OPINIÓN de Carlos Miguélez Monroy
Cada año, un billón de dólares acaban en los bolsillos de funcionarios públicos en concepto de sobornos, según los datos sobre corrupción que maneja el Banco Mundial.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos investiga a 78 multinacionales por violar el Foreign Corrupt Practices Act, una ley que castiga los sobornos de empresarios nacionales a funcionarios extranjeros para obtener tratos de favor y ventajas comerciales. También se aplica a empresas de otros países, siempre y cuando tengan intercambios mercantiles en suelo estadounidense.
De las multinacionales investigadas destacan Avon, Goldman Sachs, Hewlett-Packard, Pfizer y Wal-Mart. Algunas de estas compañías ya estaban en el punto de mira de la sociedad civil. Goldman Sachs por el papel que ha jugado en la crisis económica mundial y por la posterior infiltración de ex altos directivos en la política de alto nivel de varios países; Pfizer por tener que pagar miles de millones de dólares tras ocultar los efectos secundarios de algunos productos y Wal-Mart por sus prácticas discriminatorias y monopolísticas.
La compañía alemana Siemens ha pagado 800 millones de dólares en Estados Unidos y otros 800 millones en Alemania para evitar los tribunales. En 2008, se le acusó de sobornar a políticos de varios países, entre ellos Argentina. Ocho de sus directivos están aún imputados por el pago de hasta 100 millones de dólares al gobierno de Carlos Menem para obtener distintos contratos. También a News Corporation, del magnate Rupert Murdoch, se le investiga por sobornos en Reino Unido y en Rusia.
Hasta años recientes, pocas personas habían sido imputadas en Estados Unidos por sobornos en el extranjero. A partir de 2007, 58 compañías han pagado un total de casi 4 billones de dólares para alcanzar acuerdos extrajudiciales y evitar que los casos llegaran a los tribunales. Casi 70 personas han sido imputadas, 20 están a la espera de un juicio y 42 han sido ya condenadas. A 22 les han retirado los cargos o han sido absueltas.
Sin embargo, la lucha contra la corrupción de multinacionales en países extranjeros tiene detractores, como el juez que echó por tierra una investigación del FBI sobre sobornos de una empresa armamentística a funcionarios de un país africano. Veintidós personas estaban detenidas. El juez consideró que la fiscalía había ido demasiado lejos y que su enfoque había sido “muy, muy agresivo”.
Empresarios, juristas y miembros de la Cámara de Comercio se han sumado a las críticas contra el Departamento de Justicia y sostienen que la lucha de la corrupción en países extranjeros inhibirá las inversiones de empresas estadounidenses en el extranjero. Califican de rígida la terminología de las leyes anti-corrupción y ven poco práctico y realista trazar una línea que distinga un soborno de lo que, para ellos, es una práctica habitual y una forma “distinta” que tienen otros países en su forma de entender los negocios.
Este argumento normaliza la corrupción de los “países tercermundistas” a los que luego critican muchos medios occidentales y refuerza la creencia de que la corrupción sólo afecta a esos países. Se pone toda la carga de los sobornos en los países corrompidos y exime de responsabilidad ética al corruptor, al que se le suele justificar con los mismos argumentos con que se justifican daños medioambientales y violaciones de derechos humanos en el extranjero: crean puestos de trabajo, dinamizan la economía, modernizan el país, ayudan a atraer más inversión, ofrecen las mismas condiciones laborales que las empresas locales.
Se habla también de intromisión estatal o de atentado contra la “seguridad jurídica” cuando el gobierno local intenta regular la actividad de empresas extranjeras. Esas ventajas para las inversiones de multinacionales no justifican ningún tipo de corrupción. El estado tiene la obligación de proteger los intereses de su pueblo: el medioambiente, la creación de empleos de calidad y en condiciones que, como mínimo, equivalgan a las de las empresas nacionales.
Muchas inversiones extranjeras se aprovechan de la laxitud en materia de derechos humanos y de legislación medioambiental; de los costes materiales y humanos y de la abundancia de materias primas. Sobornar a funcionarios públicos refuerza los modelos coloniales, contribuye al debilitamiento de la cultura democrática de “esos países” y desmonta una supuesta superioridad moral de los países “desarrollados”, que no siempre hacen lo suficiente para frenar el expolio.
Cada año, un billón de dólares acaban en los bolsillos de funcionarios públicos en concepto de sobornos, según los datos sobre corrupción que maneja el Banco Mundial.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos investiga a 78 multinacionales por violar el Foreign Corrupt Practices Act, una ley que castiga los sobornos de empresarios nacionales a funcionarios extranjeros para obtener tratos de favor y ventajas comerciales. También se aplica a empresas de otros países, siempre y cuando tengan intercambios mercantiles en suelo estadounidense.
De las multinacionales investigadas destacan Avon, Goldman Sachs, Hewlett-Packard, Pfizer y Wal-Mart. Algunas de estas compañías ya estaban en el punto de mira de la sociedad civil. Goldman Sachs por el papel que ha jugado en la crisis económica mundial y por la posterior infiltración de ex altos directivos en la política de alto nivel de varios países; Pfizer por tener que pagar miles de millones de dólares tras ocultar los efectos secundarios de algunos productos y Wal-Mart por sus prácticas discriminatorias y monopolísticas.
La compañía alemana Siemens ha pagado 800 millones de dólares en Estados Unidos y otros 800 millones en Alemania para evitar los tribunales. En 2008, se le acusó de sobornar a políticos de varios países, entre ellos Argentina. Ocho de sus directivos están aún imputados por el pago de hasta 100 millones de dólares al gobierno de Carlos Menem para obtener distintos contratos. También a News Corporation, del magnate Rupert Murdoch, se le investiga por sobornos en Reino Unido y en Rusia.
Hasta años recientes, pocas personas habían sido imputadas en Estados Unidos por sobornos en el extranjero. A partir de 2007, 58 compañías han pagado un total de casi 4 billones de dólares para alcanzar acuerdos extrajudiciales y evitar que los casos llegaran a los tribunales. Casi 70 personas han sido imputadas, 20 están a la espera de un juicio y 42 han sido ya condenadas. A 22 les han retirado los cargos o han sido absueltas.
Sin embargo, la lucha contra la corrupción de multinacionales en países extranjeros tiene detractores, como el juez que echó por tierra una investigación del FBI sobre sobornos de una empresa armamentística a funcionarios de un país africano. Veintidós personas estaban detenidas. El juez consideró que la fiscalía había ido demasiado lejos y que su enfoque había sido “muy, muy agresivo”.
Empresarios, juristas y miembros de la Cámara de Comercio se han sumado a las críticas contra el Departamento de Justicia y sostienen que la lucha de la corrupción en países extranjeros inhibirá las inversiones de empresas estadounidenses en el extranjero. Califican de rígida la terminología de las leyes anti-corrupción y ven poco práctico y realista trazar una línea que distinga un soborno de lo que, para ellos, es una práctica habitual y una forma “distinta” que tienen otros países en su forma de entender los negocios.
Este argumento normaliza la corrupción de los “países tercermundistas” a los que luego critican muchos medios occidentales y refuerza la creencia de que la corrupción sólo afecta a esos países. Se pone toda la carga de los sobornos en los países corrompidos y exime de responsabilidad ética al corruptor, al que se le suele justificar con los mismos argumentos con que se justifican daños medioambientales y violaciones de derechos humanos en el extranjero: crean puestos de trabajo, dinamizan la economía, modernizan el país, ayudan a atraer más inversión, ofrecen las mismas condiciones laborales que las empresas locales.
Se habla también de intromisión estatal o de atentado contra la “seguridad jurídica” cuando el gobierno local intenta regular la actividad de empresas extranjeras. Esas ventajas para las inversiones de multinacionales no justifican ningún tipo de corrupción. El estado tiene la obligación de proteger los intereses de su pueblo: el medioambiente, la creación de empleos de calidad y en condiciones que, como mínimo, equivalgan a las de las empresas nacionales.
Muchas inversiones extranjeras se aprovechan de la laxitud en materia de derechos humanos y de legislación medioambiental; de los costes materiales y humanos y de la abundancia de materias primas. Sobornar a funcionarios públicos refuerza los modelos coloniales, contribuye al debilitamiento de la cultura democrática de “esos países” y desmonta una supuesta superioridad moral de los países “desarrollados”, que no siempre hacen lo suficiente para frenar el expolio.
