Fotografía Fadel Senna/GETTY
Llueve sobre mojado sin que se atienda a los que, abocados por una desesperación absoluta, deciden asumir el riesgo de fallecer para alcanzar una vida digna en Europa. Sus familiares, incansables y combativos, también repiten las demandas, sostienen fotografías de sus seres queridos ante el Parlamento marroquí o en la entrada de ministerios de los que únicamente obtienen un angustioso silencio que no les permite hacer el duelo. Tras meses, o incluso años, de espera, se niegan a asumir que el joven que pretendía alcanzar una vida mejor y ayudarles con remesas no volverá.
«Emigrar no es un crimen», sentencia en el patio interior de un discreto café de la capital marroquí, pegado a la muralla de la medina, Hafida, representante del Comité de Familiares de los Desaparecidos de Salé. Su hermano subió a una patera con otras 15 personas el 4 de septiembre de 2021. «Su móvil está apagado desde ese día, no sabemos nada de él. No sabemos si se ahogó o si llegó a España y está detenido, o si le llevaron a Portugal o cayó en manos de una mafia en alta mar que le secuestró», relata, triste pero serena, sin dejar de remover el café con leche.
Las familias de los ciudadanos marroquíes desaparecidos en su intento migratorio no están dispuestas a tirar la toalla, exigen a su Gobierno que busque a sus seres queridos y que se practiquen pruebas de ADN para identificar los cuerpos que llegan a las costas mediterráneas o que son hallados en el Atlántico. Pero también señalan como culpable a la restrictiva política europea de visados que comenzó con la aplicación del Acuerdo de Schengen –-firmado en 1985, empezó a ejecutarse diez años después– con el que se estableció un espacio común, sin fronteras, para facilitar la movilidad de las personas que accedían al territorio europeo. «Todos los que se subieron a la patera con mi hermano eran del mismo barrio, vecinos que un día decidieron que no podían quedarse porque en Marruecos no hay futuro. Tenían estudios, algunos el doctorado o un máster, pero hacía tiempo que pensaban en emigrar. Ante la negativa de las familias a permitírselo, como sucedió con la mía, amenazaban con suicidarse. Poco antes de partir, mi hermano les dijo a mis padres que si no emigraba se subiría a la terraza del edificio más alto y se tiraría», continúa Hafida.
Como si se tratase de un modus operandi establecido, cuando la familia pierde el contacto con el joven que pretende llegar a Europa, se pone en contacto con familias de comités activos en todo el país que la acompañan en la denuncia por la desaparición. Aportan toda la información que pueden: fotografías, datos personales, describen la ropa que llevaba la última vez que le vieron, incluso los sueños incompletos y la frustración que le llevó a tomar el camino más arriesgado. «Mi hermano tenía un diploma de cocinero y jugaba muy bien al fútbol, pero veía todas las puertas cerradas. Le habían seleccionado en un equipo juvenil, pero fue sustituido en el último momento por una persona que tenía contactos, y eso agravó su situación. Fueron los jóvenes los que se ocuparon de la -logística de su viaje… -Buscaron la embarcación, el motor y se fueron».
Al silencio administrativo se une el hecho de que la familia puede encontrarse ante situaciones complejas. En ocasiones, el que emprende el viaje y desaparece es el primogénito, al que estaba destinada la herencia. No existe tampoco un apoyo psicológico o social. «Sufrimos la desaparición y solo tenemos un grupo de WhatsApp para desahogarnos. Las madres quieren saber cualquier cosa, tener cualquier información, pero el Estado no ayuda», explica Hafida, que señala que «los verdaderos culpables de la muerte de estos jóvenes en el mar son los países colonizadores que no se han ido del todo y siguen aprovechándose de las riquezas -autóctonas».
El triángulo de la muerte
Las ciudades de Juribga, Beni Mellal y Kelaa Sraghna fueron bautizadas a principios de siglo, cuando la emigración de ciudadanos marroquíes sufría una fuerte transformación ante la entrada en vigor de Schengen, como «el triángulo de la muerte» porque una generación de jóvenes arriesgó su vida de forma generalizada para buscar un futuro que compartir con su familia. El 80 % de los que murieron en esos años (4.300 vidas perdidas entre 1997 y 2005) provenía de un territorio con una extensión de algo más de 118 kilómetros cuadrados. Para la Asociación de Amigos y Familiares de las Víctimas de la Emigración Clandestina (AFVIC), que hacía un seguimiento de los que cruzaban de forma ilegal e intentaba hacer desistir a los que se lo pensaban, el número de muertos era el triple. AFVIC consideraba que por cada cuerpo recuperado, otros tres nunca eran hallados. En la actualidad, el colectivo Caminando Fronteras calcula que el 94,8 % de las víctimas desaparece en el mar.
Hicham Rachidi, uno de los fundadores de AFVIC y, posteriormente, del Grupo Antirracista de Apoyo y Defensa de los Extranjeros y los Migrantes (GADEM), habla del «triángulo de la muerte» como la «gran sala de espera» de los que guardan turno para subirse a la patera. Rachidi explica que «las madres empiezan a ahorrar para pagarles el billete a sus hijos nada más dar a luz».
Las tragedias, nombradas a partir de los pueblos o aldeas de donde parten los jóvenes, se han sucedido durante los últimos 25 años sin que la situación haya mejorado. Los relatos de vida se repiten mientras se ajusta el precio del trayecto y las personas que facilitan el pasaje se han ido profesionalizando en pequeñas mafias. En 2022 la Policía marroquí interceptó en su territorio a más de 32.000 candidatos a emigrar –la mayoría de otros países africanos– y detuvo a 566 personas supuestamente implicadas con redes de trata de seres humanos, según cifras oficiales.
El pasado diciembre, Hasán Ammari, presidente de la Asociación de Ayuda a Emigrantes en Situación Vulnerable, le contaba a Fátima Zohra, de la Agencia EFE en Beni Mellal, que hay un movimiento inédito de familias «en búsqueda de la verdad y la justicia». Las familias de la «patera enigma» –en referencia a una barca neumática en la que viajaban 55 marroquíes que naufragó y de la que solo pudieron recuperarse 14 cadáveres– son de condición humilde y recaudan fondos para organizar protestas y contratar abogados para que las autoridades no se olviden de sus seres queridos.
Activismo incansable
«Contra la política asesina de la UE en materia de migración y en el marco del dinamismo de manifestaciones internacionales contra las políticas fronterizas» fue el lema de la marcha que el 18 de febrero varias organizaciones hicieron desde Uxda, en la frontera con Argelia, a Saidia. La caravana solidaria exigía «dignidad, solidaridad y justicia».
«Es muy difícil para las familias obtener información por parte del Estado marroquí. Muchas ciudades están sufriendo el impacto de las desapariciones. En Salé, Beni Mellal, Fqih Ben Saleh, Kelaa Sraghna… Hay casos en todo el territorio. No hay cooperación para la identificación de los cuerpos, y la situación económica y política –con la represión impuesta desde la revuelta del Rif (el movimiento Hirak, en 2016)– empuja a la gente a irse en las condiciones que sean. El Gobierno reconoce que más de medio millón de personas entre 15 y 24 años no trabaja, ni estudia ni se está formando en un oficio, aunque son muchos más», apunta Khadija Inani, responsable de Migraciones de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH) a MN.
Es una lucha compartida con cada vez más organizaciones y plataformas, como la Delegación Diocesana de Migraciones de Tánger (ver MN 669, pp. 6-7), que esperan que la UE comprenda el contexto marroquí en el que se producen las salidas irregulares. Mientras, no dejan de apoyar a los que se encuentran atrapados en trámites burocráticos y búsquedas interminables. «Las familias no van a cambiar lo que está pasando desde hace décadas hasta que la sociedad civil marroquí no las apoye, supere el miedo a hablar y denunciar. Hay que seguir recolectando datos sobre lo que está sucediendo, sobre el abandono de ciudadanos marroquíes en Libia o Túnez, o los que son detenidos en Argelia y, al no haber una relación bilateral fluida, se encuentran indefensos. El Estado marroquí debe dar respuestas», concluye Inani.
