Gustavo Torres desde Asunción.- Investigaciones demuestran los efectos sobre la salud y el medio ambiente de los pesticidas usados por lo agronegocios.
“Pe veneno ojukava’ekue che membýpe ou va’ekue yvytúre” (“Ese veneno que mató a mi hijo lo trajo el viento”), así empieza, con un monólogo en guaraní, el cortometraje Antolina del realizador paraguayo Miguel Agüero, cuya trama se centra en una figura femenina, una mujer de nombre Antolina, que se encuentra despidiéndose de un misterioso amigo, en un escenario de añoranza por la muerte de su hijo.
De esta manera, el cine de temática ambiental y derechos humanos se suma a la denuncia contra el uso frecuente e indiscriminado de agroquímicos que provoca graves problemas ambientales y de salud a partir del avasallamiento del agronegocio que en Paraguay tiene a la soja transgénica como su principal exponente.
“Vivimos en una situación de guerra química, teniendo en cuenta que en los últimos 20 años alrededor de 50 millones de litros de agrotóxicos se arrojaron sobre enormes plantaciones y fuentes de aguas, considerando que a su vez se perdieron más de 5 millones de hectáreas de bosques”, señala el educador popular y ambientalista Ernesto Benítez a Noticias Aliadas.
“En la práctica es un genocidio y ecocidio, debido a la permisividad de los gobernantes subordinados a los intereses de las corporaciones transnacionales agroindustriales que desplazan al modelo de producción agrícola tradicional desarrollado por la población campesina e indígena, pasando a tomar control, como estrategia de dominación, de una nueva ruralidad de producción agrícola en gran escala, que demuestra que la aplicación de los agrotóxicos en la producción de alimentos está provocando impactos en la salud, el medio ambiente, en la fauna y la flora”, agrega Benítez.
Para la dirigente de la Organización de Lucha por la Tierra (OLT), Marta Figueredo, las afirmaciones de “guerra química” se configuran en los hechos ocurridos donde reside, el Asentamiento Suizo Kue (1,947 hectáreas), distrito de Macaraná, departamento oriental de Canindeyú. Las 350 familias de esta comunidad viven rodeadas por enormes sojales transgénicos —donde se realizan aplicaciones aéreas intensivas de glifosato y otros agrotóxicos— perteneciente a latifundistas en su mayoría de origen brasileño.
“Siento el sufrimiento de la gente de mi comunidad, el asentamiento tiene 14 años”, testifica Figueredo a Noticias Aliadas. “Hace siete que estoy radicada en el lugar; estamos siendo fumigados desde ese momento. Somos víctimas potenciales por las constantes fumigaciones. En tres ocasiones se hicieron denuncias en las unidades de salud, pero nunca son atendidas por las autoridades sanitarias, quedan en los archivos. Los más afectados son los vecinos radicados en los límites de las plantaciones de sojales porque los responsables no respetan las resoluciones y decretos que establecen franja de seguridad de 100 m y barreras vivas de protección”.
Normativas y recomendaciones
Las normativas vigentes en relación a los agroquímicos buscan proteger a la población. La Resolución 485 del 2000 del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE) exige que los cultivos que emplean agroquímicos establezcan una franja de seguridad de 100 m a la redonda respecto a los asentamientos humanos, puestos de salud, centros educativos y cursos de agua. El artículo 13 del Decreto 2048/04 del 2004, también del SENAVE, establece que en casos de cultivos colindantes a caminos vecinales y poblados donde se aplican plaguicidas, se deberá contar con una barrera viva de protección, la cual deberá tener un follaje denso de 5 m de ancho y 2 m de altura para evitar la posible contaminación a terceros. Así también, en caso de que el productor todavía no cuente con barreras de protección, deberá dejar 50 m de franja colindante en su cultivo sin aplicar plaguicidas (puede haber cultivo) hasta que el vegetal de protección desarrolle todo su follaje que actuará como protección.
Pero estas normativas no se aplican ni son exigidas por los organismos de control gubernamental, como lo señala a Noticias Aliadas Guillermo Ortega, investigador del área de agronegocios y agricultura familiar campesina de la organización no gubernamental Base Investigaciones Sociales (BASE IS).
“El Estado paraguayo tampoco aplica las recomendaciones hechas, tanto por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en el primer semestre del año 2018, como por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de las Naciones Unidas en los informes 2007 y 2015. En estos últimos realizaron observaciones respecto a los efectos negativos que genera el extenso cultivo de soja y le recomiendan que redoble sus esfuerzos para revertir esta situación nacional, particularmente en zonas rurales y también acelerar sus esfuerzos para adoptar el proyecto de ley marco de soberanía, seguridad alimentaria y nutricional y derecho a la alimentación”, señala Ortega.
Este proyecto de ley fue redactado a partir de un consenso de varias organizaciones sociales y de la sociedad civil en el 2010 y presentado al Senado en el 2013, aprobándose el 7 de junio último y en la Cámara de Diputados el pasado 19 de setiembre por sanción automática. Está ahora a la espera de su promulgación o veto parcial o total del Poder Ejecutivo.
En el informe sobre agronegocios en Paraguay “Con la soja al cuello 2017”, publicado por Base Is, el investigador Gervasio Apipé sostiene que a medida aumenta la aprobación de eventos transgénicos, también se incrementa la importación y uso de agroquímicos en el país, sin contar los que ingresan ilegalmente, como parte integral del paquete tecnológico de los Organismos Genéticamente Modificados (OGM).
“En 2009 fueron importados 8.8 TM de agroquímicos pasando a 45,861 TM en 2016, según datos oficiales del SENAVE, es decir que en siete años las importaciones de los pesticidas agrícolas se incrementaron más de cinco veces, y esta tendencia coincide con la masiva liberación de las semillas transgénicas a partir del 2012, año del golpe de Estado contra [el expresidente] Fernando Lugo (2008-2012)”, resalta el especialista.
Durante los gobiernos de los presidentes Federico Franco (2012-2013) y Horacio Cartes (2013-2018) se liberaron 18 cultivos transgénicos de maíz, soja, algodón, trigo y arroz, según información del SENAVE. Actualmente son 23 las semillas genéticamente modificadas autorizadas a ser cultivadas en el país bajo el argumento de la inocuidad del modelo transgénico y de los agrotóxicos.
El glifosato es utilizado en cerca de 3.5 millones de hectáreas sembradas con soja transgénica en el país, con un volumen de importación que en 2016 rondaba las 11,000 TM del producto, señala BASE IS.
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El país más contaminado
“Siguiendo las estadísticas de salud desde más o menos 20 años, podemos deducir que aumentaron las muertes por problemas cardiovasculares (presión alta), seguidas del cáncer, que podrían estar asociadas a los desequilibrios que producen la mala alimentación y alimentos contaminados a consecuencia de un desarrollo productivo basado en la destrucción de los bosques y la exposición a los agrotóxicos”, sostiene Benítez.
Joel Filartiga, médico inmunólogo de 88 años que ha llevado a cabo investigaciones sobre contaminación por efectos de plaguicidas y herbicidas, consultado por Noticias Aliadas confirma que desde 1963 realiza estudios respecto a insecticidas utilizados en plantaciones de algodón como el folidol, que contiene paratión metílico, un plaguicida organofosforado actualmente prohibido en todas sus formulaciones y usos por ser dañino a la salud humana, animal y el ambiente.
“Pude demostrar a través de los análisis los casos de alergias en sangre que demuestran que sube la IgE [un tipo de anticuerpo o inmunoglobulina presente únicamente en mamíferos e implicado en la alergia], eso indica alta contaminación, aparecen como lesión de la piel, para las que los médicos recetan pomadas dermatológicas, que no tiene nada que ver con el mal. Paraguay es el país más contaminado silenciosamente: aumento de casos de muertes de peces, niños con malformaciones, cuadros de alergia severa, enfermedades del riñón, hasta irrupción de la onda cerebral;, ya no podemos consumir pan considerando el origen del trigo, ni arroz, es como una guerra bioalimentaria y bacteriológica; según algunos cálculos, dos personas por día mueren de cáncer en el país. Hay agrotóxicos supuestamente prohibidos, sin embargo, gran cantidad de estos atestan el mercado debido al contrabando y nulo control de las instituciones encargadas”, asevera Filártiga.
La médica pediatra Rafaela Stela Benítez Leite, investigadora y docente de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), ha realizado pesquisas en relación al daño genético en niños expuestos a fumigación intensiva.
“Los agroquímicos pueden tener un efecto inmediato, siendo leve como dolor de cabeza, para luego causar lesiones en la piel, problemas respiratorios con convulsión, pérdida de la conciencia, encefalitis y hasta la muerte; esto dependiendo de la cantidad y del grado de exposición y de la clasificación del agrotóxico. Hay ensayos en animales que demuestran claramente malformaciones congénitas, otros trabajos donde se muestran la formación de tumores o cáncer. Entonces, como los estudios del mayor nivel científico que son los ensayos clínicos aleatorios no pueden ser realizados en seres humanos, porque no podemos experimentar con agrotóxicos y seres humanos, eso se hace en animales de experimentación y ahí es que no podemos demostrar en forma directa su causa y afecto”, señala Benites Leite a Noticias Aliadas.
El uso indiscriminado de agrotóxicos tiene graves consecuencias sobre las poblaciones y ecosistemas rurales, afecta también a los suelos y las aguas, como las zonas de recarga del Acuífero Guaraní debido a la gran cantidad de agrotóxicos, particularmente sustancias derivadas del glifosato y otros pesticidas de uso agrícola, encontrados en las cuencas de los ríos Paraná y Paraguay, utilizados por los grandes productores de soja y arroz, denunció la FAO durante el Simposio Mundial sobre la Contaminación del Suelo, llevado a cabo en Roma, Italia en mayo pasado. Cabe destacar, que la toma de agua de la estatal Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP) para abastecer de agua corriente a más de 1.5 millones de personas, se encuentra a solo metros del puerto Granelero Unión, en el Río Paraguay, donde son descargado diariamente gran cantidad de granos transgénicos rociados con agrotóxicos.
Por su parte, la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina (UCCSNAL) en un reciente pronunciamiento advierte: “Por si no fuera suficiente, hay evidencia científica de que el glifosato persiste en los suelos agrícolas, alcanza los cuerpos de agua, también se dispersa a través de la lluvia, y sus residuos permanecen en los cultivos, llegando así a los alimentos que consumen personas aún a grandes distancias de los campos de cultivo”.
Finalmente, la Unión de Científicos señala: “A partir de la evidencia social y científica irrefutable, la UCCSNAL demanda a los gobiernos de América Latina, los parlamentos nacionales y regionales, que se tomen las medidas administrativas y jurídicas necesarias para que se prohíba el uso del glifosato en la región”. –Gustavo Torres desde Asunción/Noticias Aliadas.
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| Tractor con pulverizador para la aplicación de agrotóxicos cargando agua de una laguna. / Guillermo Ortega |
“Pe veneno ojukava’ekue che membýpe ou va’ekue yvytúre” (“Ese veneno que mató a mi hijo lo trajo el viento”), así empieza, con un monólogo en guaraní, el cortometraje Antolina del realizador paraguayo Miguel Agüero, cuya trama se centra en una figura femenina, una mujer de nombre Antolina, que se encuentra despidiéndose de un misterioso amigo, en un escenario de añoranza por la muerte de su hijo.
De esta manera, el cine de temática ambiental y derechos humanos se suma a la denuncia contra el uso frecuente e indiscriminado de agroquímicos que provoca graves problemas ambientales y de salud a partir del avasallamiento del agronegocio que en Paraguay tiene a la soja transgénica como su principal exponente.
“Vivimos en una situación de guerra química, teniendo en cuenta que en los últimos 20 años alrededor de 50 millones de litros de agrotóxicos se arrojaron sobre enormes plantaciones y fuentes de aguas, considerando que a su vez se perdieron más de 5 millones de hectáreas de bosques”, señala el educador popular y ambientalista Ernesto Benítez a Noticias Aliadas.
“En la práctica es un genocidio y ecocidio, debido a la permisividad de los gobernantes subordinados a los intereses de las corporaciones transnacionales agroindustriales que desplazan al modelo de producción agrícola tradicional desarrollado por la población campesina e indígena, pasando a tomar control, como estrategia de dominación, de una nueva ruralidad de producción agrícola en gran escala, que demuestra que la aplicación de los agrotóxicos en la producción de alimentos está provocando impactos en la salud, el medio ambiente, en la fauna y la flora”, agrega Benítez.
Para la dirigente de la Organización de Lucha por la Tierra (OLT), Marta Figueredo, las afirmaciones de “guerra química” se configuran en los hechos ocurridos donde reside, el Asentamiento Suizo Kue (1,947 hectáreas), distrito de Macaraná, departamento oriental de Canindeyú. Las 350 familias de esta comunidad viven rodeadas por enormes sojales transgénicos —donde se realizan aplicaciones aéreas intensivas de glifosato y otros agrotóxicos— perteneciente a latifundistas en su mayoría de origen brasileño.
“Siento el sufrimiento de la gente de mi comunidad, el asentamiento tiene 14 años”, testifica Figueredo a Noticias Aliadas. “Hace siete que estoy radicada en el lugar; estamos siendo fumigados desde ese momento. Somos víctimas potenciales por las constantes fumigaciones. En tres ocasiones se hicieron denuncias en las unidades de salud, pero nunca son atendidas por las autoridades sanitarias, quedan en los archivos. Los más afectados son los vecinos radicados en los límites de las plantaciones de sojales porque los responsables no respetan las resoluciones y decretos que establecen franja de seguridad de 100 m y barreras vivas de protección”.
Normativas y recomendaciones
Las normativas vigentes en relación a los agroquímicos buscan proteger a la población. La Resolución 485 del 2000 del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE) exige que los cultivos que emplean agroquímicos establezcan una franja de seguridad de 100 m a la redonda respecto a los asentamientos humanos, puestos de salud, centros educativos y cursos de agua. El artículo 13 del Decreto 2048/04 del 2004, también del SENAVE, establece que en casos de cultivos colindantes a caminos vecinales y poblados donde se aplican plaguicidas, se deberá contar con una barrera viva de protección, la cual deberá tener un follaje denso de 5 m de ancho y 2 m de altura para evitar la posible contaminación a terceros. Así también, en caso de que el productor todavía no cuente con barreras de protección, deberá dejar 50 m de franja colindante en su cultivo sin aplicar plaguicidas (puede haber cultivo) hasta que el vegetal de protección desarrolle todo su follaje que actuará como protección.
Pero estas normativas no se aplican ni son exigidas por los organismos de control gubernamental, como lo señala a Noticias Aliadas Guillermo Ortega, investigador del área de agronegocios y agricultura familiar campesina de la organización no gubernamental Base Investigaciones Sociales (BASE IS).
“El Estado paraguayo tampoco aplica las recomendaciones hechas, tanto por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en el primer semestre del año 2018, como por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de las Naciones Unidas en los informes 2007 y 2015. En estos últimos realizaron observaciones respecto a los efectos negativos que genera el extenso cultivo de soja y le recomiendan que redoble sus esfuerzos para revertir esta situación nacional, particularmente en zonas rurales y también acelerar sus esfuerzos para adoptar el proyecto de ley marco de soberanía, seguridad alimentaria y nutricional y derecho a la alimentación”, señala Ortega.
Este proyecto de ley fue redactado a partir de un consenso de varias organizaciones sociales y de la sociedad civil en el 2010 y presentado al Senado en el 2013, aprobándose el 7 de junio último y en la Cámara de Diputados el pasado 19 de setiembre por sanción automática. Está ahora a la espera de su promulgación o veto parcial o total del Poder Ejecutivo.
En el informe sobre agronegocios en Paraguay “Con la soja al cuello 2017”, publicado por Base Is, el investigador Gervasio Apipé sostiene que a medida aumenta la aprobación de eventos transgénicos, también se incrementa la importación y uso de agroquímicos en el país, sin contar los que ingresan ilegalmente, como parte integral del paquete tecnológico de los Organismos Genéticamente Modificados (OGM).
“En 2009 fueron importados 8.8 TM de agroquímicos pasando a 45,861 TM en 2016, según datos oficiales del SENAVE, es decir que en siete años las importaciones de los pesticidas agrícolas se incrementaron más de cinco veces, y esta tendencia coincide con la masiva liberación de las semillas transgénicas a partir del 2012, año del golpe de Estado contra [el expresidente] Fernando Lugo (2008-2012)”, resalta el especialista.
Durante los gobiernos de los presidentes Federico Franco (2012-2013) y Horacio Cartes (2013-2018) se liberaron 18 cultivos transgénicos de maíz, soja, algodón, trigo y arroz, según información del SENAVE. Actualmente son 23 las semillas genéticamente modificadas autorizadas a ser cultivadas en el país bajo el argumento de la inocuidad del modelo transgénico y de los agrotóxicos.
El glifosato es utilizado en cerca de 3.5 millones de hectáreas sembradas con soja transgénica en el país, con un volumen de importación que en 2016 rondaba las 11,000 TM del producto, señala BASE IS.
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El país más contaminado
“Siguiendo las estadísticas de salud desde más o menos 20 años, podemos deducir que aumentaron las muertes por problemas cardiovasculares (presión alta), seguidas del cáncer, que podrían estar asociadas a los desequilibrios que producen la mala alimentación y alimentos contaminados a consecuencia de un desarrollo productivo basado en la destrucción de los bosques y la exposición a los agrotóxicos”, sostiene Benítez.
Joel Filartiga, médico inmunólogo de 88 años que ha llevado a cabo investigaciones sobre contaminación por efectos de plaguicidas y herbicidas, consultado por Noticias Aliadas confirma que desde 1963 realiza estudios respecto a insecticidas utilizados en plantaciones de algodón como el folidol, que contiene paratión metílico, un plaguicida organofosforado actualmente prohibido en todas sus formulaciones y usos por ser dañino a la salud humana, animal y el ambiente.
“Pude demostrar a través de los análisis los casos de alergias en sangre que demuestran que sube la IgE [un tipo de anticuerpo o inmunoglobulina presente únicamente en mamíferos e implicado en la alergia], eso indica alta contaminación, aparecen como lesión de la piel, para las que los médicos recetan pomadas dermatológicas, que no tiene nada que ver con el mal. Paraguay es el país más contaminado silenciosamente: aumento de casos de muertes de peces, niños con malformaciones, cuadros de alergia severa, enfermedades del riñón, hasta irrupción de la onda cerebral;, ya no podemos consumir pan considerando el origen del trigo, ni arroz, es como una guerra bioalimentaria y bacteriológica; según algunos cálculos, dos personas por día mueren de cáncer en el país. Hay agrotóxicos supuestamente prohibidos, sin embargo, gran cantidad de estos atestan el mercado debido al contrabando y nulo control de las instituciones encargadas”, asevera Filártiga.
La médica pediatra Rafaela Stela Benítez Leite, investigadora y docente de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), ha realizado pesquisas en relación al daño genético en niños expuestos a fumigación intensiva.
“Los agroquímicos pueden tener un efecto inmediato, siendo leve como dolor de cabeza, para luego causar lesiones en la piel, problemas respiratorios con convulsión, pérdida de la conciencia, encefalitis y hasta la muerte; esto dependiendo de la cantidad y del grado de exposición y de la clasificación del agrotóxico. Hay ensayos en animales que demuestran claramente malformaciones congénitas, otros trabajos donde se muestran la formación de tumores o cáncer. Entonces, como los estudios del mayor nivel científico que son los ensayos clínicos aleatorios no pueden ser realizados en seres humanos, porque no podemos experimentar con agrotóxicos y seres humanos, eso se hace en animales de experimentación y ahí es que no podemos demostrar en forma directa su causa y afecto”, señala Benites Leite a Noticias Aliadas.
El uso indiscriminado de agrotóxicos tiene graves consecuencias sobre las poblaciones y ecosistemas rurales, afecta también a los suelos y las aguas, como las zonas de recarga del Acuífero Guaraní debido a la gran cantidad de agrotóxicos, particularmente sustancias derivadas del glifosato y otros pesticidas de uso agrícola, encontrados en las cuencas de los ríos Paraná y Paraguay, utilizados por los grandes productores de soja y arroz, denunció la FAO durante el Simposio Mundial sobre la Contaminación del Suelo, llevado a cabo en Roma, Italia en mayo pasado. Cabe destacar, que la toma de agua de la estatal Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP) para abastecer de agua corriente a más de 1.5 millones de personas, se encuentra a solo metros del puerto Granelero Unión, en el Río Paraguay, donde son descargado diariamente gran cantidad de granos transgénicos rociados con agrotóxicos.
Por su parte, la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina (UCCSNAL) en un reciente pronunciamiento advierte: “Por si no fuera suficiente, hay evidencia científica de que el glifosato persiste en los suelos agrícolas, alcanza los cuerpos de agua, también se dispersa a través de la lluvia, y sus residuos permanecen en los cultivos, llegando así a los alimentos que consumen personas aún a grandes distancias de los campos de cultivo”.
Finalmente, la Unión de Científicos señala: “A partir de la evidencia social y científica irrefutable, la UCCSNAL demanda a los gobiernos de América Latina, los parlamentos nacionales y regionales, que se tomen las medidas administrativas y jurídicas necesarias para que se prohíba el uso del glifosato en la región”. –Gustavo Torres desde Asunción/Noticias Aliadas.
