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El periodo 2014-2020 será el de menor crecimiento para América Latina en los últimos 70 años



Agência Brasil/Tânia Rêgo
Puerto de Río de Janeiro, en Brasil.

América Latina y el Caribe crecerá sólo 0,1% en 2019 y 1,3% en 2020. La región completará este diciembre el sexto año consecutivo de bajo crecimiento debido a la disminución de la demanda interna, la baja demanda externa y la fragilidad de los mercados financieros internacionales, señala un nuevo informe de la CEPAL.


La economía de América Latina y el Caribe registra una desaceleración generalizada que se reflejará en un crecimiento de apenas 0,1% este año, para mejorar ligeramente y alcanzar 1,3% en el próximo. En 2019 se sumarán seis años consecutivos de bajo crecimiento y el periodo 2014-2020 será el de menor crecimiento para la región en los últimos 70 años.

Un nuevo informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), dado a conocer este jueves en Santiago, Chile, da cuenta de un contexto complejo de ralentización sincronizada a nivel de países y sectores debida principalmente a la reducción de la demanda interna, la baja demanda agregada externa y la fragilidad de los mercados financieros internacionales.

La CEPAL destaca también las crecientes demandas sociales y las presiones por reducir la desigualdad y aumentar la inclusión social.

El documento describe un escenario en el que se ha reducido el producto interno bruto (PIB) per cápita, ha caído la inversión, ha bajado el consumo per cápita, han disminuido las exportaciones y se ha deteriorado el empleo de forma sostenida.
Políticas de reactivación

Al presentar el informe, la secretaria ejecutiva de la CEPAL dijo que en este contexto la región no puede aguantar políticas de ajuste, sino que requiere de políticas para estimular el crecimiento y reducir la desigualdad.

“Las condiciones actuales necesitan que la política fiscal se centre en la reactivación del crecimiento y en responder a las crecientes demandas sociales”, declaró Alicia Bárcena.

Afirmó también que una política fiscal activa necesita una estrategia de mediano y largo plazo para garantizar su sostenibilidad en el tiempo. Esto implica que debe estar vinculada con la capacidad de crecimiento y la dinámica de la productividad, así como con el fortalecimiento de la capacidad recaudatoria del Estado (actualmente, la evasión fiscal representa cerca del 6,3% del PIB de la región).

Las proyecciones de la CEPAL indican que el PIB per cápita de la región se habrá contraído un 4,0% entre 2014 y 2019, mientras que la desocupación nacional aumentará de 8,0% en 2018 a 8,2% en 2019, es decir, un millón de personas más, llegando a un nuevo máximo de 25,2 millones. A esto se suma un deterioro en la calidad del empleo debido al crecimiento del trabajo por cuenta propia, que superó al empleo asalariado, y a la informalidad laboral.

La Comisión prevé que el país con mayor expansión será Dominica (9,0%), seguido por Antigua y Barbuda (6,2%), República Dominicana (4,8%) y Guyana (4,5%). Por el contrario, Venezuela anotará el mayor retroceso, con una contracción de -25,5%, seguido por Nicaragua (-5,3%), Argentina (-3,0%) y Haití (-0,7%). América Central crecerá 2,4%, el Caribe 1,4% y América del Sur se contraerá -0,1%.
Panorama revertible

Pese a las dificultades, la CEPAL considera que la región podría cambiar el panorama gracias a que la mayoría de los países de la región registran niveles de inflación históricamente bajos, reservas internacionales relativamente elevadas y buen acceso a los mercados financieros internacionales, además de que las tasas de interés internacionales muestran niveles reducidos.

“Estas condiciones favorecen la capacidad de implementar políticas macroeconómicas tendientes a revertir el actual escenario de bajo crecimiento”, asegura el estudio y agrega que es fundamental reactivar la actividad económica mediante un mayor gasto público en inversión y políticas sociales.

Del mismo modo, señala que para atender las demandas sociales se deben tomar medidas de redistribución de la riqueza reforzadas con una mayor provisión y calidad de los bienes y servicios públicos.




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