Varias ONG y grupos de derechos humanos demandaron la nueva Ley de Justicia y Paz ante la Corte, que había sido promulgada a fines de 2010 para garantizar que "se cumpla el compromiso de paz adquirido con las personas que dejaron las armas", informó el Ejecutivo.
“Del compromiso con el proceso de reintegración, con la sociedad y con la paz depende la libertad de cada una de las personas desmovilizadas, la verdad contada por ellos será compilada en el Centro de Memoria Histórica creado por la Ley de Victimas, contribuyendo así a la construcción de una visión integral de la historia del país”, afirmó el Alto Consejero para la Reintegración, Alejandro Éder.
El gobierno anterior desmovilizó a cerca de 32.000 integrantes de los grupos paramilitares de extrema derecha en un proceso de paz similar bajo el gobierno del expresidente Álvaro Uribe.
La ley otorga beneficios procesales a quienes confiesan sus crímenes contra la población civil y acceden a reparar a las víctimas. “Estos decretos fortalecen el marco de la justicia transicional otorgando a las personas desmovilizadas beneficios jurídicos, que les permitirán conservar su libertad, siempre y cuando su único delito sea el de haber pertenecido a los grupos armados ilegales”, añade el gobierno.
Sin embargo, algunos grupos alegan que la ley es contraria al derecho de las víctimas a la verdad y reparación.
