OPINI脫N de Carlos Ayala Ram铆rez
Amnist铆a Internacional, organizaci贸n no gubernamental que trabaja por la justicia y la dignidad de las personas en m谩s de 150 pa铆ses, labor por la que gan贸 el premio Nobel de la paz en 1977, acaba de dar a conocer su informe sobre el estado actual de los derechos humanos en el mundo. El texto es m谩s que un documento narrativo o descriptivo de hechos; es m谩s bien una forma de memoria donde se hacen presentes la indignaci贸n, la resistencia y la esperanza. Indignaci贸n ante los abusos y atropellos a derechos fundamentales de personas y pueblos; resistencia ante quienes socavan los derechos humanos; y esperanza porque mantiene la convicci贸n de que es posible que todos disfruten de los derechos consagrados en la Declaraci贸n Universal de Derechos Humanos.
El accionar y los informes de Amnist铆a Internacional podemos considerarlos una voz prof茅tica de nuestro tiempo por defender los derechos y la dignidad de las personas pobres, denunciando las violaciones de derechos humanos que causan o agravan la pobreza, y haciendo que sus responsables rindan cuentas ante la justicia. Por defender a las personas migrantes, solicitantes de asilo, refugiadas, desplazadas o v铆ctimas de trata, aumentando su protecci贸n legal y f铆sica, garantizando que no se les niegue su derecho a la educaci贸n, a la salud o a la vivienda. Por trabajar en el fortalecimiento de la justicia nacional e internacional, y por el derecho a la verdad, la justicia y la reparaci贸n de las v铆ctimas, como las que han sufrido detenci贸n arbitraria, juicios injustos, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales o violencia de g茅nero.
En el informe de este a帽o, Amnist铆a Internacional denuncia, entre otras cosas, los abusos contra las comunidades ind铆genas en Am茅rica; el empeoramiento de la discriminaci贸n en 脕frica por la orientaci贸n sexual o la identidad de g茅nero; el endurecimiento del discurso xen贸fobo de algunos pol铆ticos europeos; y el descubrimiento, en M茅xico, de cientos de cad谩veres de emigrantes en fosas clandestinas. En lo que respecta a El Salvador, algunos de los principales se帽alamientos son los siguientes:
(1) Ha persistido la impunidad por las violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto armado (1980-1992);
(2) Sigue vigente la ley de amnist铆a de 1993, a pesar de los reiterados llamados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al Estado salvadore帽o para su anulaci贸n. Una ley que impide que cualquier persona, entre ellos los miembros de las fuerzas armadas, rinda cuentas por violaciones de derechos humanos;
(3) Se elude el derecho internacional que reclama verdad y justicia en torno a cr铆menes contra la humanidad. El informe rememora, en ese sentido, que en agosto de 2011 la Corte Suprema de Justicia decidi贸 desatender una alerta roja emitida por Interpol a instancias de las autoridades espa帽olas. En ella se ped铆a la detenci贸n y extradici贸n de nueve exmiembros del Ej茅rcito acusados del asesinato de seis sacerdotes jesuitas espa帽oles, su ama de llaves y la hija de esta. La Corte pidi贸 a las autoridades espa帽olas que complementaran otros tr谩mites procesales antes de considerar la orden;
(4) Sigue suscitando preocupaci贸n la violencia contra mujeres y ni帽as. La Procuradur铆a para la Defensa de los Derechos Humanos recibi贸 m煤ltiples denuncias que inclu铆an violaciones de sus derechos sexuales y reproductivos;
(5) Preocupa la situaci贸n de impunidad para la violencia de g茅nero en el pa铆s. El informe recuerda que la relatora especial de la ONU sobre la violencia contra la mujer expres贸 su honda preocupaci贸n por la inacci贸n del Gobierno respecto a investigar, enjuiciar y otorgar reparaci贸n por estos cr铆menes.
Esta voz de Amnist铆a Internacional se suma a las posiciones m谩s honradas de nuestro pa铆s, que han venido sosteniendo que la ley de amnist铆a, adem谩s de promover la impunidad, es contraria al derecho internacional en tanto que los cr铆menes de lesa humanidad no pueden ser amnistiados, y tambi茅n es contraria a la Constituci贸n de El Salvador, porque el Gobierno que la otorga no puede incluir en ella a sus propios funcionarios, tal como lo hizo en su momento el expresidente Cristiani. Por otra parte, y en lo que respecta a las exigencias que supone un Estado de derecho, una de las principales deudas del actual Gobierno es su poco o nulo inter茅s en ratificar tratados internacionales que faciliten la justicia para las v铆ctimas y garanticen la no repetici贸n de cr铆menes de lesa humanidad. Nos referimos a los siguientes tratados: el Protocolo Facultativo de la Convenci贸n contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; el Protocolo Facultativo de la Convenci贸n sobre la Eliminaci贸n de Todas las Formas de Discriminaci贸n contra la Mujer; las convenciones universal e interamericana contra la desaparici贸n forzada; la Convenci贸n sobre la Imprescriptibilidad de los Cr铆menes de Guerra y de los Cr铆menes de Lesa Humanidad; y el Estatuto de la Corte Penal Internacional. La falta de ratificaci贸n de estos tratados favorece el clima de impunidad y empobrece la voluntad de justicia.
El informe de Amnist铆a Internacional, pues, pone en evidencia uno de los problemas at谩vicos de la sociedad salvadore帽a: la impunidad. Esto es, la resistencia a tener un sistema judicial independiente y con capacidad para investigar y castigar las violaciones de los derechos humanos. Adem谩s, el sistema sigue manteniendo niveles altos de corrupci贸n, lo cual genera injusticia, desigualdad e inseguridad jur铆dica generalizada. En consecuencia, en la construcci贸n de un Estado de derecho, democr谩tico y constitucional, tenemos todav铆a un largo trecho que recorrer. Una condici贸n 茅tica indispensable en ese camino es escuchar con respeto y seriedad a las v铆ctimas de la impunidad. Ellas deben ser el lugar preferencial para hacer real la esperanza de la justicia.
*Carlos Ayala Ram铆rez, director de Radio YSUCA
Amnist铆a Internacional, organizaci贸n no gubernamental que trabaja por la justicia y la dignidad de las personas en m谩s de 150 pa铆ses, labor por la que gan贸 el premio Nobel de la paz en 1977, acaba de dar a conocer su informe sobre el estado actual de los derechos humanos en el mundo. El texto es m谩s que un documento narrativo o descriptivo de hechos; es m谩s bien una forma de memoria donde se hacen presentes la indignaci贸n, la resistencia y la esperanza. Indignaci贸n ante los abusos y atropellos a derechos fundamentales de personas y pueblos; resistencia ante quienes socavan los derechos humanos; y esperanza porque mantiene la convicci贸n de que es posible que todos disfruten de los derechos consagrados en la Declaraci贸n Universal de Derechos Humanos.
El accionar y los informes de Amnist铆a Internacional podemos considerarlos una voz prof茅tica de nuestro tiempo por defender los derechos y la dignidad de las personas pobres, denunciando las violaciones de derechos humanos que causan o agravan la pobreza, y haciendo que sus responsables rindan cuentas ante la justicia. Por defender a las personas migrantes, solicitantes de asilo, refugiadas, desplazadas o v铆ctimas de trata, aumentando su protecci贸n legal y f铆sica, garantizando que no se les niegue su derecho a la educaci贸n, a la salud o a la vivienda. Por trabajar en el fortalecimiento de la justicia nacional e internacional, y por el derecho a la verdad, la justicia y la reparaci贸n de las v铆ctimas, como las que han sufrido detenci贸n arbitraria, juicios injustos, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales o violencia de g茅nero.
En el informe de este a帽o, Amnist铆a Internacional denuncia, entre otras cosas, los abusos contra las comunidades ind铆genas en Am茅rica; el empeoramiento de la discriminaci贸n en 脕frica por la orientaci贸n sexual o la identidad de g茅nero; el endurecimiento del discurso xen贸fobo de algunos pol铆ticos europeos; y el descubrimiento, en M茅xico, de cientos de cad谩veres de emigrantes en fosas clandestinas. En lo que respecta a El Salvador, algunos de los principales se帽alamientos son los siguientes:
(1) Ha persistido la impunidad por las violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto armado (1980-1992);
(2) Sigue vigente la ley de amnist铆a de 1993, a pesar de los reiterados llamados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al Estado salvadore帽o para su anulaci贸n. Una ley que impide que cualquier persona, entre ellos los miembros de las fuerzas armadas, rinda cuentas por violaciones de derechos humanos;
(3) Se elude el derecho internacional que reclama verdad y justicia en torno a cr铆menes contra la humanidad. El informe rememora, en ese sentido, que en agosto de 2011 la Corte Suprema de Justicia decidi贸 desatender una alerta roja emitida por Interpol a instancias de las autoridades espa帽olas. En ella se ped铆a la detenci贸n y extradici贸n de nueve exmiembros del Ej茅rcito acusados del asesinato de seis sacerdotes jesuitas espa帽oles, su ama de llaves y la hija de esta. La Corte pidi贸 a las autoridades espa帽olas que complementaran otros tr谩mites procesales antes de considerar la orden;
(4) Sigue suscitando preocupaci贸n la violencia contra mujeres y ni帽as. La Procuradur铆a para la Defensa de los Derechos Humanos recibi贸 m煤ltiples denuncias que inclu铆an violaciones de sus derechos sexuales y reproductivos;
(5) Preocupa la situaci贸n de impunidad para la violencia de g茅nero en el pa铆s. El informe recuerda que la relatora especial de la ONU sobre la violencia contra la mujer expres贸 su honda preocupaci贸n por la inacci贸n del Gobierno respecto a investigar, enjuiciar y otorgar reparaci贸n por estos cr铆menes.
Esta voz de Amnist铆a Internacional se suma a las posiciones m谩s honradas de nuestro pa铆s, que han venido sosteniendo que la ley de amnist铆a, adem谩s de promover la impunidad, es contraria al derecho internacional en tanto que los cr铆menes de lesa humanidad no pueden ser amnistiados, y tambi茅n es contraria a la Constituci贸n de El Salvador, porque el Gobierno que la otorga no puede incluir en ella a sus propios funcionarios, tal como lo hizo en su momento el expresidente Cristiani. Por otra parte, y en lo que respecta a las exigencias que supone un Estado de derecho, una de las principales deudas del actual Gobierno es su poco o nulo inter茅s en ratificar tratados internacionales que faciliten la justicia para las v铆ctimas y garanticen la no repetici贸n de cr铆menes de lesa humanidad. Nos referimos a los siguientes tratados: el Protocolo Facultativo de la Convenci贸n contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; el Protocolo Facultativo de la Convenci贸n sobre la Eliminaci贸n de Todas las Formas de Discriminaci贸n contra la Mujer; las convenciones universal e interamericana contra la desaparici贸n forzada; la Convenci贸n sobre la Imprescriptibilidad de los Cr铆menes de Guerra y de los Cr铆menes de Lesa Humanidad; y el Estatuto de la Corte Penal Internacional. La falta de ratificaci贸n de estos tratados favorece el clima de impunidad y empobrece la voluntad de justicia.
El informe de Amnist铆a Internacional, pues, pone en evidencia uno de los problemas at谩vicos de la sociedad salvadore帽a: la impunidad. Esto es, la resistencia a tener un sistema judicial independiente y con capacidad para investigar y castigar las violaciones de los derechos humanos. Adem谩s, el sistema sigue manteniendo niveles altos de corrupci贸n, lo cual genera injusticia, desigualdad e inseguridad jur铆dica generalizada. En consecuencia, en la construcci贸n de un Estado de derecho, democr谩tico y constitucional, tenemos todav铆a un largo trecho que recorrer. Una condici贸n 茅tica indispensable en ese camino es escuchar con respeto y seriedad a las v铆ctimas de la impunidad. Ellas deben ser el lugar preferencial para hacer real la esperanza de la justicia.
*Carlos Ayala Ram铆rez, director de Radio YSUCA
