OPINIÓN de Joan del Alcàzar.- 1917 es la última película de Sam Mendes, y está teniendo un gran éxito entre la crítica cinematográfica y, al parecer, también entre un amplísimo sector del público entre el que no me encuentro. Además de que ya ha obtenido dos Globos de Oro (mejor película y mejor director), está nominada en diez categorías de los Premios Oscar (además de mejor película y director, al mejor guión). Una de las características más brillantes que casi todo el mundo destaca de 1917 es que Mendes ha elaborado dos horas de cine al unir dos planos secuencia que sumergen al espectador en el horror de la Primera Guerra Mundial de la mano de dos simples soldados, los que reciben una orden casi imposible que -en una carrera contrarreloj- les obliga a atravesar las líneas enemigas. Mendes lleva al espectador a arrastrarse por el barro y la sangre, entre los cadáveres de hombres y animales, y a soportar el terror de la artillería y los francotiradores.
Según los que saben de cine, un plano secuencia es una técnica de rodaje que consiste en la realización de una toma sin cortes durante un tiempo bastante dilatado. El objetivo de Mendes 1917 es filmar el seguimiento exhaustivo y detallado de los personajes en un escenario tan terrible como el descrito.
Creo que lo que llamamos el Proceso catalán –el Procés- es una especie de gigantesco plano secuencia que dura ya años, en el que los numerosísimos personajes no se mueven en un escenario bélico, pero sí en el de una dura y terrible confrontación. Si fuera una película, podríamos decir que el director no quiere dar ni un minuto de descanso los espectadores, y los actores principales ponen todo su empeño en que así sea.
Ni los independentistas ni sus adversarios dan tregua al público, es decir los ciudadanos. No hay día en el que no tengamos un sobresalto, una descalificación, una amenaza, un farol, un nuevo elemento de tensión, ya sea en el terreno de las declaraciones subidas de tono o en el de exhibición de la legislación vigente. Los tribunales de justicia no son tanto una instancia de esclarecimiento de la legalidad o la justicia, sino más bien un instrumento contra los adversarios (para algunos los enemigos); ya sea con la amenaza de una sentencia, ya sea con la amenaza de desobedecerla.
Los últimos fotogramas del plano secuencia han sido las declaraciones del mayor Trapero ante la Audiencia Nacional, todavía acusado de rebelión, y la confirmación de la pérdida de la condición de diputado de Quim Torra tras la confirmación por parte del Tribunal Supremo de la más que discutible decisión de la Junta Electoral Central. El nexo de unión entre estos fotogramas han sido unas sorprendentes declaraciones desde la prisión de Lledoners de Oriol Junqueras, en entrevista al diario El País.
Más allá de que desde algunos sectores del independentismo se ha querido quitar importancia a lo que Josep Lluís Trapero está declarando en Madrid, calificándolo de opiniones personales de un señor -tiempo atrás un héroe venerado, ahora un traidor miserable- que no es independentista, son demasiadas cosas las que ha dicho el Mayor que van mucho más allá del terreno de la opinión de un ciudadano tan relevante como era el comandante en jefe de los Mossos. Además de otras consideraciones a propósito del día a día de la relación entre el Gobierno de la Generalitat y los Mossos, además de las virtudes públicas y de los vicios privados, tal vez lo más destacable que Trapero ha dicho en sede judicial son dos cosas: que advirtió al Gobierno de Puigdemont que no contara con el Cuerpo policial para implementar la independencia, y que los Mossos tenían preparado el operativo para detener a todo el gobierno, incluyendo al Muy Honorable Presidente, si recibían órdenes del poder judicial. Eso no son opiniones, eso son dos afirmaciones que, además de no derivarlas olímpicamente a masa, convendría conservar vivas en la memoria.
Conservarlas por su valor intrínseco y porque confirma que, con los Mossos, al menos con los que ahora son, Cataluña no podría sumarse a la lista de los veinte países del mundo que no cuentan con ejército. Costa Rica es el más citado cuando se habla del tema, pero comparar al Principado con el pequeño país centroamericano o con Islandia (que tiene un acuerdo de defensa con Estados Unidos) resulta poco aconsejable. No digamos ya comparar a Cataluña con el Vaticano, Andorra, Mónaco, Panamá u otros países de parecida envergadura.
La entrevista a Oriol Junqueras que publicó El País debería ser conservada junto al testimonio de Trapero. Leerla causa cierta perplejidad por dos razones: por el tono incomprensiblemente grosero e impropio de un hombre que pasa por estadista, y por la afirmación/amenaza cuando, a pregunta del periodista, responde: "La lección de 2017 es que lo hicimos hacer para poder volver a hacerlo”. El líder de ERC, además, conecta la posición de su partido ante la aprobación de los presupuestos de 2020 a cómo vayan las negociaciones con el gobierno de Pedro Sánchez, aquellas que pactaron a cambio de la abstención en la investidura.
Más allá de que Junqueras lleva más de dos años injusta e innecesariamente en prisión, y eso debe haberle afectado cómo afectaría a cualquiera; y más allá de que tiene razones sobradas para desconfiar de Pedro Sánchez en particular y de los socialistas en general, es difícil aceptar que el líder de ERC no sea plenamente consciente de que la única vía para volver a la política de pactos sobre Cataluña es la que se ha abierto con el nuevo gobierno.
Muy probablemente, llegará un momento en el que ERC deberá decidirse por uno de los dos papeles que está representando al mismo tiempo desde hace demasiado y que, seguramente, tienen una explicación en clave interna catalana, pero que no son comprensibles más allá del Ebro. En el debate de investidura, Gabriel Rufián apareció como un hombre de Estado sin perder un gramo de contundencia y claridad, pero la diputada Montse Bassa se confundió de escenario para realizar un desahogo personal cuando estaba en uso de la palabra en nombre de su grupo. Y eso fue una alegría inesperada para las tres derechas, que aún estaban desconcertadas por el fondo y la forma empleada por Rufián.
ERC debe asumir los inevitables costes políticos por tener la valentía de reconducir el problema catalán hacia las mesas negociadoras, si realmente es eso lo que desea como afirma a menudo. Con la tozudez de mantener dos discursos, los republicanos ponen al Gobierno de Madrid a los pies de los caballos, y pueden acabar por dañar la única salida que es imaginable -aunque con un montón de obstáculos y enemigos superar- en cuanto a la situación en Cataluña mediante el inicio de la desescalada de tensión que a nadie beneficia, salvo a los más radicales de los confrontacionistas de las dos orillas del río.
El proceso catalán no podrá ser como un plano secuencia que comienza en 2012 y finaliza con el reconocimiento internacional de la República Catalana.
No será posible, ni razonable, una nueva DUI. Con la población catalana dividida en cuanto a la independencia en un 50/50, una confrontación en campo abierto con el Estado, además de un suicidio, sería el desastre para Cataluña y para España. ¿Alguien cree, seriamente, que cualquier gobierno de Madrid puede descuidar sus obligaciones con la población no independentista? ¿Y qué debería hacer ese Estado en una situación de desobediencia radical y después de que se arriara la bandera española en la Plaza de Sant Jaume, sede de la Generalitat?
Una coyuntura como la actual, con un gobierno de coalición en Madrid como el actual es -digámoslo claro- un bien valioso para toda la ciudadanía progresista que los de ERC deberían ayudar a preservar. Pedro Sánchez, Pablo Iglesias y demás ministros están jugando fuerte en varios frentes, tanto más cuando las derechas políticas, periodísticas y judiciales están decididas a todo para que la legislatura sea lo más corta posible. No hablemos de los elementos del PSOE, como el manchego Page que es un quintacolumnista declarado de La Moncloa, o de los problemas que vendrían de la mano de nuevas desobediencias al Tribunal Supremo (veremos qué pasa con Quim Torra) o de nuevos desafíos al poder político o el judicial (veremos qué pasa con Roger Torrent).
Hoy por hoy, en el escenario macro, el español, todo el gasto político, todo el desgaste está corriendo a cargo del PSOE y de Unidas Podemos. El Gobierno Sánchez no puede aparecer ante la opinión pública como el pagafantas de los republicanos catalanes. El país necesita una legislatura cuanto más larga mejor. Necesita aprobar presupuestos. Necesita derogar, aunque no sea en su totalidad, la reforma laboral de Rajoy. Necesita modificar el Código Penal, y sintonizarlo con la legislación europea. Necesita continuar con el desarrollo de políticas sociales que palien de forma sensible la injusta distribución social de la carga de la crisis de 2007 que hizo Rajoy. Necesita estabilidad y tranquilidad para afrontar con fuerzas y ánimo cómo negociar y cómo pactar lo que más convenga con los soberanistas catalanes.
Nada de esto será posible si el actual gobierno de Madrid cae y nos aboca a elecciones. El PP de Pablo Casado avanza sin carta de navegación siguiendo la popa de Vox, y Ciudadanos está prácticamente amortizado como partido. Si ERC no se desmarca de Junts per Catalunya; si no asume su parte de los costes, entendiendo que una buena parte de la ciudadanía de Cataluña prefiere pactar antes que confrontar, el plano secuencia del Proceso acabará como el baile de Parra: sin cuerdas ni guitarra.
Según los que saben de cine, un plano secuencia es una técnica de rodaje que consiste en la realización de una toma sin cortes durante un tiempo bastante dilatado. El objetivo de Mendes 1917 es filmar el seguimiento exhaustivo y detallado de los personajes en un escenario tan terrible como el descrito.
Creo que lo que llamamos el Proceso catalán –el Procés- es una especie de gigantesco plano secuencia que dura ya años, en el que los numerosísimos personajes no se mueven en un escenario bélico, pero sí en el de una dura y terrible confrontación. Si fuera una película, podríamos decir que el director no quiere dar ni un minuto de descanso los espectadores, y los actores principales ponen todo su empeño en que así sea.
Ni los independentistas ni sus adversarios dan tregua al público, es decir los ciudadanos. No hay día en el que no tengamos un sobresalto, una descalificación, una amenaza, un farol, un nuevo elemento de tensión, ya sea en el terreno de las declaraciones subidas de tono o en el de exhibición de la legislación vigente. Los tribunales de justicia no son tanto una instancia de esclarecimiento de la legalidad o la justicia, sino más bien un instrumento contra los adversarios (para algunos los enemigos); ya sea con la amenaza de una sentencia, ya sea con la amenaza de desobedecerla.
Los últimos fotogramas del plano secuencia han sido las declaraciones del mayor Trapero ante la Audiencia Nacional, todavía acusado de rebelión, y la confirmación de la pérdida de la condición de diputado de Quim Torra tras la confirmación por parte del Tribunal Supremo de la más que discutible decisión de la Junta Electoral Central. El nexo de unión entre estos fotogramas han sido unas sorprendentes declaraciones desde la prisión de Lledoners de Oriol Junqueras, en entrevista al diario El País.
Más allá de que desde algunos sectores del independentismo se ha querido quitar importancia a lo que Josep Lluís Trapero está declarando en Madrid, calificándolo de opiniones personales de un señor -tiempo atrás un héroe venerado, ahora un traidor miserable- que no es independentista, son demasiadas cosas las que ha dicho el Mayor que van mucho más allá del terreno de la opinión de un ciudadano tan relevante como era el comandante en jefe de los Mossos. Además de otras consideraciones a propósito del día a día de la relación entre el Gobierno de la Generalitat y los Mossos, además de las virtudes públicas y de los vicios privados, tal vez lo más destacable que Trapero ha dicho en sede judicial son dos cosas: que advirtió al Gobierno de Puigdemont que no contara con el Cuerpo policial para implementar la independencia, y que los Mossos tenían preparado el operativo para detener a todo el gobierno, incluyendo al Muy Honorable Presidente, si recibían órdenes del poder judicial. Eso no son opiniones, eso son dos afirmaciones que, además de no derivarlas olímpicamente a masa, convendría conservar vivas en la memoria.
Conservarlas por su valor intrínseco y porque confirma que, con los Mossos, al menos con los que ahora son, Cataluña no podría sumarse a la lista de los veinte países del mundo que no cuentan con ejército. Costa Rica es el más citado cuando se habla del tema, pero comparar al Principado con el pequeño país centroamericano o con Islandia (que tiene un acuerdo de defensa con Estados Unidos) resulta poco aconsejable. No digamos ya comparar a Cataluña con el Vaticano, Andorra, Mónaco, Panamá u otros países de parecida envergadura.
La entrevista a Oriol Junqueras que publicó El País debería ser conservada junto al testimonio de Trapero. Leerla causa cierta perplejidad por dos razones: por el tono incomprensiblemente grosero e impropio de un hombre que pasa por estadista, y por la afirmación/amenaza cuando, a pregunta del periodista, responde: "La lección de 2017 es que lo hicimos hacer para poder volver a hacerlo”. El líder de ERC, además, conecta la posición de su partido ante la aprobación de los presupuestos de 2020 a cómo vayan las negociaciones con el gobierno de Pedro Sánchez, aquellas que pactaron a cambio de la abstención en la investidura.
Más allá de que Junqueras lleva más de dos años injusta e innecesariamente en prisión, y eso debe haberle afectado cómo afectaría a cualquiera; y más allá de que tiene razones sobradas para desconfiar de Pedro Sánchez en particular y de los socialistas en general, es difícil aceptar que el líder de ERC no sea plenamente consciente de que la única vía para volver a la política de pactos sobre Cataluña es la que se ha abierto con el nuevo gobierno.
Muy probablemente, llegará un momento en el que ERC deberá decidirse por uno de los dos papeles que está representando al mismo tiempo desde hace demasiado y que, seguramente, tienen una explicación en clave interna catalana, pero que no son comprensibles más allá del Ebro. En el debate de investidura, Gabriel Rufián apareció como un hombre de Estado sin perder un gramo de contundencia y claridad, pero la diputada Montse Bassa se confundió de escenario para realizar un desahogo personal cuando estaba en uso de la palabra en nombre de su grupo. Y eso fue una alegría inesperada para las tres derechas, que aún estaban desconcertadas por el fondo y la forma empleada por Rufián.
ERC debe asumir los inevitables costes políticos por tener la valentía de reconducir el problema catalán hacia las mesas negociadoras, si realmente es eso lo que desea como afirma a menudo. Con la tozudez de mantener dos discursos, los republicanos ponen al Gobierno de Madrid a los pies de los caballos, y pueden acabar por dañar la única salida que es imaginable -aunque con un montón de obstáculos y enemigos superar- en cuanto a la situación en Cataluña mediante el inicio de la desescalada de tensión que a nadie beneficia, salvo a los más radicales de los confrontacionistas de las dos orillas del río.
El proceso catalán no podrá ser como un plano secuencia que comienza en 2012 y finaliza con el reconocimiento internacional de la República Catalana.
No será posible, ni razonable, una nueva DUI. Con la población catalana dividida en cuanto a la independencia en un 50/50, una confrontación en campo abierto con el Estado, además de un suicidio, sería el desastre para Cataluña y para España. ¿Alguien cree, seriamente, que cualquier gobierno de Madrid puede descuidar sus obligaciones con la población no independentista? ¿Y qué debería hacer ese Estado en una situación de desobediencia radical y después de que se arriara la bandera española en la Plaza de Sant Jaume, sede de la Generalitat?
Una coyuntura como la actual, con un gobierno de coalición en Madrid como el actual es -digámoslo claro- un bien valioso para toda la ciudadanía progresista que los de ERC deberían ayudar a preservar. Pedro Sánchez, Pablo Iglesias y demás ministros están jugando fuerte en varios frentes, tanto más cuando las derechas políticas, periodísticas y judiciales están decididas a todo para que la legislatura sea lo más corta posible. No hablemos de los elementos del PSOE, como el manchego Page que es un quintacolumnista declarado de La Moncloa, o de los problemas que vendrían de la mano de nuevas desobediencias al Tribunal Supremo (veremos qué pasa con Quim Torra) o de nuevos desafíos al poder político o el judicial (veremos qué pasa con Roger Torrent).
Hoy por hoy, en el escenario macro, el español, todo el gasto político, todo el desgaste está corriendo a cargo del PSOE y de Unidas Podemos. El Gobierno Sánchez no puede aparecer ante la opinión pública como el pagafantas de los republicanos catalanes. El país necesita una legislatura cuanto más larga mejor. Necesita aprobar presupuestos. Necesita derogar, aunque no sea en su totalidad, la reforma laboral de Rajoy. Necesita modificar el Código Penal, y sintonizarlo con la legislación europea. Necesita continuar con el desarrollo de políticas sociales que palien de forma sensible la injusta distribución social de la carga de la crisis de 2007 que hizo Rajoy. Necesita estabilidad y tranquilidad para afrontar con fuerzas y ánimo cómo negociar y cómo pactar lo que más convenga con los soberanistas catalanes.
Nada de esto será posible si el actual gobierno de Madrid cae y nos aboca a elecciones. El PP de Pablo Casado avanza sin carta de navegación siguiendo la popa de Vox, y Ciudadanos está prácticamente amortizado como partido. Si ERC no se desmarca de Junts per Catalunya; si no asume su parte de los costes, entendiendo que una buena parte de la ciudadanía de Cataluña prefiere pactar antes que confrontar, el plano secuencia del Proceso acabará como el baile de Parra: sin cuerdas ni guitarra.
