Otra información es posible

El fin del giro a la izquierda

OPINIÓN de Franco Gamboa Rocabado, Bolivia.- El famoso giro a la izquierda que comenzó en América Latina a comienzos de los años 2000 llegó a su fin. Primero porque casi todos los partidos de izquierda en América Latina como el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), cayeron en un profundo desprestigio debido a las estrategias autoritarias que practicaron, y en segundo lugar, porque decepcionaron a sus bases con la promesa populista de un socialismo que terminó reviviendo una conducta irresponsable donde destaca la violencia, intolerancia e ineficiencia secular en el manejo de un Estado, exhausto frente al gasto público e inerme ante una burocracia que jamás derrotó la corrupción. Difundieron el socialismo del siglo XXI sin considerar la solidaridad democrática, ni el compromiso con los principios de humanidad igualitaria, anulando así la reinterpretación utópica de la política porque se negaron a ver el largo plazo como un sistema democrático abierto a ideas distintas y demandas para derrotar la pobreza.

La teología política del indianismo a través de las experiencias en Bolivia

Por Franco Gamboa Rocabado, Bolivia.-  En el siglo XXI, el indianismo es una ideología que está en la misma médula del sistema político boliviano. Adquirió notoriedad con la llegada al poder de Evo Morales (2005-2015), quien convirtió el simbolismo aymara y quechua en una estrategia hábil para promover su reelección y un caudillismo atávico.

En general, la problemática étnica y campesina ha cautivado a buena parte de las ciencias sociales y los estudios culturales desde comienzos del siglo XX. Títulos retumbantes evocaron el supuesto regreso de la justicia de los incas o la revolución india, expresando también el posicionamiento de una nueva identidad socio-cultural, la cual estaría lista para tomar el poder e indianizar a toda la sociedad. Esto tiene repercusiones para toda América Latina porque después del derrumbe de las teorías marxistas, y los supuestos de una clase obrera destinada a salvar al mundo del oprobio capitalista, el indianismo pretende convertirse en una alternativa política, con el fin de reconstruir las fuerzas contestatarias y revolucionarias de cualquier etnia subyugada.

Así se explica la explosión de diversas reflexiones sobre las raíces indígenas y los bloqueos coloniales de nuestra cultura, destacándose la llegada de un supuesto “posoccidentalismo” o “descolonización”, no sólo en Bolivia sino en toda América Latina. Sin embargo, el indianismo no es una construcción teórica nueva, sino que se presenta como una teología política, la cual acentúa su visión crítica respecto a las relaciones de dominación que oprimen a las culturas indígenas para imaginar, posteriormente, un futuro redentorista en el siglo XXI.

Las características teológicas provienen de diferentes concepciones fatalistas donde el conflicto étnico y el liderazgo indio en la política, constituyen el corazón de lo que sería Bolivia como una sociedad indígena. La revolución, en este caso, también podría ser capaz de ir más allá del capitalismo porque la verdadera soberanía política residiría en la fuerza de la raza india, sojuzgada pero jamás derrotada por la colonización española o el actual neocolonialismo. De hecho, el indianismo se rebela contra toda forma de democracia y sistema político secularizado, para plantear que los sujetos indios o negros sean las identidades profundas de América Latina.

El indianismo y la negritud se erigen como formas ideológicas sobrenaturales, precisamente porque han sido discriminadas, aunque su persistencia a lo largo del tiempo les permite tener una especie de misión espiritual. Paralelamente, el indianismo postula una forma política que representa en el orden natural e histórico la opción descolonial: un nuevo tipo de sociedad, superior a todo condicionamiento económico. De aquí que ni las estructuras de mercado, ni la globalización neoliberal del Occidente dominante podrían destruir la vocación liberacionista del indianismo que se transforma en una forma de poder histórico universal.

La confianza en un “más allá” donde se lograría imponer una lucha de razas, no plantea el comunismo ni una sociedad sin clases sociales o sin Estado. El indianismo es la creencia en el regreso del “incario” y la toma del poder por parte de los indígenas que harían justicia por mano propia, junto con el restablecimiento de las instituciones ancestrales como los ayllus, la justicia comunitaria o el retorno de caudillos únicos con la capacidad de generar una emancipación desde abajo porque todos en Bolivia siempre hemos sido indios.

Por estas razones, Evo Morales promovió en el ámbito internacional la imagen de su coronación (2006, 2010 y 2015) como jefe inca en el sitio arqueológico de Tiwanaku, tratando de marcar el comienzo de un proceso descolonizador, al mismo tiempo que manipuló las creencias andinas con la supuesta resurrección del Tawantinsuyu (los cuatro puntos de articulación del imperio incaico) como la mejor fórmula para decir que el indio no es un inquilino en el palacio de gobierno, sino que permanecería siempre con el cetro del poder.

Para la lucha de razas, es imprescindible la resurrección del Abya Yala: el continente indio donde la abundancia y el equilibrio entre el hombre, la naturaleza y el fin de una dominación inhumana, finalmente demuestran que la conquista española fue una agresión inútil, asesina y moralmente inferior a cualquier cultura indígena. El indianismo como teología es otro esfuerzo por convertirse en providencialismo político que, como el marxismo, aspira a la consumación terrenal de la felicidad humana, mediante el reconocimiento de una historia de la salvación bajo la dirección de los movimientos sociales indígenas revolucionarios.

El camino hacia la liberación

Las tendencias teológicas de las miradas étnicas endiosan las virtudes del modelo social del incario, para luego pensar que solamente las culturas indígenas poseen una democracia auténtica y casi perfecta, asegurando así las fuerzas redentoras en todo tipo de sociedad. La insurgencia del movimiento zapatista en México (1994) se reconciliaría con el despertar de un Pachakuti, que significa un vuelco, un giro violento y transformador del destino donde la indiada retoma un protagonismo plagado de esperanza. La liberación y democratización indias, abren un tipo alternativo de convivencia por intermedio del nuevo factor de poder: los oprimidos de piel morena determinan ahora el rumbo de la opción descolonial para Bolivia e, inclusive, para el resto de la humanidad.

¿En qué medida el discurso sobre lo étnico y sobre los indios, constituye el “espejo” donde se refleja el deseo de poder y dominación de las élites criollas e intelectuales? Los mestizos y blancos trataron de doblegar la etnicidad indígena para ingresar a la modernidad occidental como una Bolivia sin pasado racial pero, según el indianismo, esto fue un rotundo fracaso. Efectivamente, las élites blancoides quisieron destruir la problemática étnica por medio de diferentes estrategias discriminatorias que fomentaron el odio étnico.

Por su parte, los movimientos indígenas, sus intelectuales y líderes políticos (Ollanta Humala en Perú y Evo Morales en Bolivia, versiones de liderazgo cholo favorables al indianismo), trataron de conquistar el poder para llevar a cabo una revancha socio-política, aunque sin romper los cánones económicos impuestos por la modernidad occidental-capitalista y dejándose llevar por el atractivo de los beneficios materiales: tecnología, privilegios, dinero y deseos de ascenso social. Queremos un ayllu (la estructura y unidad comunal del mundo andino) con computadoras, reclaman los indianistas, uniendo su teología política a las ambiciones por controlar altos puestos ejecutivos y espacios influyentes en la economía global.

Bolivia como un espejo racial

Bolivia representa un prototipo de reflejos siempre cargados de facciones raciales. En un lado del espejo, los componentes ideológicos que forman una determinada percepción del indio en el discurso de una minoría letrada, impulsaron la idea de un mejoramiento de la raza, como si se tratara de convertir el color de la piel en otro tono y, al mismo tiempo, transformar la mentalidad en una creencia religiosa que confíe en la modernidad dominante. El otro lado del espejo trajo las huellas teológicas del discurso indianista que reinterpreta los conflictos económicos, sociales, políticos y culturales, a partir de otra creencia: la revolución india.

La teología política indianista estimula la fe en un nuevo más allá: la Bolivia india, des-colonizada, des-occidentalizada y desenganchada del capitalismo. Al parecer, el propósito sería edificar una nueva escatología; es decir, un estilo de purificación prodigiosa pero con un color de piel indígena, con el acento indio, con la cosmogonía andino-amazónica y con el perfil estético que opaque la imagen de las fieras rubias.

El indianismo de la actualidad (2005-2015) es una particular escatología de la postmodernidad. Quienes lo cultivan han logrado una mezcla de secularización materialista y tecnológica para estar a la altura de la globalización contemporánea. Los indios no tienen por qué renunciar a los beneficios de la modernidad como el crecimiento económico y el mismo desarrollismo; sin embargo, desconfían de todo: del mercado, de la democracia, del Estado de derecho, de los derechos humanos y de la solidaridad de cualquier persona de tez blanca. Así, incitan más bien la construcción de una teología política que expresa los anhelos utópicos de un más allá, aunque reconociendo que el mundo terrenal es sólo un escenario perfectible y, simultáneamente, una realidad social siempre alejada de la respectiva utopía indígena: el incario de equilibrios eternos entre el hombre, la naturaleza y el cosmos.

La teología política del problema indígena es, asimismo, uno de los ejemplos para vincular la crítica del colonialismo y la concepción apocalíptica de un “ajuste de cuentas” con los otros (mestizos, blancos y el mundo occidental en su conjunto). Sin este ajuste, no habría la posibilidad real de avanzar hacia una sociedad emancipada. Este ajusticiamiento fomenta las concepciones escatológicas de “un ir y venir” entre el renacimiento de la memoria arcaica y el pasado místico de las culturas indígenas, por un lado, y la necesaria destrucción de las coerciones del capitalismo moderno, por otro.

Para el indianismo, la Nación como unidad y realidad política homogénea no existe en Bolivia, al igual que los Estados republicanos en América Latina son vistos como una copia mal hecha y arbitrariamente impuesta por el colonialismo. En Bolivia, el indianismo se acerca así al katarismo, una ideología que también entiende al país como una lucha entre la persistencia del colonialismo interno, las fachadas democráticas y la necesidad de incursionar en la representación política, básicamente a partir del enfrentamiento entre el binomio: Naturaleza/Indio y el eje: Modernización/Globalización.

El ex vicepresidente, Víctor Hugo Cárdenas (1993-1997) del desaparecido Movimiento Revolucionario Tupac Katari de Liberación (MRTKL), fue la expresión de cómo el katarismo podía acceder al poder, aunque después sucumbió por no combatir los procesos de ajuste estructural donde los empresarios y las políticas de privatización terminaron por hundir al katarismo cuando el modelo político neoliberal ingresó en una profunda crisis entre 2000 y 2006.

Las concepciones sobre el indio y la revolución se presentaban como una alternativa verdaderamente fuerte ante la ausencia de un movimiento obrero con plena identidad de clase. Simultáneamente, la educación sería la oportunidad para catapultar al mundo indígena hacia un horizonte de esclarecimiento y conciencia étnica multicultural. Todo proceso educativo, sin embargo, fue juzgado como una estrategia para acceder a la modernidad, ensoñación de los procesos revolucionarios nacionalistas al estilo de la Revolución de Abril de 1952, que en el caso de Bolivia instauraron grandes reformas como el voto universal, la abolición de la servidumbre indígena, la nacionalización de las minas y la reforma agraria.

Históricamente, los núcleos de la transformación socio-política que construyen grandes proyectos de la modernidad en Bolivia, son: a) la creación de una burguesía nacional (desde la revolución del 52 hasta el establecimiento del sistema democrático en 1982); b) el fracaso de las ideologías que promovían una revolución acaudillada por la clase obrera (1952 hasta la caída del Muro de Berlín en 1989), para abrir el escenario de reivindicaciones multiculturalistas y nuevas identidades indígenas; c) la instauración de la democracia representativa junto con rígidas políticas de economía de mercado (1982-2000); y d) la supuesta descolonización bajo la tutela del indianismo como verdadera liberación (2005 hasta el presente). El indianismo quiere negar todo el pasado histórico para sugerir que los movimientos indígenas constituyen la forma más legítima de transformación.

La teología indianista se resistió siempre a aceptar el mestizaje como identidad cultural y fisonomía cosmopolita de la estructura social occidentalizada y articuladora de la unidad política en el Estado-Nación boliviano que, aparentemente, nunca habría existido. Así, las ambiciones de la descolonización fueron convirtiéndose en una visión interpretativa, siempre en contra de la modernidad occidental, acusada de ser una máquina destructora en todo el mundo.

La teología política del indianismo es una hermenéutica de la diferencia; es decir, una interpretación de la heterogeneidad étnica en Bolivia, hecha por un conjunto de sujetos que pretenden convertirse en un movimiento social revolucionario. Es la forma de interpelación de un conjunto de naciones indígenas que se ven a sí mismas como un caudal de autodeterminación, totalmente ajenas al Estado-Nación unitario que se denomina Bolivia y como un real esfuerzo que nos estaría liberando de la modernidad, cuando en el fondo se trata de todo lo contrario.

El indianismo pudo conseguir una mayor notoriedad gracias al impulso del sistema democrático que fomentó los ideales de Bolivia como un país multicultural, ampliando la existencia de más alcaldes indígenas, diputados, senadores y otras autoridades que entre 1993 y la actualidad (2015), dieron paso al establecimiento de una modernidad democratizadora, sin la cual Evo Morales no hubiera llegado al poder en el año 2005. A su vez, el indianismo enraizó también un caudillismo secante que Morales aprovechó porque la democracia fue defendida, mientras facilitó la llegada al poder de varios liderazgos indígenas aunque éstos quieren levantar nuevas barreras para que el poder siempre esté en manos indias y no en otras. La modernidad fue instrumentalizada por las aspiraciones políticas del indianismo que, en la práctica, amplió las actitudes antidemocráticas de diferentes caudillismos autoritarios.

Conclusiones


El carácter de la descolonización y el anhelo por una revolución india, están siempre dentro de las luchas por cambiar las relaciones de dominación que ejercen el capitalismo y la occidentalización proveniente de Estados Unidos y Europa. El indianismo, sin embargo, no logra expresarse sin plantear constantemente una oposición entre la Bolivia chola-mestiza-blanca versus la Bolivia india, étnica, cultural y políticamente superior por su aparente pureza de raza y la legitimidad suprema de sus demandas.

En la lucha ideológica, el indianismo combatirá al indigenismo. Éste sería el discurso sobre el indio y el mundo indígena desde la perspectiva del mundo occidental y mestizo. El indigenismo será un escenario específico para comprender cómo el conocimiento sobre el indio es también aquel proceso lento y muy cuidadoso de colonización obstinada. La teología indianista es redención y un retorno a la patria verdadera: las comunidades indígenas de un esplendor inigualable.

La colonización del conocimiento hecha por el indigenismo y la intelectualidad mestiza, sufre una suerte de efecto no deseado pues desde su posición de objeto dominado, el indígena se hizo invisible. Para el indianismo, justamente a través de esta invisibilidad y negación, la cultura indígena también pudo ejercer un poder intercultural a costa de ponerse una máscara blanca.

El mundo indígena quiere instaurar así un espejo donde se refleje el discurso de las élites criollas ilustradas y blancas, quienes por el hecho de imponer su dominación cultural, política y de conocimiento, terminan sucumbiendo ante una realidad que vence al sueño intelectual de la modernización. La Nación homogénea de piel blanca, con el uso de códigos de la modernidad occidentalizada, finalmente sería ensombrecida por una sociedad multiétnica y polimorfa donde las identidades indígenas hacen valer su propio carácter dominante.

La teología política indianista considera que la dominación no siempre se ejerce de arriba hacia abajo en la estructura social, sino que también existe un intento de contra dominación, desde los grupos más aplastados hacia las élites dominantes; es decir, desde lo indígena hacia el mundo criollo. El liderazgo político y la intelectualidad indigenista no tienen el control total del objeto de su discurso (en este caso, lo indígena). Por un lado, las identidades indígenas escapan, se vuelven desconocidas o se convierten en espejo donde quieren que se refleje el resto de la sociedad mestiza y las élites de la modernización. Para el indianismo, el juego entre dominador y dominado siempre está siendo subvertido.

En consecuencia, la realidad en que tiene lugar la multiculturalidad y los proyectos reformulados de una modernización occidentalizada, apuntan constantemente hacia la resistencia indígena, que no solamente busca una serie de tácticas de supervivencia, sino que emerge como un proceso continuo de cuestionamiento a los valores que las élites bolivianas trataron, y tratan, de imponer.

El indianismo es una reproducción permanente de la desconfianza hacia el mestizaje porque entiende que el proceso social y político de la democracia está lleno de azarosos esfuerzos que destilan malas intenciones para el mundo indígena. Los indios no solamente son el objeto del discurso de la sociedad criolla, sino también una especie de estatua muda, vestida con la ideología de la Nación, la sociedad modernizada y la revolución. El indio fue considerado como un sujeto mudo en términos del discurso de las élites blancas pero, a pesar de este silencio o mudez, transforma y genera el discurso del indio y su correspondiente teología, a través de su continua resistencia a la política de aculturación y su persistente lucha por el poder.

La resistencia indígena, muestra cómo la colonización de las mentes, los conocimientos y la cultura indias que alentó el discurso construido por el indigenismo, es traicionada por los argumentos mismos de las élites criollas y por la realidad objetiva de la multiculturalidad indígena que termina imponiéndose. Según el indianismo, la sociedad boliviana se habría estado reflejando en una superficie donde todos nos plagiamos a nosotros mismos, como si conociéramos ya nuestro destino de memoria.

Bolivia es y seguirá siendo india, además de que su historia es aquella de la salvación propugnada por el indianismo, suponiendo una superación de la modernidad. Empero, las teorías de la descolonización y los enfoques teológico-políticos postmodernos, dejan de lado la posibilidad de que el renacimiento del pasado indio contenga también elementos de una pragmática reinvención de la modernidad. Ésta pervive y se reconstruye gracias al empuje de sus grandes inventos como la democracia liberal y un cosmopolitismo pluricultural que protege, inclusive a sus críticos más impenitentes como la teología indianista, la cual, por último, acaba siendo otro intento por preservar una vida gobernada por la tolerancia, en medio del capitalismo salvaje que siempre atiza el fuego de los proyectos utópicos más inverosímiles.
*Sociólogo político, doctor en ciencia política y relaciones internacionales, miembro de Yale World Fellows Program

La doble identidad del Estado: autoritarismo y anomia en México

OPINIÓN de Franco Gamboa Rocabado.- El actual gobierno de Enrique Peña Nieto está enfrentando un terrible escándalo con la desaparición de 43 estudiantes normalistas en octubre de 2014. El hecho ha sido espeluznante porque se cree que estos estudiantes fueron quemados vivos. Las decapitaciones, descuartizamientos y cientos de asesinatos horrorosos superan con creces las acciones violentas del Estado Islámico. Lo que sucede en México es una crisis estatal que está golpeando muy duro en toda América Latina.

Se trata de una degeneración institucional y política donde es muy difícil recuperar la capacidad para controlar tres ámbitos de suma importancia en el siglo XXI: a) la policía; b) las Fuerzas Armadas; y c) el Poder Judicial. En estas tres esferas, la violencia contra los derechos humanos y la penetración del crimen organizado hicieron que el Estado tropiece con una crisis de legitimidad, sin poder revertir una serie de incentivos a la impunidad y la corrupción. Así, se socavan constantemente las débiles estructuras institucionales que la democracia trató de desarrollar los últimos treinta años.

México arrastra una ola de violencia donde sorprende la existencia de 60 mil muertos, solamente en el gobierno del ex presidente Felipe Calderón (2006-2012), junto a otros 26 mil desaparecidos en los mimos seis años. Todo esto a consecuencia de la guerra contra las drogas y la imposibilidad de brindar seguridad interna a la sociedad civil. La cantidad de asesinatos y desapariciones en diferentes gobiernos democráticos de México supera la cifra de muertos durante las dictaduras más sangrientas en Chile (1973-1988) y Argentina (1976-1982).

Una vez más, las desapariciones en México ponen al descubierto la relación peligrosa entre el poder político y diversas bandas de sicarios en la ciudad de Iguala, relación avalada inclusive por la gobernación del Estado de Guerrero. La sociedad mexicana está fuertemente indignada por estos crímenes y se organizó para afrontar los abusos del crimen organizado; sin embargo, el remedio parece ser peor que la enfermedad, debido a la irrupción incontrolable de anomia estatal. Cuando la sociedad desconoce la autoridad del Estado, aparecen múltiples distorsiones donde algunas personas tratan de hacer justicia por mano propia, lo cual agiganta la violencia por medio de múltiples linchamientos colectivos. Las brigadas de autodefensa provenientes de la sociedad civil también rompen con la estabilidad estatal, llevando hacia otros extremos la descomposición del orden político.

Existe un aspecto descuidado en las ciencias sociales latinoamericanas: la incapacidad del Estado para reformarse como burocracia (eficiencia) y referente de orden político (principio de autoridad y soberanía). Hasta el momento, algunas instituciones estatales mexicanas no logran tener una identidad democrática para enfrentar a los retos económicos de la globalización, y a la protección interna de los derechos humanos en condiciones de seguridad.

De cara hacia el sistema internacional, se trata de mostrar un Estado fuerte, con vocación de autoridad. Es decir, mostrar un Estado como Leviatán seguro de sí mismo porque las redes de interdependencia de la globalización exigen un tipo de actor estatal con plena potestad. Empero, hacia adentro de México, la realidad presenta otro tipo de identidad más frágil y desestructurada, de manera que hay una constante contradicción entre lo que es capaz de ofrecer el Estado hacia el orden interno y otros desafíos por fuera: hacia la globalización que se transforma en una influencia sumamente riesgosa.

El Estado en México es enormemente inseguro debido a la escalada de violencia e impunidad que predomina en el país. La policía, las Fuerzas Armadas y el Poder Judicial construyeron una cultura institucional paralela que es vulnerable a la incursión del crimen organizado en las más altas esferas políticas. Asimismo, existe una peligrosa tendencia en la sociedad civil donde se está naturalizando todo tipo de anomia estatal, lo cual también se complementa con el hecho de que el Estado anómico viene desenvolviéndose en medio de la realización de elecciones periódicas. La sociedad elige gobiernos en las urnas pero no puede encontrar una salida para la violencia y la decadencia de las instituciones estatales.

Existen vacíos en las ciencias sociales mexicanas porque son pocas las investigaciones que analizan cómo funcionan sus Estados. Los especialistas en políticas públicas tampoco intentaron comprender cómo el Estados de México se relacionan con otros actores, específicamente las relaciones con grupos empresariales, carteles de narcotraficantes, con la policía, con las redes que ésta tiene en sectores informales de la economía y la política, con las Fuerzas Armadas y con el Poder Judicial que obstaculiza el acceso igualitario a la justicia y los debidos procesos.

El Estado anómico de México vende una imagen externa, asumiendo la identidad de Leviatán autoritario con el fin de mostrar que es apto para racionalizar la actividad económica basada en el libre mercado y exponerse así a la globalización. Ésta requiere de seguridad jurídica y previsibilidad estatal que debe ser brindada a todos los agentes económicos. Sin embargo, esta identidad es ficticia porque se producen varios conflictos, los cuales muchas veces no pueden ser resueltos por las instancias judiciales donde está ausente la imparcialidad, debido a que el Estado tiende constantemente a estar corporativizado.

En el orden interno, el Estado mexicano ha desarrollado los llamados códigos paralelos (o informales) que rigen la conducta cotidiana de numerosos jueces, empleados del Poder Judicial y fiscales. Estas pautas normativas de comportamiento conforman una compacta cultura institucional que no está codificada por escrito pero regula una parte importante de la vida diaria del Poder Judicial, de las Fuerzas Armadas y la policía, donde se violan abiertamente los derechos, deteriorándose la eficacia del Estado como ley.

La ley tiende a ser cumplida, únicamente para quien tiene más dinero, mayor poder o mayor capacidad para amenazar al Estado que va perdiendo el monopolio de la coerción y el uso legítimo de la violencia. El horizonte prospectivo es catastrófico porque demuestra que las reformas del Estado, y todo tipo de esfuerzo para mejorar la calidad institucional de la democracia, habrían fracasado, precisamente debido a los efectos profundamente negativos que desarrolla aquella cultura de códigos ocultos.

Pluralismo o interdependencia en el orbe internacional

OPINIÓN de Franco Gamboa Rocabado.-  El mundo de las relaciones internacionales puede ser analizado desde una perspectiva diferente a la del realismo, donde se confía más en un sistema tendiente a la mutua interconexión entre economías y fuerzas institucionales diversas. Es el caso del pluralismo o interdependencia. La perspectiva pluralista se basa en diferentes premisas, por ejemplo; las relaciones internacionales estarían constituidas por una multiplicidad de actores. La idea fundamental radica en que la arena internacional posee una inmensa red; es decir, una verdadera telaraña en la que participan los Estados, las organizaciones inter-gubernamentales y otros protagonistas transnacionales independientes de las soberanías estatales. Los pluralistas no niegan la importancia del Estado pero no están dispuestos a concederle el primer lugar y, menos aún, el único sitial en el escenario global.

Los pluralistas consideran que las corporaciones multinacionales más grandes tienen mayores recursos financieros y tecnológicos, así como un mayor impacto sobre el ámbito mundial que la mayoría de los Estados del Tercer Mundo (entendidos como soberanías individuales). Por lo general, los países tercermundistas destacan debido a la fragilidad de sus economías y por la abundancia de sus problemas internos, muchos de ellos basados en la corrupción de sus sistemas de gobierno y en su acelerado crecimiento demográfico. Además, las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) de toda índole (religiosas, caritativas, ecológicas, de derechos humanos, etc.) tienen una presencia extraordinaria y creciente en el panorama mundial. El pluralismo rebasa el poder de los Estados y otorga mayor dinamismo al sistema internacional.

El Estado también deja de ser un actor unitario. Las acciones del Estado son el producto de la interacción (a veces conflictiva) de diversos grupos dentro del territorio estatal. Esta premisa es simple y una negación directa de uno de los postulados realistas. Los pluralistas no creen que el Estado sea una bola de billar, cubierta por una coraza impenetrable que lo hace actuar como una entidad monolítica. Por el contrario, el Estado actúa en el sistema transnacional a través de todas las contradicciones internas y de toda la competencia y rivalidades existentes dentro de las diversas estructuras y círculos burocráticos que componen el gobierno. Éste, a su vez, se ve presionado por grupos sociales, económicos y políticos de la más diversa índole.

La premisa del Estado como actor unitario en el mundo no resiste un análisis, dicen los pluralistas, ni siquiera en el caso de los gobiernos altamente centralizados y despóticos. Cuando la ex Unión Soviética (URSS) decidió invadir en 1968 a la hoy desaparecida Checoslovaquia para sofocar la apertura democrática que fuera intentada a través de la llamada primavera de Praga, al interior de la URSS se generó una enorme pugna intra-gubernamental, que demoró la decisión final del régimen de Leonid Brezhnev. Mientras el ejército y el ministerio de defensa soviéticos se inclinaban por la acción militar junto con el Pacto de Varsovia, el ministerio de relaciones exteriores y el Partido Comunista vacilaban, tomando en cuenta los elevados costos políticos que tal acción acarrearía, tal como en efecto sucedió.

La pluralidad de influencias dentro del Estado es más notoria en las democracias liberales u occidentales del siglo XXI, en las que el poder se encuentra repartido tanto entre las diferentes estructuras del Estado, como entre los diversos sectores de la sociedad. Esto origina una situación de poliarquía, cuya robustez varía de un Estado a otro.

El Estado dejaría de ser un actor racional. Esta afirmación no es sino una negación de otra de las premisas realistas, que está íntimamente ligada a la negación de la unidad del Estado como actor supremo en la globalización. Si las decisiones estatales son tomadas por grupos que hacen coaliciones y alianzas, defendiendo sus propios intereses burocráticos y de grupo, será difícil pensar que una realidad así permita que el Estado tome decisiones basadas en cuidadosas consideraciones de costo-beneficio, tendientes a optimizar cada situación. Las decisiones del Estado son, según el pluralismo, resultado de diversas fuerzas partícipes de los procesos decisionales. Toda decisión es el producto de varias negociaciones y regateos inter-burocráticos y de grupos de interés, nunca el producto de la racionalidad del Estado como protagonista fundamental.

La democracia en peligro: los problemas de reinstitucionalización en las fuerzas armadas de Bolivia

OPINIÓN de Franco Gamboa Rocabado, Bolivia.- En treinta y tres años de democracia (1982-2014), las Fuerzas Armadas (FF.AA.) en Bolivia tienen muchos problemas de institucionalidad. ¿Qué quiere decir esto? Significa que existe un lento proceso mediante el cual las normas y conductas de las instituciones militares reconocen y aceptan las enormes exigencias democráticas en términos del respeto de derechos y cuidado de la estabilidad política a cargo del poder civil.

La llegada de la democracia, luego de turbulentos regímenes de facto que duraron alrededor de dieciocho años (1964-1982), hizo posible que la población vuelva a creer en un Estado donde se desarrolle todo tipo de libertades, gracias al establecimiento de la democracia, como la forma más pacífica de gobierno. Así se puso fin a las largas jornadas de represión, violencia y autoritarismo durante la década de los setenta.

Con el restablecimiento de un gobierno democrático en el año 1982 por parte del entonces presidente Hernán Siles Suazo, que recibió el mando de parte de la junta militar encabezada por el Gral. Vildoso Calderón, se trató de implantar los principios democráticos, entre los cuales se pueden citar: la organización de elecciones libres legitimadas por el voto universal; el respeto de todo tipo de acciones de oposición frente un gobierno oficial; la defensa de derechos civiles, humanos, políticos y sociales; junto con la construcción de una opinión pública que informe abiertamente sobre el conjunto de los problemas del país. Sin embargo, el papel de las Fuerzas Armadas fue dejado de lado o arrinconado en la indiferencia, aunque el orden político del aparato estatal iba a descansar, necesariamente, en lo que los militares podían hacer como un último recurso para la estabilidad y el control de un nuevo tipo de acciones represivas.

La crisis económica, la eclosión social y el desequilibrio político del primer gobierno democrático en el periodo 1982-1985, dieron lugar a que se abandone muy temprano la posibilidad de reformar a las instituciones militares debido a que surgieron nuevas prioridades como la solución de la hiperinflación, los problemas de la pobreza y la permanencia de una mala imagen de los comandantes, relacionada con los golpes de Estado. Siempre destacó una falta de profesionalización y modernización que tanto hacía falta en las FF. AA.

Para salvar a la democracia de una descomposición política y económica, se instauró el llamado pacto por la democracia entre el gobierno de Víctor Paz Estenssoro (1985-1989) y Acción Democrática Nacionalista (ADN), partido mayor de oposición en ese entonces, logrando así una democracia pactada que luego derivó en la construcción de una frágil institucionalidad y el retorno de viejas estructuras que se caracterizaron el clientelismo y cuoteo político. El fortalecimiento institucional de las FF.AA. no pudo consolidarse dentro de un nuevo tipo de Estado democrático.

Durante la administración del ex presidente Jaime Paz Zamora (1989-1993), varios eventos domésticos e internacionales pusieron en cuestión el rol de los militares bolivianos (por ejemplo, su participación en los casos de lucha contra el narcotráfico y algunos escándalos de corrupción). En diciembre de 1991 se promulgó la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, la cual no generó cambios substanciales en el funcionamiento tradicional de la institución militar. Más bien se dio lugar a la incursión de los militares en la lucha contra el narcotráfico y, por lo tanto, se debilitaron las funciones constitucionales de defensa externa para concentrar sus labores en el control de narcóticos y la reestructuración del “orden político interno”. Esto fue negativo y mostraba, una vez más, la imposibilidad de modernizar institucionalmente a las FF.AA.

Instaurando su base de operaciones en el Chapare cochabambino con la ayuda de la embajada de Estados Unidos, que tuteló la intervención militar en la política antinarcóticos, el Ejército (una de las instancias más importantes de las FF.AA.) participó en las tareas de erradicación de cultivos de coca provocando grandes consecuencias sociales y políticas. Una de éstas fue la estigmatización antidemocrática y violenta con la que fue visto el Ejército por parte de los campesinos cocaleros. La institución militar volvía a convertirse en una amenaza que viola los Derechos Humanos por medio de constantes agresiones armadas.

Los conflictos sociales en Bolivia sufrieron trasformaciones de índole radical durante el periodo democrático del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997). Este gobierno estimuló varios conflictos debido a la implantación de políticas económicas y sociales de raíz neoliberal, provocando movilizaciones sociales. En esta situación de mayor conflicto, los militares asumen otro rol: reprimir las movilizaciones que se propagaban en el país y mantener el orden político a través de medidas de facto como el estado de sitio.

Recordemos que las tres reformas consideradas importantes en el gobierno de Sánchez de Lozada (Ley de Reforma Educativa, Privatización y Participación Popular) fueron aprobadas e implementadas en el año 1993 en medio de un total estado de excepción. Así quedó claro que las funciones represivas en el ámbito interno adquirieron mayor preponderancia, en relación a otro tipo de institucionalidad para las FF.AA. pues la violencia represora se transformó en un recurso de última instancia para proteger la legitimidad cuestionada de diferentes gobiernos democráticos. Una contradicción profunda y la señal de desinstitucionalización en las FF.AA. que fue muy difícil de corregir hasta la actualidad (2014). La imagen militar perdió credibilidad al ser utilizada como instrumento de coerción de los mismos gobiernos democráticos. Esto hace pensar en un retorno a medidas dictatoriales que socavan las relaciones cívico-militares en Bolivia.

El gobierno de Hugo Banzer (1997-2000) se vio involucrado en un conflicto de índole económica en la ciudad de Cochabamba provocando la movilización denominada “Guerra del Agua”, debido a los intentos por privatizar la provisión de los servicios de agua potable. El conflicto se extendió a lo largo del país en apoyo a la demanda de los cochabambinos.

La presencia militar fue una vez más requerida para mantener el orden, ante la inminente promulgación del “estado de sitio” que estimularía mayor tensión en Cochabamba. La represión generó un centenar de heridos y varios muertos. El resultado inmediato fue una mayor ruptura y desconfianza entre las FF.AA. y la sociedad civil. Esto expresa que los conflictos altamente desestabilizadores, son asumidos por manos no profesionales porque se descartó la “negociación y resolución alternativa de conflictos”. En el caso de la Guerra del Agua, el conflicto violento fue administrado únicamente por los soldados que hacían su servicio militar a lo largo del año. Esto reveló una gran letalidad por el grado de inexperiencia y falta de preparación del personal militar que solamente reprimió sin tratar de retomar el control de los conflictos por medio de pactos democráticos, ligados al respeto de las garantías constitucionales.

En el segundo mandato de Sánchez de Lozada (2002-2003) se evidenciaron dos momentos de tensión social: uno en el mes de febrero de 2003, con la movilización de varios sectores de la sociedad civil a la que se sumó el amotinamiento de la fuerza pública, derivando en un enfrentamiento con el Ejército y el saldo lamentable de dos días de represión, 23 muertos y varios heridos.

Un segundo acontecimiento surgió en el mes de octubre del mismo año, cuando se pidió la renuncia inmediata de Sánchez de Lozada en la denominada “Guerra del Gas”. El saldo negativo de la represión de octubre provocó 78 muertos y más de 400 heridos; este clima de violencia provocó el derrocamiento y posterior huida del presidente. El común denominador durante estos momentos conflictivos fue la presencia de las FF.AA., convertidas en un recurso inestable y extremo de represión violenta con graves consecuencias para la democracia y la misma institución militar.

Posteriores gobiernos como el de Carlos D. Mesa (2003-2005) y Eduardo Rodríguez Veltzé (2005), tampoco lograron un cambio dentro la institución militar, pues sólo mantuvieron un statu quo sin transformar efectivamente ningún área de las FF.AA. que hasta el día de hoy mantienen ambiguos principios de lealtad hacia la democracia y de muy precaria profesionalización, si se compara esta situación con otras instituciones militares en el ámbito latinoamericano.

Con la llegada de un nuevo gobierno en el año 2006, encabezado por Evo Morales Ayma, lo que se intenta es proyectar medidas económicas, sociales y políticas que beneficien a la sociedad boliviana. Sin embargo, esta pretensión tampoco ha logrado una mayor legitimidad y reconocimiento de autonomía institucional para mejorar la relación entre las FF.AA. y la defensa de la Constitución, o el respeto de la sociedad civil hacia la institución militar como entidad que defiende la soberanía estatal con plena confiabilidad.

Hoy en día, no hay una mayor reforma para identificar un conjunto de nuevos roles militares y una mejor profesionalización de las FF.AA. Más bien, Evo Morales delegó a éstas otras funciones como controlar el contrabando y ser parte de la seguridad pública, lo cual no resuelve su crisis de institucionalidad y agudiza sus problemas de organización que afectan, no sólo a los militares sino también a su misma funcionalidad dentro de un sistema democrático.

Existe un grave déficit de institucionalidad y problemas de modernización dentro de las Fuerzas Armadas, concentrándose en el análisis de las condiciones de violencia que se practica en los cuarteles. Éstos son un escenario pre-moderno y desprovisto de capacidades para reformarse desde adentro. La pregunta central en este caso es: ¿cuáles son los problemas de institucionalidad que están profundamente enraizados dentro de las Fuerzas Armadas bolivianas? Todos estos repercuten seriamente y generan diferentes escenarios de violencia que destruyen los valores básicos del sistema democrático.

Aquí se afirma como hipótesis de trabajo que la carencia de una institucionalidad en las FF.AA. impacta en la aparente instrucción integral que se imparte a los conscriptos en los cuarteles del país, bajo el nombre de servicio militar obligatorio, generando patrones de autoritarismo violento y determinando una ausencia de adaptación de la institución militar a las exigencias de un sistema de derechos democráticos y del nuevo tipo de Estado Plurinacional.

El problema de construcción de institucionalidad dentro las FF.AA., viene desde la instauración de la democracia en Bolivia, debido a la falta de claridad e interés de los legisladores y militares de alto rango en tratar temas como su modernización y formación profesional, provocando así condiciones de violencia en los cuarteles y en la intervención de los militares en los momentos de manutención del orden político interno. Estos problemas crean incertidumbre respecto a los principios democráticos que las FF.AA. deben obedecer en Bolivia. La democracia, una vez más, está en constante peligro.

Brasil: ambiciones globales y desalientos

OPINIÓN de Franco Gamboa Rocabado.-  Las elecciones presidenciales en Brasil del domingo 5 de octubre dejaron una gran lección para América Latina. En primer lugar, este país no pudo superar un problema que emergió con notoriedad preocupante durante el mundial de fútbol de junio 2014: la “exclusión social”, pues millones de ciudadanos, aún a pesar de expresar su descontento, por medio de protestas en las calles que ansiaban a gritos el cambio estructural de su sistema democrático, no lograron contrarrestar la lógica de élites del poder que predomina en este país.

Las presidenciales mostraron una seria imposibilidad para combatir aquella orientación económica donde las fuerzas del mercado definen todo en la política brasileña en función de la globalización; es decir, considerando únicamente los intereses de las grandes transnacionales y los objetivos empresariales de negocios millonarios: petróleo, seguridad pública, infraestructura urbana, producción de maquinarias, industria farmacéutica, agricultura, tecnología, narcotráfico, lavado de dinero, fútbol y banca internacional de inversiones gigantescas. Brasil es el ejemplo más llamativo donde la apertura hacia el mercado mundial agrandó demasiado las brechas entre una gran mayoría de pobres y clases medias, versus otra pequeña minoría de personas favorecidas por los grandes negocios. Este país no es el mejor ejemplo para mostrar una economía emergente con altas dosis de desarrollo humano igualitario, ni tampoco para expresar un modelo de protección sostenible para el medio ambiente.

En segundo lugar, el Partido de los Trabajadores (PT) de Dilma Rousseff no constituye ninguna fuerza política de izquierda porque la ideología ha muerto en el manejo del poder. En Brasil, las decisiones se mueven alrededor de la habilidad para preservar la presión corporativa de los empresarios nacionales y transnacionales que ven a la economía brasileña como el eje más importante de las Américas, capaz de opacar, tarde o temprano, a los Estados Unidos. Si bien para muchos esto puede parecer una exageración, la fuerza con que chocaron las protestas de la gente común para oponerse al mundial de fútbol, y la firme decisión del gobierno de Rousseff para priorizar las inversiones futboleras por encima de cualquier política social de alivio a la pobreza, no son otra cosa que el propósito de mantener a Brasil como el país que está conquistando los mercados internacionales de América Latina, Europa y Asia, aun cuando deba soportar un alto costo social.

Como nunca antes, la política exterior brasileña está supeditada a las políticas de libre comercio que privilegian las redes de globalización interdependiente, antes que la redistribución de la riqueza con un enfoque más humano. Todo esto pensando en que la gente de a pie pueda sobrevivir como sea, luego de observar atónita cómo se encareció su nivel de vida en más de 300 por ciento desde 1996. Rousseff es juzgada negativamente porque su gestión no redujo la alta inflación, tampoco subió una tasa de crecimiento económico que no llega al uno por ciento anual en 2014, a lo cual se suman las acusaciones de corrupción, convirtiendo a Brasil en un gigante de ambigüedades y desalientos.

La desigualdad apenas se redujo del 0,594 al 0,527 entre 2004 y 2014, según el índice de Gini. En el modelo brasileño no pueden articularse equilibradamente el crecimiento económico orientado hacia el mercado mundial, la reducción de la desigualdad, la inflación que afecta el nivel de vida de los más pobres y la política social que siempre está sometida a las prioridades de la inversión extranjera directa y a las decisiones macroeconómicas que benefician a los sectores más ricos.

Lo mismo sucede con las propuestas y el estilo de liderazgo alternativo que brinda Aécio Neves, quien logró el segundo lugar en las presidenciales del 5 de octubre, pues el Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB), que pisa fuerte en la política de los últimos veinte años, no tiene otra prioridad que tomar el gobierno para proseguir con el modelo de globalización exportadora y financiera. Además, representa al discurso emocional para, supuestamente, cambiar o beneficiarse del descontento masivo en contra de tres gestiones gubernamentales del PT.

Uno de los pilares que sostienen la orientación globalizadora en Brasil es el proyecto denominado Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA), diseñado con el fin de profundizar la integración física, energética, redes de transporte, comunicaciones e incluso promover un nuevo tipo de ambiente político institucional. IIRSA está empezando a dar resultados pero dentro de un marco geopolítico que aumente el comercio dentro América Latina y donde Brasil pueda importar recursos naturales de otros países sudamericanos para después vender bienes de consumo en toda la región.

Por lo tanto, no importa si Rousseff es reelegida como presidenta o si Neves captura el gobierno. Cualquier liderazgo presidencial está en la obligación de proseguir y fortalecer los proyectos de un tipo de empresariado mundial que, en el caso brasileño, está directamente conectado al capital internacional, una gran fuerza con la capacidad de invertir en la infraestructura sudamericana cuyo propósito supremo sea facilitar la explotación de recursos naturales hacia diferentes países por fuera de América Latina.

Es por esto que el grupo financiero más grande de Brasil, XP Investimentos, está desarrollando negocios en aquellos mercados que son considerados como escenarios potencialmente millonarios de la región, por ejemplo, Perú, Chile, Colombia y Argentina. Las estrategias internacionales de Brasil tienen la finalidad de promover a sus élites económico-empresariales, quienes están íntimamente asociadas al capital internacional para aprovechar las perspectivas globalizadoras de la región, es decir, favorecer al capital extranjero gracias al mercado mundial y encumbrar a Brasil como el actor dominante en las Américas.

Cualquier cambio de liderazgo presidencial es importante para la política doméstica, pero hacia afuera, las orientaciones siempre serán las mismas: el PT o el PSDB apuntan a una superioridad brasileña internacional que establezca un precedente geopolítico en los mercados latinoamericanos, por encima de China y Estados Unidos.

El realismo en las relaciones internacionales

OPINIÓN de Franco Gamboa Rocabado.- Hans Morgenthau (Alemania, 1904-1980) fue uno de los realistas más importantes del siglo XX y es considerado como uno de los fundadores de la perspectiva realista en las relaciones internacionales. El realismo es una mirada descarnada, homogénea y bastante impregnada por un supuesto derecho de los más fuertes para dominar. Sin embargo, Morgenthau solamente prosiguió con las orientaciones políticas que hunden sus raíces en la antigüedad clásica, dos milenios antes de que la teoría de las relaciones internacionales fuera una disciplina independiente.

En todo caso, Morgenthau discutió con el idealismo, visión que tuvo muchos seguidores en los años posteriores a la Primera Guerra Mundial. El “interés nacional” es uno de los conceptos fundamentales en el pensamiento de Morgenthau. Para el realismo existen algunos principios básicos. En primer lugar, cree que la sociedad en general y la política son gobernadas por leyes objetivas sustentadas en la naturaleza humana. Si uno quisiera mejorar la sociedad, habría que conocer dichas leyes sin importar nuestras preferencias.

Por lo tanto, el punto fundamental se concentra en el concepto de interés. El realismo asume que éste es definido como poder. Todo poder debería ser también una categoría objetiva y universalmente válida. Aunque el contenido específico del interés no es fijo ni permanente, el concepto mismo es la esencia de la política y no lo afectan las circunstancias de tiempo o espacio.

El realismo político está consciente del significado moral de la acción política pero, simultáneamente, introduce una tensión constante entre el mandato moral y los requerimientos propios de la acción política efectiva. Los realistas se rehúsan a identificar las aspiraciones morales de una nación con leyes morales que rijan al universo. Lo predominante es el mantenimiento de la autonomía de lo político porque así se preserva mejor el objetivo principal que es el ejercicio y el mantenimiento del poder como el mecanismo más adecuado para defender los intereses nacionales.

En segundo lugar, el interés nacional para Morgenthau tiene dos elementos básicos: a) la supervivencia del Estado, lo cual significa preservar la integridad territorial, la soberanía, la integridad cultural y la identidad colectiva nacional; b) el contenido específico de estos conceptos varía con las cambiantes circunstancias históricas por las que atraviesan los Estados. Además, existe cierta clase de interés o intereses que también cambian con el transcurrir del tiempo.

El concepto de interés nacional conduce a una justificación del imperialismo y a un tipo de nacionalismo que puede transformarse en fanatismo. Si bien existe tal peligro, decía Morgenthau, la idea de interés es realmente la esencia de toda acción política y como tal, no la afectan ni el tiempo ni las circunstancias. La afirmación de Tucídides, nacida de las experiencias de la antigua Grecia, según la cual “la identidad de intereses es el más seguro lazo ya sea entre Estados o entre individuos”, es algo que permanece en el siglo XXI porque para muchos diplomáticos, los únicos lazos de unión que perduran entre las naciones son aquellos en los que hay una ausencia de todo conflicto de intereses.

Morgentahu reiteraba que mientras la conexión entre interés y política es perenne, la conexión entre intereses y Estado nacional es un producto de la historia, es decir, el resultado de una realidad en constante cambio. Se puede añadir que en muchas circunstancias el interés también radica en no practicar políticas de dominación ni expansión. No hay una conexión lógica, ni históricamente necesaria entre interés nacional y agresividad internacional.

El realismo sigue incólume en el siglo XXI. Uno de los atributos que enfatiza el interés nacional es la soberanía estatal. El Estado es la autoridad suprema dentro de sus fronteras, por encima de cualquier individuo o grupo. Hacia el exterior, todos los Estados, al menos formalmente, son iguales y soberanos, razón por la cual es sumamente difícil resolver conflictos territoriales como los de Palestina e Israel, Bolivia y Chile, Ucrania y Rusia, China y Japón, de manera que la política exterior realista es la principal causa de la situación de anarquía internacional.

El mundo globalizado: una totalidad desbocada

OPINIÓN de Franco Gamboa Rocabado.- La profunda interconexión del mundo no puede ser ignorada por ninguna persona educada y alerta a los acontecimientos de la globalización. La realidad internacional es complicada y fascinante con características, estructuras y tendencias que pueden ser analizadas en detalle, aunque no existe un criterio unificado dentro de la teoría de las relaciones internacionales para estudiar los orígenes e impactos de la globalización.

Alrededor de estos temas ha existido y existe un tremendo debate entre los investigadores de las relaciones internacionales. Unos favorecen la perspectiva “realista”, otros el enfoque de la “interdependencia”, y otros trabajarán desde la óptica de raigambre marxista conocida como “dominación y dependencia”. Algunos autores estadounidenses también llaman a esta perspectiva “globalismo”. Sin embargo, es mejor evitar el uso de este término porque puede causar confusiones con el concepto de globalización, el cual se refiere al proceso multidimensional de interrelación económica, política, cultural y militar que nuestro mundo vive hoy en forma acelerada e imparable.

Además del realismo, el pluralismo y la dependencia, existen otras visiones como la escuela histórico-sociológica, la teoría crítica y el mismo feminismo, corriente que encierra en su seno una considerable diversidad de manifestaciones, calificadas como un conjunto de enfoques más pacíficos de las relaciones internacionales. Tales perspectivas teóricas están esforzándose desde finales del Siglo XX, por abrirse un camino legítimo que reduzca la incertidumbre y la compresión anárquica de una realidad donde ha regresado una nueva jerarquía internacional con países dominantes: Brasil, China, India, Rusia y Sudáfrica, mientras que el África subsahariana y muchos países pobres de América Latina continúan siendo los vagones de cola que han hecho recrudecer la desigualdad.

Si la teoría de las relaciones internacionales incluye una variedad de enfoques, es porque también se presentan una diversidad de métodos de investigación. Por lo tanto, nuestra comprensión de lo que significa el alcance y los desenlaces de la globalización, está íntimamente ligada a un conocimiento en formación y constante evolución, muchas veces contradictorio. Varios se inclinarán por cualquiera de las tres primeras perspectivas teóricas, o por los métodos de análisis llamados “tradicionales” como la historia, diplomacia, derecho internacional o posiciones filosóficas; mientras que otros prefieren seguir las ciencias de la conducta o el convencional “behaviorismo”, utilizando métodos cuantitativos.

De cualquier manea, es fundamental cultivar el campo empírico para probar todo tipo de hipótesis. La globalización y las relaciones internacionales trabajan en la creación de modelos teóricos que todavía se encuentran en el intento de detectar tendencias y uniformidades en los fenómenos políticos universales. Sabemos muy poco pero nos impactan las formas en que la globalización influye en la vida diaria de millones de seres humanos. El ámbito internacional está siempre debajo de nuestra almohada y junto a nuestra ropa interior.

Quienes se adhieren a esta última orientación; es decir, aquellos que piensan en la globalización como el patrón profundo que moldea nuestras vidas, también pretenden encontrar leyes que rijan el curso de los eventos mundiales, los cuales estarían determinados por factores sociológicos (la sociedad global) o económicos (el mercado mundial). Así se cree que inclusive es posible la predicción, aunque el descubrimiento de leyes es una meta eternamente elusiva, un ideal insatisfecho que pervive desde hace tiempo en las ciencias sociales.

La gran cantidad de obras que abordan las relaciones internacionales tiene diferentes propósitos y modos de análisis. Unas son mayormente descriptivas, otras son explicativas, otras interpretativas, otras defensoras de la globalización, otras son normativas, otras prescriptivas, y otras procuran, no solamente efectuar diagnósticos, sino además, elaborar escenarios prospectivos, a menudo por medio del uso intenso de modelos estadísticos. ¿Se puede calcular todo evento, estrategias de los actores y su comportamiento sorpresivo en la arena internacional? Esta es la gran ambición de los especialistas en política exterior dentro de la globalización.

Los seguidores de métodos empíricos de investigación han sido o son influenciados todavía por el positivismo, creyendo posible, en distintos grados y con diversas tonalidades, que en el siglo XXI se tiene la capacidad de construir una ciencia de las relaciones internacionales, inspirada en el modelo de las ciencias naturales. Por ello aspiran a que las relaciones internacionales estén libres de consideraciones axiológicas y de elementos normativos, evitando las reflexiones de tipo metafísico. Los más puros cultivadores del positivismo creyeron posible el descubrimiento de leyes para prever la conducta humana. Otros (la mayoría) se conforman hoy con el descubrimiento de regularidades de naturaleza estadística.

El debate contemporáneo sobre la globalización y las relaciones internacionales, se realiza en dos grandes campos (que a su vez tienen subdivisiones y rivalidades). En el primer campo están los realistas, los pluralistas y los dependentistas. Todos ellos, desde el punto de vista epistemológico, encajan dentro de la tradición modernista. El modernismo se remonta al siglo XVIII, es decir, al racionalismo y al empirismo, tradiciones intelectuales sobre las que descansa la producción científica de Occidente.

El segundo campo de lucha teórica y política, mucho más nuevo y por ende con una menor trayectoria, es el abierto por la disciplina de las relaciones internacionales a fines del Siglo XX. Hasta hoy ha tenido menor peso que el primer grupo y está constituido por corrientes como el feminismo y la teoría crítica. Estas teorías, a menudo están consideradas bajo el amplio, y a veces ambiguo, rótulo de los fenómenos culturales conocidos como el post-modernismo. La globalización del siglo XXI nos encierra en un vaivén de incomprensión y angustia porque la anarquía internacional no sabe dónde está yendo, ni dónde terminará un conjunto de escenarios caracterizados por la violencia y las contradicciones brutales de un mundo desbocado.

*Doctor en gestión pública y relaciones internacionales

La impunidad del poder: los juicios de responsabilidades en Bolivia

Por Franco Gamboa Rocabado, Bolivia.- La historia de los juicios de responsabilidades en Bolivia está plagada de rencor, venganza e impunidad. Todos los procesos instaurados contra altos dignatarios de Estado fueron promovidos por enconos personales y partidarios que confundieron la necesidad de hacer justicia y exigir una rendición de cuentas, con el ciego rencor o la intimidación. Pocos juicios fueron presentados ante la Corte o Tribunal Supremo con acusaciones susceptibles de comprobación y con procedimientos jurídicos respaldados, como las acciones de Marcelo Quiroga Santa Cruz contra Hugo Banzer o el proceso contra Luis García Meza Tejada y su primer gabinete de ministros. En general, el poder es un ejercicio casi completamente impune en Bolivia, que pasa a ser el país donde la política es una actividad verdaderamente irresponsable, despreciativa con la institucionalidad democrática y destructiva del aparato estatal.

En otros casos, existiendo pruebas en contra de los inculpados, los acuerdos políticos en el Parlamento o la negociación a puerta cerrada por puro cálculo de intereses, hicieron que todo intento quedara sepultado en el olvido o la ilegalidad. En el siglo XXI ocurre lo mismo, pues la democracia boliviana se caracteriza por un gran vacío en sus capacidades para responsabilizar a quienes se aprovechan del Estado en los altos círculos del poder. No existe una estructura institucional que juzgue eficientemente al Presidente y sus ministros por las decisiones que éstos toman y las políticas que llevan a cabo. El sistema democrático tiene una estructura que alienta la arbitrariedad, de manera que los juicios de responsabilidades son substituidos por las movilizaciones callejeras donde la sociedad busca, por la fuerza, que las autoridades políticas del Estado rindan cuentas de sus actos y sean castigadas.

Los juicios de responsabilidades tienen razones estrictamente políticas para llevarse a cabo, dejándose de lado los objetivos institucionales donde sea el respeto a la ley lo que predomine para llevar adelante un verdadero Estado de derecho. A diferencia del impeachment estadounidense, la Constitución Política del Estado hasta el año 2004 preveía un juicio contra dignatarios de Estado por motivos de traición a la patria, malversación de fondos fiscales y violación de las garantías constitucionales. Desde la aprobación de la Constitución del Estado Plurinacional en 2009, los delitos cometidos por servidores públicos que atenten contra el patrimonio del Estado y causen grave daño económico, tienen un carácter imprescriptible y no admiten régimen de inmunidad.

Asimismo, en Bolivia se instauró la Procuraduría General del Estado para defender los intereses de éste. Sin embargo, los trámites en la realidad están plagados de formalismos burocráticos e interpretaciones jurídicas confusas que, normalmente, bloquean cualquier acción concreta que quisieran ejecutar algunos líderes políticos o parlamentarios. De hecho, ninguna organización de la sociedad civil u otra institución que busque limitar los abusos del poder podría plantear un juicio de responsabilidades. Quienes ejercen el poder dentro del Estado, finalmente se cubren las espaldas con la misma red de instituciones que puede ser maniobrada políticamente.

En otros casos, el juicio de responsabilidades se convierte en una coartada jurídica o en un pretexto para evitar que algunos burócratas sean acusados ante el Ministerio Público. Justamente se intentó desarrollar este procedimiento en el juicio contra el ex Superintendente del Fondo de Pensiones, Alfonso Peña Rueda, cuyo abogado quiso recurrir a un juicio de responsabilidades para evadir un proceso en otros estrados judiciales.

Los juicios ante la historia

Durante la vida republicana se desarrollaron alrededor de 35 juicios de responsabilidades contra altos mandatarios de Estado, entre presidentes y ministros, de los cuales solamente cinco concluyeron, hasta la fecha, con sentencias claras y definitivas. La historia se remonta a 1828, cuando tuvo lugar el primer juicio de responsabilidades con la acusación del Mariscal Antonio José de Sucre en contra de José María Pérez de Urdininea, ministro de guerra, el 2 de agosto de 1828, por el delito de traición a la patria en ocasión de la invasión militar de Agustín Gamarra. Por los oscuros sucesos políticos de la época en contra de Sucre, el juicio quedó en nada. Pérez de Urdininea se declaró abiertamente enemigo político de Sucre, instigando a la sublevación a algunos sectores del ejército. El caos reinante durante los inicios de la República determinó la salida del poder de Sucre y su posterior asesinato. Pérez de Urdininea celebró la muerte de Sucre y exigió en más de una ocasión que sea declarado traidor y enemigo de Bolivia. Nunca importaron las capacidades institucionales como el soporte para defender los derechos de las personas o del mismo Estado.

El segundo juicio se inicia con la acusación del diputado por Chayanta, José Pareja, contra el gobierno del general José Miguel de Velasco, el primero de octubre de 1840 por el delito de infracciones constitucionales. La acusación fue archivada debido a razones infundadas. Después, una sorprendente acusación impulsada por la prensa en contra del Mariscal Andrés de Santa Cruz, acusándolo de ser propulsor del restablecimiento de la moneda feble, malversaciones y supresión de las libertades de prensa, dio lugar a otro proceso. Éste terminó el dos de noviembre de 1839, cuando se declara al Mariscal de Santa Cruz “insigne traidor, indigno boliviano cuyo nombre debe ser borrado de las listas civil y militar de la República”.

Con el paso del tiempo, la propia prensa se encargó de reivindicar la dignidad de Andrés de Santa Cruz, aunque siempre consideró su gestión de gobierno como dictatorial. El Mariscal es uno de los pocos gobernantes que, gozando incluso de cierto prestigio y lealtades en el ejército, no trató de eludir ni reprimir el juicio de responsabilidades en su contra.

En el cuarto juicio, el Congreso General Constituyente de Bolivia acusó y condenó a José Ballivián, declarándolo insigne traidor. Al mismo tiempo, se exhortó a que todo patriota fuera tras las huellas de este ex Presidente y lo trajera vivo o muerto. La mayoría del Congreso expresó públicamente su encono y deseo de venganza hacia Ballivián. Aquella la época, se consideraba que la mejor política era la de matar y morir por la patria, deshaciéndose de cualquier enemigo. La concertación o tolerancia, así como la institucionalidad para juzgar la conducta política y limitar las acciones de los poderosos eran, simplemente, actitudes impensables.

En agosto de 1857, el diputado Mariano Baptista instauró un juicio contra el presidente Jorge Córdova, a quien se lo culpaba de haber utilizado facultades extraordinarias que no le correspondían, cometiendo supuesto abuso de funciones. Sin embargo, una comisión especializada concluyó que no se violaba la Constitución, declarando a Córdova inocente. El partido liberal de Baptista siguió conspirando en más de una ocasión para defenestrar al Presidente. De igual manera, la lógica de guerra predominaba en la política, exigiendo el derrocamiento de los líderes al margen de cualquier fortalecimiento de la ley o la consolidación institucional del Estado.

Otro juicio, tramitado por Tomás Frías, Adolfo Ballivián y Mariano Baptista del partido liberal, se libró contra José María Linares en 1861. En este juicio se pronunció sentencia sin proceso alguno, por lo que se convirtió en un hecho atentatorio contra el mínimo principio de defensa de derechos. Fue el juicio más viciado de la historia aprovechando el respaldo del ejército y la presión política de los liberales en ciertos cargos influyentes. Así se inaugura un momento donde no hay forma de precautelar la justicia por medios imparciales que respondan a un Estado sustentado en un orden institucionalizado.

Una séptima acusación se desarrolló contra el gobierno de José María Achá. El objetivo era derrocarlo por los medios más legales. Para ello, la oposición se valió de la Asamblea de 1864 y de la Comisión de Constitución, Justicia y Policía Judicial del Congreso. Sin embargo, debido a que los cargos eran infundados, la Asamblea absolvió al gobierno. A su vez, José María Achá cobró su revancha persiguiendo a los conspiradores. El octavo juicio fue contra Mariano Melgarejo el 6 de febrero de 1871. Dicho proceso fue impulsado por el gobierno de Agustín Morales quien declaró delincuente al general Melgarejo por traición a la patria, prevaricato, desmembramiento del territorio nacional, matanzas de indios, falsificación de la moneda nacional y escandalosa embriaguez habitual. También se declaró delincuentes a sus Ministros de Estado y Diputados de la Asamblea que aprobaron los límites territoriales entre Bolivia y Brasil. El tribunal que condenó a Melgarejo, estuvo a la cabeza del famoso jurista Pantaleón Dalence. Este juicio terminó con una sentencia, al menos históricamente, aunque quedó sin ser ejecutada.

Otra acusación fue la de Belisario Salinas contra Agustín Morales, debido a infracciones constitucionales, el 5 de septiembre de 1871. No llegó a votarse una investigación porque a pocas semanas de presentada la acusación, Salinas murió. Su muerte no fue un complot, aunque Morales afirmó que la justicia divina se había encargado de saldar cuentas con el rebelde. Todo degeneró en personalismos y odios primitivos sin impulsar nunca los valores constitucionales o el concepto de debido proceso.

La Convención de 1880 inició otro juicio contra el presidente Hilarión Daza bajo los cargos de atropello de las garantías sociales e individuales, despilfarro, peculado y mala conducción de la guerra contra Chile. El juicio se extendía hacia sus ministros y todos los que aceptaron funciones públicas en su gobierno. Los legisladores de 1893 nuevamente acusaron a Daza. Esta vez, el Senado debía debatir el tema en presencia del acusado pero, cuando éste viajaba a La Paz para asumir su defensa, fue asesinado en Uyuni, el 27 de febrero de 1893. Este juicio de responsabilidades es el que más contenidos políticos tuvo donde, además, se detectó documentación fraguada, extraviada, correspondencia secreta y estrategias de sedición para encubrir a los principales responsables por el desastre bélico con Chile. En aquella época, los enemigos políticos de Daza hicieron todo a su alcance para acecharlo y negarle posibilidades de defensa.

En 1895, Ismael Vásquez acusó a Mariano Baptista por haber ratificado, canjeado y promulgado los tratados con Chile en 1894. Este juicio también quedó en nada. Mucha documentación se perdió y las amenazas de muerte contra Vásquez terminaron por amedrentarlo del proceso.

Venganzas en lugar de imperio de la ley

El diputado por Oruro, León Loza, acusó en 1904 al Presidente José Manuel Pando por infringir preceptos constitucionales. Esta acusación, al carecer de suficiente apoyo político, no prosperó. Loza se vio solo con los trámites y desistió por miedo a represalias. La décimo cuarta acusación fue hecha por un grupo de diputados en contra de Ministros del gobierno del general José Manuel Pando. En realidad es una ampliación del anterior pliego acusatorio de 1904. En esta oportunidad, tampoco fructificaron los trámites pues León Loza se negó a entregar la documentación de respaldo, arguyendo que ya existían negociaciones políticas desde el gobierno para desbaratar toda oposición.

La décimo quinta acusación fue impulsada por Rafael de Ugarte, diputado por Cochabamba, contra Carlos Torrico, ex ministro de hacienda en el gobierno de Eliodoro Villazón. Esta acusación fue superficial e improcedente, la más débil de todos los juicios de responsabilidades, anulándose casi de manera inmediata. Ni los cargos, ni el procedimiento estuvieron claros y no pasó de ser una simple anécdota.

Un nuevo juicio fue impulsado por el Ministerio Público, acusando al ex ministro de justicia, Alfredo Ascarrunz, por los delitos de soborno en la construcción de dos obras públicas. Sin embargo, no hubo mayor fuerza para la acusación por insuficientes pruebas jurídicas. No pudo comprobarse, ni corrupción ni malversación de fondos fiscales. Algo similar ocurrió con un grupo de diputados que acusó al ex presidente Ismael Montes en 1917, por infracción a la Constitución, violación de garantías individuales y malversación de fondos fiscales. Por error de conceptos y procedimientos, la acusación no continuó. Los diputados por Cochabamba que iniciaron el proceso, no obstante su profesión de abogados jamás pudieron tramitar el juicio con efectividad, provocando la desconfianza de otras bancadas como la de La Paz que retiró todo apoyo.

El 25 de mayo de 1931, el diputado Roberto Ballivián, acusó al ex presidente, Bautista Saavedra, por no haber presentado las cuentas generales de su gobierno, malversación y defraudación. Luego de largas especulaciones de orden jurídico, la acusación fue declarada improcedente. Este juicio podría ser emblemático por la interpretación tendenciosa que se dio a las leyes. Los defensores de Saavedra hicieron lo imposible para armar tretas jurídicas, imponiéndose una lógica verdaderamente kafkiana, es decir, enredar todo con el fin de estancar cualquier oportunidad, tanto para esclarecer los hechos como para demostrar la inocencia de los implicados.

La décimo novena acusación fue hecha por un grupo de diputados contra Luis Tejada Sorzano por el delito de soborno. Debido a que la acusación carecía de todo fundamento y, demostrándose la inocencia del inculpado, la Cámara de Diputados dejó de lado la acusación el 4 de diciembre de 1931. El vigésimo juicio se realizó el 7 de abril de 1931 contra el ex presidente Hernando Siles por los delitos de violación de garantías e intento de prórroga de su gobierno. Luego de los debates en el Senado, se resolvió no continuar la acusación ante la Corte Suprema.

En 1940 se acusó ante el Senado a Eduardo Diez de Medina, ex Ministro de Relaciones Exteriores y a Carlos Virreira, ex cónsul general de Bolivia en París, por prevaricato, violación de la Constitución y extorsión. El Congreso no consideró la acusación quedando en el enigma histórico hasta hoy cuál fue la verdad sobre estas denuncias. La suspensión del juicio contó con el apoyo de los partidos del oficialismo y de la propia oposición, quienes resolvieron no tensionar más la endeble estabilidad política de la época. En aquel entonces, la denominada “rosca minera” debía defender su continuidad en el poder pasara lo que pasara, interrumpiendo juicios que rápidamente pudieron haber sido utilizados por grupos extremistas con otros fines de sabotaje.

La Fiscalía de Partido de Cochabamba acusó al ex ministro de Agricultura, José Mercado, por prevaricato, soborno y depredación. Este juicio se destaca porque llegó a su término y la Corte Suprema sentenció a Mercado a quedar inhabilitado para ejercer cualquier cargo público, a guardar reclusión y pagar daños y perjuicios al Estado. Según la documentación de la Corte Suprema, los procedimientos fueron absolutamente pertinentes, sobre todo porque las pruebas contra Mercado eran por demás evidentes.

El 6 de mayo de 1947, un grupo de diputados interpuso un juicio de responsabilidades contra el vicepresidente Julian Montellanos y los ex ministros del gobierno de Villarroel, entre los que figuraban Víctor Paz Estenssoro y Hernán Siles Suazo. Durante esta época, toda acción legal desde el Parlamento y la Corte Suprema buscaba perjudicar al Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), incluso aquellos disturbios y pequeñas rebeliones mineras que no implicaban la responsabilidad del MNR eran imputadas a éste. La rosca oligárquica, sin darse cuenta, iba acrecentando la adhesión popular al MNR al identificarlo como el partido más peligroso con posibilidades de instalarse en el poder. El juicio contra Paz Estenssoro y Siles Suazo, a quienes se acusaba de malversación de fondos fiscales, defraudación y formación de logias secretas, fue bien aprovechado por Walter Guevara para cultivar mayores lealtades en el sindicalismo minero, obstaculizando el trámite ante la Corte Suprema.

En 1966 se inició un juicio de responsabilidades contra el ex presidente Víctor Paz y más de cien personas. El principal impulsor del proceso fue el ex Presidente René Barrientos, que canalizó el encono de Falange Socialista Boliviana (FSB) y algunos grupos de izquierda para vengarse del movimientismo. Prescribió en virtud del artículo 20 de la ley del 31 de octubre de 1884, por no tener un trámite adecuado y suficientes documentos de sustento.

El diputado Marcelo Quiroga Santa Cruz inició la tramitación de un juicio de responsabilidades en septiembre de 1979 contra el ex dictador Hugo Banzer con un pliego acusatorio de 96 delitos. La defensa del proceso que hizo Quiroga en el Parlamento fue uno de los alegatos más importantes de la historia congresal. Con suficiente documentación y buenos procedimientos jurídicos, el juicio marchaba adelante. Sin embargo, al iniciarse la tramitación, el Partido Socialista (PS-1), partido de Quiroga, no tuvo el apoyo de otras fuerzas políticas. El juicio prescribió por caducidad, pues luego del asesinato de Quiroga en julio de 1980, ningún miembro del PS-1, u otro partido, prosiguieron con las acusaciones. En su época, el juicio fue considerado como un proceso en contra de las Fuerzas Armadas; es decir, fue una herida abierta en pleno núcleo del poder dictatorial.

El vigésimo sexto juicio de responsabilidades fue contra Luis García Meza y su primer gabinete ministerial. Por resolución congresal acusatoria del 25 de febrero de 1986, se acusó a García Meza ante la Corte Suprema, dándose una sentencia en la que se lo declaró culpable el 21 de abril de 1993. El vigésimo séptimo proceso fue abierto contra el ex ministro de educación del Acuerdo Patriótico, Hedim Céspedes, por el uso indebido de influencias y apropiación de tierras en el caso Bolibras. Uno de los principales impulsores del juicio fue el ex diputado Miguel Urioste del MBL. Este juicio se estancó en la Comisión de Constitución, Justicia y Policía Judicial de la Cámara de Diputados. Existe mucha documentación de respaldo y los procedimientos jurídicos cumplían con la normatividad congresal pero las negociaciones políticas desbarataron todo sentido de justicia.

Entre los últimos juicios de responsabilidades se encuentra el proceso iniciado por el diputado Evo Morales contra el diputado del MNR y ex ministro de gobierno de Sánchez de Lozada, Carlos Sánchez Berzaín, por los hechos sangrientos de Amayapampa, Capasirca y Llallagua y por la violación de derechos humanos en las zonas productoras de coca. La Izquierda Unida alentó el juicio, mientras que el MNR trató de desbaratarlo por motivos procedimentales y con negociaciones al interior del Parlamento.

Conclusiones

En consecuencia, se distinguen tres clases de juicios de responsabilidades en Bolivia: 1) los de acusación con proceso, sin defensa y condena inmediata mediante Ley de la República, como los de Andrés de Santa Cruz y Ballivián; 2) los juicios congresales de mero sumario informativo sin enjuiciamiento ante la Corte Suprema, como los de Siles y Saavedra; y 3) los casos que llegaron a la Corte Suprema que terminaron con sentencias acusatorias, como los de Mercado y García Meza. A esto se debe sumar otra veintena de amenazas con juicio de responsabilidades, cuyas características en Bolivia son una mezcla de extorsión política, encono y revanchismo, antes que un procedimiento justo para obligar a rendir cuentas a los poderosos. Estas tendencias históricas tienden a mostrar que los intentos por juzgar al Vicepresidente Álvaro García Linera quedarán en la nada, como sucedió en el extraño tranzar de intereses para los juicios contra Carlos Mesa Gisbert y Eduardo Rodríguez Veltzé. Incluso los juicios a los ex presidentes Jorge Quiroga por los petrocontratos y a Gonzalo Sánchez de Lozada por genocidio, son muestras de chicana, en lugar de procesos transparentes cuyo objetivo sea la defensa del Estado de derecho. 


[1] La fuente histórica más importante para este ensayo fueron las Memorias de las Labores Judiciales 1987 de la entonces Corte Suprema de Justicia de la Nación, hoy Tribunal Supremo Plurinacional. Franco Gamboa es sociólogo político, doctor en gestión pública y relaciones internacionales, franco.gamboa@aya.yale.edu 

Ensayo sobre la tristeza: derechos humanos y trata de personas en Bolivia

OPINIÓN de Franco Gamboa Rocabado.-   

Desaparecidos, secuestrados, explotados o simplemente humillados. Este parece ser el destino de miles de niños, niñas, adolescentes y mujeres jóvenes cuando han caído en las redes de tratantes y traficantes de personas. La esclavitud del siglo XXI tiene una expresión clara: la crisis estatal y la imposibilidad institucional para enfrentar este problema dentro de las actuales democracias. Si bien la defensa de los derechos humanos al interior de un sistema democrático representa un hecho elemental, hoy día esto puede parecer ilusorio al haberse desarrollado una serie de amenazas que destruyen casi por completo la seguridad de los ciudadanos. En algunos casos, se atenta contra la integridad física de cualquier individuo debido a la creciente ola de criminalidad en todo el país y, en otras situaciones, sencillamente la administración de la justicia se muestra incapaz en el momento de hacer respetar las leyes. Éste es uno de los factores más preocupantes al evidenciarse que el Estado boliviano en su conjunto, atraviesa por una crisis estructural donde las relaciones entre la aplicación de las normas, el funcionamiento de la policía, la corrupción y los obstáculos institucionales que retardan la justicia en Bolivia, se encuentran en decadencia.

Si bien el ordenamiento jurídico intenta adaptarse constantemente a una realidad cambiante y ha tratado de modernizarse en diferentes momentos a lo largo de la historia del sistema democrático entre 1982 y 2013, las brechas entre lo establecido por la ley y diversas formas que impiden su obediencia son sumamente grandes. Una cosa es lo que está prescrito en el derecho y otra, muy diferente, es lo que el Estado puede hacer desde sus instituciones en materia de ejercicio del poder político para castigar una serie de delitos. En Bolivia persiste un vacío de autoridad estatal al tratar de imponer el orden del Estado de Derecho; además, la sociedad civil se acomodó, de una manera muy lamentable a la vejación de sus derechos humanos y a la ausencia de eficacia estatal para preservar el orden social. Es como si cualquier ciudadano estuviera acostumbrado a pensar que la injusticia predomine, además de actuar con total indiferencia cuando es testigo de diferentes hechos delincuenciales.

Una de las expresiones más claras de violación a los derechos humanos dentro de la democracia en Bolivia es la trata y tráfico de personas. Es por esto que llama la atención y, al mismo tiempo, indigna la difusión de fotografías de niños y jóvenes desaparecidos a través de los diferentes medios de comunicación y las mismas calles en toda Bolivia. Estas fotos marcan una crisis de los derechos humanos en el país, junto con la aparición de diversas situaciones de violencia estructural en los ámbitos urbanos. El tráfico con fines de explotación sexual es lo que determina al crimen organizado en el siglo XXI a lo largo de las Américas y Europa occidental, creándose de esta manera un nuevo tipo de aceptación social muy proclive a la legitimación de la prostitución como negocio global.

Muchos de los casos de trata tienen como origen algunos conflictos dentro del seno familiar pero gran parte de las denuncias sobre jóvenes desparecidos, permanecen en la incertidumbre y a la espera de una intervención efectiva por parte de la policía que, en varias circunstancias, posterga e inclusive obstaculiza las investigaciones judiciales. El aumento de la prostitución como negocio urbano floreciente, junto con la persistencia de una serie de secuestros y abusos para la explotación laboral, indica la urgencia de responder eficazmente a la trata de personas. En el terreno internacional, la trata es parte de algunas redes continentales del crimen organizado, lo cual dificulta todavía más las investigaciones transnacionales, así como la formulación de políticas públicas eficaces para ejecutar un control más drástico entre diferentes países.

La trata de personas fue convirtiéndose en un símbolo que representa el deterioro cosificado de los derechos humanos en Bolivia. Esto significa que cualquier delincuente relacionado con la venta de personas, el ejercicio del proxenetismo o los hombres que buscan su satisfacción sexual aprovechándose de la trata, han reducido toda consideración humana al estatus de una cosa u objeto que puede ser comerciado en el mercado, no solamente como una mercancía más, sino con el aditamento de evitar que la ley y el accionar del Estado protejan los derechos de las víctimas de este delito. La trata de personas es un delito de discriminación y contiene varios aspectos pero, básicamente, se refiere a la comercialización de los seres humanos, ya sean hombres, mujeres o niños donde se evidencia una sistemática crueldad con diferentes tipos de violencia. En varias situaciones, dicha comercialización abre el paso para tratar de desbaratar diferentes mecanismos de trata, desde la captación de personas hasta el transporte, acogida o recepción de las víctimas.

Prácticamente todos los fenómenos de trata y tráfico humano afectan particularmente a los niños, niñas, adolescentes y mujeres jóvenes, aproximadamente entre los ocho y veinticinco años de edad, transformándolos en objetos de lo indigno. La degradación sexual a la que son sometidas las víctimas es, de hecho, una cosificación y los engaños para la esclavitud laboral les quita todo valor como personas con un derecho mínimo a condiciones de vida favorables, sujetas a un salario que sea el reconocimiento del valor de su trabajo. Estas condiciones verifican la violación sistemática de los derechos humanos, junto con el mantenimiento de diversas formas de servidumbre.

La trata de personas expresa, simultáneamente, una profunda crisis institucional y problemas de credibilidad existentes en organismos representativos como el Defensor del Pueblo y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), que tampoco actúan clara y oportunamente para responder a los casos de desapariciones, las cuales van multiplicándose de manera incesante. La trata y tráfico cosifica a cualquier ser humano, perdiéndose de vista o destruyéndose el reconocimiento previo de su calidad como personas. La cosificación de los ciudadanos significa la negación misma de su situación como seres humanos.

El nudo central del problema para comprender la trata y tráfico de personas en Bolivia, reside en la incapacidad institucional del Estado al efectivizar el cumplimiento de la ley, lo cual reproduce actividades delincuenciales que operan con violencia estructural; ésta es causada por un conjunto de estructuras, tanto físicas como organizativas, que no satisfacen las necesidades individuales para el ejercicio de derechos y responsabilidades. Si bien existe una ley integral aprobada en julio del año 2012, con antecedentes que se remiten a 2006, ni la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), ni el Ministerio Público pueden llevar adelante investigaciones constantes que aseguren la recuperación de las víctimas, la reparación de daños en caso de procesar a los delincuentes, ni tampoco prever futuras acciones para evitar el surgimiento de otros casos que conectan la trata de personas con la explotación sexual y diferentes trabajos forzosos.

Los graves problemas estatales en Bolivia, caracterizados por una desinstitucionalización que estimula la comisión de varios delitos, apuntan principalmente a la pérdida de autoridad política e ideológica para conducir adecuadamente la defensa de los derechos humanos fundamentales, como por ejemplo, el derecho a la vida y las libertades de los ciudadanos. La desinstitucionalización, en el asunto de esta investigación, representa una completa incapacidad para regular el orden social-legal mediante la interpretación y uso efectivo de las leyes, de manera que irrumpen múltiples procesos de indefensión, terminando por destruirse diferentes estructuras de integración social y confianza en el derecho positivo. El hecho de que prosigan varias formas de linchamiento en Bolivia, abusando inclusive de algunas personas inocentes que fueron confundidas con ladrones o malhechores, da pábulo a que los ciudadanos desconfíen de cualquier patrón de justicia.

De manera directa, entendemos por desinstitucionalización la acelerada pérdida de respeto por las normas básicas que están establecidas en el derecho vigente de un país y la descomposición de las reglas de funcionamiento interno para cualquier institución. Si se pierde el respeto por las normas, entonces la violación de éstas es un rasgo permanente que termina por instaurar la arbitrariedad como código de conducta en la vida cotidiana. Todos se aprovechan y alteran las reglas de convivencia, se atacan mutuamente y resuelven cualquier conflicto de intereses o agresiones de manera unilateral, sesgada y directa, sin la participación de las autoridades policiales, judiciales o estatales en general. La desinstitucionalización es la prueba más clara de desorden e injusticias constantes que cualquier persona puede cometer en contra de otra, o ser también afectada por la misma arbitrariedad de aquellos que son más fuertes, influyentes o avezados. En síntesis, la desinstitucionalización sirve para sacar ventaja del incumplimiento de las normas, practicar la llamada viveza criolla, al intentar resolver una serie de problemas y manipular las instituciones para fines estrictamente particulares. Es, además, la consecuencia inmediata del Estado anómico.

Asimismo, los hechos de violencia contra las mujeres quedan constantemente impunes. A pesar de existir una ley para evitar la violencia hacia las mujeres, en Bolivia todo cambio es demasiado lento porque aún persisten formas extremas de feminicidio. La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz son las metrópolis más agresivas contra las mujeres por parte de sus cónyuges o concubinos; por lo tanto, la ley no hizo más que poner en marcha publicidad política, sin profundizar en cómo incidir en las estructuras profundas de una cultura patriarcal que menosprecia constantemente a la mujer como ser humano. En Bolivia, tiene lugar un feminicidio cada tres días, una de las cifras más altas en América Latina. Estos delitos violentos son pruebas evidentes sobre la ineficacia estatal para hacer respetar el conjunto de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política. En consecuencia, la sociedad es víctima de la anomia, es decir, de una casi completa ausencia de reglas claras de conducta, orientación y esquemas de integración que dan como resultado una explosión de conductas desviadas, las cuales ponen en vilo la seguridad personal de los ciudadanos, aún cuando exista un régimen democrático donde se pregone la preponderancia del Estado de Derecho.

De manera central, la trata y tráfico hacen que la desinstitucionalización adquiera un perfil especial porque el negocio ilegal de servidumbre humana y vejación de derechos, ha impulsado una lógica mercantil donde la prostitución en las principales capitales de Bolivia como La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, está ampliamente difundida y aceptada en la conciencia colectiva de la sociedad civil. Al legitimarse la prostitución, se genera un caldo de cultivo ideal para la trata de personas que funciona sin muchas limitaciones, además de aprovechar la indiferencia existente por parte de las autoridades judiciales y policiales.

La trata y tráfico de personas es una de las representaciones más claras de distintas disfunciones en el sistema democrático. La defensa de los derechos humanos de aquellos ciudadanos sometidos a la explotación sexual y laboral se torna en un esfuerzo débil, ambiguo y contradictorio. Por una parte, se diseminan diferentes estereotipos, como por ejemplo, los ideales de éxito inmediato y dinero fácil que los tratantes difunden para engañar a sus víctimas, sobre todo menores de edad. De esta manera, la prostitución de niñas y niños en el país tiene connotaciones que se identifica con actividades de sobrevivencia, pero que cuando se vincula con la trata de personas, los niños o menores son reducidos a objetos de placer, manipulación y burla que la misma sociedad no puede contrarrestar. En entrevistas con familiares de niños desparecidos, se recalcaba constantemente que la pobreza y falta de ingresos, aparentemente habría impulsado a las víctimas a recurrir a cualquier estrategia que, probablemente, atrajo la atención de tratantes.

Por otra parte, el aprovecharse de las condiciones de pobreza, destrucción familiar y marginalidad, hace que los contactos entre los clientes y las menores prostituidas tengan la forma de relaciones de mercado, de lo cual las niñas son las víctimas. La trata de seres humanos, en consecuencia, es una miserable actividad de supervivencia que refuerza la exclusión, discriminación y desórdenes sociales mayores. Los menores son prostituidos como un juego de la calle que en Bolivia empieza a ser considerado inevitable o de baja calaña, dadas las condiciones de crisis económica, moral y familiar.

La desinstitucionalización también marca el nacimiento de un modelo de comportamiento inestable y socialmente amenazador que se halla imposibilitado de poner en funcionamiento la legalidad y la fuerza política del Estado como conjunto de instituciones organizadas. La fuente básica de dicha inestabilidad es la imposibilidad de generar compromisos sociales. En la trata y tráfico de seres humanos, algunas víctimas que escaparon al suplicio de la prostitución y otros familiares cuyas hijas o hijos aún están perdidos, afirman de manera contundente que ni el Defensor del Pueblo, ni la Fiscalía, las Defensorías de la Niñez, u otras organizaciones pro derechos humanos, han manifestado un compromiso abierto y real para solucionar punitivamente el delito.

Si bien la mayoría de lo que hacemos en la vida cotidiana debería estar regulado por las leyes, cuando las conductas colectivas se enfrentan a la violencia y el tráfico de personas, las instituciones que por mandato están obligadas a defender los derechos humanos dejan de trabajar como redes de protección y previsión. Esto destroza la protección estatal y la ciudadanía no se siente resguardada.

En Bolivia, la protección de los derechos humanos está desinstitucionalizándose aceleradamente y se ha distorsionado al mismo tiempo todo objetivo de respeto básico a las garantías fundamentales de libertad y reproducción de la vida; por lo tanto, la trata y tráfico de personas arruina el normal funcionamiento de los patrones predecibles de administración de justicia, especialmente en la defensa de los derechos de los niños, niñas, adolescentes y mujeres entre ocho y veinticinco años de edad.

La característica principal de dicha distorsión se concentra en las pautas de comportamiento de parte de la Policía Boliviana y el Ministerio Público, instituciones encargadas de sancionar drásticamente los delitos de trata de personas. Tanto el accionar de los policías como de los jueces responsables de aplicar la ley, dan lugar a conductas anómalas y abusivas que amplifican la inseguridad de las víctimas de la trata y tráfico. Si bien la institucionalidad democrática supone el ejercicio pleno de las garantías constitucionales, en la desinstitucionalización dominan las normas ilegítimas y autoritarias, posibilitándose la declinación, degradación y posterior desaparición de los Derechos Humanos.

Actualmente se constata un grupo de problemas institucionales, resaltando la politización surgida al interior del Defensor del Pueblo y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB). Si bien estas instituciones tienen un largo trabajo, éste no siempre se caracterizó por la calidad pues existen indicios donde el activismo a favor de los derechos humanos ha sido suplantado por rasgos clientelares, con el objetivo de ganar un espacio de trabajo en el Estado o expresar posiciones ideológicas alineadas alrededor de partidos políticos y ciertos liderazgos, juzgados como la expresión de una opción revolucionaria o progresista.

El fenómeno de la trata en las ciudades del eje central de Bolivia: La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, presenta un conjunto de fronteras movibles que mezclan el comercio de los seres humanos con la prostitución como nueva legitimidad social, admitiendo el ejercicio de la ilegalidad, junto a la delincuencia ligada a los abusos sexuales abiertamente consentidos. Esto hace muy difícil toda campaña o acciones para salvaguardar los derechos humanos desde las organizaciones públicas y civiles que tratan de combatir la discriminación y las injusticias cometidas por el tráfico de mujeres jóvenes, niños y niñas.

En Bolivia deben replantearse algunas propuestas concretas de política pública para mitigar los problemas de trata de personas que ahondan constantemente los lados más oscuros y endebles de la democracia. Se necesita identificar las mejores formas que hagan posible devolver credibilidad y efectividad, tanto al Ministerio de Justicia, la Policía Boliviana, el Defensor del Pueblo, como a la APDHB. El hecho de persistir un mal funcionamiento institucional que obstaculiza el cumplimiento de los objetivos centrales para los cuales fueron fundadas aquellas instituciones, genera una serie de incentivos negativos que prolongan la impunidad al surgir nuevas formas de esclavitud sexual y explotación infantil.

En la medida en que la Policía Boliviana continúa siendo calificada como una institución ineficiente, cargada de escándalos de corrupción, entonces la delincuencia vinculada a la trata y tráfico de personas encuentra un aliciente para operar con seguridad, mediante amenazas a las víctimas y la captura de nuevas personas que convierten el negocio en una actividad muy lucrativa al encontrar pocos límites policiales y judiciales.

Al mismo tiempo, el funcionamiento aparentemente incompetente del Ministerio Público hace que se produzcan otros incentivos negativos porque la justicia no interviene oportunamente para proteger a las víctimas o prever los delitos. La excesiva burocracia e indiferencia en la mayor parte de los casos, se transforman en estímulos para que la Policía Nacional siga actuando de forma improductiva, sentándose las bases para legitimar el delito de trata de personas en todo el país.

Las condiciones de pobreza y carestías materiales nublan las percepciones de algunos grupos sociales que consideran que el negocio de la trata es pragmática, económica, social y moralmente legítimo. La investigación comprobó que la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) apenas puede esclarecer entre el dos y cinco por ciento de los casos denunciados y, por lo tanto, este fenómeno queda injustamente operando junto con la deslegitimación de los derechos humanos y la desinstitucionalización que está sujeta a una violencia, abierta o soterrada, pero permanente en Bolivia.

Los Gobiernos Municipales, en general, no tienen instrumentos legales y penales para el control de una serie de lenocinios donde se ejerce la prostitución. En algunos casos, una serie de prostíbulos cuentan con la autorización de los Servicios Departamentales de Salud (SEDES) y en otras situaciones, las alcaldías son contradichas por resoluciones judiciales y acciones que inhiben una regulación más eficiente. Lo peor radica en que no se sabe claramente en cuántos lenocinios se cometen abiertamente los delitos de trata y tráfico de personas.

Asimismo y durante algún tiempo, la defensa de los derechos humanos en el país se caracterizó por un conjunto de labores específicas para la recuperación del sistema democrático, debido a la lucha contra los regímenes dictatoriales cuya violencia constituía la destrucción completa de todo el Estado de Derecho. Poco a poco, el panorama del activismo a favor de los derechos humanos fue ampliándose hasta incorporar otras dimensiones relacionadas con la superación de la pobreza, la erradicación de la discriminación racial y otro tipo de políticas que impulsen la inclusión social, la ampliación de más derechos y el fomento de la igualdad entre los ciudadanos.

En la teoría de los derechos humanos, son fácilmente perceptibles las perspectivas propicias para la expansión de los sistemas democráticos luego de la desaparición del comunismo, así como las posibilidades de intervención en el terreno internacional por razones humanitarias. En estos casos, el objetivo final es evitar crímenes contra la humanidad como los genocidios o la explosión de guerras civiles donde ciertas minorías étnicas y religiosas son sometidas a una serie de vejámenes. Simultáneamente, los derechos humanos agregaron una nueva mirada a todo lo que significa el crimen organizado dentro de los sistemas democráticos, lo cual afecta el ordenamiento jurídico en los ámbitos domésticos de varios países. Es aquí donde emerge la trata de personas y las migraciones internacionales, involucrando problemas económicos y otros aspectos como la seguridad en diferentes Estados.

Estos problemas condujeron, sin embargo, al descuido de los derechos básicos de las personas porque se incorporaron factores de riesgo y desconfianza: muchos extranjeros son equiparados a un tipo de enemigo, y justamente por esta razón el tráfico humano está siendo entendido como un negocio altamente provechoso que también abusa de las expectativas por una mejor situación de vida para muchos jóvenes y niños de aquellas familias con problemas de desempleo y búsqueda de oportunidades.

La crisis de los derechos humanos en Bolivia tiende a agigantarse con la trata de personas. A pesar del reconocimiento de múltiples derechos de carácter económico, político y social presentes en la Constitución del Estado Plurinacional (2009), la protección de los mismos choca con la negligencia institucional que hoy caracteriza a la Policía, al Ministerio de Justicia, al Defensor del Pueblo y la APDHB. Estos organismos tienen graves problemas de capacidad de gestión en la práctica, además de estar influenciados por una sobrepolitización, partidización y sesgos de carácter ideológico que perjudican una comprensión más abarcadora de los derechos humanos, así como un nuevo activismo para la defensa de éstos. El Defensor del Pueblo y la APDHB han sido cooptados como agencias de empleo e identificación con el partido de gobierno, el Movimiento Al Socialismo (MAS), hipotecando, por lo tanto, varias de sus acciones como instituciones imparciales que tendrían que privilegiar la defensa de la sociedad civil, que hoy está abandonada en la humillación sutil de los derechos humanos. La trata de personas se transfigura en un indicador de baja calidad de la democracia fomentando la existencia de una doble moral para enfrentar el problema: por un lado, la policía y la sociedad en general aceptan la prostitución en los hechos aunque la condenen por medio de un discurso moralista; por otro lado, la repetición de los delitos de trata hace que las propias víctimas sean vistas, en un principio, como culpables.

Por crisis de los derechos humanos se tiene que identificar al conjunto de procesos reiterativos de violencia y amenazas a la seguridad personal de los ciudadanos, quienes se ven imposibilitados de confiar en el sistema judicial para llevar adelante una serie de debidos procesos en la búsqueda de justicia, ejercicio pleno de sus derechos reconocidos en la Constitución y protección de parte de los órganos policiales.

En la trata y tráfico de personas existe un factor adicional de dicha crisis porque la explotación sexual y laboral, muchas veces es pensada como una aceptación voluntaria, cuando en el fondo brota una indefensión por parte de las mujeres jóvenes, niños, niñas y adolescentes que son víctimas la manipulación y la arbitrariedad. Frente a estas circunstancias, el miedo a denunciar los hechos, junto con la retardación de justicia, hace que se refuercen los prejuicios hacia los seres humanos traficados y explotados, al considerárselos como malvivientes o lacra social (especialmente para los niños y jóvenes de la calle), cuando en realidad son solamente el resultado de una sociedad y Estado anómicos.