OPINIÓN de Eduardo Madroñal Pedraza.- El movimiento soberanista llevaba semanas prometiendo una respuesta “masiva”, basada “en la lucha no violenta y la desobediencia civil” que paralizaría Cataluña en caso de cualquier otra sentencia que no fuera absolutoria para los líderes del procés. Lo que han llamado el “Tsunami Democrátic”.
Ha llegado el día de la sentencia y las movilizaciones independentistas se han producido. Varias miles de personas se han concentrado en la Terminal 1 del aeropuerto del Prat en Barcelona, al estilo hongkonés, donde se han cancelado cierto número de vuelos y se han producido cargas de los Mossos. Había que internacionalizar el procés. Un centenar de personas han cortado las vías del AVE en Girona, y otros grupos han protagonizado cortes de carreteras y avenidas en las capitales catalanas.
El “Tsunami Democrátic” ha movilizado a varias miles de personas, radicalizadas e indignadas. Nada que nadie no esperara. Pero la creciente desmovilización del campo independentista -ya observada en las cifras de la última diada, con casi la mitad de asistentes que el año anterior- ha reducido al “maremoto” de protestas a algo similar a una ‘mar gruesa’, y eso es mucho decir.
El independentismo catalán estaba esperando la sentencia de los líderes del procés para tener el ansiado pretexto para recuperar su decreciente base social, incluso sumando a no independentistas indignados con la sentencia. Puigdemont ha llamado a “movilizarse como nunca”, y Torra ha llamado a salir a las calles bajo el lema “Contra a sentencia, independencia”, anunciando que “la sentencia cerrará una etapa reactiva y se abrirá otra en la que tomaremos la iniciativa con el objetivo de la independencia”. Pero ya no estamos en las condiciones de 2017.
En el “ensayo general” del “Tsunami Democrátic” realizado el día anterior a la sentencia, participaron 200 personas. La “huelga general” convocada para el 18 de octubre solo fue secundada por sindicatos independentistas que representaban a una ínfima minoría.
La realidad es que -como dice Lola García, subdirectora de La Vanguardia, uno de los portavoces de la burguesía catalana- los líderes independentistas, como el president del Parlament (Roger Torrent) invocan a la “desobediencia civil” porque ya no pueden permitirse el lujo de la “desobediencia institucional”.
Torra ha acatado las órdenes del Tribunal Supremo retirando antes del plazo los lazos amarillos y las pancartas de apoyo a “los presos políticos” de las instalaciones públicas y el director de los Mossos ha anunciado que “cumplirán la ley y las órdenes de los jueces”.
El factor que explica que las olas de este ‘tsunami’ -por mucho que llene de imágenes agitadas los informativos y sirva de momentáneo acicate en las filas independentistas- no supere las olas de dos o tres metros no es la decisión dentro del soberanismo, ni mucho menos el temor a la actuación de las fuerzas policiales. Lo que determina el relativo “desinflado” de este maremoto es el rechazo de la mayoría de la sociedad catalana al procés y a sus élites.
Unos dirigentes procesistas que forman parte de una burguesía burocrática que lleva décadas usando el poder autonómico para fomentar un nacionalismo étnico, insolidario y reaccionario. Unas castas del 3% que han saqueado las arcas autonómicas con sus tramas corruptas mientras aplicaban salvajes recortes en la sanidad o la educación públicas. Un puñado de grandes burgueses, con toda su corte de asesores y cargos con abultadas retribuciones, mientras en Cataluña se imponía a grandes capas del pueblo trabajador la más despiadada precariedad. Una élite que no ha dudado en oprimir y perseguir con multas y denuncias a los movimientos populares -15M, mareas, antidesahucios- mientras enarbolan la bandera de la democracia.
El “Tsunami Democrátic” se presenta como un “movimiento trasversal” que lucha por “los derechos fundamentales”, pero está vinculado al mismo entramado independentista de siempre. Su web está inscrita por la misma empresa que registró defensaexili.org, radicada en el paraíso fiscal de San Cristóbal y Nieves, donde el expresidente Puigdemont se llevó su Consell per la República y la web que recauda dinero de los afiliados.
Por mucha que sea la capacidad de “meter ruido” y de generar titulares de los “tsunamis independentistas”, no representan más que a una minoría dentro de la minoría, a la parte más radicalizada del apenas 38% de los catalanes que apoya la independencia, y que está dispuesta a declarar la DUI aún sabiéndose minoritaria.
Ha llegado el día de la sentencia y las movilizaciones independentistas se han producido. Varias miles de personas se han concentrado en la Terminal 1 del aeropuerto del Prat en Barcelona, al estilo hongkonés, donde se han cancelado cierto número de vuelos y se han producido cargas de los Mossos. Había que internacionalizar el procés. Un centenar de personas han cortado las vías del AVE en Girona, y otros grupos han protagonizado cortes de carreteras y avenidas en las capitales catalanas.
El “Tsunami Democrátic” ha movilizado a varias miles de personas, radicalizadas e indignadas. Nada que nadie no esperara. Pero la creciente desmovilización del campo independentista -ya observada en las cifras de la última diada, con casi la mitad de asistentes que el año anterior- ha reducido al “maremoto” de protestas a algo similar a una ‘mar gruesa’, y eso es mucho decir.
El independentismo catalán estaba esperando la sentencia de los líderes del procés para tener el ansiado pretexto para recuperar su decreciente base social, incluso sumando a no independentistas indignados con la sentencia. Puigdemont ha llamado a “movilizarse como nunca”, y Torra ha llamado a salir a las calles bajo el lema “Contra a sentencia, independencia”, anunciando que “la sentencia cerrará una etapa reactiva y se abrirá otra en la que tomaremos la iniciativa con el objetivo de la independencia”. Pero ya no estamos en las condiciones de 2017.
En el “ensayo general” del “Tsunami Democrátic” realizado el día anterior a la sentencia, participaron 200 personas. La “huelga general” convocada para el 18 de octubre solo fue secundada por sindicatos independentistas que representaban a una ínfima minoría.
La realidad es que -como dice Lola García, subdirectora de La Vanguardia, uno de los portavoces de la burguesía catalana- los líderes independentistas, como el president del Parlament (Roger Torrent) invocan a la “desobediencia civil” porque ya no pueden permitirse el lujo de la “desobediencia institucional”.
Torra ha acatado las órdenes del Tribunal Supremo retirando antes del plazo los lazos amarillos y las pancartas de apoyo a “los presos políticos” de las instalaciones públicas y el director de los Mossos ha anunciado que “cumplirán la ley y las órdenes de los jueces”.
El factor que explica que las olas de este ‘tsunami’ -por mucho que llene de imágenes agitadas los informativos y sirva de momentáneo acicate en las filas independentistas- no supere las olas de dos o tres metros no es la decisión dentro del soberanismo, ni mucho menos el temor a la actuación de las fuerzas policiales. Lo que determina el relativo “desinflado” de este maremoto es el rechazo de la mayoría de la sociedad catalana al procés y a sus élites.
Unos dirigentes procesistas que forman parte de una burguesía burocrática que lleva décadas usando el poder autonómico para fomentar un nacionalismo étnico, insolidario y reaccionario. Unas castas del 3% que han saqueado las arcas autonómicas con sus tramas corruptas mientras aplicaban salvajes recortes en la sanidad o la educación públicas. Un puñado de grandes burgueses, con toda su corte de asesores y cargos con abultadas retribuciones, mientras en Cataluña se imponía a grandes capas del pueblo trabajador la más despiadada precariedad. Una élite que no ha dudado en oprimir y perseguir con multas y denuncias a los movimientos populares -15M, mareas, antidesahucios- mientras enarbolan la bandera de la democracia.
El “Tsunami Democrátic” se presenta como un “movimiento trasversal” que lucha por “los derechos fundamentales”, pero está vinculado al mismo entramado independentista de siempre. Su web está inscrita por la misma empresa que registró defensaexili.org, radicada en el paraíso fiscal de San Cristóbal y Nieves, donde el expresidente Puigdemont se llevó su Consell per la República y la web que recauda dinero de los afiliados.
Por mucha que sea la capacidad de “meter ruido” y de generar titulares de los “tsunamis independentistas”, no representan más que a una minoría dentro de la minoría, a la parte más radicalizada del apenas 38% de los catalanes que apoya la independencia, y que está dispuesta a declarar la DUI aún sabiéndose minoritaria.
Por el contrario, dos tercios de los catalanes se han negado a respaldar la ruptura, y mucho menos a defender a los que la han encabezado. Ellos también se vienen movilizando, en las urnas y en la calle, en defensa de la unidad.
