"La decisión adoptada por un tribunal militar de Bahréin de confirmar los fallos de culpabilidad contra un grupo de destacados activistas de la oposición pone de relieve, una vez más, la parcialidad inherente del proceso judicial", ha declarado Amnistía Internacional.
En una vista que duró menos de cinco minutos, el Tribunal de Apelación de Seguridad Nacional de Manama, de carácter militar, confirmó la cadena perpetua impuesta a siete de los procesados y penas de cárcel más cortas a otros 14, siete de los cuales fueron juzgados en ausencia.
Los procesados habían apelado contra la sentencia y las penas de prisión impuestas en junio por el Juzgado de Primera Instancia de Seguridad Nacional, también militar, por los cargos de querer cambiar el sistema político e incitar a la violencia durante las protestas pacíficas a favor de la reforma de principios de año. Todos ellos niegan los cargos.
“Al confirmar esta sentencia, el sistema de justicia militar de Bahréin ha mostrado una vez más que no tiene ninguna intención de aplicar las normas internacionales de imparcialidad procesal a nadie a quien las autoridades consideren un enemigo político”, ha afirmado Malcolm Smart, director del Programa Regional para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.
“Estos hombres nunca debían haber sido juzgados por un tribunal militar.”
Según un observador presente en la sala del juicio, los procesados comparecieron ante el juez vestidos de civil, lo que suscitó la esperanza de que podrían ser puestos en libertad.
Los funcionarios impidieron que los procesados hablaran con sus familiares presentes en la sala, posiblemente para castigarlos por iniciar una huelga de hambre el sábado pasado contra la detención por las fuerzas de seguridad bahreiníes de 45 mujeres y niñas durante las protestas de la víspera.
Tras la sentencia, se permitió que los procesados se reunieran en privado con sus abogados defensores, que tienen previsto presentar una apelación ante el Tribunal de Casación de Bahréin, perteneciente al sistema de justicia civil. Sin embargo, el Tribunal de Casación sólo examinará cuestiones de procedimiento sin entrar en el fondo de los cargos, de las pruebas presentadas o de las denuncias de tortura formuladas por algunos de los enjuiciados.
Las autoridades bahreiníes no han iniciado ninguna investigación independiente e imparcial de las denuncias de tortura realizadas por algunos de los procesados en este caso, como ‘Abdulhadi al-Khawaja, destacado activista pro derechos humanos.
“Tras el resultado de hoy, totalmente predecible, ya es hora de que el rey de Bahréin, Shaikh Hamad bin ‘Issa Al Khalifa, ponga fin a esta farsa de una vez por todas ordenando la libertad inmediata de los procesados o, en su defecto, que sean juzgados de nuevo ante un tribunal civil debidamente constituido”, concluyó Malcolm Smart.
En una vista que duró menos de cinco minutos, el Tribunal de Apelación de Seguridad Nacional de Manama, de carácter militar, confirmó la cadena perpetua impuesta a siete de los procesados y penas de cárcel más cortas a otros 14, siete de los cuales fueron juzgados en ausencia.
Los procesados habían apelado contra la sentencia y las penas de prisión impuestas en junio por el Juzgado de Primera Instancia de Seguridad Nacional, también militar, por los cargos de querer cambiar el sistema político e incitar a la violencia durante las protestas pacíficas a favor de la reforma de principios de año. Todos ellos niegan los cargos.
“Al confirmar esta sentencia, el sistema de justicia militar de Bahréin ha mostrado una vez más que no tiene ninguna intención de aplicar las normas internacionales de imparcialidad procesal a nadie a quien las autoridades consideren un enemigo político”, ha afirmado Malcolm Smart, director del Programa Regional para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.
“Estos hombres nunca debían haber sido juzgados por un tribunal militar.”
Según un observador presente en la sala del juicio, los procesados comparecieron ante el juez vestidos de civil, lo que suscitó la esperanza de que podrían ser puestos en libertad.
Los funcionarios impidieron que los procesados hablaran con sus familiares presentes en la sala, posiblemente para castigarlos por iniciar una huelga de hambre el sábado pasado contra la detención por las fuerzas de seguridad bahreiníes de 45 mujeres y niñas durante las protestas de la víspera.
Tras la sentencia, se permitió que los procesados se reunieran en privado con sus abogados defensores, que tienen previsto presentar una apelación ante el Tribunal de Casación de Bahréin, perteneciente al sistema de justicia civil. Sin embargo, el Tribunal de Casación sólo examinará cuestiones de procedimiento sin entrar en el fondo de los cargos, de las pruebas presentadas o de las denuncias de tortura formuladas por algunos de los enjuiciados.
Las autoridades bahreiníes no han iniciado ninguna investigación independiente e imparcial de las denuncias de tortura realizadas por algunos de los procesados en este caso, como ‘Abdulhadi al-Khawaja, destacado activista pro derechos humanos.
“Tras el resultado de hoy, totalmente predecible, ya es hora de que el rey de Bahréin, Shaikh Hamad bin ‘Issa Al Khalifa, ponga fin a esta farsa de una vez por todas ordenando la libertad inmediata de los procesados o, en su defecto, que sean juzgados de nuevo ante un tribunal civil debidamente constituido”, concluyó Malcolm Smart.