OPINIÓN de Joan del Alcàzar.- Cuando en las elecciones de mayo de 2015 el PP perdió la mayoría absoluta que había mantenido desde 1995 en las Cortes Valencianas, en buena medida debido a una corrupción que lo había carcomido durante los años que había disfrutado del poder, llegó la hora en la que la oposición de izquierdas tenía que hacerse cargo del gobierno regional para demostrar que otra forma de gestionar los intereses de los valencianos era no sólo deseable sino posible. Una situación parecida a la que se produciría en 2018, cuando los escándalos de corrupción motivaron la moción de censura contra Mariano Rajoy, y Pedro Sánchez accedió a La Moncloa.
El Partido Socialista valenciano, la coalición Compromís y el entonces novísimo partido Podemos firmaron, no sin duras y complicadas negociaciones y fuertes desconfianzas iniciales, un pacto de legislatura que formalizaron en el Jardín Botánico de la Universidad de Valencia el 11 de junio de 2015. Es necesario recordar que fueron intensísimas las presiones que muchos colectivos, entidades, asociaciones y organizaciones de todo tipo de perfil progresista ejercieron sobre los dirigentes de las tres formaciones políticas exigiéndoles que superaran sus diferencias y pactaran.
La izquierda política valenciana, desde la reformista a la más transformadora, tuvo que hacer de la necesidad virtud. Con más o menos entusiasmo, con más o menos desconfianza entre los nuevos socios, el Gobierno del Botánico se configuró bajo la presidencia del socialista Ximo Puig y la vice presidencia de la carismática figura del valencianismo político, Mónica Oltra. El Partido Socialista valenciano y la coalición Compromís configuraron un gobierno conjunto en el que no quiso integrarse Podemos -una decisión que ahora consideran errónea y que quieren enmendar en la próxima legislatura-, pero al que sí se comprometió a apoyar en las Cortes Valencianas.
No fueron pocas las voces que auguraron que aquel matrimonio político no duraría mucho. El mundo no había comenzado en aquella primavera de 2015, y muchos de los dirigentes, de los militantes y de los votantes socialistas recelaban de la lealtad y de la capacidad de gobierno de los valencianistas. Paralelamente, la desconfianza de estos para con la tradicional soberbia socialista que habían sufrido desde los años de las mayorías absolutas del PSPV-PSOE tampoco era cosa menor.
Pues bien, han pasado cuatro años y no hay ninguna voz autorizada a la izquierda del Partido Popular y de Ciudadanos que objete que el del Botánico ha sido un gobierno que ha funcionado más que adecuadamente. Un gobierno que ha recuperado no sólo el buen nombre de los valencianos que el PP había arrastrado por el barro, convirtiéndolo en sinónimo de corrupción y delincuencia; un gobierno que ha revertido buena parte de los recortes que el PP había impuesto en educación, salud y políticas sociales; un gobierno que ha impulsado políticas estratégicas que han contrastado con el tacticismo estrecho de los conservadores, que siempre han pivotado alrededor de los intereses de los dirigentes y de los amigos políticos del partido, más que en torno a las necesidades de los ciudadanos comunes.
Es cierto que el gobierno de Puig y Oltra no ha conseguido mejorar el problema central de los valencianos, que no es otro que el de la infra financiación que recibe del Estado, resultado de un sucursalismo secular que durante años se ha caracterizado por "no dar problemas en Madrid ". A pesar de la gran movilización de la sociedad valenciana, que ha implicado desde las organizaciones empresariales a las universidades, desde los sindicatos a la inmensa mayoría de las asociaciones de la sociedad civil, no se ha conseguido modificar el injusto y ofensivo sistema de cálculo de los recursos que el Estado transfiere al gobierno autónomo.
Se ha conseguido poner la reivindicación en la agenda, eso sí. A estas alturas todo el mundo sabe que la financiación que recibe la Comunidad Autónoma Valenciana es tan insuficiente como irritante, y que es un asunto que exige ser resuelto con urgencia. Este, desde luego, será el primer problema a solucionar en la próxima legislatura.
Las encuestas son positivas en cuanto a la posible renovación del Pacto del Botánico, que ahora podría contar con el concurso de los representantes de Unidas Podemos y de Izquierda Unida que concurrirán juntos a las elecciones del próximo día 28. Pero, las encuestas son encuestas y, a pesar de su importancia, aunque marcan tendencia, sólo el resultado de las urnas podrá confirmar que es mayoritario el número de electores que se oponen a volver al pasado con un gobierno de las tres derechas radicalizadas y rabiosas, que ya están dando medida de sus pautas de gobierno en Andalucía.
El modelo valenciano, al ser tripartito, ofrece unas ventajas innegables. Mientras que en otros territorios la izquierda generalista pivota sobre dos partidos, en las tierras valencianas la existencia de un tercer actor relevante como es Compromís, una coalición claramente progresista y valencianista, puede ser la que incline la balanza electoral en beneficio de un gobierno ubicado en la izquierda.
Este resultado, caso de confirmarse, podría producir efectos más que importantes en el escenario político español. Por un lado, reforzaría a un hipotético gobierno central que resultara de una colaboración multipartidaria que favorecería un cambio de la cultura política hispana, tan refractaria a los gobiernos de coalición que son habituales en los países con democracia de alta calidad. De otra, permitiría hacer visible una versión exitosa de un partido socialista claramente federalista, como es el que capitanea Ximo Puig.
Contrariamente a lo que ha sido la orientación del españolismo más castizo practicado por la federación socialista andaluza bajo la batuta de Susana Díaz, con la colaboración de otros llamados barones de la España interior, la nueva pujanza de la federación valenciana del Partido Socialista podría abrir puertas y ventanas a otra concepción del Estado. De confirmarse la recuperación del PSC en Cataluña, del PSE en el País Vasco, de la organización galega y de la federación balear de Francina Armengol, Pedro Sánchez y su equipo podrían librarse del jacobinismo anacrónico de buena parte de los dirigentes históricos que lastran la necesaria reformulación de la organización territorial de la España del siglo XXI, que ya no es posible encajar en el título octavo de la Constitución de 1978.
El federalismo -asimétrico, como lo es el Estado de las Autonomías digan lo que digan desde las derechas- es la solución tan deseable como posible para la punzante cuestión territorial de las Españas.
La competencia virtuosa de la que habla Íñigo Errejón entre las diversas izquierdas ha encontrado un modelo de éxito en el tablero político valenciano. La lealtad entre organizaciones políticas de ámbito estatal, como el PSOE y Podemos, con otra como Compromís, la coalición feminista y ecologista de obediencia exclusivamente valenciana, podría ser un ejemplo a desarrollar en otros territorios peninsulares.
Si el Gobierno del Botánico es revalidado en las urnas el próximo día 28, algunas cosas importantes pueden comenzar a cambiar en la España plurinacional.
El Partido Socialista valenciano, la coalición Compromís y el entonces novísimo partido Podemos firmaron, no sin duras y complicadas negociaciones y fuertes desconfianzas iniciales, un pacto de legislatura que formalizaron en el Jardín Botánico de la Universidad de Valencia el 11 de junio de 2015. Es necesario recordar que fueron intensísimas las presiones que muchos colectivos, entidades, asociaciones y organizaciones de todo tipo de perfil progresista ejercieron sobre los dirigentes de las tres formaciones políticas exigiéndoles que superaran sus diferencias y pactaran.
La izquierda política valenciana, desde la reformista a la más transformadora, tuvo que hacer de la necesidad virtud. Con más o menos entusiasmo, con más o menos desconfianza entre los nuevos socios, el Gobierno del Botánico se configuró bajo la presidencia del socialista Ximo Puig y la vice presidencia de la carismática figura del valencianismo político, Mónica Oltra. El Partido Socialista valenciano y la coalición Compromís configuraron un gobierno conjunto en el que no quiso integrarse Podemos -una decisión que ahora consideran errónea y que quieren enmendar en la próxima legislatura-, pero al que sí se comprometió a apoyar en las Cortes Valencianas.
No fueron pocas las voces que auguraron que aquel matrimonio político no duraría mucho. El mundo no había comenzado en aquella primavera de 2015, y muchos de los dirigentes, de los militantes y de los votantes socialistas recelaban de la lealtad y de la capacidad de gobierno de los valencianistas. Paralelamente, la desconfianza de estos para con la tradicional soberbia socialista que habían sufrido desde los años de las mayorías absolutas del PSPV-PSOE tampoco era cosa menor.
Pues bien, han pasado cuatro años y no hay ninguna voz autorizada a la izquierda del Partido Popular y de Ciudadanos que objete que el del Botánico ha sido un gobierno que ha funcionado más que adecuadamente. Un gobierno que ha recuperado no sólo el buen nombre de los valencianos que el PP había arrastrado por el barro, convirtiéndolo en sinónimo de corrupción y delincuencia; un gobierno que ha revertido buena parte de los recortes que el PP había impuesto en educación, salud y políticas sociales; un gobierno que ha impulsado políticas estratégicas que han contrastado con el tacticismo estrecho de los conservadores, que siempre han pivotado alrededor de los intereses de los dirigentes y de los amigos políticos del partido, más que en torno a las necesidades de los ciudadanos comunes.
Es cierto que el gobierno de Puig y Oltra no ha conseguido mejorar el problema central de los valencianos, que no es otro que el de la infra financiación que recibe del Estado, resultado de un sucursalismo secular que durante años se ha caracterizado por "no dar problemas en Madrid ". A pesar de la gran movilización de la sociedad valenciana, que ha implicado desde las organizaciones empresariales a las universidades, desde los sindicatos a la inmensa mayoría de las asociaciones de la sociedad civil, no se ha conseguido modificar el injusto y ofensivo sistema de cálculo de los recursos que el Estado transfiere al gobierno autónomo.
Se ha conseguido poner la reivindicación en la agenda, eso sí. A estas alturas todo el mundo sabe que la financiación que recibe la Comunidad Autónoma Valenciana es tan insuficiente como irritante, y que es un asunto que exige ser resuelto con urgencia. Este, desde luego, será el primer problema a solucionar en la próxima legislatura.
Las encuestas son positivas en cuanto a la posible renovación del Pacto del Botánico, que ahora podría contar con el concurso de los representantes de Unidas Podemos y de Izquierda Unida que concurrirán juntos a las elecciones del próximo día 28. Pero, las encuestas son encuestas y, a pesar de su importancia, aunque marcan tendencia, sólo el resultado de las urnas podrá confirmar que es mayoritario el número de electores que se oponen a volver al pasado con un gobierno de las tres derechas radicalizadas y rabiosas, que ya están dando medida de sus pautas de gobierno en Andalucía.
El modelo valenciano, al ser tripartito, ofrece unas ventajas innegables. Mientras que en otros territorios la izquierda generalista pivota sobre dos partidos, en las tierras valencianas la existencia de un tercer actor relevante como es Compromís, una coalición claramente progresista y valencianista, puede ser la que incline la balanza electoral en beneficio de un gobierno ubicado en la izquierda.
Este resultado, caso de confirmarse, podría producir efectos más que importantes en el escenario político español. Por un lado, reforzaría a un hipotético gobierno central que resultara de una colaboración multipartidaria que favorecería un cambio de la cultura política hispana, tan refractaria a los gobiernos de coalición que son habituales en los países con democracia de alta calidad. De otra, permitiría hacer visible una versión exitosa de un partido socialista claramente federalista, como es el que capitanea Ximo Puig.
Contrariamente a lo que ha sido la orientación del españolismo más castizo practicado por la federación socialista andaluza bajo la batuta de Susana Díaz, con la colaboración de otros llamados barones de la España interior, la nueva pujanza de la federación valenciana del Partido Socialista podría abrir puertas y ventanas a otra concepción del Estado. De confirmarse la recuperación del PSC en Cataluña, del PSE en el País Vasco, de la organización galega y de la federación balear de Francina Armengol, Pedro Sánchez y su equipo podrían librarse del jacobinismo anacrónico de buena parte de los dirigentes históricos que lastran la necesaria reformulación de la organización territorial de la España del siglo XXI, que ya no es posible encajar en el título octavo de la Constitución de 1978.
El federalismo -asimétrico, como lo es el Estado de las Autonomías digan lo que digan desde las derechas- es la solución tan deseable como posible para la punzante cuestión territorial de las Españas.
La competencia virtuosa de la que habla Íñigo Errejón entre las diversas izquierdas ha encontrado un modelo de éxito en el tablero político valenciano. La lealtad entre organizaciones políticas de ámbito estatal, como el PSOE y Podemos, con otra como Compromís, la coalición feminista y ecologista de obediencia exclusivamente valenciana, podría ser un ejemplo a desarrollar en otros territorios peninsulares.
Si el Gobierno del Botánico es revalidado en las urnas el próximo día 28, algunas cosas importantes pueden comenzar a cambiar en la España plurinacional.
