En su nuevo informe, Amnist铆a Internacional resalta c贸mo la poblaci贸n penitenciaria ha sido olvidada en todo el mundo, mientras las c谩rceles se han enfrentado a deficiencias sist茅micas para frenar la propagaci贸n del virus y han aplicado medidas de control que han provocado violaciones graves de derechos humanos. La organizaci贸n pide que se incluya en los programas nacionales de vacunaci贸n a los millones de personas que se consumen en celdas masificadas.
Olvidados tras las rejas: La COVID-19 y las prisiones revela que, con una poblaci贸n penitenciaria mundial estimada en m谩s de 11 millones de personas, en numerosos pa铆ses las prisiones podr铆an convertirse en focos de propagaci贸n de la enfermedad. Numerosos presos y presas se ven en apuros para conseguir jab贸n, saneamiento adecuado o equipos de protecci贸n individual, mientras tienen dificultades para mantener la distancia f铆sica y reciben atenci贸n m茅dica limitada.
“Mientras la COVID-19 contin煤a asolando las prisiones de todo el mundo, las medidas introducidas por los gobiernos para evitar la propagaci贸n de la enfermedad han dado lugar a violaciones de derechos humanos; me refiero, por ejemplo, al uso excesivo del r茅gimen de aislamiento para garantizar la distancia f铆sica, y a la aplicaci贸n de medidas inadecuadas para paliar los efectos perjudiciales de ese aislamiento”, revela Netsanet Belay, director de Investigaci贸n y Trabajo de Incidencia de Amnist铆a Internacional.
Como los gobiernos no publican informaci贸n actualizada y fiable, es dif铆cil determinar la cifra real de contagios de COVID-19 y de muertes relacionadas con ella. Aun as铆, los datos disponibles reflejan preocupantes pautas de contagio de la COVID-19 en las c谩rceles de todo el mundo. Asimismo, mientras van dise帽ando planes y estrategias de vacunaci贸n, numerosos gobiernos guardan silencio con respecto a la vacunaci贸n de los presos y presas en situaci贸n de riesgo.
Un peligroso hacinamiento que sigue sin remitir
En la actualidad, el hacinamiento est谩 ampliamente reconocido como uno de los problemas m谩s graves de los establecimientos penitenciarios. Unos 102 pa铆ses reflejan niveles de ocupaci贸n superiores al 110%, con una proporci贸n considerable de personas condenadas o declaradas culpables de delitos no violentos.
Aunque se han tomado medidas para liberar a las personas presas que en estas circunstancias re煤nen los requisitos para ello, las investigaciones de Amnist铆a Internacional revelan que los actuales 铆ndices de excarcelaci贸n siguen siendo insuficientes, y que no reducen el enorme riesgo que entra帽a el virus.
“Numerosos pa铆ses con niveles de masificaci贸n peligrosamente altos en las prisiones —como Bulgaria, Egipto, Nepal y la Rep煤blica Democr谩tica del Congo— contin煤an sin abordar los motivos de preocupaci贸n que suscitan los brotes de COVID-19. En otros pa铆ses, como Ir谩n y Turqu铆a, cientos de personas presas recluidas de manera arbitraria, como los defensores y defensoras de derechos humanos, fueron excluidas de los programas de excarcelaci贸n de la COVID-19”, explica Netsanet Belay.
Crisis de salud
La COVID-19 tambi茅n ha puesto al descubierto los a帽os de falta de inversiones y de abandono de los servicios de salud en las prisiones. Las autoridades penitenciarias no han podido —o no han querido— responder a la necesidad de mejorar las medidas preventivas de salud y los servicios m茅dicos de la poblaci贸n penitenciaria Durante las primeras fases de la pandemia, Amnist铆a Internacional observ贸 que, en numerosos pa铆ses, los presos y presas no pod铆an hacerse pruebas de COVID-19 debido a la grave escasez de 茅stas, mientras que en Ir谩n y Turqu铆a se negaba arbitrariamente atenci贸n m茅dica a algunas personas presas.
Asimismo, ciertos pa铆ses, como Camboya, Estados Unidos, Francia, Pakist谩n, Sri Lanka y Togo han sido incapaces de aplicar medidas adecuadas de protecci贸n y prevenci贸n en las prisiones para frenar la propagaci贸n de la COVID-19.
“Sea quien sea, y est茅 donde est茅, toda persona tiene derecho a mascarillas, a cantidades adecuadas de jab贸n, a art铆culos desinfectantes y a agua corriente potable”, asegura Netsanet Belay. “En las c谩rceles, especialmente, es preciso facilitar equipos de protecci贸n individual gratuitos, y los gobiernos deben fomentar el acceso a pruebas y tratamientos de COVID-19 para prevenir y gestionar posibles brotes”.
Medidas de control que dan lugar a abusos
Para combatir la crisis de COVID-19, las autoridades penitenciarias de numerosos pa铆ses han recurrido a medidas peligrosas, como confinamientos y cuarentenas excesivos y abusivos, que han dado lugar a violaciones graves de derechos humanos. En determinados lugares, como Argentina y Reino Unido, se aisl贸 a personas detenidas hasta 23 horas al d铆a, a menudo durante semanas o meses.
“En c谩rceles de todo el mundo se han impuesto aislamientos y cuarentenas excesivos y abusivos para contener la propagaci贸n de la COVID-19. En algunas circunstancias, esto podr铆a constituir trato cruel, inhumano o degradante. Es preciso aplicar medidas humanas para proteger a la poblaci贸n penitenciaria”, afirma Netsanet Belay.
Algunas medidas de confinamiento por la COVID-19 han afectado tambi茅n a las visitas de familiares en las c谩rceles, con lo que se ha puesto en mayor peligro el bienestar mental y f铆sico de las personas detenidas. En ciertos casos, esto ha provocado protestas y disturbios generalizados en las prisiones, a los que las autoridades han respondido, a menudo, con fuerza excesiva.
“Mientras algunas autoridades penitenciarias han adaptado las condiciones para mantener las visitas, otras las han prohibido, con lo que se ha privado a la poblaci贸n penitenciaria del hilo que la mantiene conectada al mundo exterior, socavando as铆 su bienestar emocional y f铆sico”, concluye Netsanet Belay.
Dar prioridad a la vacunaci贸n de las personas detenidas
Al menos 71 pa铆ses han puesto en marcha pol铆ticas de vacunaci贸n para un grupo vulnerable, como m铆nimo. Aunque ciertos pa铆ses han incluido a la poblaci贸n y el personal penitenciarios entre los grupos prioritarios de vacunaci贸n, las investigaciones de Amnist铆a Internacional han permitido comprobar que muchos otros, algunos de ellos de renta alta, guardan silencio o no son claros con respecto a sus planes.
“Las c谩rceles son los lugares m谩s expuestos a brotes de COVID-19, y no podemos descuidar durante m谩s tiempo el derecho a la salud de la poblaci贸n penitenciaria. La falta de claridad sobre los programas de vacunaci贸n, las pol铆ticas y el tratamiento de las personas recluidas es un acuciante problema mundial”, asegura Netsanet Belay. “A medida que se van definiendo las estrategias de vacunaci贸n, la no consideraci贸n de las personas detenidas como grupo prioritario tendr谩 consecuencias catastr贸ficas para los presos y presas, para sus familias y para el sistema p煤blico de atenci贸n a la salud”.
Amnist铆a Internacional insta a los Estados a que, cuando desarrollen pol铆ticas y planes de vacunaci贸n, no discriminen a las personas presas. Es m谩s, la organizaci贸n pide a los Estados que hagan todo lo posible por dar prioridad a la poblaci贸n penitenciaria en sus planes nacionales de vacunaci贸n, sobre todo teniendo en cuenta que sus condiciones de reclusi贸n no les permiten mantener la distancia f铆sica, y que garanticen que las personas presas especialmente vulnerables a la COVID-19 (como las de edad avanzada y las que padecen enfermedades cr贸nicas) tengan la misma preferencia en los planes de vacunaci贸n que las de su misma categor铆a de la poblaci贸n general.