Otra información es posible

Trump, empleo y robots

OPINIÓN de Silvia Ribeiro.- Uno de los principales factores en que se apoyó Donald Trump en campaña –y que ahora usa para justificar absurdas medidas anti-inmigrantes, altos impuestos a las importaciones y otras– fue la promesa de reducir la pérdida de empleos.

Caos climático ¿verdad o consecuencia?

OPINIÓN de Silvia Ribeiro.- El 4 de noviembre 2016 entró en vigor el Acuerdo de París sobre cambio climático. Mirando los datos reales, los festejos por este “logro” parecen un teatro del absurdo. 

Armas transgénicas para extinguir especies

OPINIÓN de Silvia Ribeiro.- Si se pudiera extinguir totalmente especies que una empresa o institución considere dañinas ¿estaría justificado hacerlo? ¿Quién lo decide? ¿Cómo afectará las cadenas alimentarias y los ecosistemas? El arma ya existe y aunque está en prototipo, su desarrollo ocurre a un ritmo vertiginoso, dejando muy atrás cualquier regulación de bioseguridad y consideraciones ecológicas, éticas, sociales o económicas de la gran mayoría.

Argentina. Monsanto en retirada: el abajo que se mueve

OPINIÓN de Silvia Ribeiro.- Desde el 1 de agosto corre la noticia de que Monsanto tuvo que abandonar la construcción de una de las plantas más grandes del mundo de semillas de maíz transgénico que sería instalada en Córdoba, Argentina, en la municipalidad Malvinas Argentinas. Desde ahí, pretendían distribuir a América Latina y más allá. Es un hecho de enorme trascendencia, pero la empresa no lo ha querido admitir públicamente, porque la razón de su salida es la persistente resistencia popular de vecinos, jóvenes y madres, que mantienen bloqueada la planta desde 2013.

¿Comida o basura? La máquina de generar enfermedad

OPINIÓN de Silvia Ribeiro.-  El sistema alimentario industrial, desde las semillas a los supermercados, es una máquina de enfermar a la gente y al planeta. Está vinculado a las principales enfermedades de la gente y de los animales de cría, es el mayor factor singular de cambio climático y uno de los principales causantes de factores de colapso ambiental global, como la contaminación química y la erosión de suelos, agua y biodiversidad, la disrupción de los ciclos del nitrógeno y del fósforo, vitales para la sobrevivencia de todos los seres vivos. 

Premios Nobel al servicio de Monsanto y Syngenta

OPINIÓN de Silvia Ribeiro.- Son pocas las veces que tanta gente prominente del ámbito científico presume su ignorancia en tan corto espacio. Así es la carta pública que un centenar de ganadores del premio Nobel publicaron el 30 de junio defendiendo los transgénicos, particularmente el llamado arroz dorado y atacando a Greenpeace por su posición crítica a estos cultivos. La misiva abunda en adjetivos y apelativos altisonantes, hace afirmaciones falsas y no da argumentos, por lo que parece más una diatriba propagandística de empresas de transgénicos que científicos presentando una posición.

El negocio del zika y los mosquitos transgénicos

OPINIÓN de Silvia Ribeiro.- Los datos en los que se basa la declaración de emergencia internacional por el virus zika son sorprendentes. No por los riesgos que la expansión que este virus implicaría, sino por la falta de evidencias para motivar tan grandilocuente declaración por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) ante una enfermedad leve, con muy escasos indicios de conexión con dolencias más serias y sin pruebas científicas de ello. Para suplir estas ausencias, agrega que cómo el vector de la enfermedad –el mosquito Aedes Aegypti– es también vector de dengue y chikungunya, se está atacando las tres.




Este contexto alarmista, enfocado en aspectos singulares –el “ataque” al vector, aislado de sus causas– favorece enfoques estrechos, erróneos e incluso peligrosos. Por ejemplo, la empresa Oxitec, que ha hecho controvertidos experimentos con mosquitos transgénicos, los promueve ahora como “solución” (en realidad como negocio) ante la expansión de zika, obviamente sin mencionar los riesgos que conlleva y que los mosquitos transgénicos podrían incluso empeorar la situación.

Oxitec ya realizó experimentos de liberación de mosquitos transgénicos en Islas Caymán, Malasia, Panamá y Brasil. Intentó hacerlo en Europa, que no lo permitió por razones de bioseguridad y estudios de impacto deficientes. Encontró regulaciones “flexibles” en Brasil, donde ha hecho experimentos en el Nordeste, aunque no pudo conseguir la autorización de ANVISA, autoridad sanitaria de ese país. Su técnica es producir Aedes Aegypti transgénicos manipulados con un gen letal condicional, que no se expresa si se aplica el antibiótico tetraciclina, lo cual hacen durante la cría. Luego los liberan para cruzarse con mosquitos silvestres, que si no encuentran el antibiótico, producirían descendencia estéril.

Oxitec reporta una reducción de 80-90 por ciento de la población de mosquitos en las zonas de experimento. Pero según documentados informes de Edward Hammond , Red del Tercer Mundo y de GeneWatch, la realidad es muy distinta.

En un informe del 2015, GeneWatch explica que la disminución de mosquitos no está probada, porque los mosquitos silvestres se pueden haber sencillamente trasladado a zonas aledañas. Los resultados de Islas Caymán sugieren que la técnica es muy ineficaz, ya que usaron 2,8 millones de mosquitos por semana para combatir una población silvestre de 20,000 mosquitos y de todas maneras, aunque informaron una baja en la zona de liberación, hubo un aumento de la población de mosquitos en zonas vecinas. Pero además, aunque provisoriamente bajara la cantidad de mosquitos, no existe evidencia, en ninguna parte del mundo, de que los mosquitos transgénicos hayan reducido la incidencia de dengue ni otras enfermedades.

Por el contrario, una de las preocupaciones sobre los impactos de los mosquitos transgénicos, particularmente en zonas endémicas, es que la disminución temporal, pueda bajar la resistencia cruzada a varios serotipos del dengue que existe en esas poblaciones, favoreciendo el avance de formas más agresivas como dengue hemorrágico. Además, el desplazamiento de Aedes Aegypti puede favorecer la expansión de trasmisores rivales, en el caso del dengue, del Aedes albopictus, que es más difícil de erradicar.

GeneWatch nombra también que Oxitec no ha presentado pruebas de que la proteína que expresan los mosquitos transgénicos, llamada tTA, no tenga efectos alergénicos o tóxicos en animales o humanos, pese a que ya se ha observado toxicidad y neurotoxicidad en ratones.

Desde 2015 Oxitec pasó a ser propiedad de Intrexon, empresa de biología sintética estadunidense, por lo que podría estar considerando el uso de tecnologías de biología sintética con mosquitos, más riesgosas, como el uso de conductores genéticos (gene drives) que podrían modificar toda una población de mosquitos en una o dos generaciones. Las consecuencias de modificar toda una especie tendría implicaciones imprevisibles, incluyendo impactos potenciales serios en el ecosistema y mutaciones en los agentes de las enfermedades. Ya existen experimentos confinados de modificación de insectos con esta técnica en universidades de Estados Unidos, lo que motivó un alerta de científicos sobre los altos riesgos de esta tecnología, incluso su potencial uso como arma biológica. (The Independent, 2/8/15) Sin embargo, en aguas de la “emergencia” por el zika, aumentan la propaganda y presiones para usar esta tecnología.

Son remiendos técnicos estrechos, concebidos más como negocio que para enfrentar realmente los problemas. Además de los impactos que conllevan, desvían la consideración de las causas y atrasan su atención real.

Según datos oficiales al 2/2/16, se han confirmado 404 casos de microcefalia en Brasil. Solamente 17 tenían simultáneamente el virus zika. Es apenas 4.2 por ciento de los casos confirmados y sólo muestra que el virus estaba presente, no que fuera causante de microcefalia, anomalía que tiene un amplio espectro de causas posibles, como exposición durante el embarazo a tóxicos, desnutrición y otras infecciones, todos factores de alta incidencia entre la población pobre del Nordeste, donde está el 98 por ciento de los casos referidos.

La Asociación Brasilera de Salud Colectiva (ABRASCO) publicó una excelente Nota Técnica y carta abierta al pueblo, notando que el aumento de microcefalia se puede deber al uso de insecticidas y larvicidas que se colocan en el agua potable (!), cuya concentración aumentó en el Nordeste en el período en cuestión, debido al racionamiento de agua por sequías inesperadamente más intensas que lo normal. Exigen una consideración amplia de las causas de microcefalia, en una estrategia decidida con la gente, desde sus condiciones, que al contrario de esos enfoques técnicos de alto riesgo, es la única forma efectiva de enfrentar las epidemias.



*Silvia Ribeiro es investigadora del Grupo ETC - www.etcgroup.org


Contaminación transgénica con premeditación, alevosía y ventaja

OPINIÓN de Silvia Ribeiro, México.- A más de dos años de la suspensión contra la siembra de maíz transgénico en México, las trasnacionales se desesperan y en el alud de argumentaciones de todo tenor –medias verdades, datos fuera de contexto o falseados, mentiras descaradas­– Monsanto y Syngenta admitieron que con la siembra de maíz transgénico, habrá contaminación del maíz campesino nativo. En su rescate, la secretaría de agricultura (Sagarpa), afirmó cínicamente que la contaminación transgénica será buena para el maíz nativo, aunque admitió al mismo tiempo que la presencia de transgenes persistirá por varias generaciones y que esto “modificará” el entorno.

Son algunas de las afirmaciones que empresas y autoridades entregaron en documentos a los tribunales, contradiciendo sus propios dichos de que los transgénicos pueden coexistir con el maíz nativo y que no afectarán el medio ambiente o la biodiversidad. La Sagarpa admite además que el maíz transgénico no está diseñado para aumentar la producción, y en una opinión enviada por la Secretaría de Salud, ésta afirma que “no es de su competencia” sobre el tema en disputa , mostrando por tanto que ¡no hace evaluación de riesgos a la salud sobre la siembra de maíz transgénico!

Estas respuestas forman parte de las miles de páginas que constituyen actualmente el expediente sobre la demanda colectiva contra la siembra de maíz transgénico presentada por 53 individuos y 20 organizaciones, representadas legalmente por Colectivas AC. La selección de textos que muestran que las empresas y autoridades conocen los riesgos de los transgénicos para el maíz, la biodiversidad y la salud –pero privilegian las ganancias empresariales– se puede consultar en la página de Expediente Maíz, en el documento “Las empresas de transgénicos nos hacen creer una cosa, pero ante la justicia reconocen la realidad”.

En octubre 2013, el 12º. Juzgado de distrito en materia civil en el Distrito Federal, aceptó la consideración de esta demanda colectiva –que aún no se resuelve– y ordenó la suspensión de siembras de maíz transgénico y de consideración de autorizaciones por parte del gobierno. Esta medida precautoria fue para evitar que mientras se discute la demanda, la siembra de maíz transgénico continuara y avanzaran las afectaciones que se demanda prevenir. Desde entonces, las trasnacionales de agronegocios más grandes del planeta se han dedicado a combatir esas resoluciones. Junto a los ministerios de agricultura y medio ambiente –que están usando sus competencias y recursos públicos para defender intereses de las trasnacionales– la demanda y la suspensión han sido atacadas con 100 impugnaciones en 17 tribunales, en el intento de agotar a los demandantes y conseguir jueces afine$ a las empresas. Lo consiguieron parcialmente, pero sus logros momentáneos de cancelar la suspensión y la demanda, fueron revertidos por otros jueces que aceptaron la apelación del colectivo demandante.

Mantener la suspensión es un punto clave, ya que si se cancela esa medida precautoria, aunque continúe el juicio, las empresas rápidamente inundarán los campos con transgénicos para generar una situación de contaminación de hecho, sobre la que argumentarán que como no hay vuelta atrás, es “mejor” rendirse y legalizar la siembra ilimitada.

Este es precisamente el camino que tomaron las trasnacionales en los países que hoy están invadidos de transgénicos, y que años después presentan epidemias de cáncer, abortos, malformaciones neonatales y agrotóxicos en leche materna en zonas de siembra, por el aumento del uso de venenos que conllevan los transgénicos.

En casi todos esos países la contaminación fue intencional, promovida por las empresas directamente o través de agentes en connivencia con éstas, por contrabando de semillas o distribuyéndolas a agricultores que no sabían su contenido. Lo hicieron justamente para forzar la legalización a pesar de los impactos negativos. También en México, pese a ser ilegal, se ha constatado la contaminación transgénica de maíces campesinos nativos, sea por la estrategia de distribuir semillas transgénicas a agricultores que no lo saben, por la mezcla de semillas transgénicas en programas de gobierno o por la distribución de granos mezclados o contaminados a través de tiendas de Diconsa. Los transportes de maíz importado, en su mayoría transgénico, tampoco son segregados ni observan medidas de bioseguridad.

De por sí, la contaminación transgénica desde su origen es intencional y es parte constitutiva del maíz transgénico: las empresas lo sabían desde que manipularon un cultivo de polinización abierta –que necesariamente se cruzaría con otras plantas– y patentaron esos genes, de tal forma que la contaminación se convirtió en un negocio, al llevar a juicio y cobrar a las víctimas de la contaminación.

Por todo esto, en la concurrida pre-audiencia del Tribunal Permanente de los Pueblos sobre Contaminación Transgénica del Maíz Nativo,realizada el 26 y 27 de abril 2013 en Oaxaca, con decenas de testimonios de campesinos, científicos y organizaciones, el panel de dictaminadores concluyó que “Las empresas saben que la contaminación es inevitable una vez que se realice la siembra extensa. Será un crimen con premeditación, alevosía y ventaja, porque busca intencionalmente apropiarse de todas las redes alimentarias.”

La resistencia a los transgénicos no empieza ni termina con medidas legales, sino desde los territorios y comunidades que mantienen las semillas y el control comunitario. Pero además, para no aumentar exponencialmente la carga y los riesgos sobre las y los campesinos y la biodiversidad que mantienen y es base y futuro de la vida de todos, se debe mantener la suspensión y prohibir la siembra de transgénicos.

Silvia Ribeiro
Investigadora del Grupo ETC
www.etcgroup.org

Las metas de la COP 21 y la geoingeniería

OPINIÓN de Silvia Ribeiro.- Uno de los temas más álgidos en la reunión global de la Convención de Naciones Unidas sobre el cambio climático que finalizó el 12 de diciembre en París (COP 21), fue la definición de una nueva meta de calentamiento global que no se podría sobrepasar. Países insulares y otros del tercer mundo, desde hace años plantean que no sobrevivirán un calentamiento global mayor a 1, 5 oC, ya que su territorio desaparecería por el aumento del nivel del mar y otros desastres. Razones más que atendibles, que se suman a que esos países no son los que han causado el cambio climático.

La temperatura global promedio aumentó 0,85oC en el último siglo, la mayor parte en los últimos 40 años, a causa de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de dióxido de carbono (CO2) y otros gases, causadas por el uso de combustibles fósiles (petróleo, gas, carbón), mayoritariamente para la producción de energía, sistema alimentario agro-industrial, urbanización y transportes. Si sigue el curso actual, la temperatura aumentará hasta 6 oC a fin del siglo XXI, con impactos tan catastróficos que no es posible predecirlos.

En el proceso hacia la COP21 y hasta su inicio, el texto borrador de negociación contemplaba fijar una meta de aumento global de 2oC hasta el año 2100, cifra que de todas maneras era combatida por los principales emisores.

Sorpresivamente, países del Norte que son los principales culpables del caos climático, entre ellos Estados Unidos, Canadá y Unión Europea, anunciaron en la primera semana de la COP21 que apoyarían una meta global de máximo 1, 5 o C. Según estimaciones científicas, esto implicaría reducir sus emisiones en más 80 por ciento antes de 2030, a lo cual los gobiernos de los países del Norte se niegan rotundamente. Entonces ¿por qué ahora dicen aceptar una meta de 1, 5 o C?

Como era predecible, sus razones no son limpias y ocultan escenarios que agravarán aún más el caos climático: se trata de legitimar el apoyo y subsidios públicos de tecnologías de geoingeniería y otras de alto riesgo, como nuclear, así como el aumento del mercado de carbono y otras falsas “soluciones”.

Pero cualquiera sea la meta que se fije en el llamado Acuerdo de París, no tendrá costos para los que sigan contaminado. La Convención aceptó desde antes de la COP 21, que los planes de reducción de gases no son vinculantes. Son “contribuciones previstas y determinadas a nivel nacional”, por lo que cada país declara intenciones, no compromisos obligatorios. La suma de las “contribuciones” que ha declarado cada país hasta octubre 2015, resulta ya en un aumento de la temperatura de 3 a 3.5oC al año 2100. Y esto ni siquiera es lo que realmente harán –que puede ser mucho peor– sino lo que declaran. Por tanto, aunque la meta global sea “baja”, los planes reales están a la vista y la catástrofe sigue en marcha.

Sumarse en el discurso a una meta aparentemente baja, no cambia los planes presentados, pero les da a esos gobiernos “razones” para argumentar que deben apoyar técnicas de geoingeniería, como almacenamiento y captura de carbono (CCS por sus siglas en inglés), una técnica que proviene de la industria petrolera y que presentan como capaz de absorber CO2 de la atmósfera y “secuestrarlo” inyectándolo a presión a gran profundidad en fondos geológicos, donde según afirma la industria, quedaría “para siempre”.

La tecnología existía bajo el nombre “recuperación mejorada de petróleo” o en inglés, Enhanced Oil Recovery. Se inventó para empujar las reservas profundas de petróleo, pero no la desarrollaran porque no es viable ni económica ni técnicamente. Rebautizada como CCS (captura y almacenamiento de carbono), la misma tecnología se vende ahora como solución al cambio climático. Así, los gobiernos tendrán que subsidiar las instalaciones (para cumplir las “metas” de la Convención), las empresas podrán extraer y quemar aún más petróleo y encima éstas podrán cobrar créditos de carbono por supuestamente “secuestrar y almacenar” gases de efecto invernadero.

CCS no funciona en realidad, sólo hay tres plantas operativas en el mundo, fuertemente subsidiadas con fondos públicos, unas cuantas planeadas y otras cerradas por escapes de gas o fallas. No obstante, gobiernos e industrias que lo promueven aseguran que podrán “compensar” con estas técnicas que ni están probadas, el aumento de sus emisiones, para llegar a “emisiones netas cero” o como le llaman ahora “neutralidad climática”. No es para reducir emisiones, sino para seguir emitiendo y compensarlas con CCS, de esta forma la suma daría cero. Aseguran además que si a esto agregan el desarrollo de bioenergía a gran escala, con inmensos monocultivos de árboles y otras plantas para producir “bioenergía”, y además entierran el carbono producido (lo llaman BECCS, bioenergía con CCS), resultará en “emisiones negativas” con lo cual podrían incluso vender la diferencia a otros países. Un muy lucrativo negocio para que los que provocaron el cambio climático sigan emitiendo gases, con mayores subsidios de dinero público. David Hone, de Shell, argumenta abiertamente en su blog en la COP21, la necesidad de lograr una meta de 1,5 grados, para apoyar el desarrollo de CCS, BECCS y otras técnicas de geoingeniería. (http://tinyurl.com/nkaqbcv)

Como estas tecnologías no funcionarán para bajar las emisiones, sino que aumentarán el cambio climático, en unos años nos propondrán otras tecnologías de geoingeniería aún más riesgosas, como el manejo de la radiación solar. Desde ya, tenemos que desmantelar su discurso. No se trata de reducir, no se trata de metas bajas, no se trata de enfrentar el cambio climático. No son falsas “soluciones”. Son mentiras.

*Silvia Ribeiro es investigadora del grupo ETC
www.etcgroup.org


Crónica de un desastre climático anunciado

OPINIÓN de Silvia Ribeiro.- El cambio climático existe y es muy grave. Cifras más o menos, todos los análisis convergen: para evitar que el planeta se siga calentando con impactos devastadores urge reducir drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), consecuencia del sistema de producción y consumo con combustibles fósiles como petróleo, gas y carbón. Los rubros que más GEI emiten son extracción y generación de energía, sistema alimentario agro-industrial –incluida deforestación y cambio de uso de suelo–, construcción y transportes.

Sin embargo, las reducciones necesarias y cómo garantizar que los principales responsables (países y empresas) dejen de contaminar el clima de todos y minar el futuro de nuestras hijas e hijos, no está en la agenda del próximo encuentro mundial sobre el clima que se realizará en París el próximo diciembre.

En su lugar, la 21 Conferencia de las Partes (COP21) de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) que se reunirá las dos primeras semanas de diciembre en Francia, prevé condonar un sistema de acciones voluntarias, llamadas contribuciones previstas y determinadas a nivel nacional (CPDN o INDC, por sus siglas en inglés) sin compromisos vinculantes ni real supervisión internacional, legitimando nuevas falsas soluciones y peligrosas tecnologías. De paso terminarán de enterrar el proceso multilateral de negociaciones para enfrentar esta crisis global.

El precedente de este próximo acuerdo-no acuerdo (ya que se trata de legalizar que cada país haga lo que quiera) fue el Protocolo de Kyoto, un acuerdo internacional vinculante que estableció que los principales países emisores, responsables de la mayoría de GEI, redujeran en 5 por ciento sus emisiones por debajo del nivel de 1990. El total de emisiones era entonces 38 giga toneladas equivalentes de dióxido de carbono anuales (equivalentes porque hay otros gases de efecto invernadero). Estados Unidos, principal emisor histórico y segundo actual, nunca firmó el Protocolo de Kyoto y siguió aumentando sus emisiones. Al 2010, las emisiones globales, en lugar de bajar, habían aumentado a 50 giga toneladas anuales. En ese año, China pasó a ser el primer emisor, ahora con 23 por ciento del total, seguido de Estados Unidos con 15.5 por ciento. Una gran parte -estimado un mínimo de 30 por ciento- de las emisiones de China se consumen en otros países.

Pero acumulado, Estados Unidos es responsable de 27 por ciento de emisiones desde 1850. Con 5 por ciento de la población mundial, usa 25 por ciento de la energía global y sus emisiones de GEI per cápita son más de mil 100 toneladas por persona mientras en China son de 85 toneladas por persona. Cabe notar que el desarrollo actual de China sigue el mismo modelo destructivo de producción y consumo industrial, con crecientes brechas de desigualdad interna.

Esta nueva realidad de emisiones de países emergentes afirmó a los principales emisores históricos a exigir que todos debían reducir – aunque ellos no lo habían hecho nunca. Bloquearon una nueva etapa del Protocolo de Kyoto y aprovecharon para minar el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas que había sido un pilar de la CMNUCC.

Para la COP 21, por primera vez cada país debería entregar a la Convención su plan de contribuciones previstas, y como son determinadas a nivel nacional, el secretariado de la Convención se limita a contabilizar lo que significan. A fin de octubre 2015, se habían entregado las contribuciones previstas de 146 países. Según el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, esos planes se traducen en un aumento de 3 a 3.5 grados en el promedio global al 2100, casi el doble del límite oficial acordado de máximo 2 grados y mucho más de 1.5 grados que los estados insulares, la mayoría de países del Sur y organizaciones de la sociedad civil consideran máximo aceptable para no morir bajo las aguas, sufrir violentos huracanes, sequías y hambrunas.

Las medidas propuestas por los grandes emisores históricos son altamente insuficientes, incluso en términos formales. Un análisis de organizaciones ambientalistas, sindicales y sociales, aplicando un criterio de contribuciones justas por país (tomando en cuenta responsabilidad histórica y capacidad de hacer reducciones según nivel económico actual debido a la industrialización que provocó las emisiones) muestra que Estados Unidos, Japón y Europa ni siquiera llegan a 20 por ciento de lo que deberían reducir. Por el contrario, los países más pobres, contribuyen más de lo que nunca causaron y algunos países emergentes (China, India) proponen mucho más que su justa parte per cápita. (Se puede ver el cálculo en civilsocietyreview.org).

Es una perspectiva reveladora, pese a que no toma en cuenta otro aspecto fundamental: cómo se componen esas contribuciones que harían los países. Porque además de insuficientes, la mayor parte de sus contribuciones se basan no en reducir emisiones, sino en compensarlas con mercados de carbono, con técnicas de geoingeniería como captura y almacenamiento de carbono (CCS) con mal llamada bioenergía que devasta ecosistemas y compite con producción de alimentos, y con programas perversos contra comunidades campesinas e indígenas, como la agricultura climáticamente inteligente y REDD+ para bosques.

Además de anunciarnos que aumentarán las emisiones, las medidas propuestas van contra las comunidades y movimientos que tienen alternativas reales, viables y posibles para salir de la crisis. La COP21 se dirige a consolidar un desastre histórico. Pero no será sin denuncia y resistencia desde abajo.



*Silvia Ribeiro, investigadora del grupo ETC

Guerra sucia contra los pueblos del maíz

OPINIÓN de Silvia Ribeiro, México.- El 19 de agosto 2015, el juez Francisco Peñaloza Heras, del Juzgado XII de Distrito en Materia Civil, canceló la medida precautoria que desde hace dos años mantiene suspendida la siembra de maíz transgénico en México en respuesta a una demanda colectiva por los daños que estos granos causan a la biodiversidad y la salud. Sin embargo, la suspensión sigue vigente, ya que su decisión fue inmediatamente apelada por Colectivas AC, representantes legales de la colectividad de 53 ciudadanos y 20 organizaciones que presentaron la demanda en 2013.

La forma en que el juez Peñaloza tomó la decisión, ignorando los argumentos de los demandantes y científicos independientes, pero basándose en los dichos de Monsanto y otras empresas, es otro escalón en la guerra sucia contra el maíz campesino y los pueblos del maíz.

En sincronía con su decisión, las trasnacionales de transgénicos desataron un aluvión de comentarios a la prensa asegurando que estaba liberada la siembra. Como denunció René Sánchez Galindo, abogado de la colectividad demandante, “Monsanto inició una nueva campaña de mentiras, ya que es falso que la siembra de maíz transgénico estuviera liberada”.

Las mentiras de la empresas de transgénicos no se limitan solo a los aspectos legales de la demanda. Dedican mucho tiempo y recursos a falsear datos ­para ocultar lo que realmente pasa con los transgénicos en los países donde su siembra es masiva, como Estados Unidos, país sede de Monsanto.

La realidad, basada en estadísticas oficiales de ese país durante casi dos décadas (no en estudios puntuales financiados por las empresas que toman datos parciales) muestra que los transgénicos son más caros que los híbridos que ya existían, que en promedio su rendimiento es menor y que han provocado un aumento exponencial del uso de agrotóxicos, con efectos devastadores en suelos, agua, y surgimiento de más de 20 “supermalezas” resistentes al glifosato. La industria afirma que el maíz manipulado con la toxina Bt disminuyó el uso de agrotóxicos, pero omite explicar que las plagas se han ido haciendo resistentes al Bt, y que luego de una inicial disminución, el uso de agrotóxicos ha ido aumentado cada año. Por ello, las empresas están abandonando la venta de semillas de maíz Bt, para vender maíces transgénicos con rasgos apilados, o sea junto a Bt, tolerantes a uno o más herbicidas de alta toxicidad, como glifosato, glufosinato, dicamba y hasta 2,4-d, con lo cual el aumento del uso de tóxicos se multiplica vertiginosamente.

Las empresas aseguran también que es posible la “coexistencia” de maíz transgénico con el maíz campesino. Existen múltiples estudios científicos y estadísticas en muchos países que demuestran lo contrario: donde hay cultivos transgénicos, siempre habrá contaminación, sea por el polen llevado por viento e insectos (a distancias mucho mayores de las “previstas” por las leyes) o por el trasiego en transportes, almacenamiento, puntos de venta, donde no hay segregación de transgénicos y otras semillas. Muchos estudios en México, incluidos los de la propia secretaría de medio ambiente (Semarnat), muestran cientos de casos de contaminación transgénica de maíces campesinos, aún cuando su siembra es ilegal. Legalizar la siembra aumentaría brutalmente esa contaminación que amenaza directamente la biodiversidad y el patrimonio genético agrícola más importante de México, legado por los millones de campesinos e indígenas que lo crearon y lo siguen manteniendo.

En Estados Unidos la contaminación transgénica es omnipresente. Monsanto hizo de ello un negocio: demanda a las víctimas de contaminación transgénica por uso de sus genes patentados, lo cual le ha redituado cientos de millones de dólares en juicios o acuerdos fuera de juicio. Recientemente Monsanto declaró que no va demandar a agricultores en México. Sería absurdo creerlo. Por supuesto lo harán, cuando tengan las condiciones para ello. Ya desde 2004, Monsanto publicaba en periódicos de Chiapas avisos que advertían que el que usara "ilegalmente" sus genes patentados en "importación, siembra, guarda, comercialización o exportación" podría sufrir cárcel y multas mayores. Además instigaban a que si usted "conoce alguna situación irregular", se contactara con Monsanto, para evitar ser acusado de "cómplice". Si no siguió adelante fue porque no tenía el marco legal para ello, tema que ahora presionan por corregir.

Las trasnacionales mienten cuando afirman que los transgénicos son inocuos a la salud. De partida, los cultivos transgénicos tienen un nivel hasta 200 veces más alto de residuos de glifosato, herbicida que la OMS declaró cancerígeno en marzo 2015. Y casi cada mes se publican nuevos artículos con evidencia de daños de los transgénicos a la salud o al medioambiente.

Por ejemplo, el 14 de julio 2015, la revista científica arbitrada Agricultural Sciences, publicó una investigación del Dr. Shiva Ayyadurai, que muestra que la soya transgénica acumula formaldehído, sustancia cancerígena, junto a una disminución drástica de glutatión, antioxidante esencial para la desintoxicación celular. El estudio analizó 6497 experimentos de 184 instituciones científicas en 23 países. El estudio pone de manifiesto la invalidez del principio de “equivalencia sustancial” que se aplica para evaluar transgénicos, alegando falsamente que son “equivalentes” a los convencionales. Existe gran desconocimiento de cómo la transgenia afecta la biología del maíz y qué impacto tiene en la biodiversidad y en la salud de la población de México, donde el maíz se consume más que en ningún otro país.

La guerra recrudece, pero también crecen las muchas resistencias, como la “moratoria popular” de no permitir transgénicos en nuestros campos y mesas, y eso, no va a terminar.

*Silvia Ribeiro es investigadora del grupo ETC

Emisiones netas cero: ni netas ni cero

OPINIÓN de Silvia Ribeiro, México.- Mientras avanza el caos climático en el planeta y las previsiones de los científicos son cada vez más oscuras, desde los centros de poder de la “civilización petrolera” se teje una trampa que necesitamos conocer, entender y desarmar. Se llama “emisiones netas cero” y su exponente más reciente es un documento del Banco Mundial, que básicamente nos receta que las empresas pueden aumentar sus emisiones de gases de efecto invernadero si al mismo tiempo les pagamos para que las “secuestren”, con mecanismos de mercado y riesgosas tecnologías.

Es una trampa para confundirnos: no se trata de bajar emisiones, mucho menos de “cero emisiones”, al contrario, al agregarle la palabra “netas”, quieren ocultar que pese a la gravísima situación de calentamiento global, las empresas seguirán aumentando la emisión de gases con sus actividades contaminantes, pero presentarán una contabilidad –no una realidad- que muestre que esas emisiones serán supuestamente absorbidas en otra parte y el resultado dará cero, por lo que no hay de qué preocuparse.

Por el contrario, todo es para preocuparse. Porque además de que aumentarán las emisiones y por tanto el caos climático, las propuestas en sí mismas son un desastre social y ambiental, que además pretenden desviar aún más recursos públicos para las empresas.

Las causas del cambio climático están claramente identificadas (y confirmadas con los datos más recientes del IPCC). Se conoce cuál es el problema y lo que hay que cambiar: la expansión del modelo industrial de producción y consumo basado en combustibles fósiles (petróleo, gas y carbón), mayoritariamente para producción de energía, sistema alimentario agro-industrial y urbanización/transporte.

Esto en el contexto de que 80 por ciento de la población mundial apenas tiene el 5 por ciento de la riqueza global, mientras el 1 por ciento más rico tiene el 50 por ciento de ésta, lo cual es un fuerte indicador de que ese “progreso” industrial, basado en altas emisiones, en la devastación, uso y abuso de recursos planetarios, en realidad sólo beneficia una pequeña minoría, los mismos que se oponen ferozmente a cualquier reducción real de emisiones.

Y no sólo no quieren reducir, además quieren aumentar las emisiones y aumentar sus lucros con el desastre. Para esto diseñaron el concepto de “emisiones netas cero” y desde las más poderosas industrias y centros de poder anexos, se han lanzado a asentarlo, en medios, en el público, en las negociaciones internacionales, en las políticas y programas nacionales.

Un documento que acaba de publicar el Banco Mundial ­–Tres pasos para lograr cero emisiones netas– resume el concepto y ordena el abanico de medidas que los gobiernos deberían tomar. Muchas ya existían, otras son nuevas. Lo realmente nuevo es englobarlas a todas en el concepto de “emisiones netas cero”, que incluso traducen intencionalmente mal del inglés, para crear más confusión y dar la impresión que se trata de “cero emisiones”.

El paquete menciona vagamente elementos que pueden ser útiles, como “un mejor diseño de transporte público”, pero incluye en forma abrumadora el apoyo a falsas soluciones que empeoran la crisis climática: tecnologías nocivas como captura y almacenamiento de carbono, “agricultura climáticamente inteligente”, más mercados de carbono y de “bonos verdes”, pagos por servicios ambientales y programas como REDD, conectados a esos mercados. Obviamente, apoya la demanda de las petroleras para establecer “precios al carbono”, pieza clave ahora que esas empresas ven un excelente negocio en la venta de “secuestro de carbono”.

En un artículo anterior (Cambio climático: armando la trampa), expliqué que la tecnología CCS –captura y almacenamiento de carbono–, es altamente riesgosa e ineficaz para asegurar que el carbono permanezca enterrado, pero muy útil a las petroleras para extraer sus reservas hasta ahora inaccesibles, con subvenciones públicas para las costosas instalaciones y ganancias con los bonos por el supuesto “secuestro” de carbono enterrado, mientras paradójicamente explotan más petróleo y emiten más gases… que luego pueden volver a cobrar por remover de la atmósfera.

La lógica de la llamada “agricultura climáticamente inteligente”, se parece en su circularidad viciosa: pese a ser un factor principal de cambio climático, se propone intensificar la agricultura, con transgénicos “resistentes al clima”, con alto uso de fertilizantes sintéticos –destructores del suelo y emisores de gases como metano y óxido nitroso, respectivamente 25 y 100 veces más nocivos que el CO2 para el cambio climático–, todo lo cual aumentará los mercados y ganancias de las transnacionales de agronegocios. Bajo el mismo paraguas incluyen vender la capacidad de secuestro de carbono de los suelos, como técnica separada de la vida campesina, lo cual, cómo ya ha pasado con los programas REDD, será una forma de quitarle a los campesinos y comunidades el manejo de su territorio.

Paradójicamente, existen soluciones reales y posibles, que benefician a la mayoría del planeta, la más potente son los sistemas agro-alimentarios descentralizados, campesinos y urbanos, agroecológicos y con mercados locales, y muchas otras soluciones reales, igualitarias y desde abajo, incluyendo tecnológicas. Pero lo que se propaga desde el engañoso concepto de “emisiones netas cero” es todo lo contrario: legalizar el aumento de la contaminación y el caos climático por parte de las grandes industrias y que además las víctimas paguemos para que sigan con ello.


Silvia Ribeiro
Investigadora del Grupo ETC

Cambio climático: armando la trampa

OPINIÓN de Silvia Ribeiro, México.- Aumenta el caos climático, con tormentas feroces fuera de tiempo y lugar, inundaciones donde no las había, sequías interminables, olas de frío o calor extremo, todo con impactos terribles para la gente común y peores para los más vulnerables.

Sus causas están claras: la expansión del modelo industrial de producción y consumo basado en combustibles fósiles (petróleo, gas y carbón), principalmente para generación de energía, sistema alimentario agroindustrial y urbanización salvaje. Urge cambiar el modelo y reducir drásticamente la emisión de gases de efecto invernadero, única solución real. Pero con el poder económico de las industrias beneficiadas y los enormes subsidios que reciben de los gobiernos –a quienes retornan el favor apoyando sus campañas políticas– cambiar o reducir realmente no está en la agenda.

En lugar de ello, están armando una trampa global para seguir con sus negocios como siempre, aparentando que hacen algo para enfrentar la crisis. Su apuesta de frontera es la geoingeniería: manipular el clima para tapar el sol y bajar la temperatura, remover los gases de la atmósfera por medios tecnológicos y enterrarlos en fondos geológicos, cambiar la química de los océanos, blanquear las nubes, entre otras.

Como todo en geoingeniería es de alto riesgo, razón por la cual está bajo una moratoria en Naciones Unidas, la maniobra es comenzar por algunas técnicas, para luego legitimar el paquete de las más riesgosas, alegando que ya es tarde para otras medidas. Las que empujan ahora, ante la inminencia de un nuevo acuerdo global sobre el clima que se prevé tomar en París en diciembre 2015, se llaman CCS y BECCS por sus siglas en inglés, en castellano “captura y almacenamiento de carbono” y “bioenergía con captura y almacenamiento de carbono”. Ambas vienen de la industria petrolera, que no las usaba porque no son económicamente viables.

No estamos hablando de cualquier industria, la de energía es la más poderosa del globo. De las doce mayores empresas del planeta, ocho son de petróleo y energía, dos son comerciantes de alimentos y dos fabricantes de automóviles. (Lista de la revista Fortune, 2015). Las principales empresas coinciden con los sectores que según expertos son los principales causantes del cambio climático. Sólo 90 empresas de petróleo, energía y cemento (la mayoría privadas) son responsables de dos tercios de los gases de efecto invernadero emitidos globalmente desde 1850 (R. Heede, 2014)

Actualmente, las industrias de petróleo y energía manejan una infraestructura de 55 billones de dólares en todo el planeta. Tienen reservas aún no explotadas estimadas en 25-28 billones de dólares. Un reciente informe del Fondo Monetario Internacional (FMI, mayo 2015) agregó que los gobiernos subsidian a esas industrias con 5,3 billones de dólares anuales, o como calculó el diario británico The Guardian, 10 millones de dólares por minuto, durante todos los días del año 2015. Un monto mayor que los gastos de salud sumados de todos los gobiernos del mundo.

La suma estimada por el FMI incluye subsidios directos e indirectos, como los enormes gastos de salud y ambiente imputables al uso de combustibles fósiles. El informe fue contestado por fuentes empresariales, alegando que son subsidios al consumo y que otros combustibles también tienen impactos. Pero aun restando lo que le disputan, se trata de cifras exorbitantes para las empresas más contaminantes y ricas del planeta. La reforma privatizadora de la energía en México, contribuye también a subsidiarlas. El FMI no produjo este informe para criticar a las petroleras. Por el contrario, lo que pretende es que en lugar de subsidios, se aumente el precio de los combustibles, de tal forma que las empresas mantengan sus entradas, pero los pobres paguen más dinero.

En cualquier caso, con tales sumas, es obvio que la industria de la energía no va a renunciar a sus inversiones y a seguir explotando las reservas que tiene. Por eso, la geoingeniería es para ellas una solución “perfecta”: no tienen que cambiar nada, pueden seguir calentando el planeta y encima cobrar por enfriarlo, vendiendo más tecnología.

Lo que ahora se llama captura y almacenamiento de carbono (CCS) le llamaban antes Enhanced Oil Recovery (recuperación mejorada de petróleo). Se trata de inyectar dióxido de carbono (CO2) a presión en pozos de petróleo ya explotados, para empujar las reservas más profundas hacia la superficie. La tecnología existe, pero no se ha desarrollado porque la instalación es muy cara y lo extraído no compensa la inversión.

Ahora, con el mágico cambio de nombre de EOR a CCS, la industria afirma que al dejar el CO2 en los pozos de petróleo y otros fondos geológicos, está retirando el carbono de la atmósfera y por tanto es una medida contra el cambio climático, que cómo tal debe ser apoyada y recibir créditos de carbono. Sostienen que de esta manera podrán contrarrestar las emisiones de carbono no sólo de su propia industria, sino también de otras actividades contaminantes y el resultado dará lo que llaman “emisiones netas cero”. Con BECCS (bioenergía con CCS) van más allá y le llaman “emisiones negativas”, porque plantan al mismo tiempo que instalan captura de carbono, extensos monocultivos de árboles u otras plantas, que también absorben carbono y por tanto, según ellos, la suma daría negativa.

No hay absolutamente ninguna prueba de que todo esto funcione, pero sí se sabe que los riesgos ambientales, sociales y de salud para intentar instalar estas tecnologías son altos: no hay certeza de que el CO2 permanezca en el fondo, si hay escapes, serán tóxicos para plantas, animales y humanos, aún en pequeñas cantidades contaminará mares y según el área, también puede contaminar acuíferos. Adicionalmente, la llamada “bioenergía”, si se trata de grandes plantaciones son una pesadilla: ya existen movimientos de protesta contra ellas en todos los continentes, compiten con la producción alimentaria, por tierra y agua, desplazan comunidades, devastan ecosistemas.

Si realmente se implantaran masivamente instalaciones de captura y almacenamiento de carbono, o CCS, también desatará un una nueva competencia por acaparamiento de tierras, ahora subterránea, ya que no todos los terrenos son aptos para almacenar carbono y los que sí se consideren, serán objeto de acaparamiento por esta poderosa industria. Es muy preocupante que empresas y gobiernos promotores de CCS ya han elaborado lo que llaman “Atlas de almacenamiento geológico de CO2”, -mapeando los lugares donde teóricamente se podría almacenar carbono, conlo que ya están facilitando ese acaparamiento. Se han elaborado estos Atlas para Norteamérica, Europa y México, éste último financiado por el gobierno, a través de la Secretaría de Energía.

Shell ya está diciendo públicamente que se debe pagar a las petroleras para que ellas salven al planeta del cambio climático con CCS y BECCS. Sería el colmo de la perversión: pagar a los culpables del caos climático, para que extraigan más petróleo y encima nos cobren por seguir contaminando.


Silvia Ribeiro
Investigadora del grupo ETC
www.etcgroup.org

Contra la espiral tóxica

OPINIÓN de Silvia Ribeiro, México.- Crece en el mundo la demanda de prohibición del glifosato, el herbicida inventado por Monsanto, el agrotóxico más usado del planeta, especialmente para maíz, soya y algodón transgénicos. Se comercializa como RoundUp, Faena, Rival y otras marcas, según país y empresa. Sus impactos potenciales se revelan cada vez más graves, incluyendo cáncer y malformaciones neonatales, autismo y aumento de enfermedad celíaca.

Las comunidades afectadas, especialmente en Argentina y Paraguay lo decían desde hace años: el glifosato nos envenena a todos y mata nuestros niños, las mujeres tienen abortos espontáneos, muchos niños nacen deformes y otros mueren por caminar cada día para ir a la escuela o a buscar agua, al lado de un campo de soya transgénica fumigado con glifosato. Hasta en barrios urbanos, como Ituzaingó, Córdoba, las madres denunciaron que sus hijos mueren por las fumigaciones en transgénicos. Científicos responsables, como Andrés Carrasco, y médicos comprometidos con los pueblos fumigados en Argentina, confirmaron los datos y agregaron que el porcentaje de cáncer en esos poblados aumentó notablemente, en algunos lugares más de 400 por ciento con respecto a la media nacional.

Finalmente, en marzo 2015, un grupo de expertos de la Organización Mundial de la Salud, provenientes de once países, declaró que el glifosato es cancerígeno en animales de laboratorio y se lo asocia al surgimiento de cáncer en humanos.

El 7 de abril, día mundial de la salud, basándose en ese informe y datos de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados, la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de Argentina, que representa a 30,000 médicos y profesionales de la salud, demandó al Ministerio de Salud que se prohibiera el uso de este agrotóxico. Afirman que El glifosato no sólo produce cáncer. También está asociado al aumento de abortos espontáneos, malformaciones genéticas, enfermedades de la piel, respiratorias y neurológicas.

La doctora Stephanie Seneff, investigadora del Instituto Tecnológico de Massachusetts, (MIT), agregó a esa lista el autismo y enfermedad celíaca (intolerancia al gluten). Seneff investiga desde hace años los impactos del glifosato y explica que por la ruta de acción de este herbicida, hay altas probabilidades de que sea uno de los causantes de estas enfermedades y otras disrupciones metabólicas.

Obviamente, Monsanto y otros fabricantes de agrotóxicos se dedican a denostar estos estudios y evidencias, pero el informe de la OMS se mantiene firme, y mucho más quiénes están directamente afectados en sus familias y pueblos. Las demandas de prohibir el glifosato avanzan en Europa, América Latina y Asia. Colombia prohibió el uso de glifosato para fumigación en combate a drogas. Es una medida insuficiente, pero una muy buena noticia para las comunidades fronterizas de Ecuador y Colombia que desde hace años denuncian que son gravemente contaminadas con este tóxico, como efecto secundario del supuesto combate a drogas.

El glifosato se usaba en muchos cultivos, pero su uso y concentración aumentó exponencialmente con los cultivos transgénicos resistente a este herbicida, ya que permiten aplicar cantidades mucho mayores de una sola vez, en lugar de un poco varias veces para no matar el propio cultivo. Este uso intensivo ha generado más de 20 plantas invasoras resistentes al glifosato en varios países, por lo que ahora la tendencia es aplicarlo en paquete con otros químicos aún más venenosos. Es una espiral tóxica que perjudica a todos y todo, sólo para lucro de unas pocas multinacionales.

En México, la Red en Defensa del Maíz, en su asamblea nacional en abril, con presencia de delegados de comunidades y organizaciones de 26 estados, tomó este tema con gran preocupación y decidió sumarse al trabajo para lograr su prohibición, así como la de los transgénicos. Si se aprobara la siembra comercial de maíz transgénico en México, además de la contaminación transgénica de las semillas, el glifosato y otros tóxicos invadirán suelos y agua; las tortillas y otros productos derivados podrían ser no sólo transgénicos, sino también cancerígenos, como señalaron E. Álvarez-Buylla y E. González, de la Unión de científicos comprometidos con la sociedad, UCCS. (La Jornada, México, 17/4/2015).

La Red analizó esto como una pieza más de los ataques a las comunidades y sus territorios, así como los programas de gobierno para que cambien sus semillas por híbridos –y luego transgénicos–, para hacerlos adictos a fertilizantes sintéticos y agrotóxicos de las empresas, una trampa en la que muchos han caído. Se suma a la brutal amenaza de despojo que significan las leyes secundarias de la reforma energética, que dan prioridad y ventajas a la explotación energética sobre sus derechos a la tierra. (Ver documento de Ceccam y Grain, Reformas energéticas, despojo y defensa de la tierra, 2015)

Los delegados de la Península de Yucatán, denunciaron que además de los daños a la apicultura por el uso intensivo de agrotóxicos en soya y maíz –legales e ilegales, incluso transgénicos– sufren una invasión de siembras de stevia, haciendo que más campesinos, empujados por la necesidad, abandonen sus cultivos tradicionales para obtener efectivo. Cuando ya no interesen a la industria, terminarán como marginados urbanos o trabajadores agrícolas semi-esclavos, como lo denuncian y resisten los jornaleros de San Quintín.

Exigir la prohibición del glifosato puede parecer limitado, pero es importante por ser un detonador y por nuestra salud. Rompe otro eslabón de las cadenas que quieren terminar la vida campesina y dejarnos sin opción más que comer sus venenos.


Silvia Ribeiro es investigadora del Grupo ETC

De mosquitos a bebés transgénicos, ¿qué CRISPR sabes?

OPINIÓN de Silvia Ribeiro, México.- Si no sabe lo que es CRISPR, no se preocupe, 99.9 por ciento de la humanidad tampoco. Mejor dicho, preocúpese: es una nueva tecnología de biología sintética de alto poder que está siendo usada para modificar genéticamente desde plantas y mosquitos a cerdos y primates, incluidos embriones humanos, lo cual podría cambiar en forma permanente las características genéticas de nuestra especie.

El 18 de abril 2015, un grupo de científicos chinos, de la Universidad Sun Yat-sen en Guangzhou, China, reportó haber modificado genéticamente embriones humanos con esa técnica, en la revista científica Protein & Cell (Lianget al). Semanas antes, las revistas científicas Nature y Science habían publicado los llamados de varios científicos de alto nivel –incluido dos premios Nobel– a establecer una moratoria sobre la ingeniería genética en embriones humanos, en particular sobre la modificación de líneas germinales. Ese tipo de intervención cambia la información genética no sólo del individuo al que se aplica, sino de toda su descendencia, o sea, de la especie.

Los científicos que trabajan en ello alegan que la modificación genética de línea germinal se necesita por razones médicas (en el caso del equipo en China, para eliminar un gen responsable de la talasemia, un tipo de anemia hereditaria). Pero si la tecnología demuestra ser viable, se abrirá la caja de Pandora de producir bebés de diseño, por preferencias estéticas, para ser supuestamente más inteligentes, u otras razones mucho más allá que la salud. En el contexto de las industrias biotecnológicas y farmacéuticas, esto será el principal negocio.

El trasfondo tecnológico de la polémica es la aplicación de una nueva técnica de biología sintética, anunciada en 2012, llamada CRISPR/Cas9 (clustered regularly interspaced short palindromic repeat (CRISPR)-associated system), o repetidos palindrómicos cortos aglomerados regularmente e inter-espaciados, que ha mostrado un nivel mucho más alto de precisión para modificar genéticamente organismos vivos, microorganismos, plantas y animales, ya que permite cortar y silenciar, eliminar o remplazar secuencias genéticas, con mucha más exactitud que las tecnologías usadas anteriormente.

Permite además cambiar las funciones genómicas, sin necesariamente introducir nuevo material genético permanente en el ADN, por lo que junto a otras técnicas recientes de biología sintética, como TALEN (Transcription activator-like effector nuclease) y ZFN (zinc finger nuclease), se las agrupa en lo que llaman ahora edición del genoma. Pese a ser tecnologías incipientes, el entusiasmo científico y económico de la edición genómica en animales, plantas y humanos es enorme y generalmente acrítico, exceptuando el uso en embriones humanos.

Para la industria biotecnológica, la edición genómica no sólo es más rápida y eficaz, es también una forma de evitar regulaciones, alegando que no se introduce nuevo material genético. Esperan convencer al público de que no son transgénicos para que sus productos no encuentren tanta resistencia social.

Que sea posible editar genomas con estas y otras tecnologías no supera los muchos vacíos e incertidumbres que persisten sobre las funciones de los genes, las interacciones con el resto del genoma y con muchos otros componentes epigenéticos e incluso ambientales y ecosistémicos, ni tampoco las incertidumbres sobre los potenciales efectos secundarios adversos, en muchos casos imprevisibles.

Varios estudios sobre usos de CRISPR/Cas9 –y ahora el del equipo chino sobre embriones humanos– han mostrado que aunque el corte es preciso y el remplazo con otra secuencia puede ser eficaz, el proceso no acaba allí, ya que el uso de esta tecnología provoca también otros efectos, como la mutación de secuencias que no eran el objetivo. Al actuar como una reacción mutagénica en cadena, puede atacar los genes causantes de ciertas enfermedades hereditarias, pero al mismo tiempo silenciar o eliminar defensas naturales del genoma ante otras dolencias.

En el caso de la modificación de insectos con CRISPR/Cas9 para combatir la malaria, una de las preocupaciones manifestadas por científicos de la Universidad de California en San Diego es que la tecnología demostró tener una eficacia tan alta en propagarse (97 por ciento contra una tercera parte de otras técnicas) que, de aplicarse, en pocas generaciones ya se habría modificado genéticamente toda una población de mosquitos en un área, sin tener claro los efectos secundarios no deseados de esta transformación, ni en los mosquitos, ni en el ambiente o incluso los cambios en otros agentes de la propia enfermedad que trasmiten.

Este tipo de riesgos no son aceptables en ningún caso, pero más claramente en el caso de liberaciones al ambiente –como plantas, mosquitos, etcétera– y por supuesto, en la modificación de líneas germinales humanas, que llevarán a cambios en el genoma humano que afectan a toda la especie, con efectos dinámicos y sinérgicos impredecibles para nuestros hijos.

Según el Dr. David King, de la organización Human Genetics Alert del Reino Unido, que trabaja hace años en este tema, el llamado a una moratoria y directrices voluntarias sobre la modificación genética humana que están haciendo ahora algunos científicos es totalmente insuficiente, ya que hay más de 40 países que ya la prohíben. La medida urgente ahora, ante estas nuevas tecnologías, es establecer una prohibición internacional y permanente contra la modificación genética de líneas germinales humanas.

Además, necesitamos una moratoria real, no voluntaria de los que desarrollan las tecnologías, para abrir un debate social amplio e informado, mucho más que científico, sobre estas nuevas tecnologías y sus implicaciones sociales, ambientales, económicas, de salud y bioseguridad.


*Silvia Ribeiro es Investigadora del Grupo ETC

Transgénicos, glifosato y cáncer

OPINIÓN de Silvia Ribeiro.- La Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó que el glifosato, el agrotóxico más difundido en el mundo, que se usa con 85 por ciento de los cultivos transgénicos, es causa probable de cáncer. Comunidades y familias afectadas en Argentina, Paraguay y otros países venían denunciando esta relación desde hace años, por sufrirla directamente. Ahora Naciones Unidas la confirmó.

Es otro legado tóxico de Monsanto a la humanidad: la empresa desarrolló y patentó este herbicida de amplio espectro en 1974 y aunque su patente expiró en el 2000, sigue siendo un importante rubro de sus ventas y está asociado a la mayoría de sus transgénicos. Por ello, Monsanto presiona ahora para que la OMS cambie este parecer, alegando, como ha hecho por décadas, que el glifosato no causa cáncer.

Pero el grupo de expertos de la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer de la OMS (IARC por su sigla en inglés), que realizó la evaluación, se mantiene en sus conclusiones, explicando que sus documentos de base son muchos, sólidos y sobre todo independientes, a diferencia de los presentados por la empresa.

Un grupo de 17 expertos de 11 países trabajó en la evaluación del potencial carcinogénico de 5 plaguicidas organofosforados: tetraclorvinfos, paratión, malatión, diazinón, y glifosato. El 20 de marzo publicaron los resultados en la revista científica The Lancet. Todos los plaguicidas evaluados mostraron relación con problemas graves a la salud, pero el caso del glifosato desató una alarma global porque es el agrotóxico con mayor volumen de producción y uso en el mundo, y porque instituciones de salud y empresas aseguran que es de baja peligrosidad.

En contraste, el grupo de expertos dictaminó que existen "pruebas suficientes de que el glifosato puede causar cáncer en animales de laboratorio y hay pruebas limitadas de carcinogenicidad en humanos (linfoma no Hodgkin)". Para esto último, se basaron en estudios de exposición a glifosato de agricultores en Estados Unidos, Canadá y Suecia. Si hicieran estos mismos estudios en el Cono Sur de América Latina, en Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay, Uruguay, el área que la transnacional Syngenta llamó cínicamente "la República Unida de la Soja", donde se planta el mayor volumen de soya transgénica resistente a glifosato del planeta, los resultados serían aún más graves, ya que la fumigación aérea y la falta de control está mucho más extendida.

El grupo de OMS encontró además "suficientes evidencias de daños al ADN y daños cromosómicos en células humanas in vitro", o sea, en pruebas de laboratorio. Son síntomas relacionados al desarrollo de cáncer.

Señalan que el glifosato es usado en agricultura, silvicultura, áreas urbanas y hogares. Agregan que su uso aumentó exponencialmente con la siembra de cultivos modificados genéticamente para ser resistentes a este herbicida y que se han encontrado residuos de glifosato en aire, agua y alimentos.

En 2013, un estudio de Amigos de la Tierra encontró residuos de glifosato en la orina del 45 por ciento de los ciudadanos muestreados en 18 ciudades europeas, y otro en Alemania, niveles de 5 a 20 por ciento más altos en orina que los niveles permitidos en agua potable. El movimiento Moms Across America de EU, encontró en 2014 presencia de glifosato en leche materna, en porcentajes hasta mil 600 por ciento superiores a lo permitido por la directiva europea.

En Brasil, principal usuario de agrotóxicos del mundo, estudios del investigador Wanderlei Pignati, mostraron desde 2011, grave presencia de glifosato en leche materna en el estado de Mato Grosso, así como altos porcentajes de residuos de glifosato y otros agrotóxicos en el agua que beben en escuelas y en 88 por ciento de las muestras de sangre y orina tomadas a maestros del municipio Lucas de Rio Verde de ese estado. Hay resultados en el mismo sentido en Argentina. Allí, los movimientos de madres y médicos de pueblos fumigados de Córdoba, Santa Fe y otras provincias afectadas por la siembra de transgénicos, denuncian desde hace años lo que consideran un genocidio silencioso. En esos lugares, los casos de cáncer y malformaciones congénitas, superan con mucho la media nacional. En el Chaco, hasta 400 por ciento.

Darío Aranda, periodista argentino que ha documentado estas luchas, nos recordó ahora el trabajo de Andrés Carrasco, que en 2009, siendo jefe del Laboratorio de Embriología Molecular de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires e investigador principal del Conicet, demostró con experimentos en anfibios, que el glifosato tiene efectos teratogénicos, es decir, produce malformaciones en fetos y neonatos. Debió por ello enfrentar una dura campaña de desprestigio a manos de los sectores pro-transgénicos oficiales y empresariales. "Los transgénicos y los agrotóxicos en Argentina son un experimento masivo a cielo abierto", solía advertir. Carrasco, fallecido en 2014, afirmaba que la mayor prueba de los efectos de los agrotóxicos no había que buscarlas en los laboratorios, sino ir a las comunidades fumigadas. Qué el había mostrado en laboratorio solamente lo que la gente ya sabía, por la enfermedad y muerte de sus familiares. (D. Aranda, 22/3/15, lavaca.org)

Aunque el glifosato existía antes que los transgénicos, éstos aumentaron brutalmente su uso y riesgos. Ahora que causaron decenas de malezas resistentes al glifosato, las transnacionales presionan para liberar transgénicos con tóxicos aún peores. Urge terminar con el mito de la agricultura química, transgénica e industrial: alimentan a una minoría, contaminan todo y a todos, ganan solo un puñado de transnacionales. Es un experimento masivo a nivel global y sus efectos quedan cada vez más expuestos.


*Silvia Ribeiro
Investigadora del Grupo ETC
www.etcgroup.org

Árboles transgénicos y resistencia campesina

OPINIÓN de Silvia Ribeiro.- El 5 de marzo de 2015, mujeres del Movimiento de Trabajadores Sin Tierra (MST) y Vía Campesina Brasil protagonizaron la primera liberación comercial de árboles transgénicos en América Latina. Cerca de mil mujeres ocuparon una planta de FuturaGene en Itapetininga, estado de São Paulo, arrancando plántulas de eucaliptos transgénicos de esa empresa, propiedad de la transnacional brasilera Suzano Papel e Celulosa, una de las diez mayores productoras globales de celulosa.

Ese mismo día, 300 mujeres de los movimientos ocuparon las instalaciones de la CNTBio (Comisión Nacional Técnica de Bioseguridad, Brasil), interrumpiendo la reunión que pretendía aprobar la primera plantación comercial de eucaliptos transgénicos, consiguiendo con ambas acciones parar la decisión. El día anterior, se había realizado una jornada internacional de acciones de protesta en Brasil, Estados Unidos y otros países (Ver más datos en Campaña para detener los árboles transgénicos, stopgetrees.org )

La valiente acción de las mujeres del MST y Vía Campesina tiene repercusiones que van más allá de las fronteras de su país, y forman parte de una creciente resistencia mundial contra este nuevo asalto transgénico a la biodiversidad, la alimentación y los territorios campesinos e indígenas.

Como reporta el Movimiento Mundial por los Bosques (wrm.org.uy) hay cientos de parcelas experimentales de árboles transgénicos, pero la gran mayoría está en Estados Unidos, China, Brasil y Canadá. Solamente China ha aprobado la liberación comercial de árboles transgénicos maderables y esta es la primera vez que se plantea su liberación comercial a gran escala en América Latina. Varios países del continente tienen investigación y alguna experimentación en esta área, incluyendo a Argentina, Chile, Costa Rica, Uruguay y México. Según un informe de la Coalición Mundial por los Bosques (globalforestcoalition.org), desde 2007 hay empresas experimentando en campo con eucaliptos y pinos transgénicos en el estado de Guerrero, México, lo cual sería muy grave ambiental y socialmente, pero además ilegal, ya que no existe ninguna solicitud a este respecto en los registros de la Comisión de bioseguridad y organismos genéticamente modificados (Cibiogem) de México, que regula los experimentos en campo.

El MST advirtió que los eucaliptos transgénicos tendrán fuertes impactos negativos sobre los campesinos, la biodiversidad, el agua y la tierra. Al igual que los transgénicos agrícolas, no son para satisfacer ninguna necesidad de la gente, sino que están diseñados solamente para aumentar las ganancias de las empresas.

Los enormes monocultivos de eucaliptos que ya existen en Brasil, han desplazado miles de familias indígenas y campesinas. Esas plantaciones no permiten quenada subsista dentro o alrededor, debido al uso intensivo de agrotóxicos y a la enorme cantidad de agua que absorben para crecer. Las plantaciones de eucaliptos son cortadas para procesar en 6-7 años. Luego vuelven a crecer una o dos veces más, pero en 20 años, solo queda un enorme desierto de tocones estériles, el suelo completamente agotado, envenenado y sin nutrientes y las fuentes de agua de los alrededores desecadas. En varios países, no sólo han desplazado a los campesinos de su tierra, también los vecinos han debido marcharse debido al agotamiento de las fuentes de agua. Dentro de esas plantaciones de eucaliptos no crecen otras especies vegetales ni animales, por lo que los movimientos bien los han llamando “desiertos verdes” .

Los eucaliptos transgénicos de FuturaGene fueron manipulados para crecer en solo 4-5 años, por lo que requieren aún más agrotóxicos y mucha más agua, aumentando dramáticamente la crisis hídrica en las regiones que se plante, donde en muchos lugares, ya es grave. Además, señala el MST, son una amenaza a los apicultores, mayoría campesinos, ya que si su miel se contamina de polen transgénico, no sólo deteriora el consumo, además no podrán exportarla.

La contaminación con el polen de cultivos agrícolas transgénicos ya es un problema serio, pero con los árboles transgénicos, por estar emitiendo polen por décadas, a distancias mucho mayores, la situación se vuelve dramática. Las interacciones de ese polen con especies silvestres o cultivadas, así como sobre la biodiversidad, son imprevisibles por el tiempo y distancia que cubren. Paradójicamente, en lugar de que esto lleve a lo sensato, que sería prohibir los árboles transgénicos por sus consecuencias, éste es precisamente el argumento que usan en Brasil las empresas para presionar por la legalización de otra peligrosa tecnología transgénica: Terminator. Esta es otra tecnología transgénica para hacer plantas suicidas, con semillas que se vuelven estériles al contacto con ciertos químicos. Aunque dicen que es para "controlar" la contaminación con polen de los árboles, lo cierto es que si se permitiera su uso en esta especie, sería una violación de la moratoria internacional contra la tecnología, y abriría la puerta para aplicarla en muchos otros cultivos. Para peor, la actual ministra de agricultura de Brasil, Kátia Abreu, defensora de latifundistas y empresas de agronegocios, fue quien presentó (cuando era diputada) la primer propuesta de ley para legalizar la tecnología Terminator en Brasil, donde actualmente está prohibida en la ley de bioseguridad, siguiendo las recomendaciones de la moratoria internacional del Convenio de Diversidad Biológica de ONU; contra su aplicación.

La acción de las compañeras del MST frenó la decisión de la CNTBio en esta oportunidad, pero la amenaza de los árboles transgénicos sigue pendiente y al igual que ha sucedido con otros transgénicos en Brasil, su aprobación afectará en efecto dominó a muchos otros países.

A pocos días de esta importante acción, comenzó además a circular en redes sociales de Brasil una amenaza de muerte contra João Pedro Stédile, unos de los fundadores y líderes del MST, ofreciendo dinero a quien lo capture “vivo o muerto”, por ser “enemigo de la patria”. La amenaza, al parecer iniciada en la página de un policía de Río Janeiro, fue repudiada por movimientos y organizaciones de todo el mundo, con la exigencia a las autoridades de que se investigue y castigue a los responsables.

En todas partes del mundo, las empresas, medios y autoridades que las encubren, pretenden avanzar impunemente, destrozando la biodiversidad, territorios y medios de sustento de campesinos e indígenas. Por ello es fundamental denunciarlo y mostrar toda nuestra solidaridad contra la criminalización de las resistencias. Sus luchas nos fortalecen a todos.


Silvia Ribeiro
Investigadora del Grupo ETC

La CIA y la manipulación del clima

OPINIÓN de Silvia Ribeiro.- En febrero de 2015, la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos junto a otras instituciones publicaron dos informes sobre geoingeniería (propuestas tecnológicas para manipular el clima) que fueron financiados, entre otros, por la CIA estadunidense. Escribí sobre estos informes recientemente (Manipulación climática a la carta)

La CIA y otros sectores del aparato de inteligencia estadunidense han calificado el cambio climático y el control del clima como factores geopolíticos estratégicos y de seguridad nacional. En 2009, la CIA abrió incluso su propio Centro de Cambio Climático y Seguridad Nacional, pero el Congreso le ordenó cerrarlo en 2012. Esta es quizá una de las razones por las que decidió patrocinar este proyecto de la Academia de Ciencias desde 2013. Muchas de las tecnologías propuestas como geoingeniería tienen alto potencial de utilización hostil.

Al respecto, Alan Robock, climatólogo de la Universidad de Rutgers, Estados Unidos, que investiga el tema de la geoingeniería, expresó preocupación sobre la participación de la CIA en estos informes. (The Guardian 17/2/2015)

El 19 de enero de 2011, Robock recibió una llamada de los consultores de la CIA Roger Lueken y Michael Canes, que le preguntaron, entre otras cosas, si otros países estuvieran tratando de controlar nuestro clima, ¿sería posible detectarlo? Robock contestó que si se intentara hacer una nube volcánica artificial en la estratosfera –una de las propuestas sobre las que más se insiste– que fuera lo suficientemente grande, gruesa y duradera como para afectar el clima, seguramente se vería con instrumental desde tierra. Otros tipos de geoingeniería, como blanqueamiento de nubes o naves que arrojen partículas en la atmósfera se podrían detectar probablemente desde satélites y sistemas de radar existentes. Pero la pregunta que le quedó pendiente a Robock es si en realidad esas preguntas, más que por la seguridad nacional de Estados Unidos, estaban dirigidas a saber si otros países podrían advertir si la CIA manipulara el clima.

La manipulación del clima como arma de guerra ha estado en la agenda de las fuerzas militares de Estados Unidos –y otras grandes potencias– por décadas. Por ejemplo, la Operación Popeye, usada durante la guerra de Vietnam y ahora desclasificada, hizo llover por mucho tiempo para inundar los caminos y arruinar los cultivos de arroz de los vietnamitas en resistencia. Desde esos años se conocen también varios proyectos del gobierno de Estados Unidos para controlar huracanes, que a diferencia de la Operación Popeye, no han sido referidos por ellos como uso bélico, pero igualmente tienen ese potencial. En 1996, la Fuerza Área de Estados Unidos publicó un informe más amplio sobre manipulación climática, titulado sugestivamente El tiempo atmosférico como multiplicador de la fuerza: poseyendo el clima en 2025.

Robock señala que en el último Examen cuadrienal de defensa, publicado por el Departamento de Defensa de Estados Unidos en 2014, se reafirma que el cambio climático es una amenaza importante para Estados Unidos y el resto del mundo. El documento afirma: “Las presiones causadas por el cambio climático influenciarán la competencia por recursos, al tiempo que colocan cargas adicionales sobre las economías, las sociedades y las instituciones de gobierno en el mundo. Estos efectos son multiplicadores de amenazas que agravan los factores de presión en otros países, como la pobreza, la degradación ambiental, la inestabilidad política y las tensiones sociales –condiciones que pueden llevar a actividades terroristas y otras formas de violencia”.

No es sorprendente, aunque sí muy amenazante, que un gobierno que se dedica a promover la guerra por todo el mundo, alimentado y alimentando al mayor complejo militar-industrial del globo, se proponga usar también el clima para sus fines.

Lo que quizá está un poco fuera del radar público es que a través de informes científicos como estos están intentando vender al mundo que es necesaria la geoingeniería, aduciendo que es para enfrentar al cambio climático. Un cambio que por cierto, es en alto grado provocado por ellos mismos.

La propuesta de estos informes (más investigación y posible experimentación en geoingeniería) no sólo desvía recursos y atención de la necesidad urgente de frenar los gases de efecto invernadero y por tanto, salir del modelo dominante industrial de producción y consumo. Además intenta pasar de contrabando la legitimación de tecnologías muy peligrosas que si fueran presentadas como armas de guerra, serían rechazadas masivamente por la comunidad internacional. Justamente, luego de la guerra de Vietnam, se firmó un Convenio de Naciones Unidas, abreviado Convenio ENMOD, que prohíbe el uso del clima y el medio ambiente como armas de guerra.

Sin embargo, presentadas como tecnologías para combatir al cambio climático, han conseguido que científicos y gobiernos las estén discutiendo, cuando deberían ser claramente descartadas y prohibida su experimentación.

¿O alguien puede creer que las mismas tecnologías de geoingeniería, que durante décadas han sido pensadas como armas, ahora serían usadas por países como Estados Unidos solamente para combatir el cambio climático? Y eso además de que sea cual sea el fin que le atribuyan sus promotores, la geoingeniería tendría impactos devastadores sobre regiones enteras y el potencial de desequilibrar aún más el clima global.

*Silvia Ribeiro es Investigadora del Grupo ETC

Desigualdad global y devastación

OPINIÓN de Silvia Ribeiro.- A principios de 2014, un reporte de Oxfam resumió gráficamente la desigualdad que impera en el mundo: 85 individuos concentran más riqueza que los 3500 millones de habitantes más pobres en el planeta, mitad de la población mundial. El informe, llamado “Gobernar para las élites: secuestro económico y desigualdad económica”, indicaba desde el título que la situación se mantiene porque las políticas gubernamentales se hacen para favorecer a los más ricos. Lo cual no sorprende, en la vasta mayoría de los casos los gobiernos y legisladores llegan a sus cargos apoyados en las “contribuciones”, por decir lo menos, de esas élites de poder económico. En un año, los 85 más ricos aumentaron su fortuna en 14 por ciento, que se tradujo, en conjunto, en ganancias por 668 millones de dólares diarios, o casi medio millón de dólares por minuto.

En octubre 2014, el banco Credit Suisse publicó un informe sobre la riqueza mundial, en el que resaltaba la preocupación por los niveles de desigualdad que siguen creciendo, lo cual considera un factor de riesgo. La riqueza mundial pasó de 117,000 billones en el año 2000 a 262,000 billones de dólares en 2014.

El 1 por ciento más rico de la población mundial tiene actualmente casi la mitad de la riqueza global (48.5 por ciento). Al mismo tiempo, el 50 por ciento de la población más pobre tiene menos del 1 por ciento de los ingresos y de ellos, el 90 por ciento vive en países del Sur. Si estas cifras son difíciles de digerir, casi lo es más saber que el 70 por ciento de la población mundial, tiene en conjunto ¡menos del 3 por ciento de los ingresos!

La región con mayor índice de desigualdad en el mundo es América Latina y el Caribe, pese a que en los últimos años, algunos países, como Uruguay y Venezuela, han contribuido a bajar el promedio continental. México y Chile son los países con mayor desigualdad de todos los miembros de la OCDE, e integran los 10 más desiguales de la región, junto a Honduras, Brasil y Colombia, entre otros. En el último año el número de mil-millonarios en la región aumentó 38 por ciento.

La desigualdad global creció particularmente en las últimas tres décadas, pero la brecha se hizo mayor a partir de las crisis de 2007-2008. Según Credit Suisse, los países donde aumentó más la desigualdad son China e India, donde ahora se encuentran algunas de las mayores fortunas y corporaciones del planeta. Estados Unidos sigue siendo el país que, con distancia, concentra la mayor parte de los ingresos. Allí radica el 49 por ciento de los individuos llamados ultra-ricos, con una fortuna mayor a los 50 millones de dólares.

Esos no son los que sufrieron con la crisis financiera que ellos mismos provocaron. Por el contrario, el 1 por ciento más rico de Estados Unidos capturó el 95 por ciento del crecimiento y ganancias posteriores a 2009, mientras el 90 por ciento de la población se hizo más pobre. Y esto sin tener en cuenta las sumas ingentes de dinero público que se gastaron para “rescatar” a instituciones financieras en crisis, de las cuales esos mismos ricos son propietarios total o parcialmente.

A estos análisis, es necesario superponerle la enorme concentración corporativa que tomó vuelo en la década de 1990, en la que las fusiones y adquisiciones empresariales crecieron 757 por ciento y siguieron en ritmo ascendente, aunque más lento, hasta el 2007. Con las crisis financieras, económicas y alimentarias de 2007-2008, bajó el porcentaje de fusiones y adquisiciones, pero la concentración empresarial ya establecida nunca volvió a bajar del nivel alcanzado en el 2000, e incluso subió en algunos años del siglo XXI. Según el estudio publicado en 2011 The network of Global Corporate Control (La red de control corporativo global) de los investigadores Vitali, Glattfelder y Battiston, 1328 corporaciones trasnacionales tienen el 60 por ciento de los ingresos globales y están interconectadas entre sí, por 2 o más relaciones mutuas, con un promedio de 20 interconexiones. En esta telaraña de relaciones que tienen atrapado al mundo, el estudio identificó una “super-entidad” corporativa, como una araña en la red, integrada por 147 corporaciones que detentan el 40 por ciento de los ingresos de todas las transnacionales y que tienen un enorme poder de decisión sobre toda la red corporativa mundial. Tres cuartas partes de éstas son instituciones financieras, que a su vez están estrechamente ligadas con las mayores transnacionales de sectores claves de la economía, como energía, petroquímica y química, comunicaciones, construcción, minería, alimentación y agricultura, etc.

Son los intereses de lucro de esta extraordinariamente ínfima minoría de ricos, los que modelan regulaciones nacionales e internacionales para mantener sus privilegios, las que empujan los modelos industriales de producción y consumo masivos, y los responsables de la devastación social, ambiental y las crisis planetarias. Apenas un ejemplo: sólo 90 empresas, la mayoría privadas, de petróleo, carbón, gas y cemento son responsables de dos terceras partes de las emisiones de gases que han provocado el cambio climático.

Hay muchos factores que se imponen para mantener la desigualdad, incluyendo un amplio aparato bélico y represivo, en general pagado con fondos públicos. Pero también hay muchos y diversos focos de resistencia y construcción colectiva desde abajo, sin duda lo que sigue haciendo el mundo habitable y en definitiva las únicas alternativas reales a estas nuevas formas de esclavitud global.

Silvia Ribeiro
Directora para América Latina del Grupo ETC
www.etcgroup.org

 

Caos climático y balas de plata

OPINIÓN de Silvia Ribeiro.- Finalizó en diciembre una nueva ronda de negociaciones de Naciones Unidas sobre cambio en Lima, Perú, sin ningún compromiso real para enfrentar el cambio climático, pero con la firme intención de los contaminadores de echarnos la culpa a todos y aprovechar el desastre para hacer nuevos negocios. Los mayores contaminadores históricos intentaron eliminar para siempre el principio establecido en Naciones Unidas sobre “responsabilidades comunes pero diferenciadas” entre países, debido a que los BRIC son ahora grandes emisores. No lo lograron, pero la disputa les sirve de excusa para no comprometer reducciones reales de gases de efecto invernadero y en su lugar promover falsas soluciones: mecanismos de carbono y tecnologías altamente peligrosas.

Fue la primer conferencia del Convenio Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático realizada después del nuevo informe sobre cambio climático del Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés), que afirmó en su informe que hay que bajar las emisiones de gases de efecto invernadero en un 40-70 por ciento al año 2050 y a cero emisiones en 2100. De lo contrario, la temperatura podría subir hasta cinco grados, causando una cadena de catástrofes, sobre todo en los países del Sur.

Los datos son claros y las responsabilidades también: el caos climático se debe a la expansión del industrialismo basado en petróleo, gas y carbón, principalmente para generación de energía, sistema alimentario agroindustrial y urbanización salvaje. La responsabilidad histórica es brutalmente desigual: diez países, principalmente Estados Unidos y países europeos, causaron más de dos tercios de los gases emitidos desde 1850. Gracias a su entrada al industrialismo salvaje, el principal emisor ahora es China, con cerca de 23% de las emisiones globales, seguido de Estados Unidos, con cerca de 16%. Traducido a emisiones por persona, Estados Unidos emite en promedio 17 toneladas por persona y China 5,4.

El anuncio en noviembre pasado de un acuerdo entre ambos para bajar emisiones en el 2030 quiso dar al mundo la imagen de que había algún progreso. Pero sus propuestas son tan falseadas como las negociaciones en Lima: no se trata de reducir emisiones realmente sino de afirmar nuevos mecanismos conceptuales, de mercado y tecnológicos, para seguir contaminando.

La nueva bala de plata se llama “emisiones netas cero”. No es necesario dejar de emitir gases de efecto invernadero, sino tomar medidas que lo compensen, en un artilugio contable que en términos netos daría cero.

La idea ya existía con los mercados de carbono, que no han servido ni un ápice para reducir emisiones, pero sí para justificar que empresas y actividades contaminantes sigan emitiendo, siempre que fondos públicos paguen, por ejemplo, a alguna comunidad en otro país para conservar el bosque que ya conservaban (por ejemplo los proyectos REDD), u otros, como recuperar metano en grandes basureros o criaderos de animales, por los que obtienen bonos de carbono que generan sustanciosas ganancias en la reventa, aunque no sirvan en nada para enfrentar el cambio climático.

Por desgracia, el IPCC, infiltrado por intereses de las transnacionales de la energía, endosa en su nuevo informe un paquete de tecnologías altamente peligrosas que sugiere podrían usarse para lograr esas “emisiones netas cero”: captura y almacenamiento de carbono (CCS por sus siglas en inglés); bioenergía con CCS (BECCS) y energía nuclear. Aunque el IPCC insiste que lo necesario es reducir drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero, inventa escenarios que podrían compensar “tecnológicamente” esto, removiendo los gases una vez liberados.

Con la llamada captura y almacenamiento de carbono (CCS), se propone la absorción de gases emitidos por diferentes industrias (carbón, petróleo, minería y otras) para inyectarlos a presión a grandes profundidades, en fondos geológicos o marinos. Es una tecnología originada en la industria petrolera, usada para recuperar las últimas reservas a gran profundidad. Ahora, la promueven como solución para secuestrar y almacenar dióxido de carbono. La tecnología tiene altos riesgos, empezando porque nadie puede asegurar que el dióxido de carbono permanecerá en el suelo, que no habrá fugas en otra parte o en el futuro, lo cual tendría no sólo impactos en el clima, sino también en la naturaleza y humanos, ya que el CO2 a altas concentraciones es tóxico. Al igual que el fracking, podría causar terremotos.

La tecnología CCS implica grandes obras de infraestructura y es muy cara, razón por la que las petroleras no la han usado más. Ahora podrían lograr que se les pagara para usarla y almacenarcarbono, lo cual sería un subsidio público a las mayores causantes del cambio climático, apoyándolas de paso para que exploten más petróleo y externalizando los costos y riesgos a todos.

BECCS (bioenergía con CCS) es aún peor, ya que implica todo lo anterior y además plantar extensos monocultivos de árboles, cultivos y pastos –aumentando los acaparamientos de tierra y la disputa por suelo y agua para producir alimentos­–, quemarlos para energía y absorber el CO2 con CCS. Esto, según la contabilidad de emisiones netas, daría emisiones negativas, convirtiendo a las petroleras de grandes bribones en salvadores del planeta. Ambas tecnologías son consideradas geoingeniería, con lo cual, al legitimarlas abren la puerta a otras tecnologías de manipulación del clima, que podrían desequilibrar aún más el clima global.

En las calles, al contrario que en las negociaciones en Lima, se manifestaron un miríada de opciones reales para enfrentar el caos climático y resistir los abusos, desde la agricultura campesina a organizaciones comunitarias urbanas y rurales, que sin esperar, siguen construyendo la justicia climática.


*Investigadora del Grupo ETC
www.etcgroup.org