Dubravka Simonovic, relatora ONU: "La definici贸n de violaci贸n en el c贸digo penal debe cambiarse y estar basada en la ausencia de consentimiento y no en el uso de la fuerza".
Siete de cada diez mujeres han sido v铆ctimas de violencia psicol贸gica o f铆sica y se han reportado 642 feminicidios en Ecuador desde 2014. Despu茅s de una visita al pa铆s, la relatora especial sobre la violencia contra la mujer exhort贸 a eliminar las barreras que perpet煤an los desaf铆os de g茅nero que enfrentan las ecuatorianas, como los recortes presupuestarios y la criminalizaci贸n del aborto.
Hay una serie de obst谩culos para que la Ley Org谩nica sobre la violencia contra las mujeres en Ecuador sea plenamente operativa, concluy贸 una experta de la ONU en derechos humanos despu茅s de una misi贸n al pa铆s.
Dubravka Simonovic asegur贸 que a pesar de que la adopci贸n de la legislaci贸n que busca prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres representa un avance significativo en el pa铆s, los recortes presupuestarios propuestos, la criminalizaci贸n del aborto y la falta de coordinaci贸n entre los organismos de ejecuci贸n pertinentes impiden su plena implementaci贸n.
“Si el gobierno da prioridad a la implementaci贸n de la nueva ley, y al desarrollo de un Plan Nacional de Acci贸n para erradicar la violencia contra todas las mujeres; y asigna el presupuesto necesario, estoy convencida de que Ecuador podr铆a hacer avances significativos en el futuro cercano para garantizar una vida libre de violencia para todas las mujeres y ni帽as del pa铆s”, expres贸 en un comunicado.
La relatora especial dijo que se trata de una cuesti贸n de extrema importancia para la naci贸n. Siete de cada diez mujeres han sido v铆ctimas de violencia psicol贸gica o f铆sica y se han reportado 642 feminicidios desde 2014.
Una calle de Quito, la capital de Ecuador
Una definici贸n del aborto que debe cambiarse
Ecuador tiene una de las tasas m谩s altas de embarazo adolescente en la regi贸n, a menudo como resultado de violaci贸n o incesto, as铆 como de un sistema de justicia penal que proh铆be el aborto terap茅utico con interpretaciones excesivamente restrictivas del derecho a la vida y las exenciones de salud.
“El alto nivel de violencia sexual y violaciones, incluso contra ni帽as y adolescentes en las escuelas y entornos educativos, pero tambi茅n en el hogar es de particular preocupaci贸n. La definici贸n de violaci贸n en el c贸digo penal debe cambiarse y estar basada en la ausencia de consentimiento y no en el uso de la fuerza, ya que este requisito impide que los perpetradores sean llevados ante la justicia, mientras que la prescriptibilidad para denunciar una violaci贸n debe enmendarse para permitir el inicio eficiente de los procesos penales una vez que la v铆ctima haya cumplido la mayor铆a de edad”, asegur贸 la experta.
La relatora especial tambi茅n exhort贸 a Ecuador a liberar a unas 250 mujeres que presuntamente se encuentran detenidas debido a acusaciones de aborto. “Esto es contrario a los est谩ndares internacionales y debe abordarse con urgencia.”
La ciudad de Quito en Ecuador.
M谩s participaci贸n de las mujeres
艩imonovi膰 reconoci贸 que, pese a los desaf铆os, se han logrado avances en la esfera pol铆tica con una mayor participaci贸n de las mujeres en el parlamento, y mediante una nueva ley sobre paridad democr谩tica.
"Se han conseguido avances en los 谩mbitos pol铆tico y legislativo gracias a un mayor n煤mero de mujeres en la Asamblea legislativa y gracias a la adopci贸n algunas nuevas leyes alentadoras. Espero que podamos ver que las leyes de Ecuador lleguen a ser plenamente implementadas y armonizadas, por ejemplo, para asegurar que las mujeres pueden acceder a lugares de acogida y medidas de protecci贸n cuando las necesiten, al igual que acelerar la adopci贸n del nuevo C贸digo de Salud”, dijo.
Durante su misi贸n de once d铆as, Dubravka 艩imonovi膰 se reuni贸 con el vicepresidente del pa铆s, funcionarios gubernamentales de alto rango, el presidente de la Asamblea Nacional y representantes de sus comisiones parlamentarias, la Corte Constitucional, organizaciones internacionales, agencias de desarrollo y con varias organizaciones de la sociedad civil y organizaciones de base. Tambi茅n se reuni贸 con el gobernador del Azuay y con actores relevantes en las ciudades de Cuenca, Huaquillas, Machala y Tulc谩n.
La relatora presentar谩 el informe completo sobre su visita ante el Consejo de Derechos Humanos en junio de 2020.
Siete de cada diez mujeres han sido v铆ctimas de violencia psicol贸gica o f铆sica y se han reportado 642 feminicidios en Ecuador desde 2014. Despu茅s de una visita al pa铆s, la relatora especial sobre la violencia contra la mujer exhort贸 a eliminar las barreras que perpet煤an los desaf铆os de g茅nero que enfrentan las ecuatorianas, como los recortes presupuestarios y la criminalizaci贸n del aborto.
Hay una serie de obst谩culos para que la Ley Org谩nica sobre la violencia contra las mujeres en Ecuador sea plenamente operativa, concluy贸 una experta de la ONU en derechos humanos despu茅s de una misi贸n al pa铆s.
Dubravka Simonovic asegur贸 que a pesar de que la adopci贸n de la legislaci贸n que busca prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres representa un avance significativo en el pa铆s, los recortes presupuestarios propuestos, la criminalizaci贸n del aborto y la falta de coordinaci贸n entre los organismos de ejecuci贸n pertinentes impiden su plena implementaci贸n.
“Si el gobierno da prioridad a la implementaci贸n de la nueva ley, y al desarrollo de un Plan Nacional de Acci贸n para erradicar la violencia contra todas las mujeres; y asigna el presupuesto necesario, estoy convencida de que Ecuador podr铆a hacer avances significativos en el futuro cercano para garantizar una vida libre de violencia para todas las mujeres y ni帽as del pa铆s”, expres贸 en un comunicado.
La relatora especial dijo que se trata de una cuesti贸n de extrema importancia para la naci贸n. Siete de cada diez mujeres han sido v铆ctimas de violencia psicol贸gica o f铆sica y se han reportado 642 feminicidios desde 2014.
Una calle de Quito, la capital de Ecuador
Una definici贸n del aborto que debe cambiarse
Ecuador tiene una de las tasas m谩s altas de embarazo adolescente en la regi贸n, a menudo como resultado de violaci贸n o incesto, as铆 como de un sistema de justicia penal que proh铆be el aborto terap茅utico con interpretaciones excesivamente restrictivas del derecho a la vida y las exenciones de salud.
“El alto nivel de violencia sexual y violaciones, incluso contra ni帽as y adolescentes en las escuelas y entornos educativos, pero tambi茅n en el hogar es de particular preocupaci贸n. La definici贸n de violaci贸n en el c贸digo penal debe cambiarse y estar basada en la ausencia de consentimiento y no en el uso de la fuerza, ya que este requisito impide que los perpetradores sean llevados ante la justicia, mientras que la prescriptibilidad para denunciar una violaci贸n debe enmendarse para permitir el inicio eficiente de los procesos penales una vez que la v铆ctima haya cumplido la mayor铆a de edad”, asegur贸 la experta.
La relatora especial tambi茅n exhort贸 a Ecuador a liberar a unas 250 mujeres que presuntamente se encuentran detenidas debido a acusaciones de aborto. “Esto es contrario a los est谩ndares internacionales y debe abordarse con urgencia.”
La ciudad de Quito en Ecuador.
M谩s participaci贸n de las mujeres
艩imonovi膰 reconoci贸 que, pese a los desaf铆os, se han logrado avances en la esfera pol铆tica con una mayor participaci贸n de las mujeres en el parlamento, y mediante una nueva ley sobre paridad democr谩tica.
"Se han conseguido avances en los 谩mbitos pol铆tico y legislativo gracias a un mayor n煤mero de mujeres en la Asamblea legislativa y gracias a la adopci贸n algunas nuevas leyes alentadoras. Espero que podamos ver que las leyes de Ecuador lleguen a ser plenamente implementadas y armonizadas, por ejemplo, para asegurar que las mujeres pueden acceder a lugares de acogida y medidas de protecci贸n cuando las necesiten, al igual que acelerar la adopci贸n del nuevo C贸digo de Salud”, dijo.
Durante su misi贸n de once d铆as, Dubravka 艩imonovi膰 se reuni贸 con el vicepresidente del pa铆s, funcionarios gubernamentales de alto rango, el presidente de la Asamblea Nacional y representantes de sus comisiones parlamentarias, la Corte Constitucional, organizaciones internacionales, agencias de desarrollo y con varias organizaciones de la sociedad civil y organizaciones de base. Tambi茅n se reuni贸 con el gobernador del Azuay y con actores relevantes en las ciudades de Cuenca, Huaquillas, Machala y Tulc谩n.
La relatora presentar谩 el informe completo sobre su visita ante el Consejo de Derechos Humanos en junio de 2020.