Las normas de procedimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), tribunal que busca juzgar a los actores involucrados en el conflicto armado, aún no se definen. La ONU ha pedido al Estado y las fuerzas políticas que faciliten el proceso.
La Misión de Verificación de la ONU en Colombia hizo un llamado a las instituciones competentes del Estado y a las fuerzas políticas para remover los obstáculos que continúan impidiendo que el proceso de paz cumpla con su compromiso con la justicia y el derecho a las víctimas.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), o JEP,tribunal establecido para juzgar a los actores involucrados en el conflicto armado, sigue sin contar con las normas de procedimientos requeridas para dar mayor seguridad jurídica a las decisiones de los magistrados y magistradas. Estas reglas deben aprobarse en el Congreso colombiano, pero aún no se llega a un acuerdo.
La Misión recalcó en un comunicado que las víctimas del conflicto armado siguen esperando las primeras audiencias y comparecencias de quienes se vieron involucrados en graves violaciones de los derechos humanos. Y aquellos que se someterán a esta jurisdicción especial, continúan en la incertidumbre sobre los términos de su propia situación jurídica.
De conformidad con el Acuerdo de Paz, que se destaca por su compromiso de asegurar la transición del conflicto armado a la paz se acompañe de verdad, justicia, reparación y no repetición, la Jurisdicción Especial fue establecida constitucionalmente y abrió sus puertas al público el pasado 15 de marzo.
“Es hora de que las víctimas puedan beneficiarse sin más demora de los compromisos establecidos sobre la rendición de cuentas de las personas que se someten a la JEP” aseguró la misión.
Según informaciones de prensa, el gobierno colombiano ha advertido sobre una posible intervención de la Corte Penal Internacional de no aprobarse pronto las normas de procedimiento que permiten unas reglas procesales claras.
La Misión de Verificación de la ONU en Colombia hizo un llamado a las instituciones competentes del Estado y a las fuerzas políticas para remover los obstáculos que continúan impidiendo que el proceso de paz cumpla con su compromiso con la justicia y el derecho a las víctimas.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), o JEP,tribunal establecido para juzgar a los actores involucrados en el conflicto armado, sigue sin contar con las normas de procedimientos requeridas para dar mayor seguridad jurídica a las decisiones de los magistrados y magistradas. Estas reglas deben aprobarse en el Congreso colombiano, pero aún no se llega a un acuerdo.
La Misión recalcó en un comunicado que las víctimas del conflicto armado siguen esperando las primeras audiencias y comparecencias de quienes se vieron involucrados en graves violaciones de los derechos humanos. Y aquellos que se someterán a esta jurisdicción especial, continúan en la incertidumbre sobre los términos de su propia situación jurídica.
De conformidad con el Acuerdo de Paz, que se destaca por su compromiso de asegurar la transición del conflicto armado a la paz se acompañe de verdad, justicia, reparación y no repetición, la Jurisdicción Especial fue establecida constitucionalmente y abrió sus puertas al público el pasado 15 de marzo.
“Es hora de que las víctimas puedan beneficiarse sin más demora de los compromisos establecidos sobre la rendición de cuentas de las personas que se someten a la JEP” aseguró la misión.
Según informaciones de prensa, el gobierno colombiano ha advertido sobre una posible intervención de la Corte Penal Internacional de no aprobarse pronto las normas de procedimiento que permiten unas reglas procesales claras.
