OPINIÓN de Bartolomé Clavero
En este año se cumplirá el quinto aniversario de la adopción de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas por la Asamblea General de las Naciones Unidas en términos de vinculación normativa para los Estados y para la propia organización internacional, para todas sus instancias:
“Los Estados, en consulta y cooperación con los pueblos indígenas, adoptarán las medidas apropiadas, incluidas medidas legislativas, para alcanzar los fines de la presente Declaración”; “Las Naciones Unidas, sus órganos, incluido el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, y los organismos especializados, incluso a nivel local, así como los Estados, promoverán el respeto y la plena aplicación de las disposiciones de la presente Declaración y velarán por su eficacia” (arts. 38 y 42). La débil respuesta de parte de las propias Naciones Unidas puede simbolizarse por la catalogación de la nueva norma en el sitio web del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, donde se le incluyó y se le mantiene en el capítulo, no del Derecho a la libre determinación, sino de los Derechos de las minorías. A la vista de este quinto centenario, el Consejo de Derechos Humanos encargó al Mecanismo de Experto sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas la realización de una encuesta entre los Estados cuyo magro resultado también testimonia la falta de diligencia en la promoción de la Declaración, de sus referidas eficacia y plena aplicación, por parte del conjunto de las instancias de las Naciones Unidas, inclusive las de derechos humanos, y por parte de sus miembros, los Estados. Pocos entre éstos están reportándose. Y los reportes son por lo general decepcionantes como mínimo.
En este año se cumplirá el quinto aniversario de la adopción de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas por la Asamblea General de las Naciones Unidas en términos de vinculación normativa para los Estados y para la propia organización internacional, para todas sus instancias:
“Los Estados, en consulta y cooperación con los pueblos indígenas, adoptarán las medidas apropiadas, incluidas medidas legislativas, para alcanzar los fines de la presente Declaración”; “Las Naciones Unidas, sus órganos, incluido el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, y los organismos especializados, incluso a nivel local, así como los Estados, promoverán el respeto y la plena aplicación de las disposiciones de la presente Declaración y velarán por su eficacia” (arts. 38 y 42). La débil respuesta de parte de las propias Naciones Unidas puede simbolizarse por la catalogación de la nueva norma en el sitio web del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, donde se le incluyó y se le mantiene en el capítulo, no del Derecho a la libre determinación, sino de los Derechos de las minorías. A la vista de este quinto centenario, el Consejo de Derechos Humanos encargó al Mecanismo de Experto sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas la realización de una encuesta entre los Estados cuyo magro resultado también testimonia la falta de diligencia en la promoción de la Declaración, de sus referidas eficacia y plena aplicación, por parte del conjunto de las instancias de las Naciones Unidas, inclusive las de derechos humanos, y por parte de sus miembros, los Estados. Pocos entre éstos están reportándose. Y los reportes son por lo general decepcionantes como mínimo.
