Este miércoles se clebró el, Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe. La organización Amnistía Internacional pidió a los gobiernos del continente que promuevan con urgencia planes concretos que aseguren el acceso a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y niñas.
Amnistía Internacional se une a la campaña regional por la despenalización del aborto en América Latina y el Caribe bajo el lema, “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir”.
Amnistía Internacional se une a la campaña regional por la despenalización del aborto en América Latina y el Caribe bajo el lema, “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir”.
Restringir el acceso a los derechos sexuales y reproductivos pone en grave peligro los derechos humanos de mujeres y niñas. Es vergonzoso que en una región donde la gran mayoría de países son Estados Partes en la Convención de Belém do Pará (Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer), cuando una mujer o niña queda embarazada a consecuencia de una violación el Estado la obligue a continuar con el embarazo.
Forzar a una mujer o niña violada a continuar con un embarazo es cruel, inhumano y degradante. Algunas mujeres y niñas, antes de enfrentarse a ser obligadas a seguir con un embarazo, intentan suicidarse.
En ocasiones toman otras medidas desesperadas e intentan practicarse un aborto a sí mismas. Es así como cientos de abortos ilegales e inseguros ocurren cada día, y mujeres y niñas sufren serias consecuencias, que incluso llegan a significar la pérdida de su vida.
En la región más desigual del mundo, estas medidas desesperadas afectan principalmente a la vida de las mujeres y niñas que viven en la pobreza; ¿es que sus derechos humanos no merecen igual protección ante la ley?
Algunos lugares de América Latina y el Caribe han reconocido las graves violaciones de derechos humanos que resultan cuando el acceso al aborto seguro y legal se prohíbe o se restringe. A pesar de estos avances, la triste realidad en la región es que todavía existen leyes que castigan el aborto, y aunque en la mayoría de los países está permitido en ciertas circunstancias, con frecuencia esta legislación no se cumple en la práctica, lo que conlleva graves consecuencias para mujeres y niñas.
Las guías para el personal médico son en la mayoría de los casos inexistentes, poco claras o no se distribuyen, lo que lleva a utilizar el sistema judicial innecesariamente dejando a mujeres y niñas embarazadas sin la posibilidad de ejercer sus derechos. Los Estados además no dan prioridad a su propia legislación o a asegurar educación y difusión de los derechos de las mujeres y niñas en materia de salud sexual y reproductiva.
Miles de activistas de todo el mundo se encuentran el día de hoy expresando su indignación frente a estas injusticias y exigiendo “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir”.
Los gobiernos deben cumplir con sus obligaciones internacionales y tomar medidas que garanticen el acceso de mujeres y niñas a sus derechos, despenalizando el aborto y promoviendo planes de educación sexual y acceso a servicios e información de planificación familiar para todos y todas, haciendo realidad que todas las mujeres decidan de manera libre e informada sobre cuándo desean tener hijos e hijas y cuántos, sin coacción o discriminación.
Los Estados de la región tienen el deber y la obligación de respetar y promover los derechos de las mujeres y niñas a la vida, a la integridad física –incluyendo protección contra todo tipo de violencia–, a la salud, a la educación, a la información y a la no discriminación, conforme está establecido en los instrumentos internacionales y regionales de derechos humanos, en especial, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará), la Convención Americana sobre Derechos Humanos y su Protocolo Adicional en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador), y la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.
Los Estados de la región también tienen la responsabilidad principal de proteger, reconocer y respetar a quienes toman acción para hacer efectivos los derechos humanos de las mujeres y niñas que se encuentran en la situación descrita anteriormente. Estas acciones son legítimas y en muchos casos fundamentales para quienes reciben apoyo con ellas. En este sentido, defensores y defensoras de derechos humanos deben gozar efectivamente de la posibilidad de hacer su trabajo sin temor a represalias, tal como lo afirma la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Defensores de los Derechos Humanos y se ha dicho repetidas veces en el marco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
