ESPAÑA - La Red de Medios Comunitarios (ReMC) denuncia que el Gobierno vulnera la Ley Audiovisual al excluir a las televisiones comunitarias del reparto de canales
•elmercuriodigital ▫ a Red de Medios Comunitarios junto con TeleK y Televisió de Cardedeu han presentado un Recurso contencioso administrativo contra el Real Decreto 805/2014, de 19 de septiembre, que aprueba el Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre y se regulan determinados aspectos para la liberación del dividendo digital aprobado por el Gobierno.
Los recurrentes consideran que el Plan Técnico es contrario a la Ley 7/2010 General de la Comunicación Audiovisual. Dicha ley establece en su artículo 32 que las radios y televisiones comunitarias sin ánimo de lucro tienen como finalidad atender las necesidades sociales, culturales y de comunicación de comunidades y grupos sociales, así como fomentar la participación ciudadana y la vertebración del tejido asociativo, para lo cual “la Administración General del Estado debe garantizar en todo caso la disponibilidad del dominio público radioeléctrico necesario para la prestación de estos servicios”. El Consejo de Estado en su dictamen nº 839/2014 relativo al Plan Técnico de Televisión advirtió al Gobierno de que “la distribución del espacio radioeléctrico para la televisión digital terrestre que acomete el proyecto consultado tiene que ser compatible con el cumplimiento de esta obligación”, sin embargo el Gobierno no atendió las recomendaciones del Consejo de Estado.
Televisiones comunitarias pioneras como Televisió de Cardedeu o TeleK de Vallekas llevan décadas reclamando la asignación de una frecuencia. Otros proyectos como La Tele en Barcelona se enfrentan a multas de cientos de miles de euros por carecer de licencia para emitir, la cual no puede obtener porque el Gobierno ha bloqueado la asignación de frecuencias a estas emisoras. La situación con respecto a las radios comunitarias en FM es similar, algunas ha recibido ordenes de cierre como Radio Nava en Asturias a la que el Ministerio de Industria quiere sancionar con 30.000€ a pesar de haber cesado sus emisiones. La Defensora del Pueblo se ha hecho eco de esta situación y ha realizado varios recordatorios de deberes legales en los que reclama al Gobierno el cumplimiento de la ley audiovisual respecto de la asignación de frecuencias a emisoras de radio y televisión sin ánimo de lucro.
