Paraguay: Funcionarios del Estado son acusados por la masacre de campesinos

EL MERCURIO DIGITAL (Social Watch).- La muerte de 17 personas en una operación de desalojo en la localidad paraguaya de Curuguaty el 15 de junio es responsabilidad de funcionarios que actuaban desde la Fiscalía General del Estado, la Policia Nacional y el Ministerio del Interior, afirmó esta semana una misión internacional de organizaciones de la sociedad civil que investigó el caso en el terreno.


Desde esas instituciones estatales se implementó el desalojo de los sin tierra ocupantes de 2.000 hectáreas del paraje Marina Cue, acusó la misión, compuesta por representantes de FIAN Internacional, Campaña Global por la Reforma Agraria (Via Campesina Centroamérica), el Grupo de Investigación en Derechos Humanos y Sostenibilidad de la Cátedra UNESCO de la Universidad Politécnica de Cataluña, Radio Mundo Real-Amigos de la Tierra Internacional, y Anamuri (Via Campesina Sudamérica).

Imagen de familiares de las víctimas de la masacre. Conamuri

“La misión concluye que la construcción del escenario general […] evidencia que desde las instituciones estatales responsables ya existía una predisposición a provocar una situación de extrema violencia”, indica el informe de la Misión, que fue asistida por las organizaciones paraguayas Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (MCNOC), Organización de Lucha por la Tierra (OLT), Coordinadora Nacional de Organizaciones de Mujeres Trabajadoras, Rurales e Indígenas (CONAMURI), Movimiento Agrario Popular (MAP) y la Organización Nacional de Aborígenes Independientes (ONAI).

Según el informe, la masacre ocurrida en Marina Cué refleja un conflicto histórico causado por la expropiación de tierras a familias campesinas. Habitantes aseguraron a la misión que, incluso antes de la masacre, la tierra ya era escenario de acciones violentas contra la población campesina e indígena, incluso con el asesinato de personas del pueblo Axe.

La misión anunció que en diciembre presentará un informe final a organismos internacionales como la ONU, la OEA y la UNASUR.

Los activistas internacionales realizaron entrevistas a familiares de campesinos asesinados, de personas imputadas y presas, y a los propios detenidos. También a dirigentes sociales y campesinos de la región de Curuguaty, y a autoridades del Poder Judicial de la zona, entre otros.

Lo que sigue es el texto del informe presentado el lunes:

 
Informe preliminar de misión de investigación del caso Marina Cué
Lunes 10 de septiembre de 2012
El presente informe recopila los resultados preliminares de la Misión Internacional de observación sobre la situación de los derechos humanos, que permaneció en Paraguay del 5 al 11 de Septiembre, y que tenía por objetivo realizar una investigación seria y autónoma sobre las violaciones a los derechos de los campesinos indígenas relacionadas con la falta de acceso a la tierra, antes y después de la masacre de Curuguaty, levantando información in situ a través de entrevistas a las familias sin tierra, movimientos sociales y organizaciones no gubernamentales. Con el fin de incidir a nivel internacional exigiendo que se investigue de manera imparcial y expedita los hechos relacionados con la masacre de Curuguaty del 15 de junio del 2012, los resultados de la misión serán presentados en un informe final.
La misión estuvo compuesta por las siguientes organizaciones: FIAN Internacional, Campaña Global por la Reforma Agraria (Via Campesina Centroamérica), el Grupo de Investigación en Derechos Humanos y Sostenibilidad de la Cátedra UNESCO de la Universidad Politécnica de Cataluña, Radio Mundo Real (Amigos de la Tierra Internacional), ANAMURI (Via Campesina Sudamérica), conjuntamente con organizaciones nacionales de Paraguay pertenecientes a la Via Campesina, MCNOC, OLT, CONAMURI, MAP y ONAI, la misión visitó a las víctimas del caso Marina Cué en Curuguaty, departamento de Canindeyú.
Se realizaron entrevistas y se recogieron testimonios in situ de las familias de las víctimas, víctimas imputadas, dirigentes referentes de la región, Defensoría del Pueblo y Juzgado Civil de Curuguaty. A continuación se recogen las conclusiones y recomendaciones preliminares.
 
Conclusiones
Paraguay es el país con mayor concentración de la tierra en el mundo. El 2,5% de los propietarios concentra en su poder el 85% de las tierras. La estructura agraria actual se originó a finales del siglo IXX con la entrega de enormes superficies de tierras fiscales a personas y empresas de capital extranjero y se consolidó durante la dictadura Stronista en la segunda mitad del siglo XX. Los proyectos de colonización no modificaron el carácter dual de la estructura agraria del país, ya que al final de la dictadura se registró una reconcentración que motivó masivas ocupaciones de tierra. Al mismo tiempo, y posteriormente, tanto el régimen dictatorial como los posteriores gobiernos entregaron de forma fraudulenta enormes cantidades de tierras sujetas a la reforma agraria a políticos, empresarios y militares, afines al gobierno, generando tierras denominadas “mal habidas”.
En este contexto, la misión concluyó que el caso de la tierra mal habida de Marina Cue es un caso emblemático que refleja un conflicto histórico dado por la desposesión de las familias campesinas de su principal medio de producción, la tierra. Testimonios de familias residentes de la zona señalaron que en este lugar, previo a la masacre del 15 de junio, se ejerció violencia contra la población indígena originaria y campesina, incluyendo asesinatos a personas del pueblo Axe.
Marina Cué se encuentra en el departamento de Canindeyú en el este paraguayo. Este es uno de los departamentos que concentra el mayor número de propietarios extranjeros de tierra, en su mayoría brasileños, lo que para muchos campesinos y campesinas ha significado una creciente expulsión de su ámbito de vida.
La presencia de arrendatarios brasileños productores de soja en la tierra Marina Cué ha tenido un impacto fuerte en la vida de las poblaciones campesinas. La población había denunciado reiteradas veces los problemas de salud, en especial en los niños, causados por las fumigaciones en las explotaciones sojeras sin tener ninguna respuesta de parte de los agro-empresarios ni de las instituciones estatales responsables.
La misión ha recogido testimonios de la sobrepoblación campesina en la zona. Todas las familias entrevistadas reconocieron que su principal argumento para acceder a la tierra es la existencia de muchos miembros de la familia en pequeños lotes de tierra (10 hectáreas para entre seis y 10 personas de la familia) y su necesidad de trabajar la tierra para producir alimentos y mantener su cultura familiar campesina.
Dado este contexto, la misión no encuentra justificaciones para la emisión de una orden de allanamiento por parte del juez penal de garantía de la ciudad de Curuguaty, en un caso de conflicto jurídico respecto del derecho de propiedad de la tierra, el cual se encontraba pendiente de resolución por la Corte Suprema de Justicia de una acción de nulidad contra la empresa “Campos Morombí”.
Es decir, no existía cosa juzgada respecto de la titularidad de las mismas. Más aún existen numerosos elementos que indican que se trata de tierras pertenecientes al Estado paraguayo e ilegalmente ocupadas por la empresa referida. Por tal razón, ni la orden de allanamiento ni el desalojo que se produjo de facto eran procedentes.
Los testimonios de las víctimas del grupo de campesinos sin tierra que se asentaron en Marina Cué denunciaron la presencia policial diaria con amenazas de desalojos y presencia de policías sobre la Ruta 10 “Las Residentas” y en el monte, en los días previos al 15 de junio.
Por la indefinición del proceso civil de titularidad de la tierra, y las informaciones que recibieron dichas familias de diferentes fuentes respecto de la llegada de funcionarios públicos para darles una respuesta respecto de su situación, los campesinos consideraban la tierra como propiedad estatal, y por lo tanto entendían no estar inmersos en un supuesto hecho delictivo.
La misión concluye que la construcción del escenario general –presencia policial desproporcionada, uso indiscriminado y desmedido de la fuerza policial con la presencia de aproximadamente 400 efectivos, 20 patrulleros, policía montada, un helicóptero y ambulancias desde las 4 de la mañana del 15 de junio– evidencia que desde las instituciones estatales responsables ya existía una predisposición a provocar una situación de extrema violencia.
Según los testimonios, los campesinos fueron cercados desde dos frentes (uno provenía de la ruta 10 “Las Residentas” y otro desde detrás de la estancia de propiedad brasileña denominada “La Paraguaya”, desde donde se desplazaba un helicóptero).
Fuentes consultadas aseguran que la primera persona ejecutada fue el dirigente campesino de larga trayectoria por la recuperación de tierras en reclamo, Avelino Espínola. Ante la masiva presencia de policías y los primeros disparos, varios testigos huyeron para salvar su vida escondiéndose en el monte y los esterales.
Numerosos testimonios coinciden en que hubo ejecuciones extrajudiciales, persecución, amenazas de muerte, torturas físicas y psicológicas, y desatención médica a los campesinos durante el operativo, inmediatamente después y los días siguientes al suceso del 15 de junio. Para la misión es notorio que un número significativo de heridos y cadáveres fueran recogidos por la población y no por las instituciones responsables, inclusive un día después de los hechos en algunos casos.
Varias de las personas heridas que fueron entrevistadas por la misión afirman no haber sido atendidas adecuadamente, habiendo sido trasladadas a la comisaría y, posteriormente a la cárcel, sin una debida asistencia médica, dada la situación delicada de salud en que se encontraban.
Testimonios de los detenidos en la cárcel Coronel Oviedo, departamento de Caaguazú, que presentan graves heridas, señalan que no recibieron el diagnóstico médico del hospital y han solicitado medidas sustitutivas a la prisión que han sido denegadas por el juez de Curuguaty competente en la causa, además de haber interpuesto una acción de habeas corpus para ser trasladados al Hospital, que no se ha concedido hasta el día de hoy.
Así mismo, el juez de la causa ha denegado a Richard Ariel Barrios, menor de 15 años, detenido y golpeado por los policías, su derecho al habeas corpus y continúa retenido en el centro de menores de Villarica.
La misión constató que se ha imputado arbitrariamente a 54 personas por 7 cargos penales (hecho punible de homicidio doloso, homicidio en grado de tentativa, lesión grave, asociación criminal, coacción grave, coacción e invasión), ya que se carece de indicios mínimamente suficientes que permitan presumir la responsabilidad de las mismas en los hechos que se les atribuyen. Incluso se ha llegado a incluir en la lista de personas imputadas a algunas que ni siquiera estaban presentes en el lugar del conflicto, en base a un antiguo listado de familias asentadas en el lugar.
Los testimonios de familiares de las víctimas denunciaron a la misión que los cadáveres de los campesinos asesinados fueron traídos desde Asunción en condiciones de conservación indignas, sin el resultado de la autopsia, lo que impidió su identificación en algunos casos.
La misión pudo constatar el alto grado de vulnerabilidad en la que se encuentran los presos, imputados, familiares y personas cercanas a las víctimas. Se observa la ausencia de las instituciones del Estado responsables para garantizar tanto la integridad física como las condiciones de vida básicas de personas que perdieron a miembros de su familia que aseguraban el sustento familiar, además de verse obligadas a vender sus escasos bienes debilitando sus bases de reproducción social.
Finalmente, la Misión ha observado con preocupación que el caso Marina Cué demuestra la violencia de sectores económica y políticamente poderosos de la sociedad paraguaya contra integrantes de las comunidades y organizaciones campesinas en el país, en connivencia con numerosas agencias del Estado paraguayo.
Ello se traduce fundamentalmente en una manifiesta desprotección judicial de los derechos de las comunidades y en el empleo de las fuerzas represivas del Estado para salvaguardar los intereses de los grupos poderosos del país. Esta situación acentúa la dificultad de arraigo de las comunidades rurales en el campo, ya que la violencia y desprotección se suma a un contexto estructural de carencia de condiciones mínimas para una vida digna.
La misión manifiesta la preocupación por la inmediata derogación con posterioridad al 15 de junio del Protocolo de procedimiento para uso de la fuerza en casos de desalojos.
La misión ha evidenciado la ausencia de información imparcial en los medios de comunicación masiva, que ha acentuado la estigmatización y criminalización de los campesinos y sus organizaciones ante la opinión pública. Lo cual resulta en el aislamiento social y falta de solidaridad para con las y los afectados del caso Marina Cué, asociándolos incluso con grupos guerrilleros. La actuación del Estado y la estigmatización tiene un impacto directo en el acceso y disfrute de los campesinos y campesinas de sus derechos humanos más básicos tales como la alimentación, salud o la educación y el respeto por parte de la sociedad para ser tratados como personas dignas.
 
Recomendaciones
1. A las autoridades paraguayas
Cumplir con su deber de investigar y sancionar de forma expedita todos los crímenes y diversas violaciones a los derechos humanos de los campesinos y campesinas cometidos en el caso Marina Cué, y castigar penalmente tanto a los autores materiales como intelectuales.
Cesar de inmediato la represión y la violencia contra el movimiento campesino, contra aquellas personas que se organizan para denunciar violaciones de los derechos humanos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, así como la agresión a sus defensoras y defensores.
Adoptar medidas efectivas que brinden protección a las personas en estado de vulnerabilidad, garantizando el derecho a la vida, la integridad física, la libertad de expresión y la asociación de campesinas, campesinos e indígenas.
Reorientar el modelo de desarrollo rural vigente basado en el agro-negocio y el acaparamiento de tierras hacia políticas de reforma agraria integral; que fomenten la agricultura campesina e indígena sostenible avanzando en la recuperación de la soberanía alimentaria, orientada a la realización de los derechos humanos, dotando de suficientes recursos presupuestarios e institucionales para ello y garantizando el arraigo efectivo y adecuado de las familias campesinas asentadas.
Tomar medidas políticas y legislativas encaminadas hacia el cumplimiento de las obligaciones estatales nacionales e internacionales en materia de respeto, protección y garantía de los derechos humanos, particularmente el acceso a la justicia, el derecho a la alimentación, salud, vivienda y educación.
 
2. A la Defensoría del Pueblo
Actuar con mayor diligencia en la investigación de los asesinatos ocurridos el 15 de junio de 2012, coordinando de manera efectiva y transparente con la Fiscalía de Curuguaty en aras de garantizar la protección plena de los derechos de los campesinos imputados y el castigo correspondiente a los responsables.
Constituir una Comisión Internacional de Observación de la investigación y los resultados de la misma.
Urgir al Ministerio del Interior el restablecimiento de la vigencia y aplicación del Protocolo de procedimiento para uso de la fuerza en casos de desalojos.
Exigir la asistencia integral inmediata, incluyendo los medios de producción agrícolas a las familias afectadas por el conflicto de forma urgente, así como el otorgamiento de una indemnización justa y adecuada a las familias de las víctimas acorde a sus necesidades reales, que les permita satisfacer su derecho inmediato a la alimentación.
 
3. Al Ministerio Público
Garantizar la objetividad en la investigación del caso que nos ocupa, eludiendo la presión que pudieran ejercer sobre dicha investigación los hechos de índole política que acontecieron en Paraguay en el mes de junio del año en curso.
Investigar posibles amenazas de muerte, persecución, detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, desatención de víctimas y torturas que se hubieran podido dar derivados de la acción de las Fuerzas de Seguridad del Estado en el procedimiento de desalojo forzoso de facto o allanamiento formal del terreno de Marina Cué.
 
4. Al Poder Judicial
Asegurar que se actúe conforme a las obligaciones internacionales de derechos humanos en materia de asesinatos y ejecuciones arbitrarias de miembros de comunidades campesinas.
Actuar conforme a las obligaciones internacionales de derechos humanos en materia de desalojos forzosos.
Garantizar que en lo sucesivo las Fuerzas de Seguridad del Estado cumplan su mandato legal y constitucional evitando actuaciones provocativas y desproporcionadas, sujetándose a las obligaciones internacionales asumidas en materia de derechos humanos.
Dictar la libertad y el sobreseimiento de los campesinos y campesinas imputados arbitrariamente en el caso Marina Cué, así como aquellos que han participado en ocupaciones pacíficas de tierra, cortes de rutas y otras manifestaciones de protesta y desobediencia civil, desvinculándolas definitivamente de los procesos penales en su contra. Abstenerse de penalizar la protesta y la movilización social, asegurando las garantías procesales de personas presas e imputadas.
Dar respuesta efectiva a los campesinos y campesinas sin tierras del caso Marina Cué, otorgándoles las tierras reclamadas, garantizando el derecho de acceso a la tierra.
 
5. A la comunidad internacional (Estados y organismos internacionales)
Contribuir con medidas concretas y contundentes a una mayor protección de las personas en riesgo, en particular en relación al caso Curuguaty, con acciones tales como, entre otras:
Visitas a las oficinas de los defensores públicos y organizaciones campesinas e intercambio de información constante con estas.
Pronunciamientos públicos específicos sobre casos de violaciones de derechos humanos.
Realizar un monitoreo e investigación permanente de la situación en Curuguaty y formular recomendaciones a las autoridades nacionales.
Garantizar el cumplimiento de las observaciones y recomendaciones realizadas a Paraguay desde las distintas instancias de Naciones Unidas.
Reforzar el plan estratégico de implementación de las líneas directrices de la Unión Europea para la protección de defensores de derechos humanos, con atención especial a la región de Curuguaty.
Realizar visitas in situ, tanto por parte de las relatorías especiales de Naciones Unidas, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como de la Corte Penal Internacional, para recoger información de primera mano sobre las violaciones de derechos humanos y derecho penal internacional que se han cometido y se siguen cometiendo en Curuguaty, en especial sobre Independencia de Jueces y Magistrados, Detenciones Arbitrarias y Ejecuciones Extrajudiciales.
Asunción, Paraguay, 9 de septiembre de 2012.

http://decidamos.org.py/index.php?option=com_k2&view=item&id=740:misi%C3%B3n-internacional-de-solidaridad-y-derechos-humanos-present%C3%B3-un-informe-sobre-el-caso-curuguaty&Itemid=1

http://ea.com.py/informaciones-evidencian-que-la-masacre-fue-provocada-desde-las-instituciones-estatales-segun-informe/