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Afganistán investigará los abusos sexuales a menores por parte de la policía


Jugar con lo que se pueda. Unos niños juegan en un descampado en Kabul el 28 de junio de 2016. AFP / Shah Marai


Afganistán prometió iniciar una "investigación minuciosa" tras las condenas de la comunidad internacional después de las revelaciones sobre casos de abusos sexuales de la policía a menores.

Según varias fuentes consultadas por la AFP, los talibanes usan a los menores sometidos a la práctica tradicional del "bacha bazi" ("jugar con niños" en dari, una de las dos lenguas oficiales afganas) para atacar a las fuerzas de la policía.

Este tipo de ataque dejó cientos de muertos entre las filas de la policía estos dos últimos años en la provincia meridional de Uruzgan, donde esta práctica está muy establecida.

"El presidente Ashraf Ghani ordenó dirigir una investigación minuciosa en base a estas informaciones", anunció el domingo el palacio presidencial en un comunicado".

"Quienquiera que sea considerado culpable será perseguido y castigado, sin consideración de grado, conforme al derecho afgano y a nuestros compromisos internacionales", añadió.

La práctica del "bacha bazi", que consiste en utilizar chicos prepúberes como compañía sexual, para llevar armas o servir el té, está aún muy extendida en algunas regiones de Afganistán, en el sur, el este y el norte.

Suboficiales de policía, jueces, responsables gubernamentales y supervivientes de los ataques contaron a la AFP cómo los talibanes reclutan a estos "bacha bazi" para atacar a sus violadores, exponiendo doblemente a los niños a los abusos de ambas partes.

La presidencia afirmó que "no hay lugar" en la sociedad afgana para estos agresores, y previno que está dispuesta a todo "sea cual sea el precio" para que sean castigados.

Esta decisión llega después de una serie de condenas internacionales en respuesta a un reportaje de la AFP.

"Condenamos firmemente los espantosos abusos como los que se describen en este artículo", indicó la embajada de Estados Unidos en Kabul.

"Estamos presionando al gobierno afgano (...) para proteger y apoyar a las víctimas y sus familias e incitamos a la justicia a pedir cuentas a los culpables".

En un correo dirigido la semana pasada al Pentágono, un representante norteamericano pide a su país actuar para poner fin a esta práctica del "bacha bazi" entre las fuerzas afganas.

- "Tolerancia cero" -
Duncan Hunter, representante republicano en el Congreso, reclamó en su carta que la AFP pudo leer "tolerancia cero" y "medidas inmediatas para impedir las violaciones de niños en presencia de las fuerzas estadounidenses", aún presentes en Afganistán con cerca de 10.000 hombres para apoyar y entrenar a las fuerzas afganas.

Por su parte, la Misión de Asistencia de Naciones Unidas en Afganistán (Unama) señaló que el "bacha bazi" constituía un motivo de "grave preocupación" para la comunidad internacional.

"La Unama continúa recibiendo informaciones dispersas sobre el bacha bazi, incluso dentro de las fuerzas de seguridad afganas, y se asegurará ante el gobierno de que todas las formas de abuso y de explotación de los niños sean castigadas y prevenidas", indicó a la AFP Mark Bowden, representante especial adjunto de la ONU en Afganistán.

El anuncio del gobierno, que no precisó el calendario de las investigaciones, interviene cuando quedan dos semanas para las conferencias cruciales para la renovación del compromiso internacional en Afganistán, a principios de julio en Varsovia y en septiembre en Bruselas.

Afganistán sigue teniendo una gran dependencia del apoyo militar y financiero internacional para la formación y el mantenimiento de sus fuerzas de seguridad, como la policía.

La falta de reacción frente al "bacha bazi" podría poner en peligro este apoyo, consideró Michael Kugleman, analista en el Woodrow Wilson Center en Washington. "Ningún donante podría justificar conscientemente financiar a policías asociados a estas prácticas", añadió.

El ministerio afgano del Interior reconoció que el "bacha bazi" constituía un "grave crimen" y anunció su compromiso para reformar las instituciones. Pero el país aún no adoptó la legislación que castiga la práctica ni anunció ninguna iniciativa para ayudar a las víctimas.




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