OPINIÓN de Teodoro Rentería Arróyave
De acuerdo con las últimas investigaciones y a las denunciadas presentadas, el principal responsable de la tragedia en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde murieron calcinados 39 migrantes y otros 27 resultaron gravemente heridos, es el titular del Instituto Nacional de Migración, INM en esa localidad, almirante, Salvador González Guerrero, al ordenar que, “por ningún motivo”, pese al incendio provocado, se abriera la celda a migrantes confinados.
Lo anterior quiere decir que no se trataba de un albergue sino de una cárcel ilegal, de acuerdo con las leyes mexicanas y a las internacionales al respecto.
Tomo de diferentes fuentes: el abogado Jorge Vázquez Campbell denunció que el delegado del INM en Chihuahua, Salvador González Guerrero, “dio la orden por llamada telefónica para que a las personas migrantes que se encontraban alojadas dentro del lugar en donde inició el fuego no se les abriera la puerta por ningún motivo”.
El Jefe de la agencia migratoria mexicana en el estado donde un incendio en un centro de detención, en consecuencia, mató al menos a 39 migrantes, dicho funcionario, el contraalmirante retirado Salvador González Guerrero, funge hasta ahora como delegado del INM en Chihuahua, nuestros colegas en la ciudad fronteriza dan a conocer que el INM local no respondió de forma inmediata a una solicitud de comentarios ni de entrevista con González Guerrero.
Un video mostró a guardias saliendo de una sala con humo sin ningún intento de liberar a los migrantes que estaban detenidos, por lo que la investigación federal está centrada en las razones que motivaron este comportamiento. Además de los muertos, casi una treintena de personas resultaron heridas. La mayoría de las víctimas eran de Guatemala, Venezuela, Honduras y El Salvador.
Las autoridades mexicanas anunciaron el miércoles que ocho trabajadores del centro de detención de migrantes, tres de ellos funcionarios y cinco guardias de seguridad privada, están bajo investigación y que se preparaban varias órdenes de captura, entre ellas una contra el migrante que presuntamente inició el incendio en señal de protesta.
El Presidente Andrés Manuel López Obrador insistió el jueves en que no habrá impunidad. “Hablé con el Fiscal para pedirle que no haya ningún tipo de consideración más que el hacer justicia, que actúen con profesionalismo, con absoluta libertad”.
La Fiscal que lleva el caso, Sara Irene Herrerías, indicó el miércoles en conferencia de prensa con la titular de Seguridad federal, Rosa Icela Rodríguez, que los ocho trabajadores identificados como probables responsables ya habían rendido declaración, pero que el jefe del INM en Chihuahua todavía no había cumplido con ese requerimiento.
La investigación es por los delitos de homicidio, lesiones y daños a la propiedad y todavía no se han fijado cargos formales.
Ya antes, Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que se han identificado a ocho probables responsables por la muerte de 39 migrantes en un incendio provocado en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, quienes “ya están rindiendo sus declaraciones ministeriales correspondientes”.
“Reprobamos la mala actuación de servidores públicos que no se apegaron a los protocolos de protección a la vida, además, adelantó que el INM se hará cargo del retorno de los cuerpos y movilidad de migrantes y familiares. A la par, la Secretaría de Relaciones Exteriores ya se puso en contacto con las cancillerías de Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, El Salvador y Venezuela.
Desde luego que exigimos justicia, pero nunca estaremos de acuerdo que el drama sirva para descalificar a uno de los precandidatos a la Presidencia de la República, y mucho menos que se califique el drama de Crimen de Estado, sobre todo a los que se olvidaron, en su momento, de calificar con el mismo rasero la matanza de 68, y los homicidios de Luis Donaldo Colosio y José Francisco Ruiz Massieu.
De acuerdo con las últimas investigaciones y a las denunciadas presentadas, el principal responsable de la tragedia en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde murieron calcinados 39 migrantes y otros 27 resultaron gravemente heridos, es el titular del Instituto Nacional de Migración, INM en esa localidad, almirante, Salvador González Guerrero, al ordenar que, “por ningún motivo”, pese al incendio provocado, se abriera la celda a migrantes confinados.
Lo anterior quiere decir que no se trataba de un albergue sino de una cárcel ilegal, de acuerdo con las leyes mexicanas y a las internacionales al respecto.
Tomo de diferentes fuentes: el abogado Jorge Vázquez Campbell denunció que el delegado del INM en Chihuahua, Salvador González Guerrero, “dio la orden por llamada telefónica para que a las personas migrantes que se encontraban alojadas dentro del lugar en donde inició el fuego no se les abriera la puerta por ningún motivo”.
El Jefe de la agencia migratoria mexicana en el estado donde un incendio en un centro de detención, en consecuencia, mató al menos a 39 migrantes, dicho funcionario, el contraalmirante retirado Salvador González Guerrero, funge hasta ahora como delegado del INM en Chihuahua, nuestros colegas en la ciudad fronteriza dan a conocer que el INM local no respondió de forma inmediata a una solicitud de comentarios ni de entrevista con González Guerrero.
Un video mostró a guardias saliendo de una sala con humo sin ningún intento de liberar a los migrantes que estaban detenidos, por lo que la investigación federal está centrada en las razones que motivaron este comportamiento. Además de los muertos, casi una treintena de personas resultaron heridas. La mayoría de las víctimas eran de Guatemala, Venezuela, Honduras y El Salvador.
Las autoridades mexicanas anunciaron el miércoles que ocho trabajadores del centro de detención de migrantes, tres de ellos funcionarios y cinco guardias de seguridad privada, están bajo investigación y que se preparaban varias órdenes de captura, entre ellas una contra el migrante que presuntamente inició el incendio en señal de protesta.
El Presidente Andrés Manuel López Obrador insistió el jueves en que no habrá impunidad. “Hablé con el Fiscal para pedirle que no haya ningún tipo de consideración más que el hacer justicia, que actúen con profesionalismo, con absoluta libertad”.
La Fiscal que lleva el caso, Sara Irene Herrerías, indicó el miércoles en conferencia de prensa con la titular de Seguridad federal, Rosa Icela Rodríguez, que los ocho trabajadores identificados como probables responsables ya habían rendido declaración, pero que el jefe del INM en Chihuahua todavía no había cumplido con ese requerimiento.
La investigación es por los delitos de homicidio, lesiones y daños a la propiedad y todavía no se han fijado cargos formales.
Ya antes, Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que se han identificado a ocho probables responsables por la muerte de 39 migrantes en un incendio provocado en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, quienes “ya están rindiendo sus declaraciones ministeriales correspondientes”.
“Reprobamos la mala actuación de servidores públicos que no se apegaron a los protocolos de protección a la vida, además, adelantó que el INM se hará cargo del retorno de los cuerpos y movilidad de migrantes y familiares. A la par, la Secretaría de Relaciones Exteriores ya se puso en contacto con las cancillerías de Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, El Salvador y Venezuela.
Desde luego que exigimos justicia, pero nunca estaremos de acuerdo que el drama sirva para descalificar a uno de los precandidatos a la Presidencia de la República, y mucho menos que se califique el drama de Crimen de Estado, sobre todo a los que se olvidaron, en su momento, de calificar con el mismo rasero la matanza de 68, y los homicidios de Luis Donaldo Colosio y José Francisco Ruiz Massieu.
