OPINIÓN de Teodoro Rentería Arróyave, México.- Aunque todavía falta su publicación en el Diario Oficial de la Federación, podemos afirmar con certeza que la “Ley Fox”, esa llamada pomposamente: Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y que el Gremio Periodístico Organizado siempre la denunció como una vulgar “Ley Mordaza”, yace de donde jamás debió haber salido, en el cesto de la basura.
La Cámara de Diputados aprobó en lo general, con 383 votos a favor, uno en contra y 32 abstenciones, el dictamen de la minuta por la que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y modificaciones trascendentes en varios artículos que vigorizan su espíritu.
Por su parte el Senado de la República, con 72 votos a favor y cuatro en contra, aprobó, sin cambio alguno, dichas modificaciones realizadas por la Cámara de Diputados a la minuta que expide la mencionada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la envió al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales.
Es decir, ahora toca al presidente, Enrique Peña Nieto promulgar dicha Reforma y enviarla para su publicación en el Diario Oficial de la Federación, para que entre en vigor y sea de cumplimiento general en toda la República.
En esas condiciones los Diputados aprobaron y los senadores respaldaron los cambios a los artículos 23, 24, 28, 46, 52, 55, 91, 99, 174, 202; así como a los transitorios tercero y cuarto del proyecto de decreto que, insistimos abroga, de una vez y para siempre la “Ley mordaza”.
El mismo Poder Legislativo lo señala, esta ley garantiza el derecho de acceso a la información pública en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano, organismo, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos federales o realice actos de autoridad.
Asimismo, establece los mecanismos necesarios, en el ámbito federal, para garantizar de forma efectiva los objetivos de las disposiciones constitucionales y generales. Plantea, asimismo, que toda información generada, obtenida, adquirida o en posesión de los sujetos obligados, es pública, accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada como reservada por razones de interés público y seguridad nacional, o bien confidencial.
Y más que transcendente, determina que no podrá clasificarse como reservada aquella información que esté relacionada con violaciones graves a derechos humanos, delitos de lesa humanidad y actos de corrupción; además, a ninguna persona se le podrá restringir el derecho de acceso a la información por vías o medios directos o indirectos.
Vamos ganando Nuestras Batallas por las libertades de prensa y expresión. CONTINUARÁ.
La Cámara de Diputados aprobó en lo general, con 383 votos a favor, uno en contra y 32 abstenciones, el dictamen de la minuta por la que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y modificaciones trascendentes en varios artículos que vigorizan su espíritu.
Por su parte el Senado de la República, con 72 votos a favor y cuatro en contra, aprobó, sin cambio alguno, dichas modificaciones realizadas por la Cámara de Diputados a la minuta que expide la mencionada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la envió al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales.
Es decir, ahora toca al presidente, Enrique Peña Nieto promulgar dicha Reforma y enviarla para su publicación en el Diario Oficial de la Federación, para que entre en vigor y sea de cumplimiento general en toda la República.
En esas condiciones los Diputados aprobaron y los senadores respaldaron los cambios a los artículos 23, 24, 28, 46, 52, 55, 91, 99, 174, 202; así como a los transitorios tercero y cuarto del proyecto de decreto que, insistimos abroga, de una vez y para siempre la “Ley mordaza”.
El mismo Poder Legislativo lo señala, esta ley garantiza el derecho de acceso a la información pública en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano, organismo, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos federales o realice actos de autoridad.
Asimismo, establece los mecanismos necesarios, en el ámbito federal, para garantizar de forma efectiva los objetivos de las disposiciones constitucionales y generales. Plantea, asimismo, que toda información generada, obtenida, adquirida o en posesión de los sujetos obligados, es pública, accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada como reservada por razones de interés público y seguridad nacional, o bien confidencial.
Y más que transcendente, determina que no podrá clasificarse como reservada aquella información que esté relacionada con violaciones graves a derechos humanos, delitos de lesa humanidad y actos de corrupción; además, a ninguna persona se le podrá restringir el derecho de acceso a la información por vías o medios directos o indirectos.
Vamos ganando Nuestras Batallas por las libertades de prensa y expresión. CONTINUARÁ.
