIFA, a los especuladores y financistas brasileños e internacionales. Parafraseando al sociólogo inglés, David Harvey, el Mundial de Fútbol ha servido para ‘desposeer’ al pueblo brasileño. Quienes protestan no aceptan que sus riquezas y ahorros se entreguen a los constructores, financistas y especuladores sin recibir compensación alguna. En este saqueo sistemático, la FIFA sólo sirve de intermediario. Hay que reconocer que el espectáculo que presenta está fuera de serie: Ronaldo, Messi, Neymar y tantos otros super-estrellas repartidos en 32 equipos, 62 partidos en un mes que la tecnología de punta lleva al último rincón del mundo.

Los brasileños obviamente no se oponen al fútbol ni al Mundial. Son los penta-campeones, los mejores jugadores – según muchos – sobre la tierra. Pero rechazan la forma tan arrogante en que la FIFA y la banca internacional llegaron a su país a saquear a su pueblo con la aparente complicidad del gobierno. La lección que es necesario aprender de las protestas en Brasil es que el deporte no puede seguir siendo manipulado por los especuladores. El gobierno brasileño se enfrentará nuevamente en 2016 al pueblo con motivo de los Juegos Olímpicos de Río donde nuevamente hará gastos que no benefician al pueblo de ese país suramericano.

12 de junio de 2014.

*Marco A. Gandásegui, hijo, profesor de Sociología de la Universidad de Panamá e investigador asociado del Centro de Estudios Latinoamericanos Justo Arosemena (CELA)
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Panamá. El voto popular garantizó triunfo conservador

OPINIÓN de Marco A. Gandásegui, h., Panamá.- Han pasado diez días desde el triunfo del equipo que encabezó el presidente electo, Juan C. Varela. Aún siguen festejando los despachos superiores de las grandes corporaciones, así como los buffet de las prestigiosas firmas legales. Las cúpulas empresariales todavía no se explican cómo fue derrotado el presidente saliente, Ricardo Martinelli. Sólo saben que se sacaron de encima un peso que amenazaba con acabar con sus planes de gobernar el país – en estrecha convivencia con los intereses de EEUU - por muchos quinquenios más.

Este sentimiento de sosiego también se reflejó entre los sectores de las capas medias altas – conservadoras – que sentían amenazados sus estilos de vida e, incluso, en algunos casos, su estabilidad económica. Martinelli había promovido algunas leyes que incrementaban los impuestos a los bienes inmuebles.

El triunfo electoral de la candidata a diputada independiente y ex-procuradora general de la Nación, Ana Matilde Gómez, fue celebrado con igual entusiasmo que la victoria de Varela y del candidato a la Alcaldía del distrito de Panamá, José I Blandón. La victoria de Varela fue del Partido Panameñista, colectividad debilitada en los últimos lustros. Sin embargo, el logro de Varela fue asumido como propio por los sectores más conservadores del gran capital y de las capas medias más acomodadas del país. Incluso, sectores de la oposición que no eran de la alianza de Varela se sintieron satisfechos con la derrota de Martinelli.

El triunfo de Varela, sin embargo, no se lo debe a la votación de esos sectores anquilosados en el tiempo. Sin hacer fiesta, sin celebraciones, los sectores populares del país – del campo y de la ciudad – salieron a votar por el candidato panameñista. Votaron y regresaron a sus casas para ver por televisión el espectáculo de los políticos gritando y festejando mientras que otros (como el presidente saliente) no podía contener las lágrimas.

El 70 por ciento de los panameños que votaron en contra de Martinelli no creen que Varela va a cumplir con sus promesas. Varela también sabe que no cumplirá con sus promesas. Congelar, regular o controlar los precios de los productos de la canasta básica no están en su plan de gobierno. Tampoco pretende desarrollar una política que enfoque las demandas populares en materia de educación, salud y vivienda. La política económica de Varela estará al servicio de los grandes capitales nacionales y extranjeros que explotan, por un lado, y despojan, por el otro, a la población trabajadora. Los intereses mineros, hidroeléctricos e inmobiliarios (ciudad y playa) tenderán su lugar privilegiado en el consejo de Gabinete. Igual suerte tendrán los representantes de los intereses bancarios, marítimos y especulativos. Coparán los cargos del Gabinete, de la Corte Suprema de Justicia, de la Autoridad del Canal de Panamá, del Banco Nacional y otras instancias.

Los 1.25 millones de votantes que derrotaron a Martinelli seguirán su rutina diaria para sobrevivir en un país cuya clase gobernante concentra cada vez más riqueza a expensas de los trabajadores. La única noticia positiva producto de los comicios – además de la derrota de Martinelli – es la confirmación que en Panamá existe un pueblo sabio. Si se analizan los resultados de las elecciones – presidencia, diputados, alcaldes y representantes – salta a la vista que los panameños no votaron siguiendo una línea política determinada o los deseos de los ‘gamonales’.

Votaron por lo que creyeron que representaba mejor sus intereses a corto plazo. Muchos pueden rechazar esta lógica que propongo teniendo en cuenta la bajísima votación captada por los candidatos progresistas o de la izquierda política que presentaron sus candidaturas en el torneo electoral.

Ambas ofertas, de Juan Jované y de Genaro López, tenían el mejor contenido programático en función de los intereses de las mayorías del país. Sin embargo, los activistas políticos de la izquierda aún no conectan su discurso con las aspiraciones populares. Jované fue aplaudido por su capacidad para identificar los problemas del país. Genaro fue felicitado por su liderazgo sindical.

La falta de un elemento que conecte estos discursos progresistas con los anhelos populares es lo que falta para convertirlos en propuestas electorales viables. La clase gobernante con su estilo cada vez más arrogante y excluyente está ayudando a las organizaciones progresistas. Jovane y el FAD seguirán trabajando para encontrar la fórmula que les permita llegar a las bases sociales del país. Cuando eso ocurra – más temprano que tarde – tendremos el país que todos anhelan, con democracia y justicia social.



*Marco A. Gandásegui, hijo, profesor de Sociología de la Universidad de Panamá e investigador asociado del Centro de Estudios Latinoamericanos Justo Arosemena (CELA)
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Panamá. El golpe de Estado antes de las elecciones

OPINIÓN de Marco A. Gandásegui, h., Panamá.-  El grupo ‘Panamá Avanza’ presentó ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) una demanda de inconstitucionalidad del artículo del Código Electoral que blinda a los magistrados del Tribunal Electoral. En la actualidad, la Procuraduría General de la Nación ha presentado nueve solicitudes al Tribunal Electoral para que le levante la inmunidad al magistrado Erasmo Pinilla. El Tribunal Electoral mantiene las demandas de la Procuraduría en suspenso.

El artículo del Código Electoral mencionado por ‘Panamá Avanza’ señala que es inconstitucional pretender que sólo el Tribunal Electoral puede levantarle la inmunidad a sus magistrados. Otra interpretación de la Constitución Política plantea que la potestad para juzgar a los magistrados del Tribunal Electoral es de la CSJ.

Si la CSJ acoge la demanda y falla a favor de los demandantes, abre la puerta para que el magistrado Pinilla pierda su fuero y, además, sea separado de su cargo. En un caso como éste, la composición del Tribunal Electoral cambiaría radicalmente faltando menos de un mes para las elecciones generales del 4 de mayo.

El presidente Ricardo Martinelli lograría un objetivo político que se le escapaba: Contar con una mayoría de magistrados en el Tribunal Electoral. Esta eventualidad le aseguraría el triunfo electoral del candidato del Partido Cambio Democrático, José Domingo Arias, escogido por el mismo presidente Martinelli.

Aún más importante, le permitiría al primer magistrado de la República demandar con éxito los triunfos de los diputados de la oposición que resulten electos el 4 de mayo. El antecedente de 1968 está muy presente. Hace casi 50 años, el presidente electo Arnulfo Arias presentó demandas exitosas ante el Tribunal Electoral contra la mayoría de los diputados liberales que resultaron ganadores en las elecciones ese año. Cuando Arnulfo Arias asumió la Presidencia en octubre, su partido ya contaba con una cómoda mayoría en la Asamblea de Diputados.

La demanda de inconstitucionalidad que reposa en la CSJ es técnicamente un golpe de Estado. Es la “crónica de un golpe de Estado anunciado”. Como todo golpe de Estado, la intención del mismo es inaugurar un nuevo régimen que reemplace el anterior. Entre 1989 y 2014, ha regido en Panamá un sistema de dominación política de los partidos políticos conservadores / neo-liberales que se alternaban cada cinco años en el poder. El nuevo régimen político eliminará el papel de los partidos políticos y la alternabilidad en el poder. A partir de 2014 los partidos políticos serían reemplazados por la figura del ‘líder’. A su vez, no habría necesidad de renovar al líder y se pone fin a la alternabilidad.

¿Por qué ocurren estos cambios? Una de las razones, la más sencilla, es que el modelo de la llamada alternabilidad se agotó. No responde a los poderosos intereses de los sectores que compiten por el poder político. Si queda algún rastro que los identifica con los actores de 1990, la correlación de fuerzas ha cambiado.

El nuevo modelo de acumulación capitalista que representa la figura de Martinelli privilegia el despojo de amplios sectores de la población panameña, tanto de los sectores empobrecidos como de las capas medias de la sociedad. Los recursos que tiene este modelo a su disposición es la creciente acumulación de riquezas que representa el Canal de Panamá y su ampliación (que derrama beneficios sobre los sectores especulativos y de servicios).

El proyecto de Martinelli, además, pretende concentrar aún más las riquezas del país en cada vez menos manos. Los empresarios más grandes del país, dueños de la banca, aseguradoras, inmobiliarias, medios de comunicación, de transporte y del comercio exterior están bajo una presión constante para ceder parte de sus negocios al grupo de Martinelli. Lo lamentable para el país es que ambos grupos no presentan alternativas productivas (empleo) o nuevas áreas de acumulación capitalista. La estrategia basada en el despojo no sólo arruina a los capitalistas a corto plazo, también empobrece a los sectores mayoritarios de la población. La política del despojo de Martinelli representa el fin de un régimen basado en la ‘hegemonía’ de una oligarquía insaciable (aliada a los intereses de EEUU), que desde la oposición tradicional ha demostrado su incapacidad para mantener en alto su proyecto neo-liberal.

‘Panamá Avanza’, aparentemente un brazo político de la campaña de Cambio Democrático que dirige el presidente Martinelli, es la vanguardia de un destacamento que sienta las bases para el golpe de Estado y un cambio de régimen.


*Marco A. Gandásegui, hijo, profesor de Sociología de la Universidad de Panamá e investigador asociado del Centro de Estudios Latinoamericanos Justo Arosemena (CELA)
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Panamá. Elecciones y poder político

OPINIÓN de Marco A. Gandásegui, h., Panamá.-  En 45 días los panameños elegirán al nuevo Presidente, 71 diputados, 76 alcaldes y más de 600 representantes de corregimiento. La correlación política de fuerzas favorece, sin lugar a duda, a los sectores asociados a los propietarios, entre ellos los rentistas y especuladores. Los tres candidatos que responden a esos intereses marcan el 90 por ciento de las preferencias en las encuestas. Mientras tanto, el sector productivo (industrial y agropecuario) ha quedado rezagado y apenas se acopla a la cola de los grandes capitales rentistas y especulativos.

Entre los rentistas y especuladores se encuentran muchos profesionales que constituyen una especie de ‘inteligencia orgánica’. Son los encargados de proponer líneas de acción políticas para mantener un orden social. Este orden debe permitirles acumular riquezas a una tasa tolerable (entre el 30 y el 50 por ciento).

La ‘inteligencia orgánica’ está formada por abogados, periodistas, clérigos, educadores, economistas, sociólogos y otros. La tarea de éstos es resolver dos tipos de conflictos sociales que le son comunes a cualquier sociedad dividida en clases sociales. Por un lado, limitar a su mínima expresión los conflictos internos entre los propietarios. Por el otro, legitimar la política de contención y represión de las clases trabajadoras (no propietarias).

En el caso de Panamá hay una ‘inteligencia orgánica’ débil que, a su vez, representa a una clase propietaria muy frágil. Durante la primera mitad del siglo XX la ideología dominante (que manejaba la ‘inteligencia orgánica’) era neo-colonial, manejada por cuadros liberales y subordinada a la presencia omnipotente del ocupante militar norteamericano. Esa ideología ‘hegemónica’ se resquebrajó a principios de la segunda mitad del siglo XX por la insurgencia de fuerzas populares. La ‘hegemonía perdida’ se recuperó después de la invasión militar norteamericana de 1989.

El poder liberal-conservador tenía que ser reconstruido. Los cuadros intelectuales fueron reciclados y apareció una ideología neoliberal. En 1990 los partidos políticos reconocieron que tenían tres tareas fundamentales: Primero, legitimar su poder político mediante las urnas. Segundo, recuperar sus tasas de ganancias económicas. En este punto ‘blindaron’ el Canal para convertirlo en su coto exclusivo. Por último, quebraron la columna vertebral de los trabajadores que eran sus sindicatos.

A pesar de estos antecedentes, dos candidaturas han presentado opciones para reivindicar las conquistas populares arrebatadas después de la invasión norteamericana. Los obreros y sus aliados lograron levantar el Partido Frente Alternativo por la Democracia (FAD). Igualmente, el profesor universitario, Juan Jované, movilizó a importantes sectores en torno a su candidatura presidencial independiente.

Entre 1990 y 2009 la clase propietaria logró sus objetivos. Cada cinco años sus diferentes facciones políticas se alternaron en el poder político. Los partidos Panameñista (conservador) y el Partido Revolucionario Democrático – PRD – fueron copados por ‘intelectuales orgánicos’ neoliberales que dirigieron las políticas del Estado. En 2009 apareció el Partido Cambio Democrático (CD), con cuadros menos formados pero mucho más ambiciosos. Como su propaganda lo señala: ‘En 5 años han invertido (saqueado) más que en 50’.

El CD quiere repetir por segunda vez su período en el poder. No le preocuparía a la clase propietaria en su conjunto este anhelo, excepto que hay un problema: El candidato a la Presidencia del CD se encuentra a la cabeza de los aspirantes a sólo 45 días de las elecciones. Los partidos de la oposición que responden a la clase propietaria están ahora desesperados por encontrar la fórmula para obstaculizar ese triunfo que anuncian las encuestas.

Cualquiera de los candidatos opositores de la misma clase no serían necesariamente mejores pero la alternabilidad le daría a la clase gobernante más espacio para controlar los ‘daños colaterales’. Juan C. Navarro, del PRD, se encuentra en segundo lugar según las encuestas y es aceptado con reservas por la clase dominante... y por la embajada de EEUU. Igual suerte corre Juan C. Varela del Partido Panameñista.

La embajada es clave en la medida en que la ‘hegemonía’ de la clase propietaria es sólo viable con el respaldo militar de EEUU. El candidato gubernamental, José Domingo Arias, aún no ha sido vetado por la embajada (como lo fue Balbina Herrera del PRD en 2009). Es probable, sin embargo, que la embajada buscará la manera de favorecer a un candidato de la oposición. Embajada y clase propietaria aspiran a conservar el mismo orden social.


*Marco A. Gandásegui, hijo, profesor de Sociología de la Universidad de Panamá e investigador asociado del Centro de Estudios Latinoamericanos Justo Arosemena (CELA)
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Políticas de soberanía y ‘bufonadas’

OPINIÓN de Marco A. Gandásegui, h, Panamá.-  Desde que el presidente Ricardo Martinelli llegó al poder en Panamá en 2009 su política exterior ha sido consistente con la búsqueda de alianzas internacionales que le permitan promover sus negocios en la región e, incluso, más allá. Recién llegado a la Presidencia, Martinelli pretendió establecer un pacto entre los gobiernos derechistas de la región (Calderón en México, Piñera en Chile y Uribe en Colombia). En su momento trató de sumar a Lobo de Honduras y Cartes de Paraguay. La falta de seriedad de sus propuestas despertó sospechas y fueron rechazadas por los gobernantes conservadores.

La reciente votación en la OEA provocada por el gobierno panameño fue una oportunidad para que los gobernantes conservadores y progresistas de la región se pusieran de acuerdo para apoyar a Venezuela. Los cuatro gobiernos de la Alianza del Pacífico, cercanos a Washington, se alinearon con los 5 países de ALBA, organización impulsada por Chávez. Los 11 gobiernos intermedios – desde Guatemala, pasando por Brasil y llegando a Paraguay – también rechazaron la ofensiva contra Venezuela. Los 12 votos restantes del Caribe – Jamaica, Surinam y St. Kitts, entre otros, – reiteraron su solidaridad con Venezuela.

En el pasado hemos dicho que “la política exterior de Panamá está a la deriva”. En esta oportunidad hay que señalar que quedó varada. Es importante señalar que desde fines de la década de 1960 Panamá tuvo una política exterior que reflejaba su política interna: Rescatar la soberanía del país frente al neocolonialismo norteamericano y la ocupación militar.

Después de la invasión militar norteamericana de 1989 esta política ha cambiado poco a poco. Con el presidente Martinelli dio un salto, pero con un ingrediente aún mas preocupante. Al igual que en su política interior, que ha sido marcada por la corrupción, todo indica que la política exterior es dictada por intereses pecuniarios. La ‘seguridad nacional’ ha sido subordinada a la compra de equipo militar a empresas que son en estos momentos sujetos de juicios en Italia. En el caso de las relaciones comerciales con Venezuela, los personeros de Martinelli condicionaron sus favores a cambio de comisiones para destrabar el pago de deudas que quieren cobrar comerciantes de la Zona Libre de Colón.

En Panamá sectores de la clase empresarial han apoyado a Martinelli con la lógica que es un ‘mal menor’ comparado a los gobernantes bolivarianos en Venezuela. Otros, con problemas de visas, quieren congraciarse con la embajada de EEUU. Como país, Martinelli nos ha hecho retroceder peligrosamente, poniendo en peligro la soberanía nacional.

En política exterior hay una diferencia muy grande entre los que se autodenominan conservadores, reaccionarios o de derecha y los otros llamados progresistas o de izquierda. Mientras que los derechistas justifican el derrocamiento de gobiernos democráticos para reemplazarlos con dictaduras, los movimientos progresistas luchan contra los regímenes dictatoriales para sustituirlos con gobiernos elegidos democráticamente.

Los ejemplos están a la orden del día en la historia reciente de América latina. Con el apoyo de EEUU, la derecha política en la región abanicó los golpes militares de Castillo Armas (Guatemala), Pérez Jiménez (Venezuela), Stroessner (Paraguay), Pinochet (Chile) y muchos más. Todos tienen en común que pusieron fin a gobiernos elegidos democráticamente. En cambio los izquierdistas se han destacado por sus intentos de desplazar del poder a dictadores de derecha que desprecian las reglas de la democracia. Los ejemplos son muchos y mencionaremos unos pocos: El FMLN (El Salvador), el MST (Brasil), los Tupamaros (en Uruguay).

En el caso actual de Venezuela, la derecha logró unirse políticamente después que triunfara el presidente Hugo Chávez en las urnas en 1998. La coalición conservadora ha sido derrotada 11 veces en consultas democráticas entre 2000 y 2013. En la última experiencia electoral de 2013, con motivo de la muerte de Chávez, Nicolás Maduro recibió el apoyo de los venezolanos. Sin embargo, desde 2002, la meta de la derecha venezolana no es ganar elecciones. Su objetivo es derrocar por la vía de la violencia al gobierno democráticamente elegido para lo cual recibe apoyo de EEUU. En los corredores diplomáticos, los líderes latinoamericanos le han manifestado a Washington la conveniencia de que Venezuela defina su futuro en las urnas y no por medio de la violencia. EEUU ha hecho caso omiso de estas recomendaciones.

Para sorpresa de la región latinoamericana y, particularmente, para los panameños, el gobierno del presidente Martinelli rompió filas y se convirtió en vocero de EEUU en la Organización de Estados Americanos (OEA). La OEA rechazó la solicitud panameña de convocar una reunión de cancilleres y optó por una reunión de embajadores. EEUU aparentemente pretendía que la OEA se convirtiera en su portavoz internacional para socavar los cimientos populares de la revolución bolivariana. En vez de presentar su posición (gastada y desprestigiada), Washington le pidió a Panamá que lo hiciera.

La reunión se efectuó y con una votación de 29 a favor y tres en contra, la OEA decidió darle su apoyo al gobierno democrático de la revolución bolivariana. La iniciativa panameña tuvo dos grandes perdedores: En primer lugar, EEUU que quedó aislada diplomática y políticamente en el hemisferio occidental. En segundo lugar, el gobierno panameño que hizo el papel de bufón.

13 de marzo de 2014.


*Marco A. Gandásegui, hijo, profesor de Sociología de la Universidad de Panamá e investigador asociado del Centro de Estudios Latinoamericanos Justo Arosemena (CELA)
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La mezcla de la corrupción y el dengue es explosiva


OPINIÓN de Marco A. Gandásegui, h, Panamá.-  El dengue es una enfermedad que la salud pública ha identificado, estudiado y dominado plenamente. Se sabe perfectamente cuáles son los procedimientos para erradicar esta enfermedad y mantener a la población libre de los estragos que puede causar.

Entonces, ¿por qué Panamá está en las garras de una epidemia de dengue? En cuestión de meses se han reportado más de 4 mil casos y 8 muertes. Hay que preguntarse por qué las autoridades políticas y de salud del país no toman las medidas necesarias para erradicar las causas de la enfermedad. Para colmo, quienes se proclaman conocedores de la materia aseguran que la causa del dengue es el panameño, especialmente el panameño de los sectores populares de la población. Son ‘cochinos’, dicen las autoridades. Lo peor de todo es que la mentira ha sido repetida tantas veces que mucha gente lo acepta como una ‘verdad’.

Es de conocimiento generalizado que la causa del dengue es la proliferación de un minúsculo agente que propaga la enfermedad: el mosquito aedes aegypti. El pequeño insecto se reproduce sólo en condiciones favorables. Necesita agua limpia estancada para depositar sus larvas. Estas sólo las encuentra cuando la naturaleza es intervenida por actividades de la sociedad.

En la historia de Panamá tenemos el caso – casi legendario – de las epidemias de fiebre amarilla que afectaron al Istmo durante la construcción del Canal de Panamá. Los franceses removieron tierras y trajeron equipo de construcción (entre 1880 y 1893) que se convirtieron en espacios ideales para el mosquito. A partir de 1904 EEUU inició su período de construcción (hasta 1914) con conocimiento de los efectos del mosquito y controló la enfermedad. Los trabajos de construcción se realizaron en el marco de una estricta política de salud pública: No se permitieron la existencia deherbazales, se eliminaban los residuos de chatarra y se aseguraba el drenaje de todas las aguas. La limpieza industrial y doméstica era una obligación, tanto en la antigua Zona del Canal como en las ciudades terminales de Panamá y Colón.

Con altos y bajos esta política de salud se mantuvo a lo largo del siglo XX. La misma se consolidó en la década de 1970 con el lema de ‘Salud igual para Todos’. A fines del siglo, se produjo un cambio importante que en la actualidad estamos pagando sus consecuencias. Los gobiernos de turno – especialmente a partir de 1996 - abandonaron las políticas de salud pública.

En la actualidad, tenemos ciudades ahogadas en basura, inmersas en chatarra y con herbazalesa orillas de edificios públicos, empresas privadas e, incluso, escuelas. Mientras que no regresemos a aplicar políticas de salud pública, no se resolverá la actual epidemia de dengue que azota al país.

En vez de subvencionar a quienes lucran en la banca, en la Zona Libre de Colón, en los casinos que promueven el juego de azar y en otras actividades improductivas, hay que invertir en salud pública. Una política de salud sólida sólo requiere una fracción de las subvenciones oficiales que reciben los especuladores panameños y extranjeros para realizar sus negocios.

En primer lugar, hay que tener una política de recolección de basura que no tenga como objetivo realizar pingües ganancias con la compra de equipo y la contratación de trabajadores. Hay que eliminar los focos de basura doméstica e industrial que se acumulan en quebradas, calles y terrenos baldíos a lo largo y ancho del área metropolitana de las ciudades de Panamá (incluyendo San Miguelito) y Colón, y sus alrededores. A pesar de que se declaró un estado de emergencia, no se ha planificado medida alguna para resolver el flagelo de la basura.

Por otro lado, urge construir las redes de agua potable para que llegue a cerca de medio millón panameños en el área metropolitana. Es una población que todavía depende de camiones cisternas que reparten agua o del agua de lluvia (en ‘invierno’). Los gobiernos panameños suelen mentirle al país y a las agencias internacionales diciendo que el 95 por ciento de la población urbana tiene acceso al agua potable. En realidad, es sólo el 50 por ciento, aproximadamente.

Igualmente, urge desarrollar una política que convierta los herbazales en áreas libres del mosquito y disponibles para el esparcimiento de la población. Esta política de salud requiere una inversión permanente anual de 25 millones de dólares. La misma cantidad que gastó el gobierno en las fiestas de fin de año o en el mantenimiento del avión presidencial.

En vez de presentar un plan de trabajo, lo último que propone el gobierno es invertir 10 millones de dólares al año en la introducción de un (súper) mosquito con genes modificados (transgénico). El negocio es de una empresa inglesa que busca clientes en todo el mundo. En EEUU no ha podido poner a prueba sus súper mosquitos y en Brasil los esparció en una pequeña comunidad del noreste de ese país sin resultados positivos.

Hay que poner manos a la obra, con un gobierno capaz de liderar a la población para acabar con la epidemia del dengue. No hay tiempo para convertir la tragedia de la familia panameña en otro negocio millonario.

30 de enero de 2014.

*Marco A. Gandásegui, hijo, es profesor de Sociología de la Universidad de Panamá e investigador asociado del Centro de Estudios Latinoamericanos Justo Arosemena (CELA) www.marcoagandasegui14.blogspot.com

PANAMÁ - La juventud rebelde de la gesta del 9 de enero


OPINIÓN de Marco A. Gandásegui, h.- Hace apenas mes y medio el grupo artístico El Kolectivo denunció la acción del gobierno que destruyó sus murales que pretendían recuperar la memoria colectiva sobre la gesta del 9 de enero de 1964. Los muchachos declararon que la “indignación, rabia, tristeza nos envuelve al ver pisoteado nuestro esfuerzo por salvar nuestra memoria histórica pero volveremos más fuertes y entusiasmados para defenderla”. Aquella gesta - cuyo cincuentenario conmemoramos hoy - sigue siendo el grito de guerra del pueblo panameño y de la juventud. Es el símbolo del proyecto de Nación y recoge lo más noble de nuestro patriotismo.



Desde la invasión militar norteamericana de 1989, los sectores más oscurantistas del país han querido borrar de la memoria colectiva de la nación la gesta heroica de nuestra juventud. En medio de esta lucha ideológica, en 2013 apareció un movimiento por el rescate del 9 de enero como fecha de reflexión nacional. El gobierno fue obligado a respetar la fecha heroica que cumple hoy su cincuentenario

En enero de 1964, decenas de miles de voces se levantaron al unísono exigiendo la desocupación militar norteamericana del suelo panameño. A la cabeza de esa protesta se colocó el movimiento estudiantil. No fue casual, ni espontáneo. Desde principios de la década de 1940 – con la creación de la Federación de Estudiantes de Panamá (FEP) y del Frente Patriótico de la Juventud - los estudiantes asumieron un papel creciente en la vida política del país.

El 9 de enero de 1964, una delegación estudiantil del Instituto Nacional salió con una misión precisa y concreta: Izar el pabellón nacional en la escuela secundaria de Balboa, enclavada en la antigua Zona del Canal. La marcha pacífica de los institutores fue rechazada violentamente por la Policía de la Zona.

Frustrados, los estudiantes retrocedieron siendo golpeados por una Policía extranjera. En momento alguno los valientes ‘aguiluchos’ perdieron la compostura y supieron proteger la bandera mancillada por los agresores. Cuando la noticia de lo ocurrido recorrió las calles de la ciudad de Panamá surgió un sentimiento de indignación y orgullo patrio.

El ocupante que había reprimido la marcha pacífica de un grupo estudiantil se sentía prepotente detrás de la zona amurallada. La respuesta fue rápida y contundente. De cada rincón del país, apareció un pueblo dispuesto a contribuir -aunque sólo fuese con su presencia – a reivindicar la afrenta. El gobierno acuarteló a la Guardia Nacional para evitar enfrentamientos. En cambio, EEUU procedió en forma opuesta. Movilizó primero a la Policía de la Zona e, inmediatamente, desplegó a su Ejército acantonado en sus bases militares. Las tropas ocuparon posiciones estratégicas e iniciaron un operativo de limpieza basado en tácticas letales de guerra urbana.

Carlos Pérez M. describe en la revista TAREAS Nº146 (enero-abril 2014) la confusión que imperaba entre las instancias militares de EEUU, el gobierno de la Zona del Canal y la Embajada de ese país en esos días de enero. El gobernador (“¡de qué!”) de la Zona quería conservar su autoridad, mientras que los militares del Comando Sur se impusieron ‘de facto’. Al mismo tiempo, la Embajada perdió el control sobre la situación. El operativo militar desordenado e irresponsable de EEUU dejó como secuela 23 mártires panameños que el país honra permanentemente desde hace 50 años.

Su sacrificio, como lo señala Raymundo Gurdián, fue la plataforma sobre la cual se negociaron los Tratados del Canal Torrijos Carter (1977) que puso fin a la ocupación colonial de EEUU en Panamá. Según Adolfo Ahumada, citado por Celestino Araúz, se convocó a una manifestación relámpago en los predios de la Universidad de Panamá. “Más de mil estudiantes salimos entonces por la (vía) Transístmica, encabezados por los dirigentes de la Unión de Estudiantes Universitarios y de la Federación de Estudiantes de Panamá”. Eduardo Flores señala que el 10 de enero se celebró una Asamblea en el Paraninfo de la Universidad de Panamá “donde después de un análisis se aprobó un manifiesto y una marcha a la Presidencia”. En el manifiesto se pidió la ruptura de relaciones con EEUU.

Los dirigentes universitarios que encabezaron esa columna fueron Floyd Britton, Víctor Avila, Adolfo Ahumada, César Arosemena y Simón Liepsik. Además, Rolando Armuelles, Moisés Carrasquilla, Euribiades Herrera, Adán Castillo Galástica, Honorio Quezada y José Hurtado. Curiosamente, un periodista norteamericano, reputado agente de la CIA, Jules Dubois, citado por Araúz, confirma las credenciales de los dirigentes estudiantiles. Para EEUU, sin embargo, los estudiantes no eran los héroes que los panameños reconocemos. Eran los enemigos que la máquina propagandística de la CIA tenía que destruir.

“Volveremos más fuertes” es, sin duda, el grito de cada generación de jóvenes que han escalado hasta las cimas más altas en el proceso de construcción de la Nación panameña. ¿Quién se hubiera imaginado que una juventud rebelde pondría fin a esa absurda pretensión de Washington - en colusión con nuestros entonces dirigentes políticos, en aquella fría y oscura noche del otoño norteamericano (18 de noviembre de 1903), cuando el secretario de Estado norteamericano, John Hay, y el francés Bunau Varilla, firmaron un Tratado - que pretendía convertir a Panamá en semicolonia a perpetuidad?



*Marco A. Gandásegui, hijo, profesor de Sociología de la Universidad de Panamá e investigador asociado del Centro de Estudios Latinoamericanos Justo Arosemena (CELA)
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Panamá: “La Nueva República”


OPINIÓN de Marco A. Gandásegui.- ¡Qué año nuevo se prepara Panamá! En torno a la fecha de Navidad se produjo una agitación en los círculos políticos ante la posible celebración de un pacto electoral –para unir fuerzas el 4 de mayo de 2014 - entre los dos partidos políticos más antiguos de Panamá. Por un lado, el Partido Panameñista – fundado en la década de 1930 por Arnulfo Arias – encabezado por su candidato a la Presidencia, Juan C. Varela. Por el otro, el Partido Revolucionario Democrático (PRD) – fundado por Omar Torrijos en 1978 – bajo el liderazgo de su abanderado, Juan C. Navarro. El único acuerdo sobre la mesa era que uno de los dos, o los dos, abandonaran sus aspiraciones electorales.

Los partidarios de ambas candidaturas se enteraron del cabildeo después de los hechos, sin entender mucho. El PRD es el producto de una nueva correlación de fuerzas económicas y sociales que el general Torrijos logró moldear y dar forma política en la década de 1970. Los militares le habían dado un golpe de Estado precisamente al presidente Arnulfo Arias en 1968.

Arnulfo Arias es, a su vez, producto de otro golpe – civil – que jóvenes rebeldes aglutinados en el Movimiento de Acción Comunal le diera a una oligarquía cansada en 1931. En 1968, Arias llegó a la Presidencia por tercera vez sobre la base de un programa desfasado. No respondía a los momentos críticos de aquella década marcada por movilizaciones populares y un rápido crecimiento económico (industrialización por medio de la sustitución de importaciones).

En la década de 1970, el gobierno militar logró negociar con EEUU dos tratados que pusieron fin a la presencia semi-colonial de Washington en Panamá. En la siguiente década, sin embargo, los avances fueron saboteados por EEUU que logró romper el ‘pacto’ entre las diferentes facciones del capital panameño (especulativo/financiero, comercial, industrial y agrario) y levantar una oposición encabezada otra vez por Arnulfo Arias. Nuevamente, el Partido Panameñista (a través de la ‘Cruzada Civilista’) y el PRD (con las Fuerzas de Defensa (FDP) se enfrentaron en un tinglado montado por EEUU y el Comando Sur que tenía su sede en la antigua Zona del Canal.

El resultado de esa lucha terminó en la trágica invasión militar de EEUU en 1989, la muerte de miles de panameños, el secuestro por parte del Comando Sur del jefe de las FDP (Manuel A. Noriega) y la llegada a la Presidencia del panameñista Guillermo Endara. Durante los primeros 20 años posteriores se experimentó una alternancia en el poder entre el panameñismo y el PRD. Aún más importante, los dos partidos – por separado – lograron imponer el ‘Consenso de Washington’ flexibilizando la fuerza de trabajo, desregulando el Estado y privatizando las empresas públicas.

En 2009 surgió un partido nuevo y Ricardo Martinelli rompió la alternancia. Sin embargo, no rompió con el neoliberalismo de factura norteamericana y profundizó el creciente militarismo foráneo de la fuerza pública panameña. También aprovechó la bonanza económica para invertir en cinco años cerca de 20 mil millones de dólares en obras que muchos consideran sobrevaloradas.

Ahora, 25 años más tarde se habló de un pacto para dar nacimiento a ‘La Nueva República’ con los dos partidos tradicionales de oposición como base. La propuesta no la preparó una comisión de las dos organizaciones. Tampoco fue un pacto que una de las partes le propusiera a la otra. El documento estudiado por los dos candidatos y que circuló en los medios, fue redactado por tres figuras empresariales que pretendían colocarse ‘por encima’ de los partidos, de los intereses del pueblo y del país.

La propuesta fracasó por dos razones muy sencillas. Primero, ninguno de los dos candidatos está preparado para bajarse de su montura. Segundo, los 17 puntos planteados por los ‘sabios de Punta Barca’ no se referían a la realidad panameña. Estaban concebidos con un nombre y apellido: Ricardo Martinelli. En otras palabras, ¿qué hacemos para neutralizar al actual presidente de la República que pretende seguir gobernando hasta 2034?

Los 17 puntos del pacto llamado ‘La nueva República’ no se referían a los problemas económicos del país y mucho menos a las demandas urgentes de reformas a la estructura social. Tampoco se refería a los problemas del Canal de Panamá y la política exterior desastrosa de los últimos gobiernos. Al contrario, pareciera estar satisfecho con las políticas de Martinelli que ha administrado el boom económico a favor de los especuladores y en contra de los trabajadores.

El pacto consistía en una ‘Constituyente paralela’ para cerrarle el paso a cualquier futuro Presidente de la República en aspectos relacionados con el abuso del poder y del asalto al erario público. El pacto volvía a hacer énfasis en la necesidad de ‘blindar’ el Canal de Panamá para que sólo los especuladores pudieran sacar provecho de su explotación. Además, le aseguraba, al que no era ungido en 2014, paso expedito para aspirar en 2019.

Al igual que en 2009, cuando los especuladores temblaban ante la expectativa de que Balbina Herrera llegara a la Presidencia, ahora tiemblan (menos) ante la expectativa que Martinelli se repita el plato (aunque sea mediante interpuesta persona). Panamá se merece algo mejor y diferente.



*Marco A. Gandásegui, hijo, profesor de Sociología de la Universidad de Panamá e investigador asociado del Centro de Estudios Latinoamericanos Justo Arosemena (CELA)

Crecimiento con más pobreza: Balance de 2013


OPINIÓN de Marco A. Gandásegui, Panamá.-  Realizar un balance de 2013 es de rigor. La recesión del sistema capitalista iniciado en 2008 sigue vigente. No hay señales, por ahora, que se va a reponer. El sector social que más sufre con la falta de inversiones productivas y las altas tasas de desempleo son los trabajadores. En EEUU son 20 millones y en Europa son casi 50 millones de familias golpeadas. En contraste, China sigue encendiendo más motores y su economía crece a un paso controlado bajo un estricto sistema de planificación. El experimento de los herederos de Mao, sin embargo, aplica planes quinquenales para impulsar una economía capitalista que crece sobre las espaldas de los trabajadores y el despojo de los productores agrícolas.

La percepción generalizada durante 2013 fue que EEUU enfrenta una crisis terminal de su hegemonía global. A su vez, el proyecto de una ‘nueva’ Europa, que se levantó sobre las cenizas dejadas por la segunda guerra mundial, parece enfrentar una calle sin salida. La correlación de fuerzas (geopolítica) a escala global cambió en 2013 con la ‘emergencia’ de nuevos polos de desarrollo capitalista e insurrecciones populares en los puntos más álgidos. Al interior de EEUU y Europa se están generando transformaciones sociales significativas. El Medio Oriente sigue siendo la región más volátil por su enorme riqueza energética que no logra ser dominada por su propio pueblo y es anhelada por todas las potencias. Las riquezas africanas atraen a los grandes especuladores mundiales y sus ejércitos, que pretenden reconquistar el continente ‘negro’ por encima de la resistencia popular.

América latina disfruta de un ‘veranillo’, producto de la demanda china de materias primas en una escala jamás experimentada antes. China es el principal socio comercial de muchos países de la región. Mientras que China importa materias primas para transformarlas en productos industriales, generando millones de empleos nuevos todos los años (y creando ganancias capitalistas enormes), América latina invierte los ingresos provenientes de las exportaciones agro-mineras en aventuras especulativas (políticas neoliberales de despojo) o en políticas sociales de redistribución de riquezas. En 2013 se agudizó la línea de demarcación entre ambos proyectos: ‘Alianza del Pacífico’ y ALBA/Mercosur.

En el caso de Panamá, durante 2013 el crecimiento económico - concentrado, especulativo y excluyente -alimentó la creciente tendencia de empobrecimiento de sectores sociales cada vez más grandes del país. Según la FAO hay 300 mil panameños que pasan hambre. Los ingresos provenientes de los servicios del Canal de Panamá, de los puertos y de los almacenes de redistribución de mercancías (Zona Libre de Colón) – sin excluir el lavado de dinero controlado por la banca foránea - fueron invertidos en proyectos especulativos de tipo inmobiliario, turismo, obras públicas e importaciones. Las subvenciones a las inversiones capitalistas las calculo en un monto cercano a los US$10 mil millones en 2013. (Las subvenciones anunciadas por el gobierno a los sectores empobrecidos suman US$500 millones). La política económica del gobierno no generó nuevos empleos, tampoco un desarrollo que incorporara a las distintas regiones del país al crecimiento, ni contempló la realización de ahorros para cuando el ‘boom’ pasajero actual se agote.

En 2013 sólo crecieron los sectores especulativos. Los sectores productivos experimentaron bajas. Preocupante fue la disminución de tránsitos y carga por el Canal de Panamá. Así mismo, el decrecimiento de los movimientos de contenedores en los puertos de ambos extremos de la vía acuática. La ampliación del Canal de Panamá, proyecto emblemático de inicios del siglo XXI, se encontró con un obstáculo ya anunciado con anterioridad. La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) ‘apostó a ganador’ con un consorcio encabezado por una empresa española que probablemente quiebre a corto plazo. A fines de año el vicepresidente de EEUU, Joseph Biden, hizo una visita relámpago a Panamá para sentar las reglas del juego en torno al futuro del Canal. Las gestiones fueron realizadas en secreto y el país quedó sin brújula en lo que se refiere al futuro del proyecto de ampliación del Canal.

En 2013 se hizo patente la quiebra del sector agrario. Mientras que la siembra de arroz, por ejemplo, bajo de 85 mil hectáreas a sólo 18 mil en 2013, a fines de año se hizo la subasta acordada con EEUU en el marco del tratado de libre comercio para importar más de 300 mil quintales de ese grano. A partir de 2013, Panamá compra en EEUU el arroz que antes producían los agricultores panameños. Más aún, la familia del presidente de la República, Ricardo Martinelli, dueño de una cadena de supermercados, fue favorecido con el 30 por ciento de lo subastado.

Politicamente, la campaña electoral que se destapó a principios de año y culmina en mayo próximo, promete más de lo mismo. El partido oficialista – Cambio Democrático - y los de oposición, PRD y Panameñista, no han presentado programas pero sus candidatos conservadores avalan las políticas neoliberales cercanas a la Embajada de EEUU. Lo novedoso es la participación del nuevo partido de izquierda, el FAD, que celebró primarias para seleccionar su candidato presidencial. El candidato independiente progresista, Juan Jované, y otros dos aspirantes, también reunieron las firmas necesarias para oficializar su candidatura en enero.


*Marco A. Gandásegui, hijo, profesor de Sociología de la Universidad de Panamá e investigador asociado del CELA

PANAMÁ - Las futuras batallas de la juventud panameña


*8.11.13. OPINIÓN de Marco A. Gandásegui, h.- El 2 de noviembre pasado el Concejo Municipal de Panamá me invitó a pronunciar el discurso de fondo ante la tumba de los soldados de la independencia. Es una tradición centenaria de la ciudad capital que pretende rescatar la memoria de los héroes de la Patria y, sobre todo, destacar las tareas que nos exigen las generaciones del futuro.

Consideré oportuno invertir el tiempo disponible en tratar de esclarecer cuales son las tareas que le compete a la generación que actualmente dirige el país para salir de la profunda crisis en que se encuentra Panamá. En el acto estaba presente el presidente Ricardo Martinelli, su gabinete, los miembros del Concejo Municipal y un nutrido público.

Para lograr mi objetivo decidí comenzar por reivindicar a los ‘próceres’ de 1903 y, sobre todo, a la generación heroica que encabezó las jornadas de enero de 1964. Fue la audacia de los próceres la que dio pie para que a principios del siglo pasado se fundara la República. A su vez, en 1964 fue el sacrificio generoso de un pueblo – 23 mártires y 400 heridos – lo que señaló el principio del fin de la ocupación militar norteamericana de suelo panameño.

La guerra por la soberanía fue la pieza central en la lucha de varias generaciones panameñas para avanzar con el proyecto de Nación, concebido por jóvenes de fines del siglo XIX y consolidado a mediados del siglo XX. Si en 1903 los comerciantes de la ruta de tránsito lograron romper con Bogotá – mediatizados por el pacto con EEUU – fue en 1964 que la gesta del 9 de enero, encabezada por la juventud panameña, sentó las bases para finiquitar la presencia neo-colonial de Washington.

Destacamos cómo a los llamados próceres se les disminuye en su papel histórico. Igualmente, cómo se mancillan los sacrificios de quienes lucharon y sacrificaron sus vidas el 9 de enero. Con los soldados de la independencia a mis espaldas y los héroes del 9 de enero a mi diestra, le señalé a los presentes que “siempre hay una forma de torcer los hechos para servir propósitos egoístas. En la actualidad, todavía reprimimos a los estudiantes. Subordinamos a las mujeres. Condenamos al campesino-indígena a la servidumbre en sus propias tierras”.

Subrayamos la falta de una cultura democrática en nuestro medio. A pesar de los avances realizados por el pueblo, todavía hay una oligarquía que cree que el país es su hacienda. El progreso ha sido lento. “No fue hasta diez años después de la independencia con Porras rodeado de una generación más joven de panameños, que emerge la cuestión de la democracia, de la soberanía y de la Nación como asuntos de Estado. Una generación más tarde Arnulfo Arias echaría las bases de una nacionalidad aún imperfecta con su discurso fogoso que capturó la imaginación de los panameños más humildes. La siguiente generación fue encabezada por Omar Torrijos que negoció la eliminación de la Zona del Canal, la evacuación de las tropas militares extranjeras y la entrega del Canal de Panamá. Torrijos se empinaba sobre esa gloriosa generación que encabezó la gesta del 9 de enero de 1964”.

A pesar de ese progreso, aún enfrentamos una “crisis de identidad, de objetivos, de proyecto. El crecimiento espectacular de la economía a principios del siglo XXI, resultado de la ampliación del Canal y los reajustes a escala global, han generado nuevas riquezas, concentradas en muy pocas manos”. Enfrentamos grandes desafíos, igual que los próceres, igual que los caídos el 9 de enero. Le aseguramos a los presentes “que igual que en el pasado, surgirá una nueva generación que sabrá dar un paso significativo hacia la democracia anhelada, que continuará perfeccionando nuestra soberanía y seguirá construyendo el proyecto de Nación”.

El diario La Prensa, vocero de los capitales más concentrados de Panamá, que nunca ha suscrito el proyecto de Nación de los panameños, tergiversó el acto celebrado en conmemoración de los soldados de la independencia. Pretendió convertir mis palabras en una arenga partidaria. Perdiendo el sentido de las proporciones confundió al Partido Revolucionario Democrático (PRD) con el alpinismo generacional iniciado a mediados del siglo XIX.

En mi discurso fui claro cuando señalé que el 9 de enero hubo un solo héroe: el pueblo panameño. Si La Prensa cree que el héroe es una persona o un partido político está muy equivocado. Con más razón, está muy equivocada si cree que quien pronunció ese discurso suscribe la ideología, egoísta y personalista, propia de quienes dirigen sus páginas.

Hay muchas luchas que aún tiene que librar nuestro pueblo y su juventud. La principal guerra que libramos los panameños es por nuestro proyecto de Nación, aún inconcluso. Sacamos las estacas clavadas en nuestro territorio, a pesar de la oposición oligárquica. Ahora corresponde dar la batalla por nuestra soberanía social y económica. A pesar de que los próceres navegaban en la incertidumbre, su audacia nos legó la República. Hoy nuestra juventud sabe qué país quieren los panameños. “Continuemos siendo audaces como los próceres pero con un destino claro y preciso – y una nueva dosis de audacia - como la juventud de enero de 1964”.



*Marco A. Gandásegui, hijo, profesor de Sociología de la Universidad de Panamá e investigador asociado del Centro de Estudios Latinoamericanos Justo Arosemena (CELA)


PANAMÁ - La violencia institucional puede cobrar vida propia



*1.11.13. OPINIÓN de 
Marco A. Gandásegui, h.- En los últimos seis años la fuerza pública panameña (Policía Nacional y otros estamentos) ha estado involucrada en la muerte de 17 personas por negligencia y/o prepotencia. Desde la muerte de una empresaria en 2007 hasta el caso más reciente de los dos niños asesinados en San Carlos en 2013. Además, la contención de manifestaciones de protesta (la represión mal aplicada) por la Policía Nacional y el Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT) ha segado la vida de otras 8 personas y dejado decenas de heridos desde esa misma fecha.

La conmoción que se observa a nivel de la población panameña, sacudida por los incidentes fatales en los cuales están involucrados agentes de la Policía Nacional, no es el producto de un incidente aislado. El país se percata que está en un espiral de violencia institucional cuyo resultado final es impredecible. La opinión pública está muy preocupada ya que observa una conducta que sigue un patrón muy definido. Las fuerzas del orden han tomado la ley en sus propias manos con el aval de las autoridades. Pocos días después de la muerte de los niños en San Carlos, el dirigente sindical y aspirante a elección popular, Genaro López, fue encañonado por agentes de la Policía – junto a su familia – en la puerta de su casa.

La Ley 74 avala la impunidad entre los agentes de la Policía Nacional con el beneplácito de las autoridades. En su momento, se pensó que la legislación garantizaría la lealtad de los agentes de la PN hacia las autoridades. Por el otro lado, las revelaciones de Wikileaks apuntan a una escalada en el uso de métodos extra-legales por parte de las autoridades y sus agentes para alcanzar objetivos políticos, ajenos a lo indicado por la ley y la Constitución.

La pérdida trágica de vidas en San Carlos y el atentado contra el dirigente Genaro López forman parte de un patrón. La Policía Nacional recibe en forma indiscriminada entrenamiento militar bajo el supuesto de que la Institución (y el país) se encuentra en una 'guerra' contra las drogas. En ese enfrentamiento EEUU ha identificado a varios actores que deben ser objeto de represión: campesinos e indígenas. Estos, a su vez, según manuales de las fuerzas armadas de EEUU, pueden tener entre sus aliados a organizaciones políticas, miembros de la sociedad civil y gremios.

Si el gobierno insiste en continuar recibiendo la asesoría de las ramas militares de EEUU para entrenar a su personal y desarrollar actividades militares, sólo se puede esperar un resultado catastrófico, que pone en peligro la vida de todos los panameños en forma permanente. A diferencia de la Policía, que tiene que velar por la seguridad de los ciudadanos y la protección de la comunidad, el militar tiene como responsabilidad reprimir con la fuerza toda movilización que considere sospechosa. El Policía utiliza su arma de fuego como última instancia cuando enfrenta al sospechoso de cometer algún delito. En cambio, el militar saca el arma de reglamento en primera instancia para neutralizar o eliminar al enemigo en el campo de batalla. Estamos presenciando, desde un tiempo atrás para esta fecha, una tendencia en el que el uniformado de policía (el "secreta" de civil) está actuando cada vez más – en forma equivocada - como militar. Esto es resultado inmediato de un entrenamiento planificado y acordado por las entidades de seguridad tanto de EEUU como Panamá. Incluso, con la participación activa de militares de Colombia gracias a la invitación de EEUU.

La población panameña siempre le ha tenido poca confianza a los estamentos policíacos y militares. Son las fuerzas que los gobiernos de turno – desde los tiempos de la colonia - activan para someter a los sectores subordinados. Más aún, a los sectores que no se someten a la injusticia y manifiestan su descontento. Es el caso de los trabajadores sindicalizados, los estudiantes, los campesinos, los pueblos indígenas y otros. En los últimos cinco años han sido varios los panameños asesinados por la Policía y estamentos militares (SENAFRONT). Decenas que han sido heridos producto de una represión muy desigual. Los estudiantes gritan y tiran piedras. Los campesinos bloquean caminos rurales y los sindicatos sacan pancartas. En cambio, las fuerzas del orden desenfundan sus armas de fuego.

Si la percepción que tiene la población de la conducta de la Policía continúa deteriorándose estaríamos entrando en una fase muy peligrosa. Los políticos que hoy son 'autoridad' mañana abandonarán sus cargos, pero dejarán un gran desorden entre los estamentos que tienen la responsabilidad de proteger a los panameños.

¿Qué pasará mañana cuando la autoridad no avala el uso de armas por parte de los agentes que no respetan el reglamento vigente? ¿Se someterán los uniformados a los dictados de las nuevas autoridades que quieren respetar la ley? ¿Pensarán que la autoridad les está faltando el respeto? ¿Se creerán por encima de la ley? ¿Podrán conspirar y alterar el orden constitucional? Pareciera que la política del actual gobierno y sus ministerios encargados de hacer cumplir la ley nos llevan por un camino muy resbaloso y peligroso. Urge hacer los correctivos inmediatamente, de lo contrario el espiral de violencia institucional cobrará vida propia.



*Marco A. Gandásegui, hijo, profesor de Sociología de la Universidad de Panamá e investigador asociado del Centro de Estudios Latinoamericanos Justo Arosemena (CELA)
www.marcoagandasegui13.blogspot.com


Fracasó encuentro de la ‘Alianza’ y empresarios


18.10.13. OPINIÓN de Marco A. Gandásegui, h.-  Está reunido en Panamá el nuevo híbrido emergido de los laboratorios neoliberales desarticulados por la crisis financiera global de 2008, pero aún sobreviviendo gracias a las políticas de despojo. Se trata del IX Encuentro Empresarial Iberoamericano, promovido por los gobiernos de España y EEUU, que reúne una treintena de empresarios de la región y sus contrapartes peninsulares con varios jefes de Estado latinoamericanos.

La reunión de los empresarios se efectúa casi simultáneamente con la XXIII Cumbre Iberoamericana de gobernantes del nuevo y viejo mundos que se inaugura mañana viernes en la ciudad de Panamá.

Lo que distingue al Encuentro fue el intento de mezclar mandatarios, empresarios y facilitadores como Juan Cebrián y Carlos Montaner. Desde la década de 1990 los ‘think-tank’ norteamericanos proponen que las empresas con más éxito de la región deberían reemplazar a los gobiernos en lo que se refiere a la planificación y ejecución de las políticas públicas. No es casual que la reunión en Panamá sigue esos lineamientos que parecieran estar en la agenda de quienes controlan las altas finanzas internacionales.

Los organizadores del Encuentro pretendieron, en un principio, reunir a los empresarios más poderosos de la región con los presidentes del grupo de países que conforman la ‘Alianza del Pacífico’. Este grupo es impulsado por EEUU para integrar un bloque capaz de subvertir la integración regional y, a la vez, bloquear comercialmente a China. Entre los mandatarios fueron invitados Sebastián Piñera (Chile) y Ollanta Humala (Perú), países dependientes de sus ventas mineras a China. Además, están los presidentes Enrique Peña (México) y Manuel Santos (Colombia). Ninguno de los mandatarios llegará hoy a la mesa redonda anunciada. Sólo apareció el presidente de Paraguay, Horacio Cartes. Danilo Medina, de la República Dominicana, también amenaza con hacer una presentación. Los mandatarios de Costa Rica, Laura Chinchilla, y Ricardo Martinelli (Panamá), quienes aspiran ingresar a corto plazo a la Alianza del Pacífico, no mostraron entusiasmo con el encuentro.

Los mandatarios de los países de la ‘Alianza del Pacífico’se caracterizan por sus posiciones ideológicas conservadoras y, además, por favorecer a la empresa privada mientras que reprimen a los trabajadores. Todos, a la vez, han celebrado tratados de comercio con EEUU que han debilitado a sus respectivas economías. Cada uno de estos países también ha celebrado, entre ellos, acuerdos bilaterales de promoción comercial.

Los últimos en hacerlo fueron Panamá y Colombia que tienen una relación comercial asimétrica. A pesar del acurdo, Panamá no puede convencer a Colombia que abra sus puertas a la producción china que pasa por la Zona Libre de Colón.

Están asistiendo al Encuentro empresarial, los ejecutivos iberoamericanos más poderosos. Se destacan en la lista Antonio Brufau, presidente de Repsol, quien encabeza la ‘Armada’ empresarial española.

De los países miembros de la Alianza del Pacífico, están Carlos Yepes, presidente de Bancolombia, Blanca Treviño, presidente de Softek de México y José Graña Miro-Quezada, empresario de la construcción peruano. De otros países no miembros de la Alianza participan Isabel Novoa, del imperio bananero de Ecuador, Ricardo Poma, presidente del Grupo Poma de El Salvador, Ricardo Silva, vicepresidente del Banco Espíritu Santo de Sao Paulo, Brasil, Lorenzo Mendoza presidente de las Empresas Polar de Venezuela, Alejandro Bulgheroni presidente del Grupo OHL de Argentina y Pedro Heilbron, vice-presidente ejecutivo de la línea aérea COPA.

Lo que tienen la mayoría de estos empresarios en común es que en los últimos 20 años han pasado de millonarios a convertirse en multi-millonarios. Además, se entienden muy bien con los personajes gobernantes de los países de la Alianza del Pacífico y con el mentor de la iniciativa, EEUU.

El acercamiento de los empresarios con los presidentes es una muestra de las buenas relaciones de éstos con aquellos. Las políticas públicas en estos países han permitido elevar las tasas de ganancia de los empresarios sin que exista una correspondencia con el sector productivo. La llamada prosperidad que celebran los empresarios y sus contrapartes en el mundo gubernamental, sólo se puede aplicar a ese uno por ciento de la población que tiene acceso a los capitales especulativos que circulan aún en las economías estancadas.

En España, cerca del 27 por ciento y más del 56 por ciento de los más jóvenes militan en el desempleo. En los países de la Alianza del Pacífico la desigualdad ha aumentado casi en un 50 por ciento. En EEUU las cifras son contundentes. En el caso de Panamá, el gobierno nacional se opuso a que se realizara la encuesta quinquenal del Banco Mundial a principios de año para no revelar la pobreza extrema en que ha caído un sector cada vez más grande de la población.

La pieza faltante en la reunión empresarial es la creciente actividad militar en la región. Precisamente, en los países miembros de la Alianza los gastos militares se han multiplicado en los últimos años. Países como México y Chile han comprado armamento muy sofisticado. Colombia gasta cerca de dos mil millones de dólares al año en armamento. Panamá gastó más de 500 millones en los últimos tres años. El tema lo pueden agregar a la agenda a última hora.

17 de octubre de 2013.

*Marco A. Gandásegui, hijo, profesor de Sociología de la Universidad de Panamá e investigador asociado del Centro de Estudios Latinoamericanos Justo Arosemena (CELA) http://marcoagandasegui11.blogspot.com

PANAMÁ - El gobierno arremete contra la salud pública


11.10.13. OPINIÓN de Marco A. Gandásegui, h.-  Faltando 6 meses para las elecciones generales de mayo de 2014, el presidente Martinelli ha creado un ambiente de zozobra en el país, tanto en lo concerniente a lo social como también en lo político. En la primera semana de octubre provocó una crisis en el sector salud. Al mismo tiempo, arrastra problemas en el sector educativo, estudiantil, indígena y en el transporte.

Los médicos y trabajadores de la salud han decretado un paro de labores en oposición a una ley aprobada a tambor batiente que pretende privatizar los servicios de salud tanto del gobierno nacional como los de la Caja de Seguro Social. A su vez, el presidente pretende abrirle la puerta a la contratación de médicos extranjeros en una operación ligada a la construcción de una ‘Ciudad Hospitalaria’. Esta ciudad es un complejo de edificaciones que tiene un costo de US$500 millones de dólares que pareciera estar desvinculada de las demandas de salud del país.

Al igual que en el sector educativo, el gobierno actual maneja el sector salud como un negocio. Las estadísticas que arrojan resultados de morbilidad y mortalidad, así como en acueductos rurales o nutrición han sido descartadas. En materia de agua potable, enfermedades contagiosas y alimentación el país retrocede.

Sin embargo, el gobierno celebra sus avances en el campo de las finanzas. Con satisfacción señala que las transacciones en salud benefician cada vez más a los inversionistas. Incluso, invitan a los especuladores a Panamá donde encontrarán terreno fértil para hacer ganancias a costilla de las pérdidas del pueblo panameño.

Según los gremios médicos, la semana pasada una empresa española llegó a los centros de salud del interior con órdenes superiores de que debían asumir la dirección de los establecimientos.

“En las provincias de Chiriquí y Coclé los representantes de 2 compañías españolas (Health Lean Logistics) se presentaron ante las autoridades alegando que eran poseedores de la Concesión Administrativa de toda la Red Primaria de Atención”. En 2012, la Comisión Médica Negociadora Nacional (COMENENAL) denunció el pago de 3.1 millones de dólares a una Consultora privada de España.

Los médicos sospechan que hubo corrupción ya que un grupo de médicos panameños se ofrecieron para hacer la asesoría ad honorem. La oferta no fue aceptada por las autoridades de salud.

La empresa española que recibió el beneplácito del gobierno para montar la “Red Primaria” es la misma que en ese país peninsular organizó la atención privatizada en Madrid y otras regiones. Según los gremios médicos la experiencia española ha “sido un estrepitoso fracaso” para la población.

La Health Lean Logistic (HLL) es una empresa de Cataluña que se constituyó el 25 de mayo de 2004 en Barcelona. La empresa se ganó la licitación por parte de la CSS del sistema de aprovisionamiento y manejo de medicamentos así como de productos utilizados por los centros hospitalarios y sanitarios públicos del país.

El importe de la adjudicación asciende a más de 3 millones de euros (equivalente a 4 millones de dólares) y tiene una duración de tres años.

La resolución de Gabinete No 74 de 17 de mayo de 2011, que emite concepto favorable a la externalización de los servicios, está en abierta violación de la ley 51 de 2005 que “prohíbe externalizar servicios: Queda expresamente prohibida la externalizarían de aquellos servicios que la CSS se provee a sí misma y a los asegurados de manera formal, salvo en los casos en que la institución se encuentre temporalmente imposibilitada. En esta última circunstancia, las autoridades de la Caja de Seguro Social estarán obligadas a acelerar los procesos que permitan eliminar lo más rápidamente posible la adquisición externa de dichos servicios”.

El objetivo del presidente Martinelli, según COMENENAL, es privatizar todo el sistema de salud del país. La empresa española Health Lean Logistics pretende dividir el país en tres regiones y crear concesiones administrativas privadas. Actualmente, los servicios de salud del sector público representan varios miles de millones de dólares.

Según los gremios, el propósito de importar personal de salud especializado de otros países extranjeros sería para abaratar la mano de obra, destruir las organizaciones y someter a los trabajadores de la salud a condiciones económicas desfavorables. “La nueva legislación es la herramienta para crear mano de obra barata extranjera que maximice las ganancias de las compañías privadas”. El siguiente paso es rebajar los salarios de los médicos y otros trabajadores de la salud panameños.

Los médicos también denunciaron la contratación directa - por un total de 15 años - de la administración de la futura Ciudad Hospitalaria de la CSS a una empresa privada. La Ciudad Hospitalaria pretende convertir ese centro de salud en el ‘hub’ de la región latinoamericana en esta materia. Sería una sucursal de los centros hospitalarios que existen actualmente en Houston, EEUU. El gobierno pretende que los concesionarios tengan clínicas con capacidad para atender ‘clientes’ extranjeros de toda la región. En medio del complejo se está construyendo un hotel para recibir a los ‘clientes’ (que ya no se llaman pacientes).

Los panameños que serían atendidos en los diversos hospitales y podrían alojarse en el hotel tendrían que pagar precios competitivos a nivel internacional. Es decir, el 90 por ciento de los panameños no tendrían acceso a los servicios de las clínicas y hotel de la Ciudad Hospitalaria.

Los médicos y otros gremios de la salud han planteado que se mantendrán firmes en su oposición contra los planes de privatización del gobierno. En su pliego exigen cuatro condiciones para poner fin al paro:

En primer lugar, un compromiso por escrito y público del gobierno y las autoridades de salud a no seguir privatizando la salud. Además, que no se dé concesión administrativa alguna a la llamada ciudad hospitalaria. Exigen que tampoco se manipulen contratos ‘publico-privados’. A su vez, plantean que todo acuerdo pase por la Mesa del Diálogo que actualmente discute el nuevo Código Sanitario.

En segundo lugar, piden la derogación de la ley aprobada sin consulta con los sectores interesados.

También piden la “restitución de todos los colegas médicos, enfermeras, técnicos y funcionarios administrativos despedidos”. Plantean el “pago de todos los turnos extras adeudados desde hace 4 meses a todos los médicos, enfermeras, técnicos, funcionarios administrativos”.

10 de octubre de 2013.

*Marco A. Gandásegui, hijo, profesor de Sociología de la Universidad de Panamá e investigador asociado del Centro de Estudios Latinoamericanos Justo Arosemena (CELA) http://marcoagandasegui11.blogspot.com

El Pacífico y el V centenario del Mar del Sur


27.09.13. OPINIÓN de Marco A. Gandásegui, h.- España está realizando un congreso internacional denominado El Pacífico, 1513-2013: De la Mar del Sur a la construcción de un nuevo escenario oceánico, producto del trabajo de tres instituciones americanistas de Sevilla. Por un lado, la Universidad de Sevilla. Por el otro, la Escuela de Estudios Hispano-Americanos y, por último, el Archivo General de Indias. El Congreso se enmarca en la fecha en que el conquistador español, Vasco Núñez de Balboa, el 25 de septiembre de 1513, hace 500 años, atravesó el istmo del Darién y avistó el océano Pacífico.

Es una fecha que sin duda deben recordar los españoles por el significado que tuvo en el proceso mediante el cual sus gobernantes construyeron el primer imperio con características verdaderamente globales. Sometieron a todos los pueblos del continente americano en menos de 50 años, extendieron sus rutas comerciales por Asia y dominaron a Europa sobre la base de su riqueza y poderío militar. En los siglos siguientes, otros imperios aparecieron y desplazaron a la vieja España decadente.

La conquista española de América fue una de las experiencias más violentas conocidas en la historia. Quizás sólo comparable a eventos anteriores como las conquistas de Alejandro, César y Gengis Khan. Las aventuras españolas, sin embargo, palidecen al lado de la barbarie desatada por la expansión imperialista de Gran Bretaña en el siglo XIX, EEUU en el siglo XX o Alemania sobre los pueblos eslavos de la parte oriental de Europa durante la Segunda Guerra Mundial.

Muchos pueblos celebran sus conquistas y descansan sobre sus laureles. En esta fiesta académica de España, empero, hay una diferencia. En Sevilla no están recordando a Balboa, ni la conquista genocida de un continente. Al contrario, los españoles han puesto su mirada sobre el océano Pacífico. ¿Qué ofrecerá el Pacífico que tanto interés ha despertado en Sevilla? La respuesta es obvia: el futuro, en esa enorme cuenca oceánica descansa el potencial del siglo XXI.

En Panamá, los gobernantes y muchos otros sectores han hecho exactamente lo contrario. Con motivo de esta fecha que marca el V Centenario de la travesía de Balboa por los bosques del Darién, sus pensadores miran hacia el pasado en busca de algún rastro que pueda legitimar sus políticas de despojo en pleno siglo XXI. En vez de mirar hacia el futuro, en busca de oportunidades para promover el desarrollo del país, se remontan al mito ya decadente de Balboa y sus aventuras en el Darién.

Comencemos por afirmar que Balboa no era panameño, no tenía relación con Panamá y que la historia que lo vincula con el país fue una creación de los pensadores e ideólogos liberales/conservadores de principios del siglo XX. Es decir, 4 siglos después de su paso por estas tierras. El teatro de operaciones de Balboa tenía como base Acla y Santa María la Antigua, territorios que hoy son parte de la República de Colombia. Cuando cruzó el istmo en 1513 todavía no se había fundada la ciudad de Panamá, que le daría el nombre a la República fundada en 1903. La ciudad fue fundada en 1519 por Pedrarias Dávila, quien había enjuiciado y decapitado a Balboa el año anterior.

Cuando se fundó la República en 1903 se buscó un “héroe nacional” y se seleccionó a Balboa por considerar que su figura representaba abnegación y sufrimiento. Una especie de mártir. Menos de dos décadas después, el gran educador Octavio Méndez Pereira escribió una novela con Balboa de personaje principal. La novela, que presenta a un Balboa ‘hollywoodense”, se incorporó a la historia oficial de Panamá.

Por eso el gobierno panameño enfoca su atención en este V Centenario en la proeza – sanguinaria por cierto – de Balboa. Para la clase gobernante – partidos oficialistas y de oposición – no hay pasado y menos hay futuro. Hay un presente que fija su atención en como saquear el país de todas sus riquezas. A diferencia de España, celebramos las ficciones de aquel Balboa ‘bondadoso’ y ‘donjuanesco’ que nunca existió.

El Ministerio de Educación, que desconoce la historia verdadera de Balboa (y del país, en general), ha propuesto una ley para convertir la estatua de Balboa en la ciudad de Panamá en Monumento Histórico Nacional. La estatua que los gobernantes panameños le pidieron al rey de España en 1913 fue inaugurada en 1924. Contrasta la actitud del gobierno actual, que promueve esta legislación, con la destrucción del centro histórico de la ciudad de Panamá que será excluida por la UNESCO de la lista de Patrimonios Históricos de la Humanidad. Igualmente, contrasta con la política de acabar con los parques nacionales en ambas costas del país.

Tenemos que mirar hacia el futuro y definir la estrategia que necesitamos para alcanzar las metas del país. La Universidad de Panamá organizó en agosto del presente año un encuentro sobre El Mar del Sur 500 años después: Una visión interdisciplinaria, para recordar el V Centenario pero olvidándose del océano Pacífico. En aquella oportunidad, señalamos que tenemos que “prepararnos para los próximos 500 años y la conquista del Pacífico, su potencial, enorme energía y la promoción de alianzas de amistad con los pueblos de la gran cuenca”.

26 de septiembre de 2013.

*Marco A. Gandásegui, hijo, profesor de Sociología de la Universidad de Panamá e investigador asociado del Centro de Estudios Latinoamericanos Justo Arosemena (CELA) http://marcoagandasegui11.blogspot.com