Kenia: Denuncian coacción de las autoridades a las personas refugiadas para que regresen a Somalia pese a la guerra
Sólo dos semanas antes del plazo fijado para cerrar el campo de refugiados de Dadaab, las autoridades del gobierno keniano están coaccionando a las personas que viven en él para que regresen a Somalia, donde corren riesgo de resultar heridas o morir en el actual conflicto armado, ha manifestado Amnistía Internacional en un informe publicado hoy.
El gobierno anunció en mayo que iba a cerrar el campo de refugiados —que, con más de 280.000 personas, en su mayoría somalíes, es el mayor del mundo— alegando problemas de seguridad, económicos y ambientales, además de falta de apoyo de la comunidad internacional. Desde entonces, las autoridades del gobierno han hecho declaraciones en los medios de comunicación y visitas al campo, en las que amenazan a la gente para que se marche antes del cierre, programado para el 30 de noviembre de 2016.
“Los refugiados están entre la espada y la pared. Las autoridades del gobierno kenianas les dicen que deben marcharse antes de fin de mes o los obligarán a hacerlo sin ninguna ayuda”, he explicado Michelle Kagari, directora adjunta de Amnistía Internacional para África Oriental, el Cuerno de África y los Grandes Lagos.
“Estas acciones contradicen las garantías que el gobierno keniano ha dado a la comunidad internacional, a la que ha asegurado que todas las repatriaciones de refugiados son voluntarias y se llevan a cabo en condiciones de seguridad y dignidad.”
Amnistía Internacional realizó en agosto una visita de investigación a Dadaab, donde entrevistó a 56 personas refugiadas y mantuvo diálogos en grupos de muestra con 35 más.
Entre las personas entrevistadas había dos hermanos de 15 y 18 que habían ido a Somalia en enero 2016 y regresado a Dadaab cuatro meses más tarde. Dijeron que cuando llegaron a Somalia vieron matar a su padre y fueron reclutados a la fuerza por Al Shabaab. Al final escaparon y consiguieron regresar a Dadaab.
Además, Somalia, que tiene que ocuparse en la actualidad de más de 1,1 millones de personas internamente desplazadas, carece de los recursos necesarios para gestionar el retorno en gran escala de refugiados de Dadaab. La falta de servicios como refugio, atención de la salud y educación es desesperada.
La mayoría de las personas refugiadas entrevistadas por Amnistía Internacional dijeron que si se marchaban era sólo por las amenazas de las autoridades kenianas.
Según un estudio de verificación llevado a cabo por el gobierno keniano y el ACNUR en julio y agosto, sólo el 25% de los refugiados afirmaban estar dispuestos a regresar. Las personas entrevistadas hablaban de amenazas de las autoridades kenianas, que les decían, por ejemplo, que, si no se marchaban ya, les obligarían a hacerlo y perderían la prestación que concede el ACNUR.
Hadi, que llevaba 24 años viviendo en Dadaab, dijo a Amnistía Internacional: “[Las autoridades kenianas] nos presionan para regresar a Somalia. Vinieron a nuestros sectores con micrófonos y nos dijeron: “Tenéis que registraros para ir a Somalia [...] si no os registráis ahora tendréis que volver a pie y con vuestros hijos a cuestas.”
El mismo testimonio ofreció Samira, que llevaba más ocho años viviendo en el campo. Dijo: “La gente cree que después de noviembre no le darán el pequeño paquete de retorno y no habrá transporte [...] Antes que quedarse sin transporte y sin dinero, se van.”
Kenia y la comunidad internacional no han ofrecido otras opciones a la mayoría de las personas refugiadas que no quieren regresar a Somalia. Algunas de las que hablaron con Amnistía Internacional decían que no querían regresar, no sólo por la inseguridad, sino también por la falta de servicios básicos y por temor a sufrir discriminación.
Entre las que se mostraban preocupadas por el retorno había personas con discapacidad y miembros de minorías, para quienes el regreso a Somalia no es una opción porque no se han adoptado salvaguardias adicionales para ellas.
Mouna, madre de un niño con discapacidad, dijo: “No hay centros para personas con discapacidad en Somalia. Como refugiados, estamos considerados ya lo último para todo. Con niños con discapacidad, estaremos al final de la cola a la hora de recibir ayuda.”
Amina, mujer cuyo hijo de seis años vive con albinismo, dijo: “Otra razón importante por la que no quiero volver es que la gente no comprende el albinismo. Ya hay personas aquí que dicen que [el niño] es ilegítimo, extranjero. Los otros niños se meten con él por ser diferente. Sé que en Somalia va a ser mucho pero. Tampoco podrá conseguir la crema que necesita para la piel.”
La falta de apoyo internacional a Kenia, especialmente la ausencia sistemática de respuesta suficiente a las peticiones de fondos y las limitadas plazas de reasentamiento para personas refugiadas vulnerables, ha contribuido a la terrible situación en que se encuentran en la actualidad los habitantes de Dadaab. Sólo 10 países acogen a más de la mitad de los 21 millones de refugiados del mundo. Kenia es uno de ellos.
“El aumento de las restricciones de Kenia a los refugiados somalíes se produce en un momento en que, vergonzosamente, los países ricos no están asumiendo la parte de responsabilidad que les corresponde. En vez de centrarse en devolver a los refugiados a Somalia, donde están expuestos sufrir más abusos contra los derechos humanos, la comunidad internacional debe esforzarse junto con Kenia para garantizar soluciones sostenibles a largo plazo”, ha afirmado Michelle Kagari.
“Entre ellas figura aumentar las plazas de reasentamiento para las personas refugiadas más vulnerables; pero también que Kenia garantice a los refugiados su derechos y busque fórmulas para integrarlos en comunidades de acogida y fuera de los campos, con apoyo pleno de la comunidad internacional.”
La información que ofrecieron las personas refugiadas entrevistadas se contrastó con la de fuentes gubernamentales y no gubernamentales que trabajan en Dadaab y sobre políticas de refugiados. El equipo de investigación examinó también los principales estudios llevados a cabo sobre la situación de los refugiados en Kenia, así como las leyes y políticas nacionales pertinentes.
Kenia acoge a más de 500.000 refugiados. Al menos 330.000 son somalíes, alrededor de 260.000 de los cuales están en el campo de refugiados de Dadaab. Kenia ha recibido apoyo limitado de la comunidad internacional. A fecha de 31 de octubre de 2016 sólo se había recaudado el 38% de los 272 millones de dólares estadounidenses solicitados por el ACNUR para Kenia. En 2015 se reasentó a 5.001 personas en total desde Kenia, más de 3.500 de ellas en Estados Unidos. Sólo 671 personas refugiadas vulnerables fueron reasentadas en países de la UE. En 2016 se han producido hasta ahora 1.648 salidas para Estados Unidos y 118 para la UE.
En los últimos años, una serie de ataques de Al Shabaab —entre ellos el atentado de 2013 contra el centro comercial Westgate de Nairobi, y el de abril de 2015 contra la Universidad de Garissa—, así como la presunta mejora de la situación en materia de seguridad en Somalia, ha provocado un aumento de la presión de las autoridades kenianas sobre los refugiados somalíes para que regresen.
Somalia está devastada por más de veinte años de conflicto. Los combates entre las fuerzas del gobierno apoyadas por tropas de la Unión Africana y los extremistas de Al Shabaab han generado graves violaciones de derechos humanos contra la población civil y devastado servicios e infraestructuras básicas.
El gobierno anunció en mayo que iba a cerrar el campo de refugiados —que, con más de 280.000 personas, en su mayoría somalíes, es el mayor del mundo— alegando problemas de seguridad, económicos y ambientales, además de falta de apoyo de la comunidad internacional. Desde entonces, las autoridades del gobierno han hecho declaraciones en los medios de comunicación y visitas al campo, en las que amenazan a la gente para que se marche antes del cierre, programado para el 30 de noviembre de 2016.
“Los refugiados están entre la espada y la pared. Las autoridades del gobierno kenianas les dicen que deben marcharse antes de fin de mes o los obligarán a hacerlo sin ninguna ayuda”, he explicado Michelle Kagari, directora adjunta de Amnistía Internacional para África Oriental, el Cuerno de África y los Grandes Lagos.
“Estas acciones contradicen las garantías que el gobierno keniano ha dado a la comunidad internacional, a la que ha asegurado que todas las repatriaciones de refugiados son voluntarias y se llevan a cabo en condiciones de seguridad y dignidad.”
Amnistía Internacional realizó en agosto una visita de investigación a Dadaab, donde entrevistó a 56 personas refugiadas y mantuvo diálogos en grupos de muestra con 35 más.
Entre las personas entrevistadas había dos hermanos de 15 y 18 que habían ido a Somalia en enero 2016 y regresado a Dadaab cuatro meses más tarde. Dijeron que cuando llegaron a Somalia vieron matar a su padre y fueron reclutados a la fuerza por Al Shabaab. Al final escaparon y consiguieron regresar a Dadaab.
Además, Somalia, que tiene que ocuparse en la actualidad de más de 1,1 millones de personas internamente desplazadas, carece de los recursos necesarios para gestionar el retorno en gran escala de refugiados de Dadaab. La falta de servicios como refugio, atención de la salud y educación es desesperada.
La mayoría de las personas refugiadas entrevistadas por Amnistía Internacional dijeron que si se marchaban era sólo por las amenazas de las autoridades kenianas.
Según un estudio de verificación llevado a cabo por el gobierno keniano y el ACNUR en julio y agosto, sólo el 25% de los refugiados afirmaban estar dispuestos a regresar. Las personas entrevistadas hablaban de amenazas de las autoridades kenianas, que les decían, por ejemplo, que, si no se marchaban ya, les obligarían a hacerlo y perderían la prestación que concede el ACNUR.
Hadi, que llevaba 24 años viviendo en Dadaab, dijo a Amnistía Internacional: “[Las autoridades kenianas] nos presionan para regresar a Somalia. Vinieron a nuestros sectores con micrófonos y nos dijeron: “Tenéis que registraros para ir a Somalia [...] si no os registráis ahora tendréis que volver a pie y con vuestros hijos a cuestas.”
El mismo testimonio ofreció Samira, que llevaba más ocho años viviendo en el campo. Dijo: “La gente cree que después de noviembre no le darán el pequeño paquete de retorno y no habrá transporte [...] Antes que quedarse sin transporte y sin dinero, se van.”
Kenia y la comunidad internacional no han ofrecido otras opciones a la mayoría de las personas refugiadas que no quieren regresar a Somalia. Algunas de las que hablaron con Amnistía Internacional decían que no querían regresar, no sólo por la inseguridad, sino también por la falta de servicios básicos y por temor a sufrir discriminación.
Entre las que se mostraban preocupadas por el retorno había personas con discapacidad y miembros de minorías, para quienes el regreso a Somalia no es una opción porque no se han adoptado salvaguardias adicionales para ellas.
Mouna, madre de un niño con discapacidad, dijo: “No hay centros para personas con discapacidad en Somalia. Como refugiados, estamos considerados ya lo último para todo. Con niños con discapacidad, estaremos al final de la cola a la hora de recibir ayuda.”
Amina, mujer cuyo hijo de seis años vive con albinismo, dijo: “Otra razón importante por la que no quiero volver es que la gente no comprende el albinismo. Ya hay personas aquí que dicen que [el niño] es ilegítimo, extranjero. Los otros niños se meten con él por ser diferente. Sé que en Somalia va a ser mucho pero. Tampoco podrá conseguir la crema que necesita para la piel.”
La falta de apoyo internacional a Kenia, especialmente la ausencia sistemática de respuesta suficiente a las peticiones de fondos y las limitadas plazas de reasentamiento para personas refugiadas vulnerables, ha contribuido a la terrible situación en que se encuentran en la actualidad los habitantes de Dadaab. Sólo 10 países acogen a más de la mitad de los 21 millones de refugiados del mundo. Kenia es uno de ellos.
“El aumento de las restricciones de Kenia a los refugiados somalíes se produce en un momento en que, vergonzosamente, los países ricos no están asumiendo la parte de responsabilidad que les corresponde. En vez de centrarse en devolver a los refugiados a Somalia, donde están expuestos sufrir más abusos contra los derechos humanos, la comunidad internacional debe esforzarse junto con Kenia para garantizar soluciones sostenibles a largo plazo”, ha afirmado Michelle Kagari.
“Entre ellas figura aumentar las plazas de reasentamiento para las personas refugiadas más vulnerables; pero también que Kenia garantice a los refugiados su derechos y busque fórmulas para integrarlos en comunidades de acogida y fuera de los campos, con apoyo pleno de la comunidad internacional.”
La información que ofrecieron las personas refugiadas entrevistadas se contrastó con la de fuentes gubernamentales y no gubernamentales que trabajan en Dadaab y sobre políticas de refugiados. El equipo de investigación examinó también los principales estudios llevados a cabo sobre la situación de los refugiados en Kenia, así como las leyes y políticas nacionales pertinentes.
Kenia acoge a más de 500.000 refugiados. Al menos 330.000 son somalíes, alrededor de 260.000 de los cuales están en el campo de refugiados de Dadaab. Kenia ha recibido apoyo limitado de la comunidad internacional. A fecha de 31 de octubre de 2016 sólo se había recaudado el 38% de los 272 millones de dólares estadounidenses solicitados por el ACNUR para Kenia. En 2015 se reasentó a 5.001 personas en total desde Kenia, más de 3.500 de ellas en Estados Unidos. Sólo 671 personas refugiadas vulnerables fueron reasentadas en países de la UE. En 2016 se han producido hasta ahora 1.648 salidas para Estados Unidos y 118 para la UE.
En los últimos años, una serie de ataques de Al Shabaab —entre ellos el atentado de 2013 contra el centro comercial Westgate de Nairobi, y el de abril de 2015 contra la Universidad de Garissa—, así como la presunta mejora de la situación en materia de seguridad en Somalia, ha provocado un aumento de la presión de las autoridades kenianas sobre los refugiados somalíes para que regresen.
Somalia está devastada por más de veinte años de conflicto. Los combates entre las fuerzas del gobierno apoyadas por tropas de la Unión Africana y los extremistas de Al Shabaab han generado graves violaciones de derechos humanos contra la población civil y devastado servicios e infraestructuras básicas.
