OPINIÓN de Xavier Caño Tamayo.- Mariano Rajoy ha sido destituido como presidente del gobierno de España por el Congreso de los Diputados, que ha investido a Pedro Sánchez, secretario general del PSOE. El 25 de mayo, el PSOE presentó una moción de censura contra Rajoy. De 350 diputados, votaron a Sánchez 180 de su partido, de Unidos Podemos, Esquerra Republicana, PdeCat, PNV, Compromís y Bildu. Once votos parlamentarios más que Rajoy al ser elegido presidente en 2016.
Antes, Rajoy criticó con dureza a Pedro Sánchez faltando de verdad. Por basar la moción en la sentencia de la Audiencia Nacional en el caso Gürtel; sentencia que ha condenado a muchos años a varios encausados, la mayoría del PP. La condena no es penal, pero sí civil y por eso el PP deberá pagar 245.000 euros como responsable civil por beneficiarse de la trama corrupta de la Gürtel.
La moción se basó en la sentencia de Gürtel porque, digan lo que digan Rajoy y sus corifeos, el PP sí ha sido condenado por haberse lucrado de la corrupción organizada por el mismo. Así lo dice la sentencia que considera probado que “entre el grupo empresarial Correa y el Partido Popular se creó un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional con mecanismos de manipulación de la contratación pública central, autonómica y local a través de la estrecha y continua relación con influyentes militantes de dicho partido”.
Corrupción institucional del PP
Rajoy pretende que Gürtel solo es una corrupción limitada a dos municipios de la provincia de Madrid. Falso. La sentencia considera probada la organización de un sistema de corrupción, creado por el PP y el empresario Francisco Correa que, por cierto, ha sido condenado a 51 años de cárcel.
También ha faltado a la verdad Dolores de Cospedal, secretaria general del PP, al asegurar que “no hay ninguna caja B, ni aunque lo diga un juez“. Pero sí hay una caja B según la sentencia emitida por tres jueces de la Audiencia Nacional. Lo mismo afirma la Fiscalía Anticorrupción y lo reiteran otros jueces que en algún momento procesal han intervenido en esa causa. Había caja B. Y lo asegura también la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional e incluso lo han reconocido personas que admiten haber cobrado dinero en negro del Partido Popular, cuyos nombres aparecen en esa contabilidad B.
La caja B se nutría de donativos al PP de empresarios de la construcción y otros a cambio de contratos y concesiones de obra pública. Dinero empleado en gastos del Partido Popular (la reforma de la sede nacional), sobresueldos para dirigentes del PP y gastos electorales.
Cospedal pretende que el PP no tenía conocimiento de lo que pasaba, pero la sentencia dice lo contrario: “Los responsables del Partido Popular sabían cómo se financiaban las elecciones. Negarlo no solo es ir contra la evidencia manifiesta sino contra toda lógica“. Y pretende Cospedal que el PP no ha sido condenado penalmente. Sí, pero ese aserto no tiene en cuenta que el PP no lo ha sido porque cuando empezó el Gürtel, en 2003, las personas jurídicas (como los partidos) no podían ser autoras de delitos. Hasta 2010, los partidos solo tenían responsabilidad civil, no penal, y la corrupción de Gürtel es anterior a la reforma del Código Penal de junio de 2010. Si esos mismos delitos se hubieran perpetrado tras la reforma, el PP también hubiera sido condenado penalmente.
Falacias de Hernando
Por su parte, Rafael Hernando, portavoz del PP en el Congreso, en el debate de la moción de censura, tuvo la desfachatez de decir que “el señor Sánchez quiere ser presidente de Gobierno a cualquier precio y cueste lo que cueste“. Falso porque Pedro Sánchez ha llegado a la Presidencia del Gobierno porque Mariano Rajoy, aferrado al sillón, se ha negado a dimitir. Y no lo ha hecho porque esa dimisión hubiera supuesto convocar elecciones generales y Rajoy las teme más que a un nublado porque el PP podría ser superado ampliamente por Ciudadanos.
Otro embuste del señor Hernando ha sido que, “Sánchez sigue sin aceptar lo que las urnas dijeron“, lo que es absolutamente falso. Pedro Sánchez es Presidente del gobierno porque una mayoría absoluta de 180 diputados, elegidos por la ciudadanía en 2016, lo ha investido. Son 180 votos de diputados que representan a 12 millones de votos ciudadanos. Doce millones, por cierto, que son mayoría absoluta en votantes.
Hernando remata sus embustes diciendo que “la legitimidad para gobernar la otorgan los españoles en las urnas, no los pactos extraños en despachos“. Y tal afirmación no solo es falsa sino que manifiesta una preocupante ignorancia en un portavoz parlamentario. O algo peor. En las democracias representativas la legitimidad para gobernar la da el Parlamento elegido por los votos ciudadanos ahí representados. Además, España no es el primer Estado de Europa donde no gobierna el partido más votado. Hoy no gobierna el partido más votado en Dinamarca, Bélgica y Portugal, por ejemplo. En Bélgica, además, gobierna el quinto partido en número de votos y en Dinamarca, el tercero. De hecho, en la Unión Europea hay gobiernos por acuerdos parlamentarios en 25 de los 28 estados miembros. Hernando debería repasar como funciona la democracia parlamentaria porque parece haberlo olvidado. O tal vez nunca lo supo.
Corrupción y desigualdad
Y, finalmente, como Rajoy y Cospedal, Hernando pretende que la sentencia dice que el PP no había conocido el delito ni participado en él. Falso, porque la sentencia dice precisamente lo contrario: “Los responsables del Partido Popular sabían cómo se financiaban las elecciones“. Lo que hace evidente que España parece tener una de las más falaces, corruptas y autoritarias derechas de la Unión Europea.
A la vergüenza de la corrupción que las sentencias del caso Gürtel destapa, cabe añadir que España es el séptimo país de los 35 de la OCDE en trabajadores con empleo, pero pobres (15% del total de asalariados). Más la persistencia de tres millones y medio de parados (17%) de los que dos millones y medio (70% del total de parados) no reciben ayuda alguna del Estado . A lo que sumar el demostrado aumento del trabajo precario, temporal y mal pagado. De donde se deriva un considerable aumento de desigualdad en España. Otrosí, desde 2011 la minoría de los más ricos ha acaparado el 74% de la riqueza nacional y se ha apropiado del 42% de la riqueza nacional del último año, mientras los pobres son los que más han perdido al superar sus deudas los ingresos según el último Barómetro Social de España.
Tal vez piensen, ¿a qué viene esa incursión en la desigualdad y la pobreza? ¿Este escrito no era sobre la corrupción que desvela la sentencia de Gürtel? Pues precisamente porque el escrito es sobre mentiras y corrupción cabe recordar la desigualdad y la pobreza. Muy ligadas a la corrupción. Tanto es así que la Comisión de Mercados y Competencia del ministerio de Economía revela que la corrupción cuesta anualmente a España 92.000 millones de euros; casi la décima parte de la riqueza nacional, el PIB. Si además añadimos el enorme fraude fiscal (que cálculos moderados cifran en 60.000 millones anuales de €) se da la exorbitante cifra de más de 150.000 millones de euros que gentes sin escrúpulos, en trama o individualmente, impiden que vayan a las arcas públicas. Si en física la materia se transforma en energía, en economía la corrupción y el fraude fiscal es robar al Estado, robar a la ciudadanía.
Antes, Rajoy criticó con dureza a Pedro Sánchez faltando de verdad. Por basar la moción en la sentencia de la Audiencia Nacional en el caso Gürtel; sentencia que ha condenado a muchos años a varios encausados, la mayoría del PP. La condena no es penal, pero sí civil y por eso el PP deberá pagar 245.000 euros como responsable civil por beneficiarse de la trama corrupta de la Gürtel.
La moción se basó en la sentencia de Gürtel porque, digan lo que digan Rajoy y sus corifeos, el PP sí ha sido condenado por haberse lucrado de la corrupción organizada por el mismo. Así lo dice la sentencia que considera probado que “entre el grupo empresarial Correa y el Partido Popular se creó un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional con mecanismos de manipulación de la contratación pública central, autonómica y local a través de la estrecha y continua relación con influyentes militantes de dicho partido”.
Corrupción institucional del PP
Rajoy pretende que Gürtel solo es una corrupción limitada a dos municipios de la provincia de Madrid. Falso. La sentencia considera probada la organización de un sistema de corrupción, creado por el PP y el empresario Francisco Correa que, por cierto, ha sido condenado a 51 años de cárcel.
También ha faltado a la verdad Dolores de Cospedal, secretaria general del PP, al asegurar que “no hay ninguna caja B, ni aunque lo diga un juez“. Pero sí hay una caja B según la sentencia emitida por tres jueces de la Audiencia Nacional. Lo mismo afirma la Fiscalía Anticorrupción y lo reiteran otros jueces que en algún momento procesal han intervenido en esa causa. Había caja B. Y lo asegura también la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional e incluso lo han reconocido personas que admiten haber cobrado dinero en negro del Partido Popular, cuyos nombres aparecen en esa contabilidad B.
La caja B se nutría de donativos al PP de empresarios de la construcción y otros a cambio de contratos y concesiones de obra pública. Dinero empleado en gastos del Partido Popular (la reforma de la sede nacional), sobresueldos para dirigentes del PP y gastos electorales.
Cospedal pretende que el PP no tenía conocimiento de lo que pasaba, pero la sentencia dice lo contrario: “Los responsables del Partido Popular sabían cómo se financiaban las elecciones. Negarlo no solo es ir contra la evidencia manifiesta sino contra toda lógica“. Y pretende Cospedal que el PP no ha sido condenado penalmente. Sí, pero ese aserto no tiene en cuenta que el PP no lo ha sido porque cuando empezó el Gürtel, en 2003, las personas jurídicas (como los partidos) no podían ser autoras de delitos. Hasta 2010, los partidos solo tenían responsabilidad civil, no penal, y la corrupción de Gürtel es anterior a la reforma del Código Penal de junio de 2010. Si esos mismos delitos se hubieran perpetrado tras la reforma, el PP también hubiera sido condenado penalmente.
Falacias de Hernando
Por su parte, Rafael Hernando, portavoz del PP en el Congreso, en el debate de la moción de censura, tuvo la desfachatez de decir que “el señor Sánchez quiere ser presidente de Gobierno a cualquier precio y cueste lo que cueste“. Falso porque Pedro Sánchez ha llegado a la Presidencia del Gobierno porque Mariano Rajoy, aferrado al sillón, se ha negado a dimitir. Y no lo ha hecho porque esa dimisión hubiera supuesto convocar elecciones generales y Rajoy las teme más que a un nublado porque el PP podría ser superado ampliamente por Ciudadanos.
Otro embuste del señor Hernando ha sido que, “Sánchez sigue sin aceptar lo que las urnas dijeron“, lo que es absolutamente falso. Pedro Sánchez es Presidente del gobierno porque una mayoría absoluta de 180 diputados, elegidos por la ciudadanía en 2016, lo ha investido. Son 180 votos de diputados que representan a 12 millones de votos ciudadanos. Doce millones, por cierto, que son mayoría absoluta en votantes.
Hernando remata sus embustes diciendo que “la legitimidad para gobernar la otorgan los españoles en las urnas, no los pactos extraños en despachos“. Y tal afirmación no solo es falsa sino que manifiesta una preocupante ignorancia en un portavoz parlamentario. O algo peor. En las democracias representativas la legitimidad para gobernar la da el Parlamento elegido por los votos ciudadanos ahí representados. Además, España no es el primer Estado de Europa donde no gobierna el partido más votado. Hoy no gobierna el partido más votado en Dinamarca, Bélgica y Portugal, por ejemplo. En Bélgica, además, gobierna el quinto partido en número de votos y en Dinamarca, el tercero. De hecho, en la Unión Europea hay gobiernos por acuerdos parlamentarios en 25 de los 28 estados miembros. Hernando debería repasar como funciona la democracia parlamentaria porque parece haberlo olvidado. O tal vez nunca lo supo.
Corrupción y desigualdad
Y, finalmente, como Rajoy y Cospedal, Hernando pretende que la sentencia dice que el PP no había conocido el delito ni participado en él. Falso, porque la sentencia dice precisamente lo contrario: “Los responsables del Partido Popular sabían cómo se financiaban las elecciones“. Lo que hace evidente que España parece tener una de las más falaces, corruptas y autoritarias derechas de la Unión Europea.
A la vergüenza de la corrupción que las sentencias del caso Gürtel destapa, cabe añadir que España es el séptimo país de los 35 de la OCDE en trabajadores con empleo, pero pobres (15% del total de asalariados). Más la persistencia de tres millones y medio de parados (17%) de los que dos millones y medio (70% del total de parados) no reciben ayuda alguna del Estado . A lo que sumar el demostrado aumento del trabajo precario, temporal y mal pagado. De donde se deriva un considerable aumento de desigualdad en España. Otrosí, desde 2011 la minoría de los más ricos ha acaparado el 74% de la riqueza nacional y se ha apropiado del 42% de la riqueza nacional del último año, mientras los pobres son los que más han perdido al superar sus deudas los ingresos según el último Barómetro Social de España.
Tal vez piensen, ¿a qué viene esa incursión en la desigualdad y la pobreza? ¿Este escrito no era sobre la corrupción que desvela la sentencia de Gürtel? Pues precisamente porque el escrito es sobre mentiras y corrupción cabe recordar la desigualdad y la pobreza. Muy ligadas a la corrupción. Tanto es así que la Comisión de Mercados y Competencia del ministerio de Economía revela que la corrupción cuesta anualmente a España 92.000 millones de euros; casi la décima parte de la riqueza nacional, el PIB. Si además añadimos el enorme fraude fiscal (que cálculos moderados cifran en 60.000 millones anuales de €) se da la exorbitante cifra de más de 150.000 millones de euros que gentes sin escrúpulos, en trama o individualmente, impiden que vayan a las arcas públicas. Si en física la materia se transforma en energía, en economía la corrupción y el fraude fiscal es robar al Estado, robar a la ciudadanía.
