OPINI脫N de Ileana Alamilla.- Fue alentador conocer los resultados en los avances de la investigaci贸n sobre los asesinatos de los periodistas Danilo Zap贸n L贸pez y Federico Salazar, corresponsales de Prensa Libre y de Radio Nuevo Mundo, respectivamente, ocurridos el 10 marzo de 2015, en Mazatenango, Suchitep茅quez, pesquisa realizada por la Cicig y el MP, en donde se hicieron capturas de la banda criminal implicada en el caso y se revel贸 que un diputado se encuentra se帽alado como supuesto responsable de ser el inductor del crimen.

Danilo L贸pez, y Federico Salazar, corresponsales de Prensa Libre y Radio Nuevo Mundo, respectivamente. Imagen tomada de twitter
Estos mensajes son esperanzadores y nos congratulamos de la eficacia mostrada. Ojal谩 as铆 contin煤en los otros 31 casos de muertes violentas de periodistas y comunicadores ocurridas desde el a帽o 2000 a la fecha, incluyendo los nueve casos sucedidos durante el a帽o pasado y el de este a帽o, ya que todos se encuentran impunes.
Reconocemos que la fiscal Thelma Aldana ha dado 贸rdenes de mejorar las investigaciones, de que se incremente el n煤mero de auxiliares fiscales y otras decisiones que anunci贸 el a帽o anterior, y continuamos pendientes de c贸mo avanzan las averiguaciones, en las que hemos prestado la colaboraci贸n que se nos ha solicitado. Creemos que es indispensable que no solo se agilicen las investigaciones, sino que los casos se judicialicen para lograr que los asesinos sean condenados.
Estas capturas y avances en las averiguaciones muestran la gravedad del escenario en el que ejercen los periodistas en el 谩rea rural de Guatemala, tal como hemos denunciado a帽o tras a帽o, y es una prueba contundente de c贸mo opera el crimen organizado y los sicarios, a quienes pueden contratar delincuentes de toda cala帽a para deshacerse de personas que consideran una amenaza para sus planes o aspiraciones, sean del tipo que sean.
La participaci贸n de algunos agentes vinculados con el Estado, de autoridades locales, alcaldes y diputados ha sido se帽alada por periodistas y comunicadores que han sufrido agresiones o amenazas. Y ahora resulta tremendamente revelador que hay fundados indicios de que un representante del pueblo sea el principal supuesto responsable de la autor铆a intelectual del crimen cometido contra los dos periodistas en el 2015.
Seguramente la Corte Suprema de Justicia atender谩 con prontitud esa solicitud de antejuicio planteada, porque, de lo contrario, de nada servir谩 tanto trabajo efectuado por el ente investigador y la expectativa creada, si all铆 se estrella contra un muro de pasividad.
Esta tambi茅n es una alerta para aquellos que intenten violentar el derecho de los periodistas de ejercer su profesi贸n, de evitar que se difundan los hechos que les afectan. Los diputados que est谩n involucrados en se帽alamientos que los involucran en este tipo de conductas tienen un fundamentado estado de nerviosismo, porque seguramente la ciudadan铆a continuar谩 atenta al desarrollo de los procesos para sentar precedentes y evitar que los que asumen la representaci贸n del pueblo en el Congreso se conviertan en delincuentes.
Pero tambi茅n es una lecci贸n aprendida para el gremio. Vincularse directamente con la pol铆tica es leg铆timo y es un derecho de todas y todos, pero al utilizar el trabajo period铆stico como una forma de presi贸n es inadecuado, sobre todo cuando se ejerce en un pa铆s contaminado de delincuentes inescrupulosos y de criminales.
La alianza de entidades de prensa ha presentado una propuesta que puede contribuir a atenuar los riesgos que corren los periodistas, adoptando medidas preventivas y de protecci贸n, y el Gobierno, lamentablemente, no la ha implementado.
Se帽or presidente, seguimos esperando que sus funcionarios le hagan caso, que acaten la orden de implementar el Programa de Protecci贸n a Periodistas que usted aval贸. Ya lo declar贸 de nuevo, recientemente, ante los medios, pero el compromiso no se cumple. Veremos c贸mo su gobierno se justifica en Ginebra ante el Consejo de Derechos Humanos.
Estos mensajes son esperanzadores y nos congratulamos de la eficacia mostrada. Ojal谩 as铆 contin煤en los otros 31 casos de muertes violentas de periodistas y comunicadores ocurridas desde el a帽o 2000 a la fecha, incluyendo los nueve casos sucedidos durante el a帽o pasado y el de este a帽o, ya que todos se encuentran impunes.
Reconocemos que la fiscal Thelma Aldana ha dado 贸rdenes de mejorar las investigaciones, de que se incremente el n煤mero de auxiliares fiscales y otras decisiones que anunci贸 el a帽o anterior, y continuamos pendientes de c贸mo avanzan las averiguaciones, en las que hemos prestado la colaboraci贸n que se nos ha solicitado. Creemos que es indispensable que no solo se agilicen las investigaciones, sino que los casos se judicialicen para lograr que los asesinos sean condenados.
Estas capturas y avances en las averiguaciones muestran la gravedad del escenario en el que ejercen los periodistas en el 谩rea rural de Guatemala, tal como hemos denunciado a帽o tras a帽o, y es una prueba contundente de c贸mo opera el crimen organizado y los sicarios, a quienes pueden contratar delincuentes de toda cala帽a para deshacerse de personas que consideran una amenaza para sus planes o aspiraciones, sean del tipo que sean.
La participaci贸n de algunos agentes vinculados con el Estado, de autoridades locales, alcaldes y diputados ha sido se帽alada por periodistas y comunicadores que han sufrido agresiones o amenazas. Y ahora resulta tremendamente revelador que hay fundados indicios de que un representante del pueblo sea el principal supuesto responsable de la autor铆a intelectual del crimen cometido contra los dos periodistas en el 2015.
Seguramente la Corte Suprema de Justicia atender谩 con prontitud esa solicitud de antejuicio planteada, porque, de lo contrario, de nada servir谩 tanto trabajo efectuado por el ente investigador y la expectativa creada, si all铆 se estrella contra un muro de pasividad.
Esta tambi茅n es una alerta para aquellos que intenten violentar el derecho de los periodistas de ejercer su profesi贸n, de evitar que se difundan los hechos que les afectan. Los diputados que est谩n involucrados en se帽alamientos que los involucran en este tipo de conductas tienen un fundamentado estado de nerviosismo, porque seguramente la ciudadan铆a continuar谩 atenta al desarrollo de los procesos para sentar precedentes y evitar que los que asumen la representaci贸n del pueblo en el Congreso se conviertan en delincuentes.
Pero tambi茅n es una lecci贸n aprendida para el gremio. Vincularse directamente con la pol铆tica es leg铆timo y es un derecho de todas y todos, pero al utilizar el trabajo period铆stico como una forma de presi贸n es inadecuado, sobre todo cuando se ejerce en un pa铆s contaminado de delincuentes inescrupulosos y de criminales.
La alianza de entidades de prensa ha presentado una propuesta que puede contribuir a atenuar los riesgos que corren los periodistas, adoptando medidas preventivas y de protecci贸n, y el Gobierno, lamentablemente, no la ha implementado.
Se帽or presidente, seguimos esperando que sus funcionarios le hagan caso, que acaten la orden de implementar el Programa de Protecci贸n a Periodistas que usted aval贸. Ya lo declar贸 de nuevo, recientemente, ante los medios, pero el compromiso no se cumple. Veremos c贸mo su gobierno se justifica en Ginebra ante el Consejo de Derechos Humanos.