Venezuela: HRW denuncia una "embestida legislativa contra la libertad de expresi贸n y la sociedad civil"
Ch谩vez y sus partidarios hacen sentir cada vez m谩s el poder que tiene el gobierno para castigar a sus cr铆ticos. Y su intolerancia frente al disenso tiene ahora un nuevo objetivo en la mira: Internet
Jos茅 Miguel Vivanco, director para las Am茅ricas de Human Rights Watch
"El poder legislativo venezolano sancion贸 recientemente tres leyes que representan una grave amenaza para la libertad de expresi贸n y el trabajo de la sociedad civil", se帽al贸 hoy Human Rights Watch.
Las reformas a las leyes sobre medios de radio y televisi贸n fueron aprobadas el 20 de diciembre de 2010 por la Asamblea Nacional, donde los aliados del Presidente Hugo Ch谩vez tienen la mayor铆a absoluta de los votos. Los cambios incorporan restricciones indiscriminadas a la informaci贸n que se difunde en Internet, refuerzan las restricciones que ya se aplican a los contenidos de radio y televisi贸n y permiten al gobierno rescindir licencias de transmisi贸n de manera arbitraria. Una ley aprobada el 22 de diciembre prohibir铆a que las organizaciones de derechos humanos reciban financiamiento del extranjero o que fomenten el di谩logo p煤blico en Venezuela con organizaciones internacionales dedicadas a la defensa de derechos.
"Ch谩vez y sus partidarios hacen sentir cada vez m谩s el poder que tiene el gobierno para castigar a sus cr铆ticos", afirm贸 Jos茅 Miguel Vivanco, director para las Am茅ricas de Human Rights Watch. "Y su intolerancia frente al disenso tiene ahora un nuevo objetivo en la mira: Internet".
La Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisi贸n y Medios Electr贸nicos
Esta nueva versi贸n de la ley de medios vigente fue aprobada el 20 de diciembre y, por primera vez, extiende tambi茅n a Internet las restricciones aplicables a la libertad de expresi贸n. Seg煤n la nueva ley:
No est谩 permitida la difusi贸n a trav茅s de medios electr贸nicos de mensajes que "fomenten zozobra en la ciudadan铆a o alteren el orden p煤blico", "inciten o promuevan la desobediencia del ordenamiento jur铆dico vigente", "desconozcan a las autoridades leg铆timamente constituidas" o "inciten o promuevan el odio y la intolerancia".
CONATEL, 贸rgano gubernamental que regula a los medios de comunicaci贸n (radio y televisi贸n), podr谩 ordenar a los proveedores de servicios de Internet que restrinjan el acceso a sitios web que contengan expresiones que se considere que transgreden las restricciones anteriores. Se aplicar谩n multas a los sitios web y prestadores de servicios que incumplan estas 贸rdenes. Los proveedores de Internet podr谩n ser sancionados con multas de hasta el 4 por ciento de sus ingresos brutos correspondientes al ejercicio fiscal anterior.
La ley reformada tambi茅n ampl铆a el control ejercido por el gobierno sobre el contenido que se difunde en la radio y la televisi贸n. De acuerdo con la ley:
Los medios de radio y televisi贸n que transmitan materiales que se consideren violatorios de la prohibici贸n de "foment[ar] la zozobra" y que "prom[uevan] la desobediencia", ser谩n sancionados con multas del 10 por ciento de sus ingresos brutos durante el ejercicio fiscal anterior, y suspensi贸n hasta por 72 horas.
Podr谩n revocarse las licencias de estos medios cuando se transmitan expresiones que, a criterio del gobierno, "promuevan, hagan apolog铆a, inciten o constituyan propaganda de guerra" o "induzcan al homicidio".
Las nuevas restricciones exceden los l铆mites justificables a la libertad de expresi贸n y la libertad de los medios reconocidos por las normas internacionales de derechos humanos y suponen la violaci贸n, por parte de Venezuela, de varias obligaciones jur铆dicas establecidas en tratados internacionales.
"El gobierno de Ch谩vez podr谩 ahora impedir el acceso a sitios web y sancionar a las emisoras que insten al publico a plegarse a la desobediencia civil pac铆fica, o que simplemente transmitan noticias que generen zozobra entre la poblaci贸n", expres贸 Vivanco.
La Ley Org谩nica de Telecomunicaciones
La reforma a la Ley Org谩nica de Telecomunicaciones aprobada el 20 de diciembre, que regula las licencias de transmisi贸n, dispone por primera vez que los medios de radio y televisi贸n e Internet constituyen un "servicio p煤blico" y que, como tales, quedan "reservados al Estado". La nueva ley establece que:
El gobierno podr谩 suspender o revocar licencias de transmisi贸n a medios privados cuando "lo juzgue conveniente a los intereses de la Naci贸n, o cuando as铆 lo exigiere el orden p煤blico o la seguridad".
Cuando la habilitaci贸n de las estaciones o los canales privados haya caducado o haya sido rescindida por la autoridad pertinente, se proceder谩 a la "reversi贸n" de sus bienes al gobierno, para garantizar la continuidad del servicio.
La Ley de Defensa de la Soberan铆a Pol铆tica y Autodeterminaci贸n Nacional
La ley impide que los defensores de derechos humanos de Venezuela reciban ayuda internacional y limita gravemente su capacidad de fomentar el di谩logo p煤blico con expertos extranjeros que sean cr铆ticos de las pol铆ticas de Ch谩vez. Seg煤n dispone la ley:
Las organizaciones no gubernamentales dedicadas a "la defensa de los derechos pol铆ticos" o a "ejercer control sobre los poderes p煤blicos" no podr谩n recibir financiamiento extranjero.
Los extranjeros invitados a Venezuela por estas organizaciones ser谩n expulsados del pa铆s en forma sumaria cuando emitan opiniones que "ofendan las instituciones del Estado, sus altos funcionarios o atenten contra el ejercicio de la soberan铆a". Las organizaciones que los auspicien podr谩n ser sancionadas con severas multas, y sus directivos podr谩n perder el derecho a postularse a cargos p煤blicos por un per铆odo de hasta ocho a帽os.
"La ley otorga al gobierno de Ch谩vez aval jur铆dico para que extienda su pr谩ctica ya habitual de intimidar a los defensores de derechos humanos e intentar mantener a los defensores extranjeros alejados del p煤blico venezolano", manifest贸 Vivanco.
El Presidente Ch谩vez y sus partidarios han intentado sistem谩ticamente desacreditar a defensores de derechos humanos locales mediante acusaciones infundadas de que son financiados por el gobierno estadounidense. En julio, por ejemplo, en un dibujo animado que se difundi贸 a trav茅s de la televisi贸n estatal, se represent贸 a un conocido defensor de la libertad de expresi贸n con un malet铆n repleto de d贸lares.
En toda Am茅rica Latina, diversas organizaciones de derechos humanos han dependido tradicionalmente de los fondos aportados por fundaciones filantr贸picas y otras fuentes de financiamiento extranjeras. El proyecto de ley pondr铆a graves escollos a la posibilidad de las organizaciones de derechos humanos venezolanas de obtener financiamiento sostenible, se帽al贸 Human Rights Watch.
El gobierno de Ch谩vez se ha negado a permitir que la Comisi贸n Interamericana de Derechos Humanos lleve a cabo misiones de investigaci贸n en Venezuela. En septiembre de 2008, detuvo por la fuerza y expuls贸 en forma sumaria a dos miembros de Human Rights Watch despu茅s de que presentaran un informe en Caracas. Para intentar justificar la medida, el gobierno invoc贸 argumentos jur铆dicos enga帽osos y apel贸 a la defensa de la soberan铆a nacional.
Venezuela es parte en diversos tratados regionales e internacionales de derechos humanos clave, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol铆ticos y la Convenci贸n Americana sobre Derechos Humanos, y como tal tiene obligaciones jur铆dicas que exigen respetar y proteger el derecho a la libertad de expresi贸n y el derecho a organizarse, ambos indispensables en una sociedad democr谩tica. Tambi茅n se aplican a Venezuela diversos est谩ndares internacionales que protegen el derecho de los defensores de derechos humanos a llevar a cabo su labor sin intromisiones indebidas ni sanciones. Las nuevas leyes violan todos estos est谩ndares e ignoran de manera flagrante las obligaciones jur铆dicas internacionales de Venezuela.