OPINIÓN de Bartolomé Clavero
La Central Indígena de la Región Amazónica de Bolivia (CIRABO) y la Central Indígena de Pueblos Originarios Amazónicos de Pando (CIPOAP), tras consulta con los pueblos afiliados, presentan formalmente hoy una propuesta de Ley de Desarrollo Integral de la Amazonía Boliviana, una ley prevista por la Constitución, con la esperanza puesta en que la Asamblea Legislativa Plurinacional la asuma como Proyecto. En una zona tradicionalmente sin Estado y actualmente con presencia de propiedades y empresas no indígenas, la iniciativa indígena opta por Estado, por el Estado Plurinacional de la Constitución en vigor y por su objetivo de descolonización. No propone de entrada expropiaciones, sino la causal de reversión de concesiones y propiedades que mantengan actividades depredatorias. Contempla el derecho a la consulta y a la participación como formas de democratización en beneficio común, no exclusivamente indígena: “Nuestra propuesta para la Amazonía pretende consolidar un desarrollo incluyente con respeto a las distintas cosmovisiones, que pueda armonizar ingresos económicos con el bienestar colectivo y la conservación del medio ambiente de acuerdo a las características amazónicas”. Es toda una lección para quienes presumen que el Estado ha de llevar la iniciativa como único representante e intérprete del bien común; que los pueblos indígenas no tienen interés alguno en un desarrollo propio, y que la consulta es expediente para doblegar la resistencia permitiendo mediante compensaciones la entrada de empresas no indígenas. Son prejuicios todos éstos que hoy predominan incluso en las políticas gubernamentales por Bolivia. Como también se plantea ahora en el vecino Perú frente a los sesgos de la postura oficial, hay otras formas de regular los procedimientos de consulta y participación de los pueblos indígenas, unas formas que no responden a tamaños prejuicios al ser de iniciativa indígena. La propuesta de CIRABO y CIPOAP se hace pública con memoria y documentación.
La Central Indígena de la Región Amazónica de Bolivia (CIRABO) y la Central Indígena de Pueblos Originarios Amazónicos de Pando (CIPOAP), tras consulta con los pueblos afiliados, presentan formalmente hoy una propuesta de Ley de Desarrollo Integral de la Amazonía Boliviana, una ley prevista por la Constitución, con la esperanza puesta en que la Asamblea Legislativa Plurinacional la asuma como Proyecto. En una zona tradicionalmente sin Estado y actualmente con presencia de propiedades y empresas no indígenas, la iniciativa indígena opta por Estado, por el Estado Plurinacional de la Constitución en vigor y por su objetivo de descolonización. No propone de entrada expropiaciones, sino la causal de reversión de concesiones y propiedades que mantengan actividades depredatorias. Contempla el derecho a la consulta y a la participación como formas de democratización en beneficio común, no exclusivamente indígena: “Nuestra propuesta para la Amazonía pretende consolidar un desarrollo incluyente con respeto a las distintas cosmovisiones, que pueda armonizar ingresos económicos con el bienestar colectivo y la conservación del medio ambiente de acuerdo a las características amazónicas”. Es toda una lección para quienes presumen que el Estado ha de llevar la iniciativa como único representante e intérprete del bien común; que los pueblos indígenas no tienen interés alguno en un desarrollo propio, y que la consulta es expediente para doblegar la resistencia permitiendo mediante compensaciones la entrada de empresas no indígenas. Son prejuicios todos éstos que hoy predominan incluso en las políticas gubernamentales por Bolivia. Como también se plantea ahora en el vecino Perú frente a los sesgos de la postura oficial, hay otras formas de regular los procedimientos de consulta y participación de los pueblos indígenas, unas formas que no responden a tamaños prejuicios al ser de iniciativa indígena. La propuesta de CIRABO y CIPOAP se hace pública con memoria y documentación.
