OPINIÓN de Santiago Pérez, Rio de Janeiro.-
Elevados y complejos impuestos. Un problema estructural y al mismo tiempo uno de los grandes desafíos de la mayor de las economías latinoamericanas.
En Brasil los impuestos son altos, y lo más preocupante, siguen subiendo. En los últimos 65 años los recursos extraídos por el estado del sector privado crecieron dos veces y media. Mientras en 1947 la presión fiscal era del 13,8% del PBI, el año pasado (2012) alcanzó el record histórico del 36,27%.
Por supuesto que los tributos son importantes para el correcto desarrollo de cualquier país del planeta. Es de allí de donde se obtienen los recursos para la construcción de la infraestructura nacional y la financiación de los servicios públicos como lo son la educación, la seguridad, la salud y la justica. El problema de Brasil radica en que si bien el estado aplica elevados impuestos, estos no vuelven en forma eficiente a la sociedad. Solo por dar un ejemplo. Un trabajador industrial técnico electromecánico, quien percibe un nada despreciable sueldo bruto de 3000 dólares mensuales, debe pagar entre impuestos directos e indirectos un total de 1300 dólares. Pero aun aportando esta importante porción de su salario al fisco, es común que los sectores medios se vean obligados a recurrir tanto a la salud como a la educación privada. La baja calidad de los servicios empuja a las familias fuera de los sistemas públicos.
Del otro lado del mostrador la situación es también compleja. Dependiendo del sector, el costo para las empresas de contratar un empleado puede ser desde un 70% a un 180% mayor al salario que efectivamente percibirá el trabajador. Esto se debe no solo a la elevada presión impositiva que las compañías deben absorber al momento de incorporar personal, sino también a la excesiva burocratización de la gestión de la fuerza de trabajo.
Brasil cobra impuestos equivalentes a países del denominado mundo desarrollado, otorgando servicios de una calidad sustancialmente inferior. Las economías de Uruguay y Colombia, las cuales cuentan con ingresos proporcionalmente comparables a los brasileños, tienen una presión tributaria inferior al 29% del PBI. La carga fiscal de Brasil se equipara a países como Holanda e Inglaterra, alcanzando el 39% del Producto Bruto Interno.
Por otro lado, los impuestos no son solo elevados, sino también excesivamente complejos. Sumando las legislaciones de los niveles municipal, estadual y federal, existen más de 3300 normas fiscales, las cuales sufren constantes modificaciones. Es así que las empresas deben destinar recursos adicionales para administrar su situación impositiva. Costos que, en última instancia, terminan por encarecer la producción y erosionar la competitividad de la economía.
En definitiva, la cuestión impositiva es uno de los grandes nudos que Brasil deberá desenredar para poder aportar mayor dinamismo a su economía y sostener sus tasas de crecimiento. Un país con ambiciones de desarrollo no debe solamente cobrar impuestos justos, sino también devolverlos a la sociedad en forma equivalente y con servicios que aporten una mejor calidad de vida a sus ciudadanos.
Elevados y complejos impuestos. Un problema estructural y al mismo tiempo uno de los grandes desafíos de la mayor de las economías latinoamericanas.
En Brasil los impuestos son altos, y lo más preocupante, siguen subiendo. En los últimos 65 años los recursos extraídos por el estado del sector privado crecieron dos veces y media. Mientras en 1947 la presión fiscal era del 13,8% del PBI, el año pasado (2012) alcanzó el record histórico del 36,27%.
Por supuesto que los tributos son importantes para el correcto desarrollo de cualquier país del planeta. Es de allí de donde se obtienen los recursos para la construcción de la infraestructura nacional y la financiación de los servicios públicos como lo son la educación, la seguridad, la salud y la justica. El problema de Brasil radica en que si bien el estado aplica elevados impuestos, estos no vuelven en forma eficiente a la sociedad. Solo por dar un ejemplo. Un trabajador industrial técnico electromecánico, quien percibe un nada despreciable sueldo bruto de 3000 dólares mensuales, debe pagar entre impuestos directos e indirectos un total de 1300 dólares. Pero aun aportando esta importante porción de su salario al fisco, es común que los sectores medios se vean obligados a recurrir tanto a la salud como a la educación privada. La baja calidad de los servicios empuja a las familias fuera de los sistemas públicos.
Del otro lado del mostrador la situación es también compleja. Dependiendo del sector, el costo para las empresas de contratar un empleado puede ser desde un 70% a un 180% mayor al salario que efectivamente percibirá el trabajador. Esto se debe no solo a la elevada presión impositiva que las compañías deben absorber al momento de incorporar personal, sino también a la excesiva burocratización de la gestión de la fuerza de trabajo.
Brasil cobra impuestos equivalentes a países del denominado mundo desarrollado, otorgando servicios de una calidad sustancialmente inferior. Las economías de Uruguay y Colombia, las cuales cuentan con ingresos proporcionalmente comparables a los brasileños, tienen una presión tributaria inferior al 29% del PBI. La carga fiscal de Brasil se equipara a países como Holanda e Inglaterra, alcanzando el 39% del Producto Bruto Interno.
Por otro lado, los impuestos no son solo elevados, sino también excesivamente complejos. Sumando las legislaciones de los niveles municipal, estadual y federal, existen más de 3300 normas fiscales, las cuales sufren constantes modificaciones. Es así que las empresas deben destinar recursos adicionales para administrar su situación impositiva. Costos que, en última instancia, terminan por encarecer la producción y erosionar la competitividad de la economía.
En definitiva, la cuestión impositiva es uno de los grandes nudos que Brasil deberá desenredar para poder aportar mayor dinamismo a su economía y sostener sus tasas de crecimiento. Un país con ambiciones de desarrollo no debe solamente cobrar impuestos justos, sino también devolverlos a la sociedad en forma equivalente y con servicios que aporten una mejor calidad de vida a sus ciudadanos.
