AGENCIAS.- El Instituto Nacional de Consumo (INC), dependiente del Ministerio de Sanidad, todavía no ha recibido ninguna denuncia de los afectados por el abandono de los controladores de su puesto de trabajo, que provocó el cierre del espacio aéreo el pasado 3 de diciembre, previo al Puente de la Constitución, según ha afirmado la directora general del organismo, Etelvina Andreu, en declaraciones a RNE, recogidas por Europa Press.
Andreu consideró que el hecho de que no hayan llegado todavía las denuncias "tiene su razón de ser", ya que la primera reclamación por parte de los casi 600.000 afectados se debe presentar ante la compañía aérea o la agencia de viajes, por lo que los usuarios tiene que esperar la contestación de las aerolíneas y touroperadores.
Sólo en el caso de que la respuesta no sea positiva o satisfactoria es entonces cuando deben interponer la denuncia ante la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA).
No obstante, apuntó que las autoridades de consumo municipales, autonómicas y nacionales actúan en este caso como ventanilla única, con lo que los expedientes que comiencen a llegar se traspasarán a la AESA.
Al respecto, Andreu aclaró que Consumo "no puede actuar de oficio, si no hay ningún incumplimiento del reglamento común europeo que se aplica al transporte aéreo" y que en muchos casos "se está respetando".
En esta línea, apuntó que en casos de fuerza mayor los usuarios tienen derecho a la devolución del dinero o su cambio para volar otro día y a la asistencia (vales para comida o alojamiento".
"Estoy segura de que han llegado ya centenares de miles de reclamaciones ante las compañías aéreas y a las agencias de viaje y esperemos que respondan todas bien para que las reclamaciones de los afectados sean satisfechas y se cumplan los derechos de los ciudadanos", ha afirmado.
Andreu aseguró que por las noticias que maneja Consumo la práctica totalidad de las aerolíneas están cumpliendo con la normativa, así como la mayoría de las agencias de viajes a las que les corresponde la asistencia a los viajeros en el caso de la contratación de paquetes combinados.
"Más allá del cumplimiento del reglamento, quien tiene la responsabilidad monetaria de pagar lo decidirá la Justicia. Aunque este caso es distinto al de la crisis volcánica, ya que no es una situación fortuita y muchas representaciones de consumidores han iniciado por ello acciones colectivas, para pedir resarcimiento por todo lo que perdieron", concluyó.
Andreu consideró que el hecho de que no hayan llegado todavía las denuncias "tiene su razón de ser", ya que la primera reclamación por parte de los casi 600.000 afectados se debe presentar ante la compañía aérea o la agencia de viajes, por lo que los usuarios tiene que esperar la contestación de las aerolíneas y touroperadores.
Sólo en el caso de que la respuesta no sea positiva o satisfactoria es entonces cuando deben interponer la denuncia ante la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA).
No obstante, apuntó que las autoridades de consumo municipales, autonómicas y nacionales actúan en este caso como ventanilla única, con lo que los expedientes que comiencen a llegar se traspasarán a la AESA.
Al respecto, Andreu aclaró que Consumo "no puede actuar de oficio, si no hay ningún incumplimiento del reglamento común europeo que se aplica al transporte aéreo" y que en muchos casos "se está respetando".
En esta línea, apuntó que en casos de fuerza mayor los usuarios tienen derecho a la devolución del dinero o su cambio para volar otro día y a la asistencia (vales para comida o alojamiento".
"Estoy segura de que han llegado ya centenares de miles de reclamaciones ante las compañías aéreas y a las agencias de viaje y esperemos que respondan todas bien para que las reclamaciones de los afectados sean satisfechas y se cumplan los derechos de los ciudadanos", ha afirmado.
Andreu aseguró que por las noticias que maneja Consumo la práctica totalidad de las aerolíneas están cumpliendo con la normativa, así como la mayoría de las agencias de viajes a las que les corresponde la asistencia a los viajeros en el caso de la contratación de paquetes combinados.
"Más allá del cumplimiento del reglamento, quien tiene la responsabilidad monetaria de pagar lo decidirá la Justicia. Aunque este caso es distinto al de la crisis volcánica, ya que no es una situación fortuita y muchas representaciones de consumidores han iniciado por ello acciones colectivas, para pedir resarcimiento por todo lo que perdieron", concluyó.
