11/5/13

GUATEMALA. Se suspende estado de sitio, pero se impone estado de prevención

OPINIÓN de Factor Méndez Doninelli.-    

Además de que el Estado de Sitio era ilegal, a lo mejor el rechazo ciudadano que provocó, sirvió de acicate para que el Gobernante Pérez tomara la decisión de suspender esa impopular medida. El Gobernante Pérez como lo ha hecho en otras ocasiones, tuvo que volver a recular, esta vez, suspendiendo el Estado de Sitio decretado en municipios de los departamentos de Jalapa y Santa Rosa, porque en apariencia, los diputados del Congreso Nacional no conocieron la decisión del Ejecutivo dentro del término de tres días que señala la ley. Pero también advirtió que ahora, se impone el Estado de Prevención.

La percepción social sobre el Estado de Sitio que el Gobierno decretó el 2 de mayo en los municipios de Casillas, Jalapa, San Rafael y Mataquescuintla de los departamentos de Jalapa y Santa Rosa, respectivamente, está dividida entre los que piensan que esa medida es correcta, porque ayuda a controlar los hechos de violencia, y por otra parte, están los que repudiamos los Estados de Excepción, porque como he sostenido antes, en un Estado de Derecho restringir y suspender derechos y libertades consagrados en la Constitución Política de la República, es violar derechos humanos universales y debilitar la democracia.

La opinión social que rechaza el Estado de Sitio se ha dejado sentir con mayor presencia, mediante comunicados, pronunciamientos y el uso de las redes sociales, señalando que esa disposición gubernamental, sólo sirve para reprimir a la población, para intimidar a las personas y amenazar la tranquilidad social de las comunidades. Organizaciones sociales, académicas, activistas, religiosas, profesionales, nacionales y extranjeras, denunciaron la militarización de las comunidades, la captura y persecución de dirigentes comunitarios, la criminalización de la lucha social. Al mismo tiempo, se solidarizaron con los pobladores de los municipios sitiados y pidieron el cese del Estado de Sitio.

La percepción social también está enfocada en el juego de intereses que rodean la protesta de las comunidades, percibiendo que ese tipo de medidas gubernamentales, como el Estado de Sitio suspendido ayer, se decretan para contener la lucha social y favorecer intereses de compañías transnacionales, en este caso, del proyecto El Escobal, de la minera San Rafael, S.A., subsidiaria de la empresa canadiense Tahoe Resources. Como es sabido, esta es la empresa minera que en próximas semanas iniciará operaciones extractivas de minerales en el municipio de San Rafael Las Flores, Santa Rosa.

Por ahora, el foco principal del conflicto de intereses es esta empresa minera canadiense. Pero la fuente de la conflictividad social es histórica estructural, basada en el despojo permanente de la tierra a los pueblos originarios, en la discriminación y marginamiento de sus poblaciones, en el irrespeto a su cultura, usos, tradiciones, en la violación sistemática a los derechos humanos y libertades fundamentales, en abierta violación a Convenios y Tratados internacionales sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y Derechos Humanos.

Son esas algunas de las razones por las que la población Xinca defiende su territorio y se opone a los trabajos de la minera San Rafael ubicada en San Rafael las Flores, por eso líderes comunitarios que dicen no a las operaciones de la mina, fueron arrestados, varios tienen orden de captura y están siendo perseguidos, señalados de pertenecer al crimen organizado.Entonces lo que se puede deducir, es que en efecto, los gobernantes están siendo fieles, sirviendo los intereses oligarcas y extranjeros, dispuestos a que la protesta social generada por la oposición a las actividades extractivas de la minera San Rafael, debe ser dominada, sometida a fuerza de represión y de violación de los derechos humanos, para callar el descontento que tiene la población.

Sólo la formación castrense del Gobernante Pérez, explica que privilegie la fuerza y la represión antes que el diálogo, la razón y la negociación. ¡Qué pena!


*Catedrático e investigador guatemalteco, Universidad Rafael Landivar. Defensor de Derechos Humanos.

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Agencias

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