Sara Collantes
Estar en un país en situación irregular es vivir en la sombra. En Suecia, incluso, se utiliza la palabra “gömda” (escondidos) para referirse a las personas que viven allí sin autorización administrativa de residencia.
Se cree que este proceso de regularización extraordinaria, el séptimo en España, podría beneficiar a más de 500.000 personas. En 2021, se estimó que el número de niños y niñas en situación irregular podría rondar los 147.000.
Nos relacionamos con muchas de estas personas cada día: cuidan a familiares dependientes, cultivan fresas y pintan fachadas en la calle. Muchos llevan tiempo haciéndolo, porque si no tuvieran esta forma de sostenerse, ya se hubieran marchado.
A pesar de contribuir al progreso social y sostener el sistema de cuidados, no lo tienen nada fácil. Afrontan jornadas de sol a sol realizando trabajos no formalizados, con condiciones laborales precarias y sin derechos. Además, tienen graves problemas para acceder a una vivienda digna y, cuando lo hacen, muchas veces la tienen que compartir con otras familias.
Infancia migrante en situación irregular en España
Sus hijos e hijas heredan la irregularidad administrativa de sus padres y madres y, con ello, también la sombra que los acompaña.
Crecer y estudiar en viviendas hacinadas o con padres en empleos informales, que se ven obligados a ausentarse muchas horas del hogar, es realmente de superhéroes.
Además, aunque tengan derecho a ir al colegio y al médico en las mismas condiciones que otros niños, en la práctica, estar en situación irregular genera barreras de acceso. Se dan casos en los que las ventanillas de los centros de salud no conocen bien los pasos a dar y exigen requisitos extra. Cuando se matriculan en un colegio, pocas veces pueden elegir centros, lo que complica todavía más la logística familiar. También se quedan sin ir a excursiones escolares o recibir diplomas.
Esto no es todo, estos niños viven en familias que siempre tienen miedo a ser detectadas y expulsadas del país. Un simple control de metro les acelera el corazón. Viven en una incertidumbre crónica que va minando su bienestar emocional: absorben más que nadie la ansiedad del ambiente en el que transcurre su vida.
Esta sombra, en definitiva, es también la de la marginación social, por eso ocupan los primeros puestos en pobreza infantil, fracaso escolar y vulnerabilidad.
Cómo funciona la regularización extraordinaria en España 2026
El Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas ha animado repetidamente a los Estados que consideren los procesos de regularización como un camino esencial para garantizar los derechos de la infancia migrante.
El Real Decreto exige encontrarse en nuestro país antes del 1 de enero de 2026 y acreditar una permanencia ininterrumpida de al menos cinco meses en el momento de la solicitud (requisito que también tienen que cumplir los niños y niñas menores de edad). Además, las personas adultas deben carecer de antecedentes penales.
La solicitud de los menores de edad formará parte de la de sus padres y permitirá a los niños y niñas obtener un permiso de residencia de cinco años, a diferencia de los adultos que lo tendrán por un año (renovable si se cumplen varios requisitos).
La regularización en España ayudará a eliminar barreras a la educación y a la sanidad, ayudará a proteger a la infancia y abrirá posibilidades de protección e inclusión social a las familias.
Las próximas semanas serán clave en la articulación operativa de este proceso: no pueden faltar recursos, ventanillas y asesoramiento. Será imprescindible, además, contar con suficientes dosis de flexibilidad y apoyo.
Principales obstáculos en la regularización de familias migrantes
Los padres o representantes legales son los encargados de presentar la solicitud de regularización de sus hijos o representados (a excepción de los niños no acompañados, que tienen un sistema de regularización distinto).
Dos de los requisitos que tienen que cumplir las familias con niños y niñas es presentar prueba de residencia continuada durante cinco meses y acreditar el vínculo paterno/materno-filial o relación de tutela, guarda o acogimiento mediante documentación válida en derecho (como partidas de nacimiento, libros de familia, pasaportes, etc).
Esto último, que podría parecer evidente, no es fácil para muchas personas que han llegado sin documentación (a muchas se la roban en el camino) o que proceden de países con un sistema burocrático poco desarrollado e incapaz de dar respuesta a este tipo de solicitudes con agilidad (sobre todo en áreas rurales o alejadas de la capital).
Por ello, será fundamental tener flexibilidad en los medios de prueba, tal como reconoce el espíritu y texto de esta norma.
Situación de los niños no acompañados en España
La infancia no acompañada, tutelada por las Comunidades Autónomas, tiene otra vía para regularizar su situación en España. La legislación española le reconoce el derecho a permiso de residencia desde su llegada y más allá de la mayoría de edad.
Este trámite está a cargo de sus representantes legales en España (las entidades autonómicas de protección de infancia) o de oficio por parte de las Oficinas de Extranjería.
La gestión de estas solicitudes también genera problemas en la práctica y retrasos notorios cuando el sistema de protección de infancia está saturado. Además, hay rendijas por las que se caen niños y niñas fuera del sistema, como aquellos considerados “mayores de edad” por pruebas de edad de escasa fiabilidad aun teniendo documentos acreditativos de minoría de edad.
Este tipo de problemas tampoco son abordados por el Real Decreto que aprueba esta última regularización extraordinaria.
Sara Collantes
Especialista en migraciones de UNICEF España.
