• El Pleno del Congreso aprobó ayer una moción presentada por el PSOE de derogar la polémica Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, aprobada en solitario por el PP en 2015
• Fue bautizada como “ley mordaza” por limitar el ejercicio de los derechos de expresión, reunión y manifestación, entre otros
• Mientras esta decisión es una buena noticia para las libertades públicas, activistas de Greenpeace llevan más de 24 horas de resistencia pacífica para evitar un proyecto que dañaría de manera irreversible el Parque Nacional de Doñana
Greenpeace aplaude la decisión tomada ayer por el Congreso de los Diputados de derogar la conocida como Ley Mordaza, la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana que fue aprobada por las Cortes con los únicos votos favorables del Partido Popular y que entró en vigor el 1 de julio de 2015.
“La Ley Mordaza carecía de justificación, ya que en el Estado Español no hay problemas graves de seguridad ciudadana”, ha declarado Miguel Ángel Soto, portavoz de Greenpeace. “Como se ha ido confirmando posteriormente, la ley estaba pensada para silenciar con multas las voces que critican la gestión del Gobierno y las consecuencias de la crisis social, ambiental y económica producto de la corrupción, los recortes sociales y de derechos, o la privatización de los servicios públicos”.
La Ley Mordaza incluyó un catálogo de nuevas infracciones que señalaban directamente las formas de protesta pacífica de algunos colectivos (activistas anti-desahucios, “mareas ciudadanas”, sindicalistas, afectados por las preferentes, etc.) pero que no suponen en ningún caso un peligro para la seguridad ciudadana. En la práctica, la ley establecía serias limitaciones a las libertades de expresión e información, de reunión pacífica y de asociación. Ello contraviene las obligaciones internacionales contraídas por el estado Español en materia de derechos humanos.
También, la Ley Mordaza que deberá ser derogada por el Congreso considera un hecho sancionable el uso de imágenes que muestren las actuaciones de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, lo que va en contra del derecho constitucional a la libertad de información y de la necesidad de contar con pruebas que permitan el control del cumplimiento adecuado de sus funciones.
El primer borrador del proyecto de Ley Mordaza data de noviembre de 2013, momento a partir del cual Greenpeace empezó a colaborar con otras organizaciones, movimientos sociales, sindicatos policiales, asociaciones de juristas y partidos políticos para parar o revertir las reformas. Posteriormente a su aprobación, existía el compromiso de las principales fuerzas de la oposición en el Congreso de derogar esta ley una vez que cambie la actual mayoría absoluta en el Parlamento, como finalmente ha sucedido.
“Esperamos ahora que el Congreso de pasos concretos para derogar o cambiar sustancialmente esta ley para que no conculque nuestros derechos de expresión y manifestación”, ha concluido Soto.
Por otra parte, un grupo de activistas de Greenpeace lleva ya más de 24 en las obras que Gas Natural Fenosa está llevando a cabo en las inmediaciones del Parque Nacional de Doñana. Tras haber pasado la noche bloqueando las entradas a las instalaciones, el campamento de resistencia de Greenpeace continúa su protesta pacífica. Los activistas que ayer a primera hora de la mañana paralizaron los trabajos de la empresa energética permanecen encadenados.
• Fue bautizada como “ley mordaza” por limitar el ejercicio de los derechos de expresión, reunión y manifestación, entre otros
• Mientras esta decisión es una buena noticia para las libertades públicas, activistas de Greenpeace llevan más de 24 horas de resistencia pacífica para evitar un proyecto que dañaría de manera irreversible el Parque Nacional de Doñana
Greenpeace aplaude la decisión tomada ayer por el Congreso de los Diputados de derogar la conocida como Ley Mordaza, la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana que fue aprobada por las Cortes con los únicos votos favorables del Partido Popular y que entró en vigor el 1 de julio de 2015.
“La Ley Mordaza carecía de justificación, ya que en el Estado Español no hay problemas graves de seguridad ciudadana”, ha declarado Miguel Ángel Soto, portavoz de Greenpeace. “Como se ha ido confirmando posteriormente, la ley estaba pensada para silenciar con multas las voces que critican la gestión del Gobierno y las consecuencias de la crisis social, ambiental y económica producto de la corrupción, los recortes sociales y de derechos, o la privatización de los servicios públicos”.
La Ley Mordaza incluyó un catálogo de nuevas infracciones que señalaban directamente las formas de protesta pacífica de algunos colectivos (activistas anti-desahucios, “mareas ciudadanas”, sindicalistas, afectados por las preferentes, etc.) pero que no suponen en ningún caso un peligro para la seguridad ciudadana. En la práctica, la ley establecía serias limitaciones a las libertades de expresión e información, de reunión pacífica y de asociación. Ello contraviene las obligaciones internacionales contraídas por el estado Español en materia de derechos humanos.
También, la Ley Mordaza que deberá ser derogada por el Congreso considera un hecho sancionable el uso de imágenes que muestren las actuaciones de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, lo que va en contra del derecho constitucional a la libertad de información y de la necesidad de contar con pruebas que permitan el control del cumplimiento adecuado de sus funciones.
El primer borrador del proyecto de Ley Mordaza data de noviembre de 2013, momento a partir del cual Greenpeace empezó a colaborar con otras organizaciones, movimientos sociales, sindicatos policiales, asociaciones de juristas y partidos políticos para parar o revertir las reformas. Posteriormente a su aprobación, existía el compromiso de las principales fuerzas de la oposición en el Congreso de derogar esta ley una vez que cambie la actual mayoría absoluta en el Parlamento, como finalmente ha sucedido.
“Esperamos ahora que el Congreso de pasos concretos para derogar o cambiar sustancialmente esta ley para que no conculque nuestros derechos de expresión y manifestación”, ha concluido Soto.
Por otra parte, un grupo de activistas de Greenpeace lleva ya más de 24 en las obras que Gas Natural Fenosa está llevando a cabo en las inmediaciones del Parque Nacional de Doñana. Tras haber pasado la noche bloqueando las entradas a las instalaciones, el campamento de resistencia de Greenpeace continúa su protesta pacífica. Los activistas que ayer a primera hora de la mañana paralizaron los trabajos de la empresa energética permanecen encadenados.
