OPINIÓN de Teodoro Rentería Arróyave, México.- La noticia no es nueva, siempre hemos denunciado que los principales o la mayor parte de los agresores a periodistas son funcionarios de los tres órdenes de gobierno.
La novedad es que la propia Secretaría de Gobernación lo admita y lo difunda con toda la repercusión que implica esa mea culpa.
Lo trascendente sería, que el propio Gobierno, conocido el grave diagnóstico del fenómeno, sin tardanza implementara la medidas cautelares a favor de los informadores, de sus familiares y de sus amistades, quienes también han y siguen siendo agraviados.
Según el diario La Jornada, en poco más de tres años se aceptaron 299 de 369 solicitudes de comunicadores y activistas en situación de riesgo.
Esto debemos de señalarlo, de acuerdo al obsoleto protocolo, cuando un periodista o un activista social se siente amenazado recurre al aparato burocrático, por desgracia, cuando actúa es demasiado tarde, la agresión llega y muchas veces a costa de la vida misma.
Según la información, los responsables de las agresiones a los comunicadores y activistas sociales, son policías, funcionarios de los tres niveles de gobierno y de las fuerzas armadas.
Como también lo hemos venido sosteniendo, las agresiones que proceden de particulares o sujetos no identificados son en número menor a las que llevan a cabo los servidores públicos, con toda la impunidad de la que gozan, todo lo señala el documento mencionado
Desde que se creo, en tiempos de la docena trágica de los frustrados gobiernos panistas, denunciamos que el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, carecía de veracidad y de autenticidad para la delicada encomienda.
Desde aquel tiempo, el Gremio Organizado se marginó de participar en la insaculación para tener representantes en la Junta de Gobierno, ya que nos percatamos que los dados estaban cargados para imponer a sujetos favorecedores del calderonismo.
Desgraciadamente esto no ha cambiando, continúan las agresiones a los periodistas y activistas, incluyendo en forma muy grave los asesinatos y las desapariciones forzadas.
Lo hemos dicho y lo volvemos a repetir, mientras la vergonzosa impunidad continúe, las estadísticas fatales y de toda índole contra las libertades de prensa y expresión, serán sólo eso: estadística, como las difundidas ahora.
La novedad es que la propia Secretaría de Gobernación lo admita y lo difunda con toda la repercusión que implica esa mea culpa.
Lo trascendente sería, que el propio Gobierno, conocido el grave diagnóstico del fenómeno, sin tardanza implementara la medidas cautelares a favor de los informadores, de sus familiares y de sus amistades, quienes también han y siguen siendo agraviados.
Según el diario La Jornada, en poco más de tres años se aceptaron 299 de 369 solicitudes de comunicadores y activistas en situación de riesgo.
Esto debemos de señalarlo, de acuerdo al obsoleto protocolo, cuando un periodista o un activista social se siente amenazado recurre al aparato burocrático, por desgracia, cuando actúa es demasiado tarde, la agresión llega y muchas veces a costa de la vida misma.
Según la información, los responsables de las agresiones a los comunicadores y activistas sociales, son policías, funcionarios de los tres niveles de gobierno y de las fuerzas armadas.
Como también lo hemos venido sosteniendo, las agresiones que proceden de particulares o sujetos no identificados son en número menor a las que llevan a cabo los servidores públicos, con toda la impunidad de la que gozan, todo lo señala el documento mencionado
Desde que se creo, en tiempos de la docena trágica de los frustrados gobiernos panistas, denunciamos que el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, carecía de veracidad y de autenticidad para la delicada encomienda.
Desde aquel tiempo, el Gremio Organizado se marginó de participar en la insaculación para tener representantes en la Junta de Gobierno, ya que nos percatamos que los dados estaban cargados para imponer a sujetos favorecedores del calderonismo.
Desgraciadamente esto no ha cambiando, continúan las agresiones a los periodistas y activistas, incluyendo en forma muy grave los asesinatos y las desapariciones forzadas.
Lo hemos dicho y lo volvemos a repetir, mientras la vergonzosa impunidad continúe, las estadísticas fatales y de toda índole contra las libertades de prensa y expresión, serán sólo eso: estadística, como las difundidas ahora.
