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Admitida la querella de Anticorrupción contra una empresa fundada por Cristobal Montoro

MADRID (Sputnik) — El Juzgado de Instrucción número 22 de Madrid admitió a trámite la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción contra una consultoría fundada por el actual ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, según publica el diario El Mundo.




Según la información ofrecida por este diario, siete personas relacionadas con esa empresa serán investigadas por delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y falsificación de documentos mercantiles y certificados.

La denuncia fue admitida el pasado 25 de abril y entre las siete personas querelladas se encuentra un hermano del ministro, Ricardo Montoro.
Entre los socios querellados también figuran un antiguo secretario de Estado de Presupuestos y Gastos cuando Montoro fue ministro en el gobierno de José María Aznar, un ex director general de la Agencia Tributaria y el ex director general del Gabinete Técnico del Ministerio de Hacienda.

La consultoría, llamada Equipo Económico, recibió sin concurso público un contrato por un valor inicial de 216.000 para elaborar un estudio sobre la reforma de las Cámaras de Comercio.

Aunque el contrato inicial superaba los 200.000 euros, finalmente quedó en más de 90.000 sin incluir impuestos.

En opinión de la Fiscalía Anticorrupción ese contrato debió haber sido sometido a concurso público en lugar de haber sido adjudicado de forma directa.
Cristóbal Montoro y sus colaboradores fundaron la empresa en el año 2006 bajo el nombre Montoro y Asociados S.L.

Sin embargo, en 2008, cuando se produjo la vuelta de Montoro a la primera línea de la política nacional tras pasar una legislatura en el Parlamento Europeo, el actual ministro salió de la empresa para evitar un posible conflicto de intereses.

La admisión a trámite de la querella contra la empresa fundada por Montoro llega el mismo día que el pleno del Congreso de los Diputados vota la reprobación del ministro después de que el Tribunal Constitucional declarase inconstitucional la amnistía fiscal que el dirigente conservador impulsó en 2012.




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