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La corrupción importa y mucho

Jorge Zavaleta Alegre.- América Latina va perdiendo la sensibilidad social, a medida que la corrupción ha sentado raíces desde la cumbre del poder la base de las administraciones nacionales, con excepción de Uruguay, Bolivia y Chile, los países emblemáticos de esta Región con abismales contrastes.
El malgasto de fondos públicos en sobornos y presupuestos abultados parece ser enorme, pues llega a aproximadamente el 26% del costo de los proyectos.
Por lo tanto, en América Latina y el Caribe puede que las pérdidas se acerquen al límite superior de las estimaciones de la Unión Europea (entre el 7% y el 25% de los contratos de adquisiciones). Dado que el gasto en adquisiciones equivale al 8,6% del PIB, el malgasto en las adquisiciones
En Perú de los mafiosos, por ejemplo, nada menos que cinco ex presidentes de la república de las tres últimas décadas,  uno de ellos cumple condena por 25 años, y los cuatro restantes candidatos a la cárcel si la Justicia  escuchara la voz de millones de niños que literalmente no  tienen futuro.
“El dinero público malgastado
en América Latina
bastaría para acabar con la pobreza extrema”
Las ineficiencias en los presupuestos gubernamentales de la región superan los 220.000 millones de dólares anuales, según el BID

El dinero público malgastado en América Latina bastaría para acabar con la pobreza extrema. Las ineficiencias en los presupuestos gubernamentales de la región superan los 220.000 millones de dólares anuales, según el Banco Interamericano de Desarrollo-BID.
Un estudio reciente de esta banca multilateral, en la autoría de los economistas argentinos  Alejandro Izquierdo y Carola Pessino  explica los graves  daños  que causa la corrupción en América Latina y  Caribe. Sin embargo, poca atención prestan los diferentes gobiernos, con la admirable diferencia de Uruguay, Bolivia, Chile y Costa Rica que muestra los menores índices.
Izquierdo  y Pessino demuestran, con  numerosos gráficos y estadísticas,  que en 2016 los gobiernos de América Latina y el Caribe gastaron cerca de US$450.000 millones en compras públicas, lo que incluye la adquisición de bienes y servicios y de equipos de capital.
Ejemplos de estas adquisiciones son la compra de computadoras para las escuelas primarias, el suministro de agua potable, gas y electricidad, y la construcción de una carretera o un aeropuerto.
Sin embargo, ¿son eficientes y efectivas las compras públicas? ¿Los precios pagados son competitivos con el sector privado, y son similares en diferentes oficinas públicas y a lo largo del país?. ¿Los bienes y servicios producidos cumplen las normas de alta calidad?
Estas preguntas son pertinentes dado que el gasto en compras públicas no solo es grande sino que también influye en los ámbitos funcionales del  gobierno, incluida la educación, la salud y la infraestructura.
En promedio, las compras públicas representaron el 32,5% del gasto del gobierno general en los países de la OCDE (14% del PIB) y el 29,8% en los países de América Latina y el Caribe (8,6% del PIB).
Sin embargo, en la región, el tamaño del gasto en este rubro varía desde el 15% del gasto total en promedio en Argentina y Uruguay hasta el   47% en Bolivia y Perú, debido a la mayor proporción de gasto de capital en el gasto total.
El gran volumen de transacciones, junto con la estrecha y compleja interacción entre los sectores público y privado, hace que las compras públicas queden expuestas a diversos riesgos de malgasto, mala gestión y corrupción.
Se estima que entre un 10% y un 30% de la inversión en proyectos de construcción financiados con dinero público puede perderse debido a la mala gestión y la corrupción.

ODEBRECHET
La investigación más amplia sobre la corrupción que se haya realizado en la historia de América Latina —relacionada con los sobornos pagados por el gigante de la construcción Odebrecht en Brasil para asegurar los contratos públicos con Petrobras— se ha extendido por 14 países.
El escándalo Odebrecht forma parte de una investigación sobre una corrupción, conocida como operación “Lava Jato”, iniciada por jueces que emprendieron una cruzada legal en 2014.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos descubrió sobornos de la empresa de construcción brasileña Odebrecht a funcionarios en América Latina. La empresa reconoció haber pagado US$737 millones en sobornos entre 2011 y 2016 para asegurar contratos por un valor de US$2.800 millones repartidos en unos 100 proyectos en 10 países diferentes.
En América Latina y el Caribe se observan algunos de los ejemplos del gasto público más ineficiente del mundo, este gasto ha aumentado considerablemente en las últimas décadas, hasta llegar al 29,7% del PIB en 2016.
El malgasto en adquisiciones se calcula en alrededor del 16,7% del gasto en dicho rubro, o un 1,4% del PIB para el país promedio.
El malgasto en salarios es otro tema clave. América Latina tiene una de las brechas salariales público-privadas más altas del mundo a favor de los trabajadores del sector público. El 14,2% del gasto salarial para el país promedio es malgasto.
Las filtraciones de los subsidios a la energía, los programas sociales y el gasto tributario equivalen al 65% del gasto focalizado teórico. En total, en las adquisiciones, la nómina salarial y las transferencias focalizadas, el monto promedio total del malgasto asciende a cerca del 4,4% del PIB y del 16% del gasto público promedio.
Esto equivale a US$220.000 millones, un monto entre el PIB de Perú (US$190.000 millones) y el de Chile (US$250.000 millones), dos de las economías más grandes de la región.

LA OPCION
Mejorar la calidad y la inversión en capital humano son factores determinantes fundamentales para aumentar el crecimiento a largo plazo.
Los países de América Latina y el Caribe deberían comenzar a mejorar las condiciones para adquirir habilidades en lugar de solo gastar en educación, y deberían proponerse facilitar la capacitación en el lugar de trabajo eliminando las distorsiones del mercado laboral, sobre todo los incentivos a la informalidad.
Si bien la matrícula escolar ha aumentado en la mayoría de los países, mejorar las habilidades cognitivas (y no cognitivas) y reducir los incentivos fiscales a la informalidad para incrementar la productividad y el monto parecen ostentar una mayor ventaja y un mayor potencial para elevar los ingresos de manera permanente.
En momentos cruciales concretos, el gasto público tiende a poner demasiado énfasis en el aprendizaje de un nivel superior y demasiado poco énfasis en el gasto en los primeros años del ciclo de vida, que es cuando los alumnos desfavorecidos pueden mejorar más.




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