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Perú: Genocidio Amazónico (Caso Candoshi-Shapra)

OPINIÓN de Bartolomé Clavero   

Las comunidades candoshi y shapra del tronco o pueblo shuar, el colonialmente llamado jíbaro, ya sufrieron matanzas por agresiones y mortandades por epidemias en la época del caucho con sus infames políticas genocidas de las que dejó memoria el diplomático británico de nación irlandesa Roger Casement, memoria que acaba de publicarse en castellano. Hoy estas comunidades vuelven a experimentar en carne propia los efectos genocidas del entreguismo gubernamental a intereses empresariales con el consiguiente desentendimiento respecto a derechos de las personas, las comunidades y los pueblos indígenas.

Se encuentran en situación de gravísima emergencia sanitaria ante la que el Estado no muestra disposición a asumir sus responsabilidades. Las comunidades recurren a la justicia estatal reclamando “políticas públicas de salud”

mediante acción de amparo de derechos: “derecho a la vida, a la identidad étnica y cultural” y a la “participación en la toma de decisiones y en la implementación de las medidas”. La justicia responde positivamente en primera instancia, por sentencia de la titular del Juzgado Mixto de la Provincia de Datem del Marañón, Gicella Massiel Rubio Soto, bien que atendiendo la reclamación de políticas más que la reivindicación de derechos. Al día de hoy, todo el resto de Estado sigue sin rectificar ni siquiera ante la gravísima emergencia sanitaria de estas comunidades indígenas. Dadas sus profundas implicaciones más los designios que se ciernen sobre la Amazonía, parece preferir no afrontarla. Recordemos que la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio y el Estatuto de la Corte Penal Internacional tipifican como genocidio la “lesión grave (intencional) a la integridad física o mental de los miembros del grupo” y el “sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial”.

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