El gobierno de José Raúl Mulino impone estado de urgencia, suspende derechos constitucionales y silencia las protestas sociales Integrantes de las Fuerzas Armadas panameñas vigilan una zona el viernes 20 de junio en la ciudad de Changuinola, una de las principales de la provincia de Bocas del Toro (Panamá). Foto EFE Una nueva ola represiva sacude Panamá. El gobierno de José Raúl Mulino ha decretado estado de urgencia en la provincia de Bocas del Toro —fronteriza con Costa Rica— entre el 20 y el 25 de junio, dejando un saldo provisional de 192 detenidos, un muerto y decenas de heridos, según denuncias ciudadanas. La medida, justificada oficialmente por “actos de vandalismo”, llega en respuesta a las protestas contra la Ley 462 (reforma de pensiones) y ha despertado una fuerte condena entre defensores de derechos humanos. LEA TAMBIÉN: Panamá impone silencio digital en Bocas del Toro en medio de múltiples detenciones El decreto presidencial suspende garantías fundamentales: de...